- La medida busca garantizar empleo, protección y condiciones dignas en el trabajo.
- Casi 40% de mujeres en México han vivido violencia de pareja y más del 63% ocurre en el hogar.
La senadora Virginia Magaña Fonseca, integrante del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo para incorporar medidas que protejan a personas trabajadoras, víctimas de violencia doméstica, con el objetivo de garantizar la continuidad en el empleo, mitigar sus efectos en el ámbito laboral y dar cumplimiento al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México en 2022.
Explicó que la reforma prohíbe expresamente despedir, sancionar o discriminar a las personas trabajadoras por ser víctimas de violencia doméstica, cuando dicha condición haya sido debidamente acreditada.
También incorpora nuevas obligaciones para las personas empleadoras, como proporcionar información clara y accesible sobre la violencia doméstica y sus efectos en el entorno laboral, así como difundir periódicamente los servicios disponibles para atención, protección y denuncia, garantizando en todo momento la confidencialidad y la no revictimización.
Magaña Fonseca subrayó que la violencia doméstica agrava ladesigualdad económica, especialmente para las mujeres, quienes enfrentan una brecha salarial del 6% y destinan el doble de tiempo al trabajo de cuidados no remunerados.
Señaló que este fenómeno trasciende el ámbito privado y tiene consecuencias directas en el empleo, la productividad, la salud y la seguridad laboral; además, alertó que la pérdida de ingresos puede limitar su autonomía y dificultar la salida de entornos de violencia.
De acuerdo a cifras oficiales, a nivel nacional cerca del 40% de las mujeres ha experimentado violencia de pareja y más del 11% ha sufrido violencia familiar, siendo el hogar el principal espacio donde ocurren estos actos.
Por ello, destacó que su propuesta busca armonizar el marco legal para atender esta problemática mediante medidas concretas como la flexibilización temporal de la jornada laboral, la protección contra el despido y la implementación de mecanismos de información y apoyo dentro de los centros de trabajo.
Además, de garantizar la continuidad del empleo, mitigar los efectos de la violencia en el ámbito laboral y fortalecer los derechos laborales con perspectiva de género y justicia social.
Magaña Fonseca explicó que las personas trabajadoras víctimas de violencia doméstica podrán solicitar medidas de protección laboral de manera confidencial, acreditando su situación mediante documentos expedidos por autoridades competentes, instituciones de salud o instancias de apoyo, sin necesidad de contar con una resolución judicial definitiva.
La legisladora subrayó que su propuesta, busca reconocer la violencia doméstica como un problema estructural que impacta el desarrollo económico y social, así como avanzar hacia entornos laborales dignos, libres de violencia y con condiciones que permitan a las personas trabajadoras mantener su autonomía, seguridad y proyecto de vida.
Finalmente, afirmó que garantizar el empleo en estos contextos es fundamental para fortalecer la independencia económica, la dignidad y la seguridad de las personas trabajadoras, al tiempo que reafirma el compromiso del Estado mexicano con la construcción de espacios laborales libres de violencia, con perspectiva de género, igualdad y justicia social.
- La reforma plantea incorporar atención socioemocional y apoyo psicológico permanente en el sistema educativo.
- La salud mental de la niñez y la adolescencia no puede seguir postergándose.
Luego de los hechos ocurridos en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde un adolescente de quince años presuntamente asesinó a dos maestras dentro de un plantel escolar, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para incorporar la salud socioemocional en los planteles y programas de estudio.
Señaló que su iniciativa, que busca reformar la Ley General de Educación, busca establecer programas de asesoría, orientación y atención psicológica en escuelas públicas de primaria y secundaria, además de planteles particulares de esos niveles.
Asimismo, establece que en cada plantel educativo exista al menos una persona profesional en psicología, lo que permitirá promover la salud socioemocional e identificar de manera temprana conductas de riesgo.
“Esta propuesta tiene un enorme valor porque entiende que la educación no puede limitarse a transmitir conocimientos. Educar también implica cuidar y acompañar”, afirmó.
Corona Nakamura dijo que es necesario pasar de una reacción tardía a una prevención oportuna, interviniendo antes de que las crisis escalen. Señaló que muchas conductas agresivas o cambios de comportamiento en el aula pueden estar vinculados con entornos de violencia, abandono o necesidades emocionales no atendidas.
La legisladora subrayó que miles de estudiantes enfrentan problemáticas cada vez más complejas y frecuentes, como ansiedad, depresión, aislamiento, violencia escolar, acoso, autolesiones, adicciones digitales y dificultades para relacionarse, lo que forma parte de una realidad en muchas escuelas del país.
Dijo que este tipo de situaciones muestran que no se trata de una falta menor de disciplina, sino de una fractura profunda en la salud emocional, en la contención social y en la capacidad institucional para detectar a tiempo señales de riesgo.
Corona Nakamura enfatizó que muchas conductas agresivas tienen origen fuera del aula, relacionadas con contextos de violencia, abandono o falta de atención, y advirtió que también existen señales silenciosas que no se detectan a tiempo.
Finalmente, afirmó que la salud mental de la niñez y la adolescencia no puede seguir postergándose. “Acompañar psicológicamente a nuestras infancias y adolescencias dentro de las escuelas es una decisión correcta, necesaria y urgente. Es una medida de humanidad”, concluyó.
El Senado de la República hizo un llamado urgente a los Congresos locales para actualizar sus leyes y garantizar una protección efectiva a las mujeres en todo el país.
En este contexto, la senadora Virginia Magaña Fonseca fue contundente al señalar que en Guanajuato no hay margen para seguir postergando estas reformas.
“Desde febrero he sido una voz firme haciendo este llamado. No es un tema nuevo, ya advertimos el rezago en Guanajuato y la urgencia de actuar. Hoy el Senado respalda ese posicionamiento con un exhorto claro, es momento de cumplir.”
Magaña subrayó que la urgencia es evidente frente a la realidad del estado. De acuerdo con datos oficiales, el 68.1% de las mujeres en Guanajuato ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y hechos recientes en distintos municipios reflejan la magnitud del problema y la necesidad de contar con un marco legal actualizado y eficaz.
La legisladora, firmante de este exhorto, respaldó la necesidad de que los estados actualicen su marco jurídico para garantizar que las reformas constitucionales y legales aprobadas a nivel federal se traduzcan en derechos efectivos en todo el país.
“Los derechos de las mujeres no pueden depender del estado en el que vivan y estar sujetos a resistencias políticas. Lo que ya es ley a nivel nacional debe convertirse en realidad en cada rincón del país”, afirmó.
El exhorto plantea que las entidades federativas adecuen sus leyes conforme a las reformas en materia de igualdad sustantiva, derecho a una vida libre de violencia, erradicación de la brecha salarial y la actualización del delito de abuso sexual, que establece un estándar claro de consentimiento y amplía la protección a las víctimas.
“En Guanajuato las leyes han llegado tarde… y otras ni siquiera han llegado. Eso ya ha tenido consecuencias y tristemente lo hemos visto en los últimos días. No podemos seguir así, cada retraso pone en riesgo a miles de niñas, adolescentes y mujeres.”
La senadora recordó que la armonización legislativa no es opcional, sino una obligación constitucional que permite que los derechos se traduzcan en protección efectiva en la vida cotidiana.
Finalmente, hizo un llamado directo al Congreso del Estado para atender este exhorto:
“Guanajuato tiene que estar a la altura y garantizar que las mujeres tengan protección, justicia y leyes que sí funcionen. El tiempo de las mujeres no es solo un discurso, requiere voluntad política”, concluyó.
