- La iniciativa plantea ampliar el supuesto para incorporar las solicitudes correspondientes y la información relacionada con el cambio de uso del suelo, así como ampliar la información sobre infracciones e incorporar la publicidad de los recursos relacionados con el fondo forestal mexicano.
Con la finalidad de ampliar la información ambiental que debe ponerse a disposición del público y mantenerse actualizada, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para fortalecer el artículo 67, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, contribuyendo con ello al ejercicio efectivo del derecho humano de acceso a la información, a la protección del derecho a un medio ambiente sano y a una gestión pública ambiental más transparente, verificable y abierta a la participación de la sociedad.
Las y los senadores ecologistas explicaron que el derecho de acceso a la información pública, reconocido en el artículo 60 de nuestra Constitución, constituye uno de los elementos esenciales de un Estado democrático y una condición indispensable para que las personas conozcan, evalúen y participen en las decisiones adoptadas por las autoridades.
Por otro lado, señalaron que el artículo 4o. constitucional reconoce que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y establece la obligación del Estado de garantizar su respeto. En este contexto, aseguraron que el derecho a la información y el derecho a un medio ambiente sano se encuentran estrechamente vinculados: para participar, vigilar y, en su caso, cuestionar las decisiones susceptibles de afectar el ambiente, resulta indispensable contar con información suficiente, oportuna y accesible.
Reconocieron que la legislación ambiental mexicana incorpora la información como un componente sustantivo de la política ambiental, a través de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) que contiene un capítulo específico denominado "Derecho a la Información Ambiental", sin embargo, apuntaron que únicamente obliga a publicar "las manifestaciones y resoluciones en materia de impacto ambiental".
Por ello, destacaron que su iniciativa plantea ampliar el supuesto para incorporar las solicitudes correspondientes y la información relacionada con el cambio de uso del suelo, así como ampliar la información sobre infracciones e incorporar la publicidad de los recursos relacionados con el fondo forestal mexicano.
Los legisladores del Partido Verde aseguraron que la incorporación de las solicitudes y resoluciones relacionadas con el cambio de uso del suelo en terrenos forestales permitirá que la ciudadanía conozca oportunamente las decisiones administrativas susceptibles de modificar la cobertura y vocación forestal del territorio.
Además, dijeron que precisar la materia de las infracciones ambientales permitirá que la información estadística actualmente obligatoria tenga mayor utilidad para identificar las áreas en las que se presentan incumplimientos y fortalecer la evaluación de la aplicación de la legislación ambiental.
- La falta de una delimitación clara en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial sobre cuáles son las vías aptas para estos vehículos y la ausencia de sanciones homologadas a nivel nacional permiten una dispersión reglamentaria que debilita la seguridad vial.
Las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a los artículos 36 y 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para establecer de manera explícita la prohibición de circulación de motocicletas en espacios peatonales y ciclistas, facultar a los municipios y estados para restringir su acceso a vías primarias o de acceso controlado cuando su cilindraje ponga en riesgo su propia estabilidad, y robustecer las medidas de pacificación del tránsito.
Los legisladores ecologistas explicaron que en la última década, el parque vehicular de motocicletas en México ha crecido de manera exponencial debido a su accesibilidad económica y su eficiencia en el reparto de mercancías y servicios, pero reconocieron que este incremento no ha venido acompañado de una infraestructura vial adecuada ni de una cultura de respeto a los espacios de tránsito.
Agregaron que a menudo las motocicletas invaden espacios exclusivos para peatones, como banquetas y cruces peatonales, así como ciclovías, además de realizar maniobras de alto riesgo como el avance entre carriles y en vías de alta velocidad no autorizadas.
Dijeron que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los accidentes en los que se ven involucradas motocicletas ocupan los primeros lugares en índice de letalidad y lesiones graves en zonas urbanas.
Los senadores ecologistas se dijeron seguros de que la falta de una delimitación clara en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial sobre cuáles son las vías aptas para estos vehículos y la ausencia de sanciones homologadas a nivel nacional permiten una dispersión reglamentaria que debilita la seguridad vial.
En este contexto, recordaron que el Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de México y diversos Gobiernos Estatales han tenido que modificar constantemente sus reglamentos de tránsito para endurecer los requisitos de licencias y regular el cilindraje permitido en vías rápidas, sin embargo, los motociclistas siguen sin cumplir con el reglamento de tránsito.
Aseguraron que regular los espacios de tránsito de la motocicleta no busca restringir el derecho a la movilidad, sino armonizarlo bajo el principio de diseño del "Sistema Seguro". “En la medida que se homologuen y fortalezcan las legislaciones locales abonamos al fomento y respeto de la cultura vial, así como la reducción de los índices de siniestralidad y pérdida de vidas humanas”; finalizaron.
- La iniciativa busca que, tratándose de la revocación por daño a ecosistemas, no pueda otorgarse una nueva concesión hasta que hayan transcurrido diez años.
- Un segundo objeto de la iniciativa es garantizar el libre acceso a la zona federal marítimo-terrestre y a las playas.
Con la finalidad de desincentivar el daño ecosistémico que se realice derivado de una concesión, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 76 de la Ley General de Bienes Nacionales para que, tratándose de la revocación por daño a ecosistemas, no pueda otorgarse una nueva concesión hasta que hayan transcurrido diez años y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales acredite la regeneración del ecosistema dañado.
Los senadores ecologistas explicaron que la Ley General de Bienes Nacionales regula el patrimonio inmobiliario federal y los bienes nacionales, además de que en esta ley se especifica que las concesiones sobre inmuebles federales pueden extinguirse, entre otras causas, por revocación, que puede realizarse debido al daño a ecosistemas derivado del uso, aprovechamiento o explotación del inmueble concesionado.
Sin embargo, detallaron que la revocación solo se limita en concluir el título afectado y recuperar el bien, pero no establece un periodo específico durante el cual la persona responsable quede impedida para recibir una nueva concesión, lo que, consideraron, puede debilitar el efecto preventivo de la norma, pues permite que quien ocasionó el daño se coloque, sin un plazo legal especial, en aptitud de solicitar otro título concesional.
Añadieron que el objetivo de su iniciativa tiene particular importancia en los bienes nacionales ubicados en costas, ya que según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), los ecosistemas marino-costeros brindan servicios esenciales como la protección costera, captura y almacenamiento de carbono, regulación climática y provisión de hábitat para especies clave; al mismo tiempo, en estas regiones confluyen actividades como pesca, acuicultura, turismo, transporte marítimo, desarrollo urbano, industria y agricultura, que generan presiones significativas y requieren una gestión integral.
Además, explicaron que la Ley General de Bienes Nacionales reconoce a las playas y a la zona federal marítimo terrestre como bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, y los propietarios de terrenos colindantes deberán permitir el libre acceso a la zona federal marítimo-terrestre y a las playas a través de los accesos que convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que dijeron que un segundo objeto de la iniciativa es garantizar que ese acceso se permita de forma gratuita y sin condiciones.
La precisión busca impedir que el paso de las personas usuarias quede sujeto a cobros, consumos mínimos, contratación de servicios, membresías, horarios arbitrarios u otras exigencias privadas.
Finalmente, recalcaron que impedir temporalmente el otorgamiento de una nueva concesión cumple una función de garantía de no repetición dentro del ámbito administrativo patrimonial.
Más contenidos
Otros artículos:
