- Asimismo, planteó extender este beneficio al personal contratado en las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno de la CDMX y demás instituciones públicas
La diputada Mayra Espino Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar y adicionar el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, a fin de incluir la ayuda para el transporte público como prestación social obligatoria.
De igual manera, la legisladora planteó extender este beneficio al personal contratado en las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno de la Ciudad de México y demás instituciones públicas, exceptuando casos en los que el patrón proporcione transporte, cuando no sea necesario por razones de distancia o seguridad, o cuando el trabajo se realice de manera remota.
Al presentar su propuesta, la legisladora señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2025 la ocupación media nacional alcanzó 60.38 millones de personas en actividades vinculadas al comercio, la industria manufacturera, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza, la pesca y la prestación de servicios sociales.
"Sin embargo, uno de los gastos que más impacta el ingreso de la población trabajadora es el traslado diario entre su domicilio y el centro de trabajo, el cual representa un desembolso forzoso y, en muchos casos, una experiencia estresante", apuntó Espino Suárez.
Asimismo, la legisladora destacó que la mayoría de la población ocupada utiliza transporte colectivo, automóvil o metro como principal medio de traslado, lo que implica destinar una parte de su remuneración a cubrir este gasto.
"Se estima que cada integrante de un hogar gasta en promedio 170 pesos mensuales en transporte público, es decir, 2,040 pesos anuales, lo que equivale al 3.58 por ciento de su gasto corriente monetario. Por ejemplo —explicó—, en una familia de cuatro integrantes el monto asciende a 680 pesos mensuales, afectando directamente la economía familiar", resaltó la diputada.
Asimismo, subrayó que en la Zona Metropolitana del Valle de México el 60 por ciento de la población destina cerca del 8 por ciento de su gasto total al transporte público, cifra que supera la media de 13 países de América Latina.
Ante este panorama, consideró indispensable fortalecer el ingreso de las y los trabajadores mediante medidas concretas que atiendan los costos asociados al acceso al empleo.
Finalmente, la legisladora afirmó que la ayuda para el transporte no debe ser únicamente un beneficio adicional otorgado por empleadores comprometidos, sino una prestación obligatoria que forme parte del ingreso de las y los trabajadores en México. De igual forma, señaló que esta propuesta representa un paso más en el proceso de justicia laboral y dignificación del trabajo, ya que fortalece el equilibrio entre el capital y el factor trabajo, y contribuye a mejorar la calidad de vida de millones de familias mexicanas.
- En espera de la iniciativa, arranca foro para el diálogo con la Comunidad Cultural Nacional
A fin de que establecer parámetros que permitan el sano desarrollo de la cultura en el país, la diputada Ana Erika Santana, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y secretaria de la Comisión de Cultura, abrió los trabajos de diálogo de la Comunidad Cultural Nacional rumbo a las Reformas a la Ley de Derechos de Autor.
En conferencia de prensa, donde acompañó a los representantes de la comunidad creativa nacional, productores independientes, actores, locutores, productores y distribuidores de películas mexicanas, entre otros, la legisladora ecologista destacó el foro que se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Diputados ya que fue un diálogo real sobre el tema de la reforma en materia de derechos de autor que muy posiblemente se reciba el próximo viernes.
Explicó que en esta ley es de suma importancia ya que se hacen modificaciones en referencia los temas relacionados con la inteligencia artificial y una vez que llegue la reforma, la revisarán con los interesados para constatar que se incluyan sus reclamos como lo es la protección de sus derechos a través de los contratos colectivos, que éstos sean en México y si hay una diferencia que se dirima en México. Comentó que se hará un exhorto a los partidos aliados para que apoyen las propuestas que representan a la comunidad artística nacional.
Al respecto Lili Barba de la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, explicó que, en los trabajos del foro, el común denominador de los participantes fue que la iniciativa de reforma de Ley Federal de Derechos de Autor y las modificaciones a la Ley del Trabajo, se establezcan parámetros que permitan el sano desarrollo de la cultura en el país.
Señaló que luego de la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, los asistentes acordaron instalar diversas mesas de trabajo y coincidieron en que, para defender la soberanía cultural, es necesario contar con dos elementos adicionales en la próxima reforma: que todos los derechos que se están reconociendo se apliquen en México y los artistas puedan defenderlos ante autoridades mexicanas y no en el extranjero y dos, que se prevea un sistema de licenciamiento colectivo para el entrenamiento de inteligencia artificial, siendo la única forma de defender los intereses frente a las grandes corporaciones.
