- Las revisiones y auditorías se practican sobre cuentas públicas de ejercicios ya concluidos, por lo que cuando las observaciones se notifican, el presidente o la presidenta municipal suelen estar en su último tramo de gestión o ya fuera del cargo.
Con la finalidad de combatir la corrupción y la impunidad, particularmente en el caso de alcaldes y presidentes municipales, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar el segundo párrafo del artículo 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para prohibir elegirse al cargo de alcalde o presidente municipal a quienes, durante su periodo ejercido, no hubiesen solventado observaciones derivadas a las auditorías.
La senadora explicó que los gobiernos locales enfrentan un grave problema estructural, este es, que las revisiones y auditorías se practican sobre cuentas públicas de ejercicios ya concluidos, por lo que cuando las observaciones se notifican, el presidente o la presidenta municipal suelen estar en su último tramo de gestión o ya fuera del cargo. Agregó que incluso en algunos casos, no solamente no rinden cuentas, sino también están vinculados con delincuencia organizada.
Puso como ejemplo el caso de Jesús “N”, expresidente municipal de Cuautla, hoy vinculado a proceso por delincuencia organizada y tráfico de armas, además de que no solventó la cuenta pública del 2020 en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos (ESAF), donde se encontraron diversas irregularidades de la gestión, entre ellas, el faltante de 10 millones de pesos en la anterior administración, y aún con esto, se inscribió para volver a pretender administrar el municipio de Cuautla.
La legisladora aseguró que este tipo de situaciones provocan que las observaciones se hereden a administraciones siguientes, además de que no permiten solventar servicios públicos como el agua potable, el alumbrado público, la seguridad pública y la recolección de residuos a las y los ciudadanos.
Finalmente, la senadora por Morelos afirmó que la aprobación de esta reforma generaría múltiples ventajas directas para que el país y sus comunidades tengan mejores servicios de calidad, pero sobre todo, identificar aquellas personas que están observadas por la Auditoría.
- La iniciativa plantea ampliar el supuesto para incorporar las solicitudes correspondientes y la información relacionada con el cambio de uso del suelo, así como ampliar la información sobre infracciones e incorporar la publicidad de los recursos relacionados con el fondo forestal mexicano.
Con la finalidad de ampliar la información ambiental que debe ponerse a disposición del público y mantenerse actualizada, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para fortalecer el artículo 67, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, contribuyendo con ello al ejercicio efectivo del derecho humano de acceso a la información, a la protección del derecho a un medio ambiente sano y a una gestión pública ambiental más transparente, verificable y abierta a la participación de la sociedad.
Las y los senadores ecologistas explicaron que el derecho de acceso a la información pública, reconocido en el artículo 60 de nuestra Constitución, constituye uno de los elementos esenciales de un Estado democrático y una condición indispensable para que las personas conozcan, evalúen y participen en las decisiones adoptadas por las autoridades.
Por otro lado, señalaron que el artículo 4o. constitucional reconoce que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y establece la obligación del Estado de garantizar su respeto. En este contexto, aseguraron que el derecho a la información y el derecho a un medio ambiente sano se encuentran estrechamente vinculados: para participar, vigilar y, en su caso, cuestionar las decisiones susceptibles de afectar el ambiente, resulta indispensable contar con información suficiente, oportuna y accesible.
Reconocieron que la legislación ambiental mexicana incorpora la información como un componente sustantivo de la política ambiental, a través de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) que contiene un capítulo específico denominado "Derecho a la Información Ambiental", sin embargo, apuntaron que únicamente obliga a publicar "las manifestaciones y resoluciones en materia de impacto ambiental".
Por ello, destacaron que su iniciativa plantea ampliar el supuesto para incorporar las solicitudes correspondientes y la información relacionada con el cambio de uso del suelo, así como ampliar la información sobre infracciones e incorporar la publicidad de los recursos relacionados con el fondo forestal mexicano.
Los legisladores del Partido Verde aseguraron que la incorporación de las solicitudes y resoluciones relacionadas con el cambio de uso del suelo en terrenos forestales permitirá que la ciudadanía conozca oportunamente las decisiones administrativas susceptibles de modificar la cobertura y vocación forestal del territorio.
Además, dijeron que precisar la materia de las infracciones ambientales permitirá que la información estadística actualmente obligatoria tenga mayor utilidad para identificar las áreas en las que se presentan incumplimientos y fortalecer la evaluación de la aplicación de la legislación ambiental.
- La falta de una delimitación clara en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial sobre cuáles son las vías aptas para estos vehículos y la ausencia de sanciones homologadas a nivel nacional permiten una dispersión reglamentaria que debilita la seguridad vial.
Las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a los artículos 36 y 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para establecer de manera explícita la prohibición de circulación de motocicletas en espacios peatonales y ciclistas, facultar a los municipios y estados para restringir su acceso a vías primarias o de acceso controlado cuando su cilindraje ponga en riesgo su propia estabilidad, y robustecer las medidas de pacificación del tránsito.
Los legisladores ecologistas explicaron que en la última década, el parque vehicular de motocicletas en México ha crecido de manera exponencial debido a su accesibilidad económica y su eficiencia en el reparto de mercancías y servicios, pero reconocieron que este incremento no ha venido acompañado de una infraestructura vial adecuada ni de una cultura de respeto a los espacios de tránsito.
Agregaron que a menudo las motocicletas invaden espacios exclusivos para peatones, como banquetas y cruces peatonales, así como ciclovías, además de realizar maniobras de alto riesgo como el avance entre carriles y en vías de alta velocidad no autorizadas.
Dijeron que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los accidentes en los que se ven involucradas motocicletas ocupan los primeros lugares en índice de letalidad y lesiones graves en zonas urbanas.
Los senadores ecologistas se dijeron seguros de que la falta de una delimitación clara en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial sobre cuáles son las vías aptas para estos vehículos y la ausencia de sanciones homologadas a nivel nacional permiten una dispersión reglamentaria que debilita la seguridad vial.
En este contexto, recordaron que el Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de México y diversos Gobiernos Estatales han tenido que modificar constantemente sus reglamentos de tránsito para endurecer los requisitos de licencias y regular el cilindraje permitido en vías rápidas, sin embargo, los motociclistas siguen sin cumplir con el reglamento de tránsito.
Aseguraron que regular los espacios de tránsito de la motocicleta no busca restringir el derecho a la movilidad, sino armonizarlo bajo el principio de diseño del "Sistema Seguro". “En la medida que se homologuen y fortalezcan las legislaciones locales abonamos al fomento y respeto de la cultura vial, así como la reducción de los índices de siniestralidad y pérdida de vidas humanas”; finalizaron.
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