- Su propuesta busca reformar el artículo 201 del Código Penal Federal, para catalogar como corrupción de menores a quienes realicen estas prácticas.
Con la finalidad de eliminar los riesgos físicos y psicológicos que representan las cirugías estéticas en menores de edad, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó una iniciativa que busca castigar a quienes busquen inducir, promover, condicionar, obligar o realizar estas intervenciones en personas menores de 18 años cuando no sean necesarias para preservar o restablecer la salud física o mental y carezcan de justificación clínica.
Explicó que su propuesta busca reformar el artículo 201 del Código Penal Federal, para catalogar como corrupción de menores a quienes realicen estas prácticas, esto con el propósito de reforzar la protección jurídica de niñas, niños y adolescentes frente a intervenciones médicas innecesarias.
Recalcó que su propuesta no busca limitar ni obstaculizar procedimientos médicos reconstructivos o terapéuticos fundamentales para atender malformaciones congénitas, lesiones traumáticas o secuelas de enfermedades que puedan afectar la salud física o mental de los menores de edad, sino establecer límites claros frente a la realización de procedimientos quirúrgicos estéticos en este grupo poblacional.
Apuntó que diversos especialistas advierten que las intervenciones estéticas en adolescentes implican riesgos adicionales debido a que el organismo aún se encuentra en proceso de desarrollo físico y psicológico, además de que también pueden tener implicaciones psicológicas relevantes.
Aunado a ello, dijo que durante la adolescencia, la construcción de la identidad personal y la percepción de la imagen corporal están en pleno desarrollo, por lo que la presión social, los estándares de belleza y la búsqueda de aceptación pueden influir en la decisión de someterse a procedimientos estéticos riesgosos para ellos sin medir las consecuencias.
Guerra Mena explicó que el fenómeno de realización de cirugías estéticas a menores de edad ha generado crecientes preocupaciones desde la perspectiva de la salud pública y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, preocupaciones que cobraron especial relevancia tras el fallecimiento de la joven Paloma Nicole Arellano de 14 años, quien perdió la vida luego de presuntas complicaciones derivadas de una cirugía estética realizada en el estado de Durango.
Finalmente, aseguró que este hecho evidenció la ausencia de una regulación clara respecto a la edad mínima para la realización de este tipo de procedimientos en el país, por lo que hizo énfasis en la urgencia de fortalecer el marco jurídico aplicable a estas intervenciones, para garantizar que los menores de edad cuenten con protección frente a procedimientos médicos que pueden implicar riesgos significativos para su salud y desarrollo integral.
- Apuntaron que un crecimiento desordenado del turismo o sin planeación y evaluación puede generar daños sociales, económicos y ambientales que afectan la sostenibilidad de los destinos.
Con la finalidad de promover un turismo sostenible e incluyente, que maximice sus beneficios económicos y sociales, pero que mitigue sus impactos negativos y garantice un desarrollo equilibrado y de largo plazo, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para facultar a la Secretaria de Turismo para que realice estudios y análisis para evaluar los efectos e impactos sociales, económicos y ambientales del turismo en las poblaciones o localidades donde se desarrolla esta actividad.
Destacaron que según cifras del el Barómetro ONU Turismo, México fue uno de los países que lideraron el crecimiento del turismo mundial entre los grandes destinos en la primera mitad de 2025, con un crecimiento del 7 por ciento.
Recalcaron que la contribución de este sector es altamente significativa en la generación de empleos, tanto directos como indirectos, además de que representa una fuente esencial de ingreso familiar y de divisas, fortalece la balanza de pagos y dinamiza las economías locales y regionales.
Sin embargo, reconocieron que el desarrollo turístico también plantea retos y externalidades negativas que deben ser atendidas de manera oportuna y responsable. Apuntaron que un crecimiento desordenado del turismo o sin planeación y evaluación puede generar daños sociales, económicos y ambientales que afectan la sostenibilidad de los destinos.
Entre estos problemas, destacan la presión sobre los recursos naturales, la contaminación, la degradación de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, además de fenómenos sociales como la gentrificación, que precariza el trabajo, encarece los servicios, la vivienda y genera desplazamiento de las poblaciones originarias.
Añadieron que en los últimos años, la gentrificación de turistas incluso trasnacionales ha proliferado gracias a la utilización de plataformas digitales de hospedaje entre particulares, como Airbnb, fenómeno que aún no cuenta con estudios gubernamentales que evalúen de manera puntual sus impactos sociales y económicos.