Señaló también que la iniciativa habla de los cambios a los contratos colectivos, sobre el reconocimiento a los artistas de la voz y los artistas en general.
Destacó que, en el foro, la Secretaria de la Comisión de Cultura afirmó que, la ética, la transparencia y la trazabilidad en los contratos con las grandes empresas transnacionales extranjeras debe tener jurisdicción en México, ese es el compromiso mínimo que esperamos de las empresas con el país.
En el legislativo todo es corregible y presentaremos las reservas necesarias para abonar y robustecer la reforma conforme a las necesidades del sector creativo de nuestro país. De igual manera resaltó que es fundamental garantizar la remuneración de los artistas y creadores por las vías comprobables, que funcionan en México y en el mundo, como son las licencias colectivas.
“Nosotros siempre hablamos de los derechos de las cuatro “C”: Consentimiento, Control de la voz y la imagen; Compensación justa y Crédito por su trabajo, dijo Lili Barba.
Además de los creativos y artistas, también participaron en el foro representantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, del Instituto Nacional de Derechos de Autor y del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.
- En su iniciativa de reforma a diversas leyes federales, Felipe Miguel Delgado Carrillo, planeta establecer sanciones de hasta 15 años de prisión a quien acceda, altere, copie o destruya esta información gubernamental.
El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso considerar como amenazas a la Seguridad Nacional cualquier acto dirigido a destruir, alterar, extraer, copiar, acceder o inutilizar, sin autorización, bases de datos poblacionales estratégicas bajo resguardo del Estado e imponer penas de hasta 15 años de prisión.
En conferencia de prensa, donde estuvo acompañado del también diputado ecologista, Oscar Bautista y del experto en Tecnología, Martín Barragán, Delgado Carrillo, expuso que la propuesta que presentó ante el pleno el pasado 21 de enero, planeta considerar las bases de datos poblacionales estratégicas como infraestructura crítica y componentes de seguridad nacional. Dijo que hoy en día, las bases de datos se han convertido en un recurso estratégico que se maneja en instituciones públicas del Estado.
Señaló que, si una base de datos del gobierno es vulnerada, se vulneran los datos personales de la población por eso se propone darle este etiquetado para que sea considerado de seguridad nacional y también se incluyen elementos punitivos para sancionar a todos aquellos funcionarios que lucren con este tipo de datos de infraestructura crítica y también a personas físicas que lo hagan
En su oportunidad Martín Barragán, experto en el tema, comentó que uno de los activos más importantes que tenemos en la actualidad son las bases de datos que en muchos casos están subestimadas por la propia ciudadanía por lo que la iniciativa consiste en enfocar los esfuerzos para que cualquier persona que extraiga los datos o vulnera los sistemas de ciberseguridad tengan penas severas y eso ayude a inhibir este tipo de acciones. Comentó que países como Corea del Sur, Estados Unidos y Alemania ya tienen este tipo de prácticas y hoy México se coloca a la vanguardia con esta iniciativa.
El diputado Oscar Bautista comentó que la iniciativa tiene el respaldo de toda la bancada del Partido Verde y dijo que la base de datos poblacionales puede ser tan importante como una carretera o como una vía de comunicación y sin duda se tienen que salvaguardar con esta iniciativa que le va a dar certeza a cada uno de los mexicanos.
De acuerdo con la iniciativa, se plantea modificar las leyes de Seguridad Nacional, la General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Orgánica de la Administración Pública Federal y el Código Penal Federal, a fin de que se consideren como delitos que atentan contra la seguridad nacional toda acción que se cometa contra las bases de datos de la población sin autorización.
Delgado Carrillo destacó que las bases de datos personales como el registro nacional de población, el padrón electoral y los registros de instituciones como el IMSS o el ISSSTE constituyen en los hechos la columna vertebral informativa del país, en ellas se concentra una base esencial de gobernabilidad de estabilidad institucional y de la confianza ciudadana
Ante ello, la propuesta contempla también sanciones de cinco a 15 años de prisión y multa de quinientos a mil días, a quien modifique, dañe, borre, destruya o inutilice información contenida en la base de datos o provoque la interrupción de su funcionamiento.
Asimismo, se sancionará con penas de hasta diez años de cárcel a quien descargue o copie información sin causar daños y hasta 12 años a quien comercialice, distribuya o difunda este tipo de información. Las sanciones se elevarán hasta en una mitad cuando se trate de servidores públicos y se le impondrá, además la destitución e inhabilitación para cargo público hasta por cinco años.
