- Establecer la palabra coadyuvar en la reforma mantiene una función de orientación y coordinación, por tanto, no crea un derecho automático al crédito.
Con la finalidad de que el Estado coadyuve al financiamiento de la inversión productiva, micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), innovación tecnológica y proyectos estratégicos nacionales que generen condiciones favorables para el crecimiento económico y el desarrollo con bienestar, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Explicaron que lograr reducir la profunda desigualdad económica del país ha sido uno de los principales retos que anclan el desarrollo económico de manera igualitaria e incluyente, para lo cual se implementó el Plan México, incorporado al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que parte de la colaboración entre el Gobierno y el sector privado, cuyo objetivo es fomentar un desarrollo económico equitativo y sustentable a largo plazo basado en el aprovechamiento de nuestro mercado interno para nuestra propia industria.
Subrayaron que ante el panorama de coordinación y concertación política entre el sector público y privado, es imprescindible adecuar nuestra constitución acorde a los objetivos del nuevo proyecto de Nación y a la realidad de la economía mexicana. Para ello, recalcaron que es imprescindible que todos los sectores, tanto públicos como privados, que participan en la economía nacional tengan un vínculo directo con esta nueva política económica.
Por otro lado, reconocieron que el crédito para la inversión de pequeñas empresas por parte de la banca comercial es mínimo, como se puede ver en el análisis de Banxico al Censo Económico 2024, el 87.6 de las pequeñas y mediana empresas que necesitaron crédito no lo obtuvieron, frente a un 33.2 por ciento de las grandes empresas.
Ante este panorama, recordaron que las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99.8 por ciento de los establecimientos del país y generan 70.6 por ciento del empleo nacional, con más de 19.6 millones de personas ocupadas. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resaltó que sólo 4.4 por ciento de estas unidades económicas contaba con financiamiento bancario.
Recalcaron que su iniciativa es concordante con la política económica nacional y busca coadyuvar para que la rectoría del Estado en el desarrollo nacional se oriente en los instrumentos nacionales de planeación de este nuevo paradigma económico; explicaron que “establecer la palabra coadyuvar en la reforma mantiene una función de orientación y coordinación, por tanto, no crea un derecho automático al crédito, no fija tasas, no impone cuotas de cartera ni sustituye la evaluación de riesgos que corresponde a las instituciones financieras”.
Finalmente, reconocieron el papel del sistema financiero, su fortaleza, estabilidad y confianza que se traslada a la economía nacional y puede ser un factor determinante en la consolidación de un Estado de Bienestar que promueva un crecimiento igualitario y una prosperidad compartida para el beneficio del pueblo mexicano.
- El reconocimiento de este día nos permitirá avanzar hacia la construcción de una cultura digital más segura, responsable e informada, en la que el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, la protección de los derechos humanos y la generación de confianza en las nuevas tecnologías.
Con el propósito de avanzar hacia la construcción de una cultura digital más segura, responsable e informada, las y los senadores del Partido Verde proponen declarar el 31 de agosto de cada año, como el "Día Nacional de la Inteligencia Artificial Segura y Fiable".
Señalaron que herramientas como la Inteligencia Artificial (IA), ofrecen numerosos beneficios, pero no están exentos de presentar desafíos y riesgos, que tienen implicaciones significativas para las personas, organizaciones u otros actores.
Destacaron que entre principales problemáticas asociadas a la Inteligencia Artificial resaltan: el sesgo, cuando un sistema de IA produce resultados injustos o discriminatorios debido a prejuicios humanos reflejados en los datos, amenazas de ciberseguridad y problemas de privacidad de datos, entre otros.
Por otro lado, señalaron que diversas organizaciones internacionales y sociedad civil han promovido valores fundamentales para el uso ético como: respeto por los derechos humanos, transparencia, responsabilidad, equidad, y sostenibilidad.
Ante este panorama, detallaron que la Asamblea General de Naciones Unidas durante su Octagésimo periodo de sesiones reconoció el 19 de agosto como el Día Internacional de la Inteligencia Artificial Segura y Fiable, designando el 31 de agosto de cada año para su celebración a partir de 2027, además, invitó a todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y regionales y demás interesados, como la sociedad civil, el sector privado y el mundo académico, a que adoptaran la celebración de este Día Internacional.
Finalmente, insistieron en que “el reconocimiento de este día nos permitirá avanzar hacia la construcción de una cultura digital más segura, responsable e informada, en la que el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, la protección de los derechos humanos y la generación de confianza en las nuevas tecnologías”.
- La iniciativa plantea establecer obligaciones específicas para los fabricantes, ampliar las garantías de los productos electrónicos y electrodomésticos, y asegurar la disponibilidad de partes, refacciones y servicios de reparación durante un periodo determinado.
Con la finalidad de fortalecer la protección de los consumidores, así como desalentar a fabricantes de prácticas destinadas a reducir deliberadamente la vida útil de los productos y favorecer su reparación y aprovechamiento, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, propuso reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor para prohibir la obsolescencia programada.
La senadora explicó que actualmente artículos como teléfonos celulares, computadoras y electrodomésticos forman parte de las necesidades de los hogares mexicanos, por lo que su adquisición representa no solamente una decisión de consumo, sino también una inversión económica que las familias realizan con esfuerzo y con la expectativa de aprovechar estos bienes durante varios años.
Sin embargo, esa expectativa puede verse frustrada cuando un aparato presenta fallas poco después de concluir su garantía, las refacciones necesarias dejan de estar disponibles o el costo de reparación resulta elevado. Todo esto a menudo puede ser ocasionado por decisiones deliberadas que limitan la duración de los productos y colocan a los consumidores en una posición de desventaja.
Lo anterior, explicó la senadora, es conocido como obsolescencia programada, que, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), consiste en diseñar productos con una vida útil limitada que quedan en desuso con rapidez, propiciando que los consumidores deban reemplazarlos por versiones más nuevas.
Además, la senadora explicó que la obsolescencia programada también tiene implicaciones ambientales por su relación con la generación de residuos electrónicos, ya que de acuerdo con la PROFECO en 2015 nuestro país se encontraba entre los principales generadores de estos residuos en América Latina, con aproximadamente 1.2 millones de toneladas métricas.
Por ello, la legisladora ecologista dijo que resulta necesario fortalecer la protección de los consumidores mediante disposiciones que no se limiten a atender las fallas durante el periodo de garantía, sino que favorezcan la reparación y el aprovechamiento de los bienes a lo largo de su vida útil, por lo que su iniciativa plantea establecer obligaciones específicas para los fabricantes, ampliar las garantías de los productos electrónicos y electrodomésticos, y asegurar la disponibilidad de partes, refacciones y servicios de reparación durante un periodo determinado.
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