• En México, 1 de cada 5 menores no recibe las comidas recomendadas y 40% de las calorías consumidas por preescolares proviene de alimentos ultraprocesados.
Debido a los problemas de salud derivados de la desnutrición, sobrepeso y mala alimentación que afectan a miles de niñas, niños y adolescentes, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para reconocer de manera expresa el derecho a una alimentación sana y nutrición equilibrada que les garantice el desarrollo físico, cognitivo y el bienestar integral de la niñez.
La legisladora señaló que el interés superior de la niñez debe mantenerse como una prioridad en todas las decisiones del Estado mexicano, particularmente en temas relacionados con la alimentación, la salud y el desarrollo integral.
Recordó que este principio está reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada por México en 1990.
Corona Nakamura afirmó que, aunque el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad ya está reconocido en el artículo 4º constitucional y en 2024 se expidió la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, en el país persisten problemas de desnutrición, sobrepeso y obesidad infantil.
Dijo que actualmente México cuenta con 36 millones 199 mil 642 niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años, quienes representan el 28 por ciento de la población total del país, de acuerdo con cifras del INEGI, por lo que consideró indispensable consolidar acciones que garanticen plenamente su bienestar y desarrollo integral.
De acuerdo con la UNICEF, desde 2021 alertó que en México al menos 1 de cada 5 bebés de entre 6 y 23 meses no recibe el mínimo de comidas diarias recomendadas para su edad y que solo 1 de cada 2 menores consume los grupos de alimentos esenciales para su desarrollo. Asimismo, el organismo internacional reportó que el 40 por ciento de las calorías consumidas por niñas y niños en edad preescolar proviene de alimentos ultraprocesados.
La legisladora también señaló que, conforme a datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 del Instituto Nacional de Salud Pública, 4 de cada 5 preescolares consumen diariamente bebidas endulzadas y apenas 1 de cada 3 consume verduras todos los días.
Frente a este panorama, propuso adicionar una fracción XXI al artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para reconocer el derecho a una alimentación sana y a una nutrición equilibrada. Además, de reformar el artículo 37 para establecer que las autoridades deberán diseñar, implementar y evaluar programas y políticas públicas orientadas a eliminar obstáculos que impidan la igualdad de acceso a una alimentación sana y nutrición equilibrada.
- Plantea campaña permanente de información y mayor vigilancia contra sitios apócrifos que engañan a la ciudadanía.
- Más de mil 300 sitios que usurpaban identidades institucionales han sido desactivados; sin embargo, los fraudes digitales persisten.
Ante la proliferación de sitios y páginas de internet apócrifos que utilizan la imagen de instituciones oficiales para defraudar a personas que buscan tramitar su pasaporte, las y los senadores del Partido Verde exhortaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional y a las Unidades de Policía Cibernética a reforzar las acciones para prevenir y combatir prácticas fraudulentas en la expedición de este documento oficial de viaje.
Destacaron que el pasaporte constituye el documento que acredita la nacionalidad e identidad de las personas mexicanas cuando viajan al extranjero, además de ser un instrumento fundamental para solicitar ayuda y protección de las autoridades extranjeras, por lo que destacaron la importancia de fortalecer las medidas que permitan proteger a la población frente a esquemas de fraude que operan a través de plataformas digitales.
Señalaron que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha impulsado durante los últimos años diversas acciones para modernizar y hacer más seguro el trámite de pasaporte, incluyendo sistemas de citas, pasaportes electrónicos, mecanismos de autenticación y herramientas digitales para agilizar la atención a los usuarios.
No obstante, advirtieron que pese a estos avances tecnológicos y administrativos, continúan registrándose fraudes mediante sitios y páginas de internet apócrifas que imitan sitios oficiales, utilizan logotipos gubernamentales y solicitan pagos por trámites inexistentes.
Explicaron que la propia Cancillería ha emitido alertas para advertir a la población sobre fraudes relacionados con el trámite de pasaporte. Asimismo, destacaron que instituciones de seguridad, como la Guardia Nacional, han brindado asesorías en ciberseguridad y contribuido a desactivar mil 313 sitios de Internet apócrifos utilizados para cometer fraudes o usurpar identidades institucionales.
Frente a esta situación, los legisladores destacaron que su propuesta plantea que la Cancillería realice una campaña permanente de información a través de medios masivos de comunicación y de las representaciones diplomáticas de México, para difundir los requisitos, procedimientos y canales oficiales para obtener el pasaporte mexicano, además de medidas de ciberseguridad que permitan prevenir fraudes.
También solicita incorporar alertas visibles en los portales de internet de la Cancillería, consulados y embajadas, incluyendo mecanismos de denuncia para reportar sitios fraudulentos. Además, de identificar y promover la baja de sitios electrónicos no oficiales que ofrecen apoyo o simulan tramitar pasaportes mexicanos.
Las y los legisladores urgieron a las autoridades de seguridad y ciberseguridad a nivel federal y estatal a redoblar esfuerzos para identificar y desactivar sitios apócrifos que simulen tramitar el pasaporte mexicano, con el propósito de evitar afectaciones a las personas que realizan este trámite.
- Dicho concepto sería definido como los datos objetivos, verificables y debidamente documentados, derivados del análisis de la actividad financiera del sujeto, que permitan establecer una relación razonablemente probable entre su actividad y la comisión de los delitos referidos.
Recalcó que su iniciativa pretende atender una problemática existente en la actual legislación, ya que el hecho de que el concepto de "indicios suficientes" no esté determinado en el texto del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito no es un problema menor de técnica legislativa, sino una deficiencia estructural que afecta la validez constitucional del sistema en su conjunto.
