- También busca la creación y correcta implementación de protocolos de actuación con perspectiva de derechos humanos, que incluyan medidas de protección y acompañamiento
El diputado Felipe Miguel Degado Carrillo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) propuso incorporar de manera expresa en la Ley General de Educación la obligación del personal de los centros educativos de denunciar, sin dilación y de manera directa ante el Ministerio Público, cualquier hecho, indicio o sospecha de violencia sexual, maltrato o cualquier otra forma de violencia en perjuicio de niñas, niños y adolescentes.
“Estos protocolos pretenden conjugar la diligencia que exige la investigación penal con la protección psicosocial de las víctimas, evitando que la actuación institucional genere nuevas vulneraciones o procesos de revictimización”, apuntó.
La iniciativa plantea reformar los artículos 74, 170 y 171, así como adicionar un artículo 74 Bis a la Ley General de Educación, con el objeto de precisar la obligación legal de la denuncia y establecer sanciones administrativas y pecuniarias para quienes incurran en conductas omisivas frente a hechos de violencia contra personas menores de edad.
El legislador indicó que también se busca garantizar la creación y correcta implementación de protocolos de actuación con perspectiva de derechos humanos, que incluyan medidas de protección, acompañamiento y reserva. “Estos protocolos pretenden conjugar la diligencia que exige la investigación penal con la protección psicosocial de las víctimas, evitando que la actuación institucional genere nuevas vulneraciones o procesos de revictimización”, apuntó.
Asimismo, el diputado Delgado Carrillo resaltó que la escuela no es únicamente un espacio de instrucción académica, sino un ámbito formativo fundamental para el desarrollo emocional, social y moral de niñas, niños y adolescentes. Por tal motivo, la exposición a situaciones de violencia en el contexto escolar puede generar efectos duraderos e incluso irreparables en la salud mental y en el proyecto de vida de las víctimas.
Por ello, la iniciativa enfatiza que corresponde a toda la comunidad educativa asumir un papel activo de contención y protección, y a las autoridades promover una cultura de responsabilidad que rompa silencios cómplices, prevenga la impunidad y restituya la confianza social.
- La propuesta, también establece que en caso de recibir una queja, las empresas contarán con un plazo máximo de 24 horas para responder a los pasajeros
Viajar en autobús es una realidad cotidiana para millones de mexicanas y mexicanos; sin embargo, no existe una adecuada difusión de los derechos de las y los pasajeros. Por tal motivo, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) propuso que al reverso de cada boleto emitido se incluyan, de manera clara y legible, los derechos de los usuarios.
La iniciativa, presentada por el diputado Luis Enrique Miranda, que modifica la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece que las empresas contarán con un plazo máximo de 24 horas para responder a las quejas de los pasajeros, antes de que estas puedan ser turnadas a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
El legislador señaló que la ley ya reconoce derechos claros para los usuarios del autotransporte federal, como el reembolso total más una compensación del 20 por ciento en caso de cancelaciones o retrasos mayores a dos horas; una compensación del 25 por ciento en casos de sobreventa; la protección del equipaje hasta por 25 kilogramos; descuentos para estudiantes, maestros y adultos mayores, así como el acceso garantizado a personas con discapacidad y perros guía.
No obstante, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, únicamente el 15 por ciento de los usuarios conoce estos derechos, lo que significa que el 85 por ciento viaja prácticamente desprotegido. Datos de la Profeco revelan que tan solo en municipios del Estado de México como Naucalpan, Tlalnepantla y Zumpango se registraron más de 2 mil 700 denuncias en un periodo de seis meses, mientras que en Puebla se han documentado prácticas de alto riesgo, como permitir acompañantes sin control en las unidades.
El diputado Miranda subrayó que esta situación genera enojo, frustración y afectaciones económicas a las familias, que pueden llegar a gastar más de 2 mil 500 pesos adicionales en alimentos, hospedaje y traslados cuando un viaje se retrasa o se cancela injustificadamente. “La sobreventa de boletos no es un problema exclusivo del transporte aéreo, sino también del autotransporte”, resaltó.
