- Detalló que existen zonas urbanas con infraestructura de primer nivel y regiones rurales o periurbanas donde la población solo tiene acceso a instalaciones improvisadas, deterioradas o inseguras.
Con la finalidad de fomentar la equidad, mejorar el rendimiento deportivo y promover la salud pública, así como asegurar que todas las personas, independientemente de su ubicación geográfica, tengan acceso a instalaciones adecuadas para la práctica del deporte, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín presentó una iniciativa para establecer un marco normativo que garantice la estandarización de las instalaciones deportivas en todo el país.
Aseguró que la falta de estandarización en las instalaciones deportivas a nivel nacional ha generado desigualdades en el acceso y la calidad de los espacios destinados a la práctica deportiva, lo que no solo afecta el rendimiento y la seguridad de los atletas, sino que limita el potencial de desarrollo de talentos deportivos y la promoción de un estilo de vida saludable entre la población.
Lamentó que México no cuente con un marco normativo que asegure la estandarización nacional de las instalaciones deportivas, lo que ha detonado graves asimetrías entre entidades federativas y municipios. En este sentido, detalló que existen zonas urbanas con infraestructura de primer nivel y regiones rurales o periurbanas donde la población solotiene acceso a instalaciones improvisadas, deterioradas o inseguras.
Por ello, en su iniciativa propone la creación del Plan Nacional de Estandarización de Instalaciones Deportivas 2025–2035 (PNEID 2025), que busca, entre otras cosas, homologar el diseño y construcción de instalaciones deportivas; reducir desigualdades entre regiones; fomentar mejores prácticas de ingeniera, arquitectura y planeación urbana; evitar duplicidades o inversiones sin impacto; y generar infraestructura segura, accesible y sustentable.
Además, el PNEID 2025 pretende dar respuesta a la necesidad de contar un cuerpo normativo sobre la construcción y mantenimiento de las instalaciones deportivas de México en todos los niveles de gobierno, y para todas las vertientes del deporte: recreación, salud y práctica, alto rendimiento y deporte espectáculo.
Agregó que se asignaría a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) la rectoría normativa, lo que permitirá integrar las instalaciones deportivas a planes urbanos y de movilidad, garantizar estándares técnicos adecuados en diseño y construcción, supervisar infraestructura de forma profesional y con equipos especializados, evitar improvisaciones o instalaciones construidas sin criterios de seguridad, así como vincular el deporte con la regeneración urbana y la cohesión social.
Finalmente, subrayó que su propuesta busca colocar al deporte en el centro de una política pública integral, urbana, social y humana, que reconozca que una instalación deportiva digna no es un lujo, sino un componente fundamental del bienestar y un derecho de todas y todos.
- Se considera que el ejercicio pleno del derecho a la educación de los educandos con discapacidad auditiva inicia con la enseñanza de la lengua de señas mexicana y con proporcionar los espacios para que puedan aprender mediante la televisión educativa.
Con la finalidad de permitir que niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva puedan ejercer plenamente su derecho a la educación, así como facilitar su aprendizaje y adquisición de conocimientos, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa que propone adicionar una fracción VI, al artículo 9 de la Ley General de Educación para incorporar en las plataformas digitales y en la televisión educativa el lenguaje de señas mexicana y su enseñanza.
Esto debido a que se considera que el ejercicio pleno del derecho a la educación de los educandos con discapacidad auditiva inicia con la enseñanza de la lengua de señas mexicana y con proporcionar los espacios para que puedan aprender mediante la televisión educativa y el apoyo de las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digitales (TICCAD).
Señalaron que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las personas con discapacidad tienen que superar mayores obstáculos para tener acceso a la educación porque enfrentan barreras de comunicación y porque no siempre se cuenta con infraestructura inclusiva.
Reconocieron que pese a que se han obtenido avances en apoyo a las personas con discapacidad, aún queda mucho por hacer para atender las necesidades de este grupo de la población mexicana, por lo que cobra relevancia la atención al derecho a la educación plena para las personas con discapacidad auditiva.
Explicaron que aunque se podría decir que la iniciativa propuesta ya se lleva a cabo, aún no está considerado en la Ley General de Educación, además de que no todos los contenidos transmitidos por las plataformas digitales y la televisión educativa incluyen intérpretes de lenguaje de señas mexicana y tampoco ofrecen clases de éste para toda la comunidad educativa.
Recalcaron que su propuesta también incluirá la enseñanza de la lengua de señas mexicana en la educación pública y privada, y que sea la Dirección General @prende.mx de la Secretaría de Educación Pública (SEP) la instancia encargada de implementar la iniciativa.
- México enfrenta una crisis migratoria marcada por la vulnerabilidad y la exclusión, lo que exige acción coordinada, transparente y urgente de los tres niveles de gobierno.
La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, exhortó a los gobiernos de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo para que informen de manera detallada sobre los avances en la implementación de la nueva política migratoria y del modelo humanitario de movilidad, con el objetivo de garantizar de forma integral los derechos de las personas migrantes, en tránsito y refugiadas en el territorio nacional.
La legisladora subrayó que México enfrenta una realidad compleja en materia migratoria, en la que miles de personas, familias y grupos sociales se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, discriminación, exclusión y riesgo, lo que hace indispensable que los tres niveles de gobierno actúen de manera coordinada y transparente.
Explicó que las personas migrantes en tránsito irregular, así como quienes retornan al país, representan algunos de los grupos más expuestos a la discriminación estructural, particularmente niñas, niños y adolescentes no acompañados. A ello se suman prácticas como la estigmatización, la explotación laboral y el rechazo social, que profundizan su situación de vulnerabilidad.
Por ello, consideró indispensable que los gobiernos estatales informen de manera puntual cómo están aplicando la política migratoria basada en un enfoque humanitario y de respeto a la dignidad humana.
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) en 2022, una de cada diez personas migrantes de 15 años declaró haber abandonado su lugar de residencia por motivos de discriminación, inseguridad o violencia, lo que confirma la urgencia de políticas públicas eficaces, con enfoque de derechos humanos y justicia social.
Corona Nakamura destacó que, si bien la legislación mexicana reconoce derechos fundamentales como la libertad de tránsito, el acceso a la justicia, la salud y la educación, en la práctica muchas personas migrantes enfrentan desprecio, discriminación estructural, explotación laboral, detenciones arbitrarias y falta de acceso a servicios básicos, lo que evidencia la necesidad de evaluar y reforzar las acciones gubernamentales en las entidades con mayor flujo migratorio
“Solo mediante la rendición de cuentas, la coordinación institucional y la inclusión social será posible garantizar condiciones dignas de vida y el pleno respeto a los derechos humanos de las personas migrantes en México”, concluyó la senadora.
