- Con esta propuesta se plantea que se actualice la Cartilla de Derechos de las Mujeres y se incluya el derecho a la salud en la etapa post reproductiva.
Con la finalidad de visibilizar el derecho de las mujeres a recibir información y atención en todas las etapas de su vida, con una visión de envejecimiento saludable, la senadora Maki Ortiz, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo en el que exhorta a la Secretaría de las Mujeres en coordinación con la Secretaría de Salud, a que fortalezca y actualice los contenidos de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, a fin de incorporar de manera expresa el derecho a la salud de la mujer en la etapa post reproductiva.
Recordó que el gobierno federal impulsó la creación de la Cartilla de Derechos de las Mujeres como un instrumento de difusión, apropiación y exigibilidad de 15 derechos fundamentales, y busca acercar a las mujeres información clara sobre sus derechos en distintos ámbitos de la vida.
Aseguró que se trata mucho más que un documento informativo, ya que puede ayudar a que “las mujeres nombren aquello que viven, identifiquen aquello que les corresponde y reconozcan cuándo un derecho les está siendo negado”.
Explicó que si bien la Cartilla hace referencia al derecho a recibir información y atención en distintas etapas de la vida sexual y reproductiva, mencionando la salud menstrual y la salud durante la gestación y el embarazo, “resulta pertinente visibilizar también la salud en la etapa post reproductiva, así como el derecho a un envejecimiento saludable, digno y libre de estigmas”.
Agregó que muchas mujeres en la edad adulta atraviesan cambios físicos, emocionales y sociales que inciden de manera directa en su bienestar, en su vida cotidiana y en la forma en que son escuchadas por las instituciones. Sin embargo, con frecuencia esas necesidades siguen siendo poco nombradas, poco comprendidas o tratadas como si no merecieran atención específica.
Además, se dijo convencida de que visibilizar esta etapa en la Cartilla puede ser una manera de contribuir a que más mujeres, especialmente aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad, encuentren en ese instrumento una referencia cercana y comprensible sobre su derecho a ser atendidas y reconocidas.
Subrayó que reconocer expresamente la salud de las mujeres en esta etapa, fortalece el marco de visibilidad y conciencia, lo que puede ayudar a generar mejores decisiones públicas, una conversación social más amplia y una comprensión más completa del derecho a la salud de las mujeres.
Finalmente, recalcó que proteger la salud de las mujeres implica reconocer que sus necesidades cambian a lo largo de la vida y que el Estado debe responder de manera sensible, digna y oportuna a cada una de esas etapas.
• Senadoras y senadores buscan actualizar la legislación para fortalecer la certeza jurídica y la modernización del sistema ferroviario y postal.
Las senadoras y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y la Ley del Servicio Postal Mexicano, con el fin de armonizar ambas legislaciones con la actual denominación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), al considerar necesario otorgar certeza jurídica y garantizar la correcta aplicación del marco normativo vigente.
Destacaron que su propuesta busca actualizar disposiciones legales que aún hacen referencia a la extinta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para brindar certeza jurídica y garantizar congruencia con la estructura vigente de la Administración Pública Federal.
Los legisladores indicaron que el país enfrenta retos de movilidad que las carreteras ya no pueden resolver por sí solas, debido a la saturación de las rutas federales, los altos costos logísticos y el impacto ambiental del transporte de carga, lo que hace necesario replantear un sistema de movilidad eficiente, seguro y de bajo impacto ambiental.
Explicaron que el sistema ferroviario fue durante el siglo XIX y gran parte del XX uno de los pilares del desarrollo nacional; sin embargo, tras la privatización de 1995, el enfoque se concentró principalmente en el transporte de carga masiva, dejando rezagada la conectividad de pasajeros y la integración regional.
Asimismo, destacaron que el 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reformas en materia ferroviaria y de armonización normativa, mediante el cual se incorporó la nueva denominación de la SICT en diversos ordenamientos jurídicos.
No obstante, los legisladores ecologistas señalaron que aún persisten disposiciones sin actualizar en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y en la Ley del Servicio Postal Mexicano.
Es por ello, que su iniciativa propone reformar la fracción IV del artículo 2 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, para sustituir la referencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Los legisladores ecologistas señalaron que el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de garantizar que las leyes reflejen con precisión la estructura vigente de la Administración Pública Federal y que la armonización normativa fortalezca la correcta aplicación del marco jurídico en materia ferroviaria y postal.
- Se ha avanzado mucho en la atención de los pendientes en materia de igualdad, equidad y no discriminación, sin embargo, diversas leyes aún no cuentan con lenguaje incluyente en su texto.
Como parte de un paquete de reformas que buscan llevar a diversos ordenamientos el lenguaje inclusivo, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para reformar los artículos 13, 17 24, y 29 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que dicha ley utilice el lenguaje incluyente, no discriminatorio y no sexista.
Reconoció que se ha avanzado mucho en la atención de los pendientes en materia de igualdad, equidad y no discriminación, sin embargo, diversas leyes aún no cuentan con lenguaje incluyente en su texto, por lo que explicó que realizó una iniciativa por cada uno de los ordenamientos, que, “aunque comparten el mismo espíritu, motivos y anhelos, la técnica legislativa nos conminaba, a que se hiciera en lo particular”.
Específicamente, la senadora destacó la urgencia de que en la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas exista el lenguaje de modo incluyente, no discriminatorio y no sexista, particularmente al referirse a “la persona titular de su presidencia”, de manera neutral y no con lenguaje machista, como un reconocimiento de la posibilidad de que dicho cargo sea utilizado tanto por hombres como por mujeres.
Y es que reconoció que el lenguaje por sí mismo no es discriminatorio, sino que su utilización y significación son los elementos que lo vuelven machista e incluso discriminatorio, al utilizar siempre el masculino genérico, además de que con la utilización del lenguaje, oral o escrito, se pueden reproducir roles o estereotipos que fundamentan o sostienen las desigualdades de género y, por tanto, constituyen actos discriminatorios.
Por ello, insistió en que, aunque parezca tema menor, es indispensable garantizar una redacción acorde con los principios de igualdad y no discriminación en la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y en diversos ordenamientos.
Agregó que además de ser este el objetivo que busca atender su iniciativa, también busca actualizarlo al cambiar el nombre de la Secretaría de la Función Pública la cual fue sustituida en el 2024 por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
