- Reorganizar el proceso permitirá mejorar la organización electoral, fortalecer la capacitación judicial y consolidar la participación ciudadana.
Las senadoras y los senadores del Partido Verde respaldaron la minuta de reforma constitucional en materia de Poder Judicial, para aplazar la elección del Poder Judicial de 2027 a 2028, al considerar que fortalece el proceso de elección de personas juzgadoras y consolida la participación directa de la ciudadanía en este mecanismo democrático.
En tribuna, la senadora Juanita Guerra Mena señaló que la reforma representa uno de los cambios más profundos de la vida pública nacional, al permitir que mexicanas y mexicanos participen directamente en la elección de personas juzgadoras, fortaleciendo la democracia y el vínculo entre ciudadanía y sistema judicial.
Destacó que la iniciativa plantea trasladar la elección judicial de 2027 a 2028 ante la saturación de cargos electorales, ya que coincidirían 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y mil 718 ayuntamientos. Asimismo, reiteró que el nuevo modelo judicial busca fortalecer la certeza jurídica, la transparencia y la confianza ciudadana.
Por su parte, la senadora Rocío Corona Nakamura, comentó que la reforma judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fortalecerá la organización del proceso de elección de personas juzgadoras y consolida un Poder Judicial más preparado y eficiente, así como la capacitación permanente de juezas, jueces, magistradas y magistrados.
"La ciudadanía quiere jueces preparados, quiere instituciones que funcionen, quiere resoluciones claras y procesos más rápidos, esa exigencia social no puede ignorarse", destacó.
En ese mismo sentido, el legislador por Oaxaca, Luis Alfonso Silva, respaldó los ajustes al mecanismo de elección de personas juzgadoras y afirmó que fortalece un Poder Judicial ciudadano, elegido directamente por el pueblo de México.
Comentó que la iniciativa cuenta con respaldo ciudadano, al referir que una encuesta de Grupo Enkoll reportó que 72% del pueblo mexicano consideraba necesaria una reforma al Poder Judicial.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín respaldó los cambios a la elección judicial al señalar que es necesario perfeccionar el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros. Destacó que las modificaciones son relevantes porque permitirán mejorar la capacitación, la evaluación de perfiles y las condiciones para la elección de 2028.
Afirmó que el país enfrenta todavía fallas dentro del sistema judicial y sostuvo que, de 2022 a 2025, fueron liberados 72 líderes y operadores de cárteles. "Estamos batallando contra eso, y es importante que cada vez la elección de jueces y magistrados se perfeccione", sostuvo.
Finalmente, el legislador reiteró que es momento de avanzar hacia una mejor votación de jueces y recordó que, desde la creación del INE, se han realizado más de 10 reformas al sistema electoral.
- La iniciativa propone establecer que los trabajadores que acrediten estar inscritos en instituciones de educación media superior o superior puedan convenir con el patrón una jornada compatible con sus horarios escolares.
- Dicha jornada no podrá ser objeto de represalias, reducciones salariales desproporcionadas ni condicionada al abandono de los estudios.
Con la finalidad de que los estudiantes que trabajan puedan continuar con su desarrollo académico y conservar su empleo, el senador Virgilio Mendoza propuso una iniciativa en materia de compatibilidad entre el trabajo y los estudios de nivel medio superior y superior.
Explicó que su propuesta busca atender una problemática real que afecta a jóvenes estudiantes que además trabajan, y es que la legislación actual no reconoce la condición de trabajador estudiante ni la protege, lo que ocasiona que millones de jóvenes deban elegir entre trabajar o estudiar, ocasionando deserción escolar.
Para ello, su iniciativa propone diversas medidas: Reformar el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo incorporar en la definición de trabajo digno la compatibilidad entre trabajo y desarrollo educativo; reformar al artículo 59 para reconocer que los trabajadores inscritos en instituciones de educación media superior o superior pueden convenir con el patrón una jornada compatible con sus horarios escolares; reformar al artículo 63 para flexibilizar la distribución del tiempo de descanso dentro de la jornada para que el trabajador-estudiante pueda atender obligaciones académicas.