Ante este escenario, el legislador explicó que muchas personas no reclaman porque desconocen que tienen derecho a compensaciones del 20 o 25 por ciento. Por ello, su iniciativa propone que en la parte posterior de cada boleto de autobús se incluyan de manera clara los derechos de los pasajeros y, en el caso de boletos electrónicos, que esta información se integre en el archivo PDF o comprobante digital.
Con esta medida, cuando ocurran retrasos, sobreventas, pérdida de equipaje o tratos indignos, las y los usuarios sabrán exactamente qué exigir. Esto, afirmó, empareja la cancha entre las empresas transportistas y los pasajeros, fortalece la confianza ciudadana y fomenta un servicio más justo y transparente.
Finalmente, el diputado Miranda Barrera destacó que esta iniciativa busca empoderar a la ciudadanía y garantizar que el transporte en autobús sea justo, confiable y seguro.
- En el primer trimestre de 2025, se registraron 35 mil 200 millones de ciberataques contra sistemas que contienen información personal
Con el fin de evitar riesgos como ciberataques, fraudes, extorsiones, robo de identidad y manipulación indebida de información, el diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en materia de medidas de protección.
De acuerdo con la iniciativa de reforma y adición al artículo 18 de la citada ley, el legislador propone definir con claridad en qué consisten las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas que actualmente contempla la ley, y que deben cumplir los responsables, pues no se detalla su contenido ni establecen un estándar mínimo de cumplimiento, lo que ha generado un vacío legal que dificulta la supervisión por parte de la autoridad y permite que algunos particulares adopten medidas insuficientes, dejando desprotegidos los datos de millones de personas.
El legislador ecologista destaca que, en la actualidad, la información personal se ha convertido en un elemento central de la economía y sobre todo en el mundo digital. Es decir, que las empresas y organizaciones recopilan, procesan y almacenan grandes cantidades de información para ofrecer servicios personalizados, optimizar procesos y generar innovación. Sin embargo, este avance también ha incrementado la vulnerabilidad de la población frente a riesgos como ciberataques, fraudes, extorsiones, robo de identidad y manipulación indebida de información.
Resalta que, en México, los incidentes relacionados con la filtración de datos personales han aumentado de forma considerable. Según información reciente, durante el primer trimestre de 2025, se registraron 35 mil 200 millones de ciberataques contra sistemas que contienen información personal, por lo que la protección de datos, la validación de accesos y la seguridad en la nube no pueden depender únicamente de la tecnología, sino también de políticas claras, estructuras robustas y decisiones desde los niveles más altos de dirección.
Quiroga Treviño, señala que la carencia de medidas de seguridad en los datos personas afecta a las a las personas ciudadanas, quienes enfrentan consecuencias directas en su seguridad y privacidad pues la exposición indebida de bases de datos facilita la comisión de delitos como el robo de identidad, el fraude financiero, la extorsión y el acoso digital, generando un entorno de desconfianza hacia el uso de plataformas tecnológicas y reduciendo las posibilidades de inclusión digital.
Explica que, por ello, su propuesta busca precisar el alcance de las medidas de seguridad que ya contempla la ley, estableciendo definiciones claras y enumerando, de manera enunciativa pero no limitativa, las acciones mínimas que deben llevarse a cabo en cada ámbito. Con ello, se pretende fomentar una cultura de protección de datos que trascienda la mera formalidad administrativa y se base en la adopción de prácticas robustas y actualizadas frente a los retos tecnológicos actuales.
En ese sentido se establece que las medidas administrativas promoverán que las empresas cuenten con políticas internas, protocolos de actuación y programas de capacitación que fortalezcan la responsabilidad de su personal en la protección de datos, mientras que las medidas físicas estarán orientadas a garantizar la seguridad de los espacios y equipos donde se almacena la información, limitando accesos y previniendo daños o pérdidas.
Y, finalmente, las medidas técnicas establecerán la obligación de utilizar herramientas y tecnologías avanzadas para proteger entornos digitales, incluyendo esquemas de privilegios de usuarios, actualizaciones periódicas de software y la gestión segura de comunicaciones y almacenamiento.