- Se busca garantizar el bienestar animal y regular la venta responsable.
- En México, 80% de denuncias por maltrato animal provienen de la exhibición y del manejo inadecuado de las especies.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado presentó una iniciativa para prohibir la exhibición física de perros y gatos en establecimientos comerciales del país, al considerar que esta práctica genera riesgos para su bienestar, incrementa el estrés, fomenta compras impulsivas y facilita cadenas de suministro opacas.
La propuesta, que adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, busca regular la comercialización y adopción de animales mediante lineamientos más estrictos y con base en criterios de salud pública, bienestar animal y trazabilidad efectiva.
Las senadoras y los senadores ecologistas indicaron que la venta de animales vivos exhibidos en vitrinas o jaulas genera condiciones que pueden afectar gravemente su integridad física y emocional, además de promover el maltrato y el hacinamiento.
Casos documentados en la Ciudad de México y otras entidades han evidenciado irregularidades recurrentes, como falta de atención veterinaria, insalubridad, espacios reducidos, estrés elevado y ausencia de certificación sanitaria, lo que ha motivado constantes denuncias y operativos oficiales para garantizar la protección animal.
En ese sentido, señalaron que su propuesta plantea que los establecimientos dedicados a la venta de animales deberán dejar de exhibir físicamente a perros y gatos en cualquier mobiliario que limite su movimiento o les impida expresar conductas naturales.
Asimismo, destacaron que entre las obligaciones propuestas dentro de la iniciativa destacan: la necesidad de contar con áreas exclusivas para la estancia y pernocta de los animales; garantizar la presencia permanente de un médico veterinario zootecnista; así como realizar los procesos de adopción o comercialización únicamente mediante cita previa en espacios destinados a la interacción humano–animal, donde por ningún motivo los ejemplares podrán permanecer durante la noche.
Estas medidas, señalaron los legisladores, buscan prevenir el hacinamiento, reducir riesgos sanitarios y evitar la permanencia prolongada en vitrinas o jaulas.
Recordaron que el maltrato animal está prohibido en la Constitución, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar protección, trato adecuado y cuidado de los animales. De acuerdo con registros recientes, cerca del 80 por ciento de las denuncias por maltrato en la Ciudad de México corresponden a casos asociados con manejo inadecuado o condiciones insalubres en establecimientos comerciales.
Con esta propuesta, el Partido Verde busca fortalecer la protección animal, alinear la normativa mexicana con estándares internacionales y promover prácticas de comercialización responsables que garanticen el bienestar de perros y gatos en todo el país.
- Es urgente impulsar una alianza solidaria entre la sociedad, la iniciativa privada y el Estado mexicano, orientado en combatir el hambre y reducir el desperdicio de los alimentos.
Lamentó que México enfrente una paradoja alarmante: según datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), anualmente se desperdician hasta 20 millones de toneladas de alimentos, mientras más de 28 millones de personas enfrentan carencias alimentarias, por lo que reconoció la invaluable labor de los bancos de alimentos. Sin embargo, pese a los esfuerzos de la sociedad civil organizada, actualmente solo existen aproximadamente 60 bancos de alimentos en el país, lo cual es insuficiente para atender la demanda nacional.
- La iniciativa busca que el Estado pueda actuar ante riesgos ambientales y propone reglas claras para evitar daños irreversibles, así como fortalecer la protección a la salud y al medio ambiente.
La Senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) con el propósito de incorporar de manera expresa el principio de precaución como eje rector de la política ambiental del país.
González Silva explicó que este principio permite al Estado actuar antes de que el daño ambiental sea irreversible. Con ello, se busca proteger tanto al medio ambiente como a la salud humana frente a riesgos graves o emergentes.
“El principio de precaución es una herramienta ética y jurídica para actuar antes de lamentar”, afirmó la senadora.
La iniciativa fortalece la capacidad de las autoridades ambientales para adoptar medidas precautorias cuando existan indicios razonables de riesgo, al tiempo que establece criterios claros para evitar arbitrariedades y garantizar seguridad jurídica. Estos criterios son:
- Proporcionalidad, para asegurar decisiones equilibradas.
- No discriminación, para evitar sesgos o favoritismos.
- Coherencia, para mantener consistencia con precedentes y políticas similares.
- Revisión científica periódica, para ajustar las medidas conforme avanza el conocimiento.
La legisladora por San Luis Potosí recordó que la Constitución reconoce el derecho a un medio ambiente sano y que la Suprema Corte ya ha establecido que el Estado debe actuar con cautela ante amenazas ambientales.
“Hacer del principio de precaución un mandato legal es convertir la responsabilidad y la prudencia en política de Estado. Es garantizar que México actúe con visión de futuro”, subrayó.
La legisladora aseguró que el principio de precaución no es un freno al desarrollo, sino una guía para que el crecimiento ocurra con responsabilidad y respeto a la naturaleza.
“Actuar a tiempo es la mejor forma de proteger el futuro. La precaución debe ser parte de nuestra ley y de nuestra responsabilidad institucional”, concluyó.