Por otro lado, también se busca que el patrón esté obligado a respetar y facilitar la jornada estudiantil convenida, además de que se le prohíba al patrón y a la empresa la rescisión, sanción o cualquier medida que afecte al trabajador con motivo de su condición de estudiante, asistencia a clases, presentación de exámenes o cualquier actividad académica.
Detalló que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2024), en México existen aproximadamente 9.8 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años que trabajan y estudian simultáneamente, quienes a menudo ven sus actividades escolares afectadas debido a que el patrón no tiene la obligación de adaptar el horario de trabajo al horario escolar, además de que les puede asignar tiempo extraordinario aunque interfiera con los exámenes o actividades académicas, y puede rescindir la relación de trabajo sin que la condición de estudiante del trabajador genere protección alguna.
Explicó que según la Encuesta Nacional sobre Deserción en la Educación Media Superior (SEP 2023), el 39.4 por ciento de estudiantes que abandonan la preparatoria lo hacen por necesidades económicas ligadas al trabajo; mientras que el Estudio de Trayectorias Educativas y Laborales (INEE, 2022) señala que la incompatibilidad de horarios entre el trabajo y la escuela es la segunda causa de abandono escolar en el nivel medio superior.
Ante este panorama, el senador ecologista insistió en la pertinencia de incluir en nuestra legislación el reconocimiento expreso de la jornada estudiantil compatible mediante convenio, tope protector de seis horas, flexibilidad de descanso, obligación patronal de respetar el horario escolar y prohibición expresa de represalias por condición de estudiante.
- Se busca establecer la figura del “par certificado”, que ha demostrado reducir hasta un 40 por ciento los síntomas de ansiedad y depresión leve a moderada, disminuir el estigma asociado a la búsqueda de ayuda profesional y aumentar la tasa de canalización oportuna a servicios especializados.
Con la finalidad de atender la problemática de salud mental en las instituciones públicas de educación media superior y superior, el senador Virgilio Mendoza Amezcua presentó una iniciativa para crear el Sistema Nacional de Redes de Pares en Salud Mental (SNRPSM) como instrumento de atención comunitaria coordinado por la Secretaría de Salud en colaboración con la Secretaría de Educación Pública.
Explicó que su iniciativa propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud; de la Ley General de Educación; y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Agregó que se busca establecer la figura del “par certificado” como aquel estudiante de educación media superior o superior que haya acreditado el programa de formación establecido en la Norma Oficial Mexicana correspondiente, de al menos 40 horas, en primeros auxilios psicológicos, escucha activa, identificación de señales de riesgo y protocolo de canalización.
Detalló que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el promedio nacional es de un orientador o psicólogo por cada 600 estudiantes en el nivel medio superior público, y en muchas instituciones los servicios psicológicos son voluntarios, intermitentes y subutilizados por el estigma asociado a solicitar ayuda.
Apuntó que la etapa de educación media superior y superior representa el período de mayor vulnerabilidad con problemas como el estrés académico, los procesos de identidad, las primeras relaciones de pareja, el alejamiento del entorno familiar y la exposición a sustancias psicoactivas, los cuales confluyen en un momento de desarrollo en el que el cerebro aún está en proceso de maduración, pero además, se puede considerar una etapa de gran oportunidad preventiva.
Por ello, insistió en la necesidad de utilizar mecanismo de alto impacto, bajo costo y alta aceptabilidad entre los jóvenes, es decir, las redes de apoyo entre pares en salud mental, los cuales han demostrado reducir hasta un 40 por ciento los síntomas de ansiedad y depresión leve a moderada, disminuir el estigma asociado a la búsqueda de ayuda profesional y aumentar la tasa de canalización oportuna a servicios especializados.
Explicó que actualmente, algunas instituciones de educación superior públicas operan grupos de apoyo entre pares de manera informal, sin que exista una figura jurídica que los reconozca, lo cual genera algunas consecuencias negativas, como que personas sin capacitación asuman funciones de apoyo emocional para las que no están preparadas.
Finalmente, insistió en la pertinencia de su iniciativa ya que ningún precepto vigente crea o reconoce la figura del par certificado en salud mental ni establece el protocolo de canalización que debe seguir en el entorno escolar.
