- En la actualidad el 40% y 50% del plazo de crédito se dedica solo al pago de intereses, por lo que el pago a capital se ve reflejado hasta pasados 10 o 15 años de iniciados los descuentos vía nómina
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), en la Cámara de Diputados. propuso reformar las leyes en materia de Vivienda para que los trabajadores que perciben entre uno y cuatro salarios mínimos y cuyo monto máximo de crédito sea de 850 mil pesos o 250 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), puedan acceder a éste con una tasa de cero por ciento de interés.
La iniciativa de la diputada Mayra Espino Suárez plantea reformar tanto la Ley del Infonavit como la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a fin de que los trabajadores puedan tener un crédito para la adquisición o mejora de vivienda en condiciones realmente favorables.
La legisladora ecologista subrayó que lo anterior cobra sentido en virtud de que los recursos que maneja tanto el Infonavit como el Fovissste son de los trabajadores y resulta viable que sean ellos quienes se beneficien por su uso.
Explicó que su propuesta surge de la necesidad de actualizar y modificar los esquemas de pagos y amortizaciones que se han venido utilizando en los créditos de vivienda para ajustarlos a las necesidades y realidad económica de los trabajadores, sobre todo aquellos que menos perciben.
Señaló que, en la condición actual, el adquirir una vivienda, en lugar de convertirse en una satisfacción, se transforma en un problema de falta de liquidez y pesadumbre para las familias mexicanas cuya subsistencia depende de su ingreso, el cual se ve controvertido al destinar más del 30 por ciento del salario por un largo tiempo al pago de la hipoteca dejando de lado algunas otras necesidades básicas.
Añadió que los esfuerzos gubernamentales sin duda responden a las necesidades de los trabajadores, pero lamentablemente los esquemas crediticios y de pago no han sido los mejores, toda vez que aun cuando se ha otorgado el préstamo para vivienda en pesos o UMA, éstos no se pueden pagar en los plazos preasignados, ya que pasan 25 o 30 años y no se han terminado de pagar.
Ello, expuso, en virtud de que aproximadamente entre el 40 por ciento y 50 por ciento del plazo de crédito se dedica solo al pago de intereses, por lo que el pago a capital no se ve reflejado hasta pasados 10 o 15 años de realizarse los descuentos vía nómina al trabajador.
Espino Suárez indicó que, por ello, la intención de su propuesta es dar mejores oportunidades ya que más de 78 por ciento de los trabajadores aportantes a los fondos de vivienda establecidos por la seguridad social en el país, se encuentran en el rango de ingresos de uno a tres salarios mínimos, sin embargo. con dicha percepción y el costo actual de una vivienda hacen poco accesible el poder acceder a un crédito inmobiliario.
- Tala ilegal y deforestación agravan el cambio climático y ponen en riesgo el patrimonio natural del país
Ante problemas graves que enfrenta el país como la pérdida de suelos y la escasez de agua, el diputado José Luis Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso exhortar a las autoridades ambientales en el ámbito federal a hacer pública la información sobre las acciones estratégicas encaminadas a frenar la tala ilegal de árboles y el cambio de uso del suelo en zonas de conservación ecológica.
“Lo anterior con el fin de garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país”, apuntó el legislador en conferencia de prensa, donde dio a conocer los pormenores del Punto de Acuerdo que presentó en la Cámara baja.
El diputado ecologista, resaltó que para inicios de 2001 en México se deforestaron cerca de 500 mil hectáreas de bosques al año, esto, de acuerdo con datos del Instituto de Ecología de la UNAM. Sin embargo, debido a la falta de apoyo, la tala de árboles se ha convertido en una práctica común que afecta gravemente los ecosistemas.
Señaló que si bien, para mitigar y controlar el problema de la deforestación existen diferentes programas a cargo de los tres ámbitos de gobierno, también es importante fortalecer la Ley que sanciona la tala inmoderada.
"Es cierto que México ha avanzado en materia de protección del medio ambiente, pero es necesario también, procurar la educación ambiental desde la educación básica y que ésta impacte en los propietarios de los recursos naturales”, dijo.
Subrayó que tanto la tala de árboles como la deforestación agravan el cambio climático, ponen en riesgo el bienestar de las personas y el patrimonio natural del país, generan desplazamiento de poblaciones originarias, pérdida de los suelos, de la fauna, de la flora y de la biodiversidad, así como escasez de agua y erosión de los suelos.
Resaltó que para finales de 2021 existían 122 zonas críticas forestales en 20 estados de la República, generadas por tala clandestina, lavado de madera y sobreexplotación de los recursos, situación que aumentó entre 2015 y 2020, de acuerdo con cifras oficiales, acentuando las sequías y otros factores del cambio climático, lo cual se traduce en escasez de agua para el consumo humano, la industria y la agricultura.
Por lo anterior, dijo, es importante hacer cumplir lo establecido en los artículos 189 y 190 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ante las denuncias ambientales de la tala de árboles, no solo en la Ciudad de México si no también en el estado de México y demás zonas metropolitanas.
Ante todo esto, Hernández Pérez hizo hincapié en la importancia de exhortar a las autoridades federales para que informen de la estrategia a seguir para frenar la tala clandestina y garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales.
- Propone un contrato digno para luchadores profesionales, que incluya seguridad social, seguro de gastos médicos mayores y de vida, así como un sobresueldo proporcional al riesgo.
La lucha libre mexicana es un ícono del deporte nacional, pero detrás de la emoción y el espectáculo, se esconde una realidad laboral precaria para muchos luchadores profesionales, por tal motivo la diputada del Partido Verde, Celia Esther Fonseca Galicia, propuso modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), para garantizar a los deportistas un contrato laboral digno.
La diputada señaló que dentro de los beneficios de su propuesta está el que los deportistas cuenten con un contrato que incluya seguridad social, seguro de gastos médicos mayores y de vida, un sobresueldo proporcional al riesgo y la garantía de que sus familias también estén protegidas.
Fonseca Galicia mencionó que estas medidas no solo tienen un carácter justo y humano, sino que también son una deuda histórica con quienes entregan su cuerpo y vida al deporte. “La lucha libre y el boxeo son íconos del deporte nacional, pero no pueden seguir sostenidos sobre la precariedad y el abandono legal de quienes los hacen posibles”, afirmó.
Asimismo, señaló que es común que estos deportistas no cuenten con todos estos beneficios, a pesar de que ponen en juego su salud y muchas veces su vida, cada vez que suben a un cuadrilátero, ring o espacio de competencia.
De igual forma, recordó que el marco legal vigente, si bien contempla a los deportistas profesionales dentro de la LFT, no establece con claridad la obligación de contratar ni de brindar protección reforzada a quienes enfrentan una exposición constante a lesiones graves.
"Reformar esta ley es dar un paso firme hacia la dignificación del trabajo deportivo, reconociendo que, como cualquier otro trabajador, los deportistas de alto riesgo merecen certeza jurídica, protección social y un trato digno", resaltó la legisladora.
Finalmente, la diputada destacó que la lucha por la justicia en la lucha libre mexicana es un esfuerzo conjunto que requiere la participación de todos. “Juntos podemos hacer la diferencia y garantizar los derechos laborales básicos de los luchadores profesionales mexicanos”, afirmó.