Revelaron que en nuestro país existen tres observatorios de turismo en Guanajuato, Nuevo León y Tlaxcala, donde se integra información que permite el monitoreo y análisis de indicadores técnicos para el desarrollo de estrategias que contribuyan a mejorar la competitividad del estado destino y a la toma de decisiones, sin embargo, solamente un pequeño porcentaje de los datos es público en la plataforma web, mientras que el resto de los indicadores se mantienen a través de un registro de base de datos que no está disponible.
Destacaron que si bien han existido diversas estrategias y planes para el desarrollo de un turismo sustentable, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental (GTADA) siguen siendo altos, por ello insistieron en la necesidad de correlacionar los datos y necesidades a la política nacional de turismo para desarrollar acciones y estrategias que minimicen los impactos negativos de la actividad turística.
En este sentido, consideraron imprescindible que los programas sectorial, municipal y local de turismo cuenten con estudios y evaluaciones sobre los efectos e impactos sociales, económicos y ambientales en las poblaciones o localidades donde se desarrolla la actividad turística.
- Aseguró que si bien estos proyectos podrían contribuir con el crecimiento económico, podrían generar diversos impactos medioambientales a los que hay que poner atención.
Con la finalidad de proteger uno de los ecosistemas marinos más diversos y dinámicos del planeta y un punto estratégico de la región de América del Norte por su importancia en la conservación, la senadora Maki Ortiz Domínguez presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), a la Secretaría de Turismo, al Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable (IMIPAS) y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para realizar acciones relacionadas con los proyectos de Plantas de Gas Natural licuado que pretenden instalarse en el Golfo de California.
Explicó que ha crecido el interés de diversas empresas extranjeras por desarrollar proyectos de plantas de licuefacción de gas natural extraído en Estados Unidos, en puertos ubicados en la costa noroeste del Pacífico Mexicano, entre los que se encuentran los proyectos "Terminal GNL de Sonora/ Saguaro Energía" (Saguaro), "American Mexican Integrated Gas Operations" (AMIGO), y "Vista Pacífico LNG (VPLNG)".
Sin embargo, declaró que dichos proyectos podrían afectar la zona del Golfo de California, en donde existen 25 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de competencia federal, además de que alberga 900 especies de peces, de las cuales 90 por ciento son endémicas, así como el 39 por ciento de los mamíferos marinos del mundo, así como miles de especies de invertebrados marinos, macroinvertebrados, arrecifes de coral, algas microscópicas, macroalgas y manglares, entre otras especies.
Agregó que las aguas del Golfo de California son altamente productivas y una de las zonas de mayor pesca en el mundo y del país, aunado a que sostiene una de las economías de turismo de naturaleza más importantes de México, además de que los territorios aledaños son habitados por una diversidad de comunidades indígenas.
Aseguró que si bien estos proyectos podrían contribuir con el crecimiento económico, tanto habitantes de la región como representantes de organizaciones de la sociedad civil consideran que no deben ser autorizados ya que podrían generar diversos impactos medioambientales a los que hay que poner atención, además de que los consideran un retroceso a la ambición climática del país y alejan al Estado mexicano del cumplimiento de sus compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental.
Y es que aseguró que además de los efectos generados por las emisiones de gases de efecto invernadero, existen otros impactos como el que las plantas de licuefacción de gas emplean grandes cantidades de agua para enfriar el compuesto y condensarlo para volverlo líquido, además de que se liberan sustancias químicas al mar que podrían afectar la calidad de agua, al medio marino, y las especies que lo habitan.
Añadió que también se ha alertado sobre el aumento del estrés inducido por el ruido, que puede hacer que los animales sean más susceptibles a infecciones y dificultades físicas. Otro impacto es el relativo a potenciales colisiones de embarcaciones con animales marinos, lo cual genera una gran incertidumbre sobre los riesgos que pudiera tener esta actividad en las poblaciones de mamíferos marinos, especialmente ballenas y otras especies como tiburón ballena y tortugas marinas.
En este sentido, detalló que, entre las propuestas de su Punto de Acuerdo, se encuentran solicitar al INECC que lleve a cabo un estudio técnico y científico sobre los impactos de sus emisiones, directas, indirectas y fugitivas, de gases y compuestos de efecto invernadero, considerando las plantas, toda la infraestructura asociada a ellas y los procesos de licuefacción. Asimismo, que la SEMARNAT solicite al Consejo de Cambio Climático que emita una recomendación sobre la alineación y la congruencia de estos proyectos con relación a la política nacional de cambio climático.
Además de que la ASEA revise los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de los tres proyectos, así como las autorizaciones que ya fueron otorgadas, cuidando que los sistemas ambientales hayan sido delimitados considerando tanto su zona de influencia directa, como las zonas de influencia indirecta que podrían verse afectadas por el conjunto de obras y actividades que pretendan llevarse a cabo, como las interacciones con los diferentes componentes ambientales regionales.
