- La iniciativa busca establecer una compensación mínima del 35 % del costo del boleto
El diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, propuso reformar el artículo 52 y adicionar el artículo 52 Bis de la Ley de Aviación Civil, con el objetivo de establecer una compensación mínima del 35 por ciento del costo del boleto para los pasajeros afectados por la sobreventa de vuelos comerciales.
La propuesta también contempla que dicha compensación sea cubierta por las aerolíneas en un plazo no mayor a 15 días hábiles.
En el desarrollo de su iniciativa, el legislador señaló que la normativa vigente permite a las aerolíneas la sobreventa de vuelos, una práctica legal pero problemática para los usuarios del transporte aéreo. “En muchos casos, esta situación vulnera sus derechos como consumidores, generando molestias, retrasos y complicaciones que afectan directamente su experiencia de viaje”, afirmó.
Explicó que la sobreventa responde a una estrategia comercial basada en proyecciones de inasistencia de pasajeros, lo que permite a las aerolíneas maximizar su operación y reducir costos. No obstante, advirtió que esta lógica también puede traducirse en afectaciones significativas para los pasajeros que sí se presentan puntualmente y, aun así, no pueden abordar por falta de espacio disponible.
Quiroga Treviño recordó que, actualmente, la Ley de Aviación Civil establece una compensación del 25 por ciento del valor del boleto, además de la obligación de cubrir gastos como hospedaje y alimentación en ciertos casos. Su propuesta busca aumentar este porcentaje y reducir el plazo para su cumplimiento, garantizando un resarcimiento más justo y oportuno para los pasajeros afectados.
El legislador destacó que en diversos países ya se han implementado regulaciones más estrictas sobre esta práctica, con el fin de proteger los derechos de los consumidores. En ese sentido, su propuesta busca que México avance hacia un modelo que equilibre los intereses de las aerolíneas con los derechos fundamentales de los usuarios del transporte aéreo.
La iniciativa también contempla medidas específicas para proteger a grupos en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas que viajan con menores. Entre las disposiciones propuestas se incluye el acceso gratuito al registro en aeropuertos y la garantía de mantener el derecho al pase de abordaje.
Asimismo, se reafirma el derecho de todo pasajero a conservar su pase de abordar siempre que se haya presentado dentro del plazo establecido, conforme a la normativa vigente, evitando así exclusiones arbitrarias por motivos administrativos.
La iniciativa también estipula que los concesionarios y permisionarios deberán garantizar un proceso de compra y registro claro y transparente, además de promover la disponibilidad de infraestructura operativa gratuita en los aeropuertos, con énfasis en facilitar el acceso a servicios de registro para quienes no cuentan con medios digitales.
“Con esta medida, se busca dar un paso firme hacia una aviación más justa, accesible y equitativa”, concluyó el diputado.
El diputado federal Tony Gali López presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el propósito de asegurar que el crecimiento de las ciudades se realice de manera ordenada, responsable y con pleno respeto al medio ambiente. La propuesta busca que las políticas urbanas en México estén al servicio de las personas y del planeta.
Esta reforma modifica 14 artículos de la ley para integrar una visión ambiental en la planeación territorial, pues propone que toda expansión urbana tome en cuenta la protección de los ecosistemas, el uso racional del suelo y del agua, la movilidad sostenible, la generación de espacios públicos dignos y la participación ciudadana en las decisiones que afectan su entorno.
Entre los planteamientos más destacados está la posibilidad de contar con comunidades mejor organizadas, con acceso a transporte público limpio, parques, ciclovías y servicios básicos sin dañar el medio ambiente. También promueve una cultura de orden y sostenibilidad desde lo local, permitiendo que municipios y estados trabajen con reglas claras para cuidar el territorio.
Esta iniciativa está en sintonía con el proyecto de país que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha puesto como prioridad una transformación sustentable y socialmente justa.
Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Tony Gali aporta a la creación de políticas públicas que promuevan un enfoque sostenible y una adecuada planificación de los asentamientos humanos.
El legislador reafirmó su compromiso con seguir impulsando leyes que respondan a los grandes retos de nuestro tiempo: el cambio climático, la urbanización ordenada y la necesidad de preservar el bienestar de las próximas generaciones. “Legislar por el medio ambiente es legislar por el desarrollo y por el futuro de México”, aseguró.
- Propone penas que van de los siete a los doce años de prisión y multas de hasta dos mil quinientos días para quienes incorporen a personas a organizaciones delictivas
Con el objetivo de enfrentar de manera más efectiva a la delincuencia organizada en nuestro país, el diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, propuso reformar el Código Penal Federal para tipificar como delito el reclutamiento criminal, con penas que van de siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil quinientos días multa para quienes incorporen, de manera voluntaria o involuntaria, a personas a pandillas u organizaciones delictivas.
Núñez Aguilar explicó que el impacto de la delincuencia organizada afecta gravemente la economía, la seguridad pública y el tejido social del país, generando miedo y desconfianza entre los ciudadanos. Este ambiente hostil puede incluso obstaculizar el desarrollo económico y político de distintas regiones del país.
Asimismo, apuntó que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los grupos criminales suelen operar como estructuras organizadas, integradas por tres o más personas que buscan obtener beneficios económicos mediante actividades ilegales. Muchos de estos delitos, como el narcomenudeo, la extorsión, el secuestro y la trata de personas, se han convertido en verdaderos modelos de negocio para dichas organizaciones.
“Ante este panorama, los grupos delictivos se esfuerzan por expandir su presencia territorial, aumentar sus ingresos y fortalecer su control. Para lograrlo, recurren al reclutamiento de personas en situación de vulnerabilidad, incluidas menores de edad, personas adultas mayores o personas sin capacidad de comprender o resistir. Esto les permite mantener su operatividad sin enfrentar mayores consecuencias legales, ya que actualmente esta práctica no está tipificada como delito”, explicó el legislador.
Abundó que el reclutamiento criminal, a diferencia del secuestro, implica incorporar personas a una estructura delictiva con fines específicos. A pesar de ser una práctica ampliamente conocida y utilizada por los grupos delictivos, no existen consecuencias penales directas por llevarla a cabo, lo que genera un vacío legal aprovechado por las organizaciones criminales.
Por lo anterior, la iniciativa plantea no solo establecer el delito de reclutamiento criminal, sino también endurecer las penas cuando las víctimas sean menores de edad, personas mayores de sesenta años o individuos que no puedan comprender o resistir el hecho delictivo. Con esto, se pretende proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad y debilitar una de las principales estrategias de expansión del crimen organizado.
