- La evolución de las tecnologías de inteligencia artificial generativa, particularmente aquellas capaces de recrear de manera hiperrealista rasgos biométricos, voz, imagen y comportamiento humano, ha generado un vacío normativo que rebasa los mecanismos tradicionales de protección jurídica.
Con el propósito de proteger la dignidad humana en entornos digitales, la verdad no sea sustituida por simulaciones y la tecnología se utilice al servicio de la sociedad, y no al contrario, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín presentó una iniciativa para reformar el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección de la identidad digital.
Explicó que la evolución de las tecnologías de inteligencia artificial generativa, particularmente aquellas capaces de recrear de manera hiperrealista rasgos biométricos, voz, imagen y comportamiento humano, ha generado un vacío normativo que rebasa los mecanismos tradicionales de protección jurídica.
Alertó que el desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial ha intensificado la capacidad de generar contenido sintético indistinguible de la realidad, lo que ha derivado en un aumento significativo de casos de fraude digital, extorsión, violencia digital, manipulación informativa y afectaciones reputacionales, por lo que es imperativo el reconocimiento constitucional del derecho a la identidad digital para atender esta problemática.
Señaló que su propuesta busca garantizar el derecho a la protección de la identidad digital, la cual define como “la proyección de su personalidad en entornos digitales, que comprende la tutela de su imagen, voz, datos biométricos y cualquier rasgo distintivo susceptible de reproducción o representación”.
Agregó que este derecho incluye la protección frente a la generación, manipulación, difusión o utilización de representaciones sintéticas, análogas o digitales de la persona, creadas mediante sistemas de inteligencia artificial u otras tecnologías, cuando se realicen sin su consentimiento.
Además, su iniciativa prohíbe la creación, difusión o utilización de contenidos que reproduzcan o simulen la identidad de una persona sin su consentimiento, salvo en los casos de interés público, libertad de expresión, ejercicio periodístico, creación artística, investigación científica y materia electoral.
Finalmente, recalcó que su iniciativa “no solo responde a una necesidad jurídica, sino a una exigencia social urgente, orientada a anticipar y contener los efectos adversos de tecnologías emergentes que, sin regulación adecuada, pueden erosionar los pilares del Estado democrático de derecho”, apuntó.
- La Ley General de Educación Superior ya prevé el combate a la discriminación, sin embargo, lo atiende de manera incompleta.
A fin de prevenir prácticas discriminatorias y garantizar que ninguna persona sea excluida o limitada en sus derechos por motivos relacionados con sus preferencias sexuales, edad o estado de salud, en lo relativo al acceso y permanencia en la educación superior, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para reformar la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Educación Superior.
Explicó que es necesaria la armonización de las leyes secundarias con la Constitución en materia de no discriminación en cualquiera de sus formas, pero en especial con la discriminación por “preferencias sexuales”.
Agregó que la discriminación por edad constituye una práctica que, en distintos contextos sociales e institucionales, limita el ejercicio pleno de derechos, particularmente en sectores como el educativo, ya que tanto las personas jóvenes como las personas adultas mayores pueden enfrentar barreras injustificadas para acceder, permanecer o concluir sus estudios, derivadas de prejuicios que no encuentran sustento en criterios objetivos.
Por otro lado, las personas que viven con alguna enfermedad, discapacidad o condición médica pueden ser objeto de tratos diferenciados que afectan su acceso a servicios educativos, su permanencia en las instituciones y su desarrollo integral.
Ante este panorama, enfatizó que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas que aseguren ajustes razonables, accesibilidad y condiciones de igualdad, por lo que la Ley General de Educación Superior ya prevé el combate a la discriminación, sin embargo, afirmó que lo atiende de manera incompleta, ya que en esta disposición se omite mencionar la discriminación por preferencias sexuales, por edad, y por condiciones de salud.
Por todo lo anterior, insistió en la pertinencia de su iniciativa, la cual busca fortalecer estos tres aspectos -preferencias sexuales, salud y edad-, por lo que se propone reformar la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Educación Superior.
- La implementación de un Registro Nacional de Vehículos llevaría varios beneficios, así como la solución a diversas problemáticas urbanas.
Con la finalidad de contar con una herramienta estratégica que sirva para mejorar tanto la seguridad pública como la movilidad, la senadora Juanita Guerra Mena, del partido Verde, presentó una iniciativa para crear el Registro Nacional de Vehículos (RNV).
Explicó que la congestión vial en las grandes ciudades es una manifestación de la crisis de movilidad, que no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino también generan un incremento en las emisiones de gases contaminantes, lo que afecta la salud pública.
Agregó que la infraestructura vial existente, en muchas ocasiones, es incapaz de soportar el volumen constante de vehículos, además de que en nuestro país los altos índices de criminalidad relacionados con el uso de vehículos están relacionados con la forma en que las personas se desplazan y con la infraestructura de seguridad.
Aseguró que la implementación de un Registro Nacional de Vehículos llevaría varios beneficios, así como la solución a diversas problemáticas urbanas.
En materia de seguridad, este registro podría facilitar la identificación de vehículos robados y mejorar el seguimiento de delitos relacionadoscon automóviles, ya que, al implementar un sistema de registro centralizado, las autoridades pueden agilizar las investigaciones y mejorar la respuesta ante incidentes delictivos vinculados a vehículos.
En términos de movilidad, un RNV podría coadyuvar en la modernización y optimización del transporte público, ya que podría facilitar no solo una mejor identificación de las rutas y frecuencias de los vehículos, sino permitir a las autoridades tomar decisiones informadas sobre las necesidades de transporte de la población en áreas específicas.
En materia de planificación urbana, las autoridades encargadas de la urbanización podrían usar los datos del registro vehicular para entender mejor el crecimiento y la distribución de la población, así como los hábitos de movilidad de los ciudadanos.
Finalmente, destacó que este registro va más allá de la administración de datos, sino que los datos recopilados podrían servir como evidencia para la elaboración de estrategias que contemplen no solo la seguridad vial, sino también el fomento de un uso más responsable y sostenible del transporte.
