- En nuestra legislación no se contempla la obligación de ofrecer un producto crediticio de carácter preferencial dirigido a los jóvenes con la finalidad de generar historial.
Con el objetivo de contribuir a la inclusión financiera de los jóvenes, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito para que las instituciones financieras creen un producto crediticio de carácter preferencial exclusivo para este grupo poblacional.
Dijo que los jóvenes enfrentan diversos desafíos al comenzar su vida adulta, entre ellos, el acceso al financiamiento, pues quienes solicitan un crédito por primera vez pueden encontrarse con una exigencia difícil de cumplir: contar con un historial crediticio que no han tenido oportunidad de construir, situación que, afirmó, coloca a los jóvenes en una posición de desventaja frente a quienes ya cuentan con antecedentes financieros.
Explicó que el historial crediticio constituye un registro de las obligaciones financieras adquiridas por una persona y de su comportamiento respecto del cumplimiento de los pagos, y agregó que la ausencia de historial no implica necesariamente una falta de capacidad de pago, pero limita los elementos disponibles para que las instituciones evalúen su comportamiento financiero y determinen las condiciones bajo las cuales pueden otorgarles un crédito.
Detalló que la posibilidad de los jóvenes para acceder al financiamiento puede representar una herramienta para continuar sus estudios, adquirir bienes necesarios para el trabajo, emprender una actividad económica o avanzar hacia la construcción de un patrimonio, pero estas oportunidades pueden verse limitadas cuando no existen alternativas suficientes para quienes buscan incorporarse por primera vez al sistema crediticio.
La senadora recalcó que según los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, publicados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el 47 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 29 años, que habían experimentado el rechazo de alguna solicitud de crédito, señaló la falta de historial crediticio como uno de los motivos de dicha negativa.
Dijo que si bien algunas instituciones financieras en el país han desarrollado productos orientados a la generación de historial crediticio, la disponibilidad de estos productos depende de las decisiones comerciales de las instituciones que los ofrecen, así como de los requisitos y condiciones establecidos para su contratación, por lo que su presencia en el mercado no implica que exista una oferta específicamente dirigida a los jóvenes ni que todas las instituciones de crédito contemplen alternativas con esa finalidad.
Agregó que en nuestra legislación no se contempla la obligación de ofrecer un producto crediticio de carácter preferencial dirigido a los jóvenes con la finalidad de generar historial, por lo que destacó la pertinencia de su iniciativa.
Finalmente, la senadora explicó que con su propuesta se pretende favorecer condiciones que amplíen las oportunidades de desarrollo económico de los jóvenes y les permitan avanzar en la realización de sus proyectos personales y productivos, en congruencia con los principios constitucionales de desarrollo integral e inclusión económica.
- Su iniciativa destaca que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a ser escuchado y expresar sus opiniones libremente sobre las decisiones que le afecten, además de que se busca que las comparecencias de procedimientos civiles y familiares no se lleve a cabo en un ambiente hostil.
Para garantizar que niñas, niños y adolescentes sean escuchados de manera adecuada en los procedimientos judiciales, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Destacaron que el Comité de los Derechos del Niño en el año 2002, reconoció la importancia del derecho del niño a expresar su opinión sobre los temas que le afectan y a que esa opinión se tenga debidamente en cuenta, sin embargo, reconocieron que este derecho se vio obstaculizado por muchas prácticas, actitudes, costumbres, hábitos o ideas profundamente arraigados, además, de barreras políticas y económicas. Agregaron que dicho Comité destacó que no se puede escuchar eficazmente a un niño cuando el entorno sea intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado para su edad.
Señalaron que en nuestro país se reconoció el derecho de las niñas, niños y adolescentes a expresar sus derechos y ser escuchados cuando ratificó la Convención sobre los Derechos del niño, sin embargo, en el andamiaje jurídico se contempla este derecho con la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014.
Por otro lado, señalaron que la incorporación expresa del derecho a ser escuchado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no crea un derecho distinto al reconocido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sino que se fortalece dentro de marco jurídico procesal que regula directamente la actuación de las autoridades en la materia.
En este sentido, destacaron que su propuesta “busca proveer mayor certeza jurídica y coherencia normativa al ejercicio de este derecho, de manera que no quede únicamente reconocido en una legislación de carácter general, sino que forme parte expresa de las garantías que deben observarse durante la sustanciación de los procedimientos civiles y familiares”.
Finalmente, detallaron que su iniciativa destaca que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a ser escuchado y expresar sus opiniones libremente sobre las decisiones que le afecten, además de que se busca que las comparecencias de procedimientos civiles y familiares no se lleve a cabo en un ambiente hostil y que se garantice la participación libre de cualquier forma de presión, inducción o coerción de niñas, niños y adolescentes.
- Si bien la expedición de esta Ley representó un avance importante en el reconocimiento de las personas con la condición del espectro autista, la SCJN determinó la invalidez de diversas disposiciones, principalmente aquellas relacionadas con la figura del certificado de habilitación.
Con la finalidad realizar una armonización legislativa de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para reforman y derogar diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.
Recordaron la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2015, con la finalidad de contar con las bases para la atención y protección de los derechos y necesidades de las personas con la condición del espectro autista.
Agregaron que esta legislación contiene los principios que deben orientar las políticas públicas en esta materia, entre ellos la dignidad, igualdad, inclusión, respeto y justicia, esto ha generado esquemas de la inclusión social y ha buscado atender las necesidades de las personas con la condición del espectro autista.
Reconocieron que si bien la expedición de esta Ley representó un avance importante en el reconocimiento de las personas con la condición del espectro autista como sujetos de derechos, así como en el establecimiento de obligaciones para el Estado, una vez que se expidió, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, manifestó su preocupación respecto de diversos preceptos, al considerar que podían afectar derechos humanos reconocidos en la Constitución Mexicana.
Detallaron que entre estos preceptos está la figura denominada "certificado de habilitación", previsto en la Ley como "documento expedido por autoridad médica especializada, reconocida por esta Ley, donde conste que las personas con la condición del espectro autista se encuentran aptas para el desempeño de actividades laborales, productivas u otras que a sus intereses legítimos convengan", con el cual se consideró que establecía un trato diferenciado en la solicitud de un trabajo.
Agregaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 33/2015, donde se determinó la invalidez de diversas disposiciones de la Ley, principalmente aquellas relacionadas con la figura del certificado de habilitación.
En este sentido, detallaron que si bien las disposiciones que fueron declaradas inválidas dejaron de tener vigencia en los términos determinados por la Suprema Corte, es necesario realizar la correspondiente armonización y actualización del texto legislativo, por lo cual es pertinente la presentación de su iniciativa.
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