- Iniciativas del Partido Verde y Morena en ambas cámaras, y respaldada por senadoras y senadores que impulsan la economía circular.
- México cuenta con más de 2,200 tiraderos a cielo abierto y recicla solo entre 9% y 10% de sus residuos.
El Partido Verde en el Senado respaldó la minuta que expide la Ley General de Economía Circular, una propuesta clave para establecer un nuevo modelo de desarrollo económico basado en el cuidado del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales.
La bancada del Verde destacó que la minuta es resultado de dos iniciativas presentadas en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados por legisladores del Partido Verde y Morena, y respaldada por senadoras y senadores que impulsan la economía circular.
En ese sentido, la legisladora Maki Ortiz Domínguez subrayó que esta ley es fundamental frente a la grave situación que vive el país, donde se generan más de 120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos al día y miles de toneladas terminan en calles, ríos y barrancas sin ser recolectadas.
La también presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático recordó que México cuenta con más de 2 mil 200 tiraderos a cielo abierto y recicla apenas entre 9 y 10 por ciento de sus residuos, muy por debajo de países como Corea del Sur, Alemania o Japón.
La legisladora explicó que esta ley ordena la política de residuos y materiales, prioriza el reúso, la reparación y el reciclaje, y establece reglas claras de responsabilidad extendida del productor. Asimismo, impulsa la innovación y reconoce la labor de las personas recicladoras, enlazando justicia ambiental con justicia social.
Por su parte, la senadora Rocío Corona Nakamura afirmó que la economía circular representa un modelo fundamental para reducir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar productos, con el fin de extender su vida útil y minimizar los desechos.
Señaló que esta visión es relevante porque permite optimizar los recursos, disminuir la contaminación y promover la sostenibilidad, en un contexto donde cada año se pierden seis millones de toneladas de materiales valiosos en vertederos.
Subrayó que este modelo protege el planeta, maximiza recursos, regenera entornos naturales y reduce hasta en 80 por ciento el impacto ambiental total.
Corona Nakamura recordó que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la transición energética hacia un modelo circular podría crear 24 millones de empleos en el mundo, por lo que aseguró que "la economía circular no es una tendencia, sino el camino correcto para un futuro sin desperdicios".
La senadora por Morelos, Juanita Guerra Mena, dijo que esta legislación es una propuesta relevante porque impulsa la reducción de la extracción de materiales vírgenes, la valorización de residuos y el uso responsable de los recursos naturales. Además, fortalece el ecosistema y sienta las bases de un modelo productivo moderno y ambientalmente responsable.
"La economía circular fomenta la innovación, el ecodiseño, la reutilización, la reparación y el reciclaje de calidad, generando empleos verdes y competitividad", apuntó le legisladora.
Finalmente, Guerra Mena señaló que el dictamen cumple con el mandato constitucional de garantizar un medio ambiente sano y refrenda el compromiso del Partido Verde con una agenda ambiental más sólida.
- Se busca fortalecer el papel de las SOFINCOS para que sean verdaderas instancias de inclusión financiera.
- El sistema bancario favorece a grandes instituciones, frenando alternativas comunitarias como CAME, que apoyaba a mujeres sin acceso a la banca.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín presentó una iniciativa para expedir la Ley de Fomento y Regulación del Sistema de Sociedades Financieras Comunitarias (SOFINCOS), con el objetivo de fortalecer su papel dentro del sistema financiero mexicano, impulsar la inclusión financiera en comunidades rurales e indígenas y corregir una regulación que, durante más de una década, ha frenado su desarrollo.
Ramírez Marín recordó que en otras naciones una persona se presenta en una sucursal, solicita un préstamo y éste se aprueba o rechaza únicamente con base en su viabilidad financiera, mientras que en México el proceso es restrictivo y poco funcional.
En ese sentido advirtió que el sistema bancario actual protege a grandes instituciones como HSBC, Bancomer y Banorte, lo que impide el crecimiento de alternativas comunitarias. Ejemplo de ello es CAME, una SOFIPO (Sociedad Financiera Popular) que trabajaba con mujeres y buscaba apoyar a quienes no tienen acceso a la banca comercial, pero que terminó siendo protagonista del mayor fraude financiero reciente.
Ramírez Marín señaló que este caso evidencia la incongruencia de un sistema que restringe la creación de instituciones comunitarias, debido a que en los últimos 16 años solo se ha podido crear una SOFINCO, mientras siete expedientes siguen rezagados por exigirles los mismos requisitos que a bancos comerciales.
“Esta ley, lo que busca es fortalecer el papel de las SOFINCOS para que sean verdaderas instancias de inclusión financiera, dar un lugar seguro a las remesas y prestar a las personas más pobres”, subrayó el legislador.
Ramírez Marín aseguró que las SOFINCOS son una opción viable para ampliar la red del Banco del Bienestar y destacó que sus carteras vencidas son más eficientes que las de otras instituciones bancarias. “Es por ello, que se busca otorgar créditos y garantizar inclusión financiera efectiva en México”, concluyó.
- Reforma busca frenar delitos ambientales en bosques y selvas del país.
- “La tala clandestina, el tráfico de especies, el cambio de uso de suelo y la presencia de grupos delictivos en zonas forestales están depredando el patrimonio natural”: Sen. Castrejón Trujillo.
La senadora Karen Castrejón Trujillo, vicecoordinadora del Partido Verde en el Senado, respaldó el dictamen que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para que la Guardia Nacional coadyuve en la inspección y vigilancia de las áreas naturales protegidas terrestres.
Destacó que esta propuesta, surge de una iniciativa presentada por ella durante la pasada legislatura en la Cámara de Diputados, a la que calificó como relevante, porque enfrentará, desde el ámbito legal y operativo, los delitos ambientales ligados al crimen organizado que amenazan los bosques y selvas del país.
“Reconozco el gran trabajo que hicimos desde que se presentó esta iniciativa y reconozco el acompañamiento de muchas amigas y amigos de diversos grupos parlamentarios”, enfatizó.
Castrejón Trujillo dijo que México es un país megadiverso, con ecosistemas únicos y una riqueza biológica inmensa. Sin embargo, advirtió que esta herencia común enfrenta amenazas sin precedentes.
“La tala clandestina, el tráfico de especies, el cambio de uso de suelo y la presencia de grupos delictivos en zonas forestales están depredando el patrimonio natural”, indicó.
La legisladora recordó que los delitos ambientales están vinculados en gran parte con el crimen organizado, por lo que es indispensable fortalecer las capacidades institucionales para combatirlos.
Asimismo, destacó el trabajo heroico que realizan inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Sin embargo, precisó que a menudo se encuentran rebasados porque no sólo enfrentan infracciones administrativas, sino redes criminales que ven en los bosques un botín económico.
“No podemos pedirles que defiendan la selva sólo con una pluma y una libreta cuando del otro lado hay violencia e impunidad”, señaló.
Dijo que el dictamen busca otorgar certeza jurídica a fin de que la Guardia Nacional participe, mediante convenios y acuerdos, brindando seguridad para que las diligencias de inspección se realicen sin poner en riesgo la integridad de los funcionarios.
Castrejón Trujillo recordó que ya existen antecedentes exitosos, como la Gendarmería Ambiental, que logró reducir la tala ilegal en zonas críticas como la Reserva de la Mariposa Monarca.
La senadora ecologista aclaró que no se trata de militarizar la política ambiental, pues la rectoría seguirá en manos de las instituciones ambientales. “Aprobar el dictamen es un acto de responsabilidad con las futuras generaciones, ya que un medio ambiente sano es un derecho constitucional”, concluyó
