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ESTADOS ESTARÁN OBLIGADOS A CREAR FISCALÍAS DE LA MUJER, PARTIDO VERDE 

 *Se plantea elevar a rango constitucional que las entidades federativas asuman esta responsabilidad; hoy  solo 21 de los 32 estados cuentan con una fiscalía especializada

A fin de lograr una mayor eficacia en la persecución e investigación de la violencia que experimentan todos los días, niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país, el Partido Verde en la Cámara de Diputados, propuso reformar los artículos 102 y 116 de la Constitución Política para que cada estado esté obligado a crear una Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra la Mujer. 

La diputada Nayeli Fernández Cruz, al presentar la iniciativa, mencionó que a pesar de que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla la creación de fiscalías especializadas en cada entidad, sólo 21 de los 32 estados cuentan con una. "Por esto, la importancia de elevar a rango constitucional la obligación de las entidades a crear las fiscalías especializadas", enfatizó. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el setenta y uno por ciento de las mujeres en nuestro país ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. Adicionalmente, organizaciones no gubernamentales señalan que, cada hora se denuncian en México en promedio entre tres y cuatro casos de abuso o violaciones. 

"A esto se suma otra triste realidad, que ha cobrado la vida de miles de mujeres, se trata del feminicidio, se tiene el registro, que en nuestro país, de diez a once mujeres son asesinadas por razones de género al día, sin embargo, estos números aumentan, porque solo algunos casos son contabilizados como feminicidios debido a la falta de sensibilidad y perspectiva de género de los investigadores", explicó la diputada. 

En lo relación con la impartición de justicia, la legisladora mencionó que, las fiscalías del país en una década detuvieron a más de noventa y ocho mil sospechosos de violencia contra las mujeres, pero solamente se logró dictar sentencia condenatoria a menos de treinta mil casos. 

"La situación de violencia empeora si se considera que la mayoría de los casos denunciados quedan en total impunidad, lo cual refleja que las mujeres no solo sufren de violencia, sino que además no encuentran maneras de tener acceso a la justicia", afirmó la legisladora. 

Por lo anterior, Fernández Cruz, resaltó la importancia de apoyar la presente propuesta, pues solo ofreciendo a las víctimas un entorno seguro, donde se sientan escuchadas, apoyadas y protegidas frente a las distintas formas de violencia que sufren, se logrará transformar la realidad de miedo, estigma e impunidad que desanima a las mujeres a denunciar.

 

PIDEN DIPUTADOS VERDES RESPETO AL CONSTITUYENTE PERMANENTE

Las y los Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las y los integrantes del Poder Judicial Federal que respeten las reformas aprobadas por el Constituyente Permanente, el cuál es el órgano que tiene la facultad para reformar nuestra Constitución Política.


El pueblo de México dio un mandato claro y contundente a la mayoría de sus representantes populares, tanto en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y casi en la totalidad de los 32 Congresos de los Estados que conforman nuestra República, para realizar una reforma constitucional al Poder Judicial a través del poder reformador de la Constitución.


Dicha reforma se realizó de conformidad con el procedimiento legislativo que la propia Constitución General establece para su revisión y actualización normativa.

Por ello, la reforma al Poder Judicial aprobada por el Constituyente Permanente, es decir, la soberanía del pueblo no es ni impugnable, ni revisable, ni se puede suspender por medio alguno de control judicial. Es preciso recordar que estos mismos argumentos los ha validado y utilizado el Poder Judicial de la Federación en situaciones anteriores.

La Constitución Política está por encima de cualquiera de los tres Poderes de la Unión y es esta norma suprema la que establece las facultades de cada Poder y del propio órgano reformador de la Constitución.

Las y los Diputados del Partido Verde en la Cámara de Diputados respaldamos la decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum de publicar y promulgar la reforma aprobada por la mayoría en el Congreso de la Unión y casi la totalidad de los Congresos Estatales y, con ello cumplir con el proceso que marca nuestra Constitución Política

La democracia se funda en el respeto a la soberanía popular, al mandato del pueblo y el respeto a la Constitución, la cual establece los principios que guían un nuevo acuerdo social.

Las y los diputados del Partido Verde reiteremos nuestro compromiso y respeto al pueblo de México que nos dio su confianza para respetar la Constitución Política y a las leyes e instituciones que de ella derivan.

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

PLANTEA PARTIDO VERDE ESTABLECER PADRÓN DE USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA COMBATIR FRAUDES O EXTORSIONES

Se busca reforzar políticas de seguridad y ayudar a la prevención de delitos a través de medios digitales.


A fin de crear un padrón de usuarios de telefonía móvil para regular la compra de tarjetas SIM de prepago y combatir el robo de información bancaria y extorsiones por parte de la delincuencia, el diputado del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, propuso una iniciativa que modifica el artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.


El registro y almacenamiento será gratuito y los datos serán eliminados de los registros luego de un año calendario del fin del servicio, por lo que se deberán recabar datos como número telefónico, nombre completo, CURP y número de identificación oficial con fotografía; en caso de ser menores de edad tiene que ser acompañado de una persona adulta que proporcione los datos requeridos y para turistas extranjeros, requerirá su nombre, nacionalidad y número de pasaporte para dicho registro.

Al presentar su propuesta, el legislador ecologista mencionó que a pesar de las propuestas de reforma que se han presentado a dicha ley para establecer un mecanismo que permita tener un control de los usuarios de tarjetas SIM, los delitos que se cometen a través de las redes de comunicación telefónica siguen en aumento, fundamentalmente, porque no son investigados y perseguidos adecuadamente.

Además, de que, según datos de Telecom, del cuarto trimestre de 2017 al cuarto trimestre de 2022, el número de líneas de internet aumentó de 66 a 93 líneas por cada 100 habitantes, mientras que el servicio móvil de telefonía pasó de 93 a 106 líneas por cada 100 habitantes.

Núñez Aguilar comentó que hay datos muy fuertes del INEGI y de diferentes organizaciones internacionales, donde afirman que México está entre los nueve países que más nivel de extorsión tienen a través de telefonía celular porque los usuarios desconocen quien les está llamando e incluso muchos bancos también marcan a los números privados para ofrecer servicios sin el consentimiento de las personas. "¿Quién les da esa información de nosotros?", cuestionó el diputado.

Añadió que debido al flujo de información y la facilidad con la que se pueden adquirir los servicios de internet como de telefonía, la delincuencia aprovecha los medios digitales, tan ricos en aplicaciones, para conocer u obtener información sensible de personas o de empresas para atentar contra la integridad, el patrimonio y la vida de terceros.

El legislador explicó que el padrón para el control de usuarios de telefonía móvil en países como España o Alemania obligan al registro de celulares de prepago como parte de sus políticas de seguridad y como mecanismo que contribuya a la prevención de delitos a través de los medios digitales.

Destacó que, por ello, el contar con un padrón de usuarios en México, ayudará a proteger los derechos de las víctimas y permitiría que las denuncias de este tipo de delitos sean resueltas con mayor agilidad y precisión. Con ello, se trata de facilitar el acceso a la justicia para quienes son perjudicados en su persona o patrimonio.