- A pesar de la existencia de un mandato judicial firme, así como de una disposición legal vigente, la Fiscalía General del Estado de Morelos ha incurrido en una omisión prolongada, sistemática e injustificada al no instalar ni poner en funcionamiento la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Tortura.
Con el propósito de garantizar el acceso efectivo a la justicia de las víctimas de tortura en el estado de Morelos, la senadora Juanita Guerra Mena presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del estado de Morelos a realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la instalación y operación de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Tortura.
Explicó que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos tratados internacionales, establecen un marco jurídico de protección reforzada que prohíbe la tortura y obliga a las autoridades a ejercer un control de convencionalidad en el ámbito de sus competencias, a fin de prevenir, investigar, sancionar y erradicar dichas conductas.
Agregó que específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que el Estado debe adoptar medidas legislativas, administrativas e institucionales para garantizar la erradicación de los delitos de tortura, incluyendo la existencia de órganos especializados para su investigación.
Detalló que mediante sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Morelos, dentro del Juicio de Amparo Indirecto número 997/2021-III, se determinó la creación de una Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Tortura; mientras que el Congreso del estado de Morelos aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, incorporando dentro de su estructura a la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Tortura.
Sin embargo, lamentó que a pesar de la existencia de un mandato judicial firme, así como de una disposición legal vigente, la Fiscalía General del Estado de Morelos ha incurrido en una omisión prolongada, sistemática e injustificada al no instalar ni poner en funcionamiento la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Tortura.
Aseguró que la falta de operación de esta Fiscalía Especializada "coloca a las víctimas de tortura en un estado de indefensión, al impedirles acceder a investigaciones imparciales, técnicas y especializadas, particularmente en aquellos casos en los que los presuntos responsables son agentes del propio Estado".
Añadió que esta omisión no sólo contraviene el marco legal y constitucional vigente, sino que constituye una falla estructural en el sistema de procuración de justicia, que favorece la impunidad y debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones, por lo que insistió en la urgencia de la instalación, integración y entrada en funcionamiento de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Tortura, además de garantizar que cuente con los recursos humanos, materiales y técnicos suficientes para el cumplimiento eficaz de su tarea.
- La entidad se encuentra 40% por debajo del número de policías recomendado a nivel nacional.
- Se requiere de agentes mejor capacitados, con condiciones laborales dignas y respeto a los derechos humanos.
La senadora Juanita Guerra Mena exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Morelos y a los 36 municipios de la entidad a implementar acciones y estrategias para incrementar el número de elementos policiales, y mejorar la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad pública.
La legisladora afirmó que la insuficiencia de policías limita las tareas de prevención, vigilancia y reacción ante hechos delictivos, además de afectar la percepción de seguridad de la población.
Advirtió que Morelos enfrenta desde hace varios años una problemática persistente en materia de seguridad, marcada por delitos de alto impacto, violencia comunitaria y una constante percepción de inseguridad entre la ciudadanía.
En este contexto, Guerra Mena sostuvo que uno de los principales retos es el déficit de elementos policiales tanto a nivel estatal como municipal, situación que reduce la capacidad de proximidad social y patrullaje, especialmente en zonas con alta densidad poblacional o mayor incidencia delictiva.
De acuerdo con información obtenida a través del Portal de Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, la Dirección General de Unidades Especiales cuenta con 352 elementos y la Dirección General de la Policía Preventiva Estatal con 385 elementos distribuidos en la entidad. Además, los municipios reportan un total de mil 482 policías municipales.
La legisladora destacó que, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, Morelos cuenta con una población de un millón 971 mil 520 personas. Sin embargo, la entidad tiene únicamente 1.08 policías por cada mil habitantes, mientras que el Modelo Óptimo de Función Policial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública recomienda 1.8 policías por cada mil habitantes.
Explicó que estas cifras representan un déficit de 0.72 policías por cada mil habitantes y una brecha de 40 por ciento respecto al estándar recomendado.
Guerra Mena subrayó que fortalecer la seguridad pública no sólo requiere de una coordinación interinstitucional o del uso de tecnología, sino también de más policías debidamente capacitados, certificados, con condiciones laborales dignas, y respeto irrestricto a los derechos humanos, priorizando las zonas y municipios con mayor incidencia delictiva o mayor déficit de personal policial.
- Llama a reforzar las acciones para proteger la salud dentro de todos los inmuebles legislativos.
- El tabaco causa más de 7 millones de muertes al año en el mundo; en México, 14.3 millones de personas lo consumen.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín presentó Punto de Acuerdo para exhortar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión a continuar y fortalecer el proceso de reconocimiento de todos los inmuebles de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores como espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones, debido a que el Poder Legislativo debe dar ejemplo en el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de salud pública.
Ramírez Marín advirtió que el tabaquismo representa uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, debido a que se le relaciona con diversos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, diabetes y problemas de salud mental.
De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco provoca la muerte de más de 7 millones de personas cada año en el mundo, entre ellas cerca de 1.6 millones que no consumen tabaco, pero están expuestas al humo ajeno.
En el caso de México, actualmente 14.3 millones de personas fuman tabaco, lo que representa el 15.3 por ciento de la población nacional, según datos de la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos (GATS).
Explicó que, entre 2009 y 2023, se observó una disminución en la exposición al humo de tabaco en hogares y espacios públicos; sin embargo, ésta permanece elevada en bares y clubes nocturnos, con un 70.3 por ciento.
El legislador recordó que la Ley General para el Control del Tabaco fue reformada en 2022 para reconocer los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones, incluyendo lugares de trabajo, transporte público, espacios de concurrencia colectiva y centros educativos.
En ese sentido, destacó que, aunque desde 2021 y 2023 se han impulsado reformas para reconocer al Congreso de la Unión y al Senado de la República como espacios libres de humo de tabaco y emisiones, dichas propuestas no concluyeron su trámite legislativo.
Por ello, planteó continuar y fortalecer estos esfuerzos, tomando como referencia el protocolo vigente de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), para el reconocimiento de espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones, el cual establece lineamientos y procedimientos para su correcta implementación en espacios públicos y privados.
