En un Estado que aspira a ser verdaderamente democrático como el nuestro, todos los hombres y mujeres tenemos el mismo derecho de crecer y vivir dignamente, de desarrollarnos de manera plena y de no sufrir ninguna limitación en el ejercicio pleno de las prerrogativas que consagra nuestra Carta Magna.
Se trata pues de enfrentar la desigualdad y la pobreza, de brindar protección a los sectores más vulnerables de la población de manera tal que sus miembros tengan la misma oportunidad que cualquier otro mexicano de salir adelante, de progresar y de alcanzar sus metas.
La política social responde al reconocimiento de que los miembros de una sociedad determinada tienen derecho a un mínimo vital de bienes y servicios para satisfacer sus demandas y necesidades. Desgraciadamente, un buen número de personas en nuestro país no percibe los ingresos suficientes para solventar sus necesidades más elementales.
Por esta razón, el Estado está obligado a proveer de servicios públicos a los grupos más vulnerables de la sociedad para que puedan alcanzar un nivel de vida digno, sin embargo, ello debe hacerse en el marco de los derechos sociales, los cuales se caracterizan por ser de carácter universal y no asistencial.
El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil u origen étnico se encuentran en una situación de riesgo, la cual les impide incorporarse plenamente al desarrollo y acceder a mejores condiciones de vida.
La vulnerabilidad es resultado de la acumulación de desventajas derivado de un conjunto de causas sociales y de características personales o culturales. Esta suma de desventajas adquiere varias dimensiones que fluctúan entre la carencia de elementos esenciales para la subsistencia y la insuficiencia de herramientas para salir de situaciones desfavorables, sean estas estructurales o coyunturales.
En cuanto respecta al dictamen que hoy se encuentra a discusión se tienen que tomar en cuenta dos ideas fundamentales.
En primer lugar que se consideran vulnerables a diversos grupos de población, entre los que se encuentran los niños, niñas y adolescentes en situación de calle; los migrantes, las personas con discapacidad, adultos mayores y la población indígena.
Y en segundo término, se debe señalar el hecho de que durante los últimos años, a pesar de los esfuerzos orientados a combatir la pobreza, la lacerante condición en la cual viven postrados millones de mexicanos se agravó de manera alarmante. Recordemos que según el informe de análisis y medición de la pobreza, elaborado por el CONEVAL, en México existen 53.3 millones de personas que presentan carencias en el acceso a por lo menos uno de los satisfactores básicos.
Lo anterior demuestra que el fenómeno de la vulnerabilidad ha registrado un crecimiento significativo en nuestro país y que tiene ya varios años arraigado en muchas de nuestras comunidades, lo cual exige del Estado la puesta en marcha de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter económico-social que impidan a los individuos en estado de necesidad, desprotección o desventaja lograr su incorporación a una vida plena y productiva.
En este sentido, en el Partido Verde coincidimos con la modificación propuesta por la comisión dictaminadora, pues reconocemos la necesidad de trabajar para encontrar los caminos que lleven a nuestro país a acortar de manera sostenida y responsable la distancia actualmente existente entre ricos y pobres, brindando una protección más efectiva a los más desfavorecidos.
Es cuanto, diputado presidente.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
