- Con esta figura jurídica se establece quién es el responsable y cuáles son sus obligaciones frente a los animales de compañía.
Con la finalidad de garantizar el bienestar de los animales de compañía, así como prevenir los impactos negativos de una tenencia irresponsable, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde, propuso establecer la figura de tutor responsable de animales de compañía en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Explicó que los animales de compañía forman parte del entorno urbano y de sus flujos ecológicos, además de que su tenencia irresponsable produce impactos ambientales negativos como el aumento de colonias ferales, el abandono, la interacción conflictiva con fauna silvestre y riesgos sanitarios. De igual manera, genera costos públicos por captura, albergue y campañas de remediación de estas problemáticas.
Aseguró que la falta de una figura jurídica que establezca quién es el responsable y cuáles son sus obligaciones frente a los animales de compañía, genera vacíos normativos que dificultan la prevención del maltrato, el abandono y la negligencia.
Subrayó que su propuesta, además de definir jurídicamente la relación entre el tutor y el animal de compañía, detalla las obligaciones del primero para con el segundo, las cuales son alimentación adecuada, atención médico-veterinaria, no abandono, esterilización y vacunación, así como la colaboración con la autoridad.
El objetivo central de su propuesta es establecer esta figura de tutor responsable a nivel de ley general, para que éste tenga obligaciones exigibles, además de que plantea la creación del Registro Nacional de Tutores Responsables, como una herramienta de identificación animal que permita la interoperabilidad con sistemas locales, habilite la prevención, la vigilancia y la corrección oportuna de incumplimientos.
Dijo que este Registro Nacional puede implementarse mediante plataformas digitales, aprovechando infraestructura pública existente y estándares abiertos. Para monitorear resultados se proponen como indicadores: el número de tutores y animales de compañía registrados a nivel nacional y por entidad; la tasa de denuncias por abandono y maltrato asociadas a animales identificados; la cobertura de esterilización y vacunación en la población animal registrada; la reducción estimada de colonias ferales y de interacciones conflictivas con fauna silvestre; así como el tiempo de respuesta y resolución de verificaciones.
Finalmente, apuntó que esta reforma promueve el derecho a un ambiente sano y reconoce el valor intrínseco de los animales de compañía, articulando las responsabilidades que tienen sobre ellos los tutores; sin embargo, recalcó que no se buscan castigos desproporcionados, sino que se priorizan las medidas preventivas y de educación ambiental.
- Cada vez con mayor frecuencia, los médicos veterinarios zootecnistas son objeto de campañas de desprestigio, acusaciones infundadas y amenazas a través de redes sociales.
Para frenar la difamación y la violencia digital que sufren algunos médicos veterinarios, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín exhortó a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como a las fiscalías estatales a impulsar acciones para prevenir y atender estos casos; además de exhortar a las principales plataformas digitales que operan en México a robustecer sus protocolos de denuncia y respuesta para atender esta problemática.
El senador ecologista lamentó que, cada vez con mayor frecuencia, los médicos veterinarios zootecnistas sean objeto de campañas de desprestigio, acusaciones infundadas y amenazas a través de redes sociales, lo que afecta no solo su honor y reputación, sino también el ejercicio de su labor profesional. Agregó que estas acciones pueden derivar en daños morales, económicos e incluso en un deterioro de la confianza pública hacia la profesión.
Dijo que a pesar de que nuestra legislación contempla mecanismos para proteger a las personas frente a ataques al honor y la reputación, existe un vacío en la aplicación de estas disposiciones frente a la violencia digital que ocurre en redes sociales, donde la velocidad y el alcance de los mensajes generan un impacto mucho mayor que en los medios tradicionales.
Aseguró que este exhorto no busca limitar la libertad de expresión ni censurar opiniones legítimas, sino garantizar que el gremio veterinario cuente con herramientas claras para denunciar y que las autoridades actúen de manera eficaz cuándo exista difamación, hostigamiento o amenazas digitales, esto con la finalidad de “proteger la integridad profesional de quienes desempeñan un papel clave en la salud animal, la sanidad agroalimentaria y el bienestar de la sociedad”.
Finalmente, agregó que su Punto de Acuerdo también exhorta a colegios y asociaciones de médicos veterinarios a establecer canales institucionales de acompañamiento y orientación jurídica para los médicos veterinarios que enfrenten violencia digital en el ejercicio de su actividad profesional.
- En la práctica existe una falta de mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas específicas para las empresas.
Con el propósito de fortalecer la transparencia, la responsabilidad corporativa y la confianza ciudadana, así como asegurar que las empresas que operan en México adopten prácticas sustentables, contribuyan a la mitigación de impactos ambientales y cumplan con las obligaciones establecidas en la ley, la senadora Juanita Guerra Mena propuso la creación de la Comisión Nacional de Supervisión y Rendición de Cuentas Ambientales.
Explicó que se trataría de un órgano especializado dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), cuya función principal sería supervisar a las empresas en materia ambiental, exigir informes periódicos, evaluar indicadores de cumplimiento, emitir recomendaciones sobre el uso de los recursos naturales, implementar prácticas sustentables y, establecer sanciones en caso de incumplimiento, todo esto en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Destacó que, si bien la LGEEPA constituye el marco normativo principal para la preservación y restauración del ambiente, en la práctica existe una falta de mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas específicas para las empresas. Agregó que gran parte de las auditorías y evaluaciones dependen de inspecciones puntuales de la PROFEPA, las cuales resultan insuficientes.
Puntualizó que según diversas investigaciones académicas, entre los años 2012 y 2017 se registraron 560 conflictos ambientales en México, de los cuales 173 estuvieron vinculados a la minería, 86 al agua y 49 al desarrollo de megaproyectos turísticos.
Puso como ejemplo la industria cervecera en Monterrey, encabezada por la empresa Heineken, quien para producir un litro de cerveza requieren en promedio 3.6 litros de agua, lo que genera tensiones entre el uso industrial y el consumo humano.
Agregó que en el caso de la minería, en agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, provocó el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, con lo que se convirtió en el peor desastre ambiental minero en la historia del país, que afectó a ocho municipios y más de 22 mil habitantes, quienes vieron comprometido su acceso al agua potable, la viabilidad de la agricultura y la ganadería locales, así como su salud.
Detalló que mientras en México existen más de 26 mil concesiones mineras que cubren 30.6 millones de hectáreas, las autoridades solo realizan alrededor de 200 visitas de inspección al año, es decir, menos del uno por ciento de supervisión efectiva, lo que muestra que los marcos actuales son insuficientes para prevenir daños ambientales de gran escala.
Finalmente, insistió en la urgencia de un marco de supervisión y rendición de cuentas ambientales efectivo, ya que las empresas pueden ejercer presiones desproporcionadas sobre bienes comunes como el agua, el suelo y el paisaje, generando impactos sociales y económicos que profundizan las desigualdades regionales.
