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DIPUTADO DEL PARTIDO VERDE PROPONE REFORMA PARA SANCIONAR LA SOBREVENTA DE BOLETOS DE AVIÓN

  • La propuesta establece medidas claras para los casos en que se expidan boletos en exceso a la capacidad disponible de una aeronave

Con el propósito de regular la sobreventa de boletos en el transporte aéreo comercial y fortalecer la protección de los derechos de las y los pasajeros, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) presentó una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.

El diputado Ricardo Madrid Pérez explicó que su propuesta establece medidas claras para los casos en que se expidan boletos en exceso a la capacidad disponible de una aeronave, situación que puede derivar en la denegación del embarque; por ello, propone que el pasajero afectado tenga derecho a elegir entre tres opciones compensatorias.

La primera opción consiste en el reembolso total del precio del boleto o de la parte proporcional no utilizada del viaje, además de una indemnización equivalente al 100 por ciento del costo del mismo, con el objetivo de resarcir de manera justa el perjuicio ocasionado.
La segunda alternativa plantea que se ofrezca al pasajero el primer vuelo disponible, garantizando sin costo adicional servicios básicos como comunicación telefónica o cablegráfica al destino, alimentos conforme al tiempo de espera, y alojamiento en hotel, ya sea en el aeropuerto o en la ciudad, en caso de ser necesaria la pernocta, se debe incluir transporte terrestre. A ello se suma una indemnización adicional equivalente al 100 por ciento del precio del boleto.

Como tercera opción, la iniciativa propone que, el pasajero pueda ser transportado en una fecha posterior que le resulte conveniente hacia su destino original, acompañada también de una indemnización adicional equivalente al 100 por ciento del costo del boleto, reforzando así el derecho de elección del usuario.

Asimismo, el legislador destacó que la propuesta contempla que la autoridad competente debe imponer multas proporcionales al número de pasajeros afectados en cada incidente de sobreventa. "Estas sanciones deberán superar el beneficio económico obtenido por las aerolíneas mediante esta práctica, con el fin de asegurar su efecto disuasorio", resaltó el diputado.

Finalmente, Madrid Pérez subrayó que los concesionarios o permisionarios estarán obligados a reportar públicamente las incidencias de negativa de embarque. Esta medida busca fortalecer la transparencia, permitir el monitoreo de patrones de conducta y generar incentivos reputacionales que promuevan el cumplimiento de la normativa vigente.
PROPONE PARTIDO VERDE GARANTIZAR A PERSONAS INDÍGENAS Y MIGRANTES, INTÉRPRETES EN LENGUAS ORIGINARIAS

  • Consulados deberán garantizar la protección de derechos y materializar el principio de no discriminación

Con el objetivo de promover y asegurar mecanismos de interpretación y traducción en lenguas  originarias para la atención de personas indígenas, el diputado Jonathan Puertos Chimalhua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Ello permitirá también garantizar el acceso a servicios consulares que permitan fortalecer la protección de derechos y materializar el principio de no discriminación. 

La iniciativa que propone adicionar una fracción IX al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, señala que los Jefes de Oficinas Consulares deberán promover y asegurar dichas acciones, preferentemente mediante intérpretes y traductores certificados, para la atención de personas indígenas mexicanas que así lo requieran.

"La propuesta es jurídicamente viable y presupuestalmente responsable, ya que su implementación podrá realizarse de manera gradual, mediante lineamientos emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a la normatividad aplicable y a la disponibilidad presupuestaria", subraya Puertos en su propuesta.

Añade que lo anterior, permitirá a la autoridad consular utilizar diversos mecanismos, tales como convenios interinstitucionales, padrones existentes, apoyos tecnológicos o esquemas de colaboración, sin generar obligaciones inmediatas de gasto.

Afirma que, con esta reforma, el Estado mexicano avanza en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales, fortalece su política de protección consular y envía un mensaje claro de inclusión, respeto a la diversidad cultural y compromiso con los derechos humanos.

"Garantizar una atención consular adecuada para las personas indígenas mexicanas en el extranjero no es solo una cuestión administrativa, sino un acto de justicia social y de coherencia con los principios que sustentan a nuestra nación ", subrayó el legislador ecologista.

En su iniciativa, refiere que, de acuerdo con información oficial, en el territorio nacional existen 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas, habladas por millones de personas. Sin embargo, el número de intérpretes y traductores certificados resulta claramente insuficiente para atender esta diversidad lingüística, ya que se cuenta únicamente con mil 79 intérpretes certificados.

Dicha problemática no se limita al ámbito nacional, por el contrario, se agudiza en el contexto migratorio, donde miles de personas indígenas mexicanas residen o transitan en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos de América.

PARTIDO VERDE IMPULSA INFRAESTRUCTURA VERDE PARA TRANSFORMAR LA PLANEACIÓN URBANA

  • Se busca dejar atrás el modelo de concreto y apostar por ciudades más resilientes, sostenibles y habitables.
  • Islas de calor, inundaciones y pérdida de biodiversidad afectan ya a millones de personas.

El senador Gilberto Hernández Villafuerte presentó una iniciativa para incorporar la infraestructura verde como un elemento fundamental en la planeación urbana del país, con el objetivo de impulsar ciudades más resilientes, sostenibles y habitables en México.

Señaló que, durante décadas, el crecimiento de las ciudades en el país se ha basado en un modelo de infraestructura gris, como calles, concreto, edificios y sistemas de drenaje tradicionales, lo que ha incrementado la presión sobre los ecosistemas, la disponibilidad de agua, la calidad del aire y la habitabilidad de las ciudades

“Las consecuencias están a la vista, aumentando las islas de calor urbano, inundaciones más frecuentes, pérdida de biodiversidad y un deterioro progresivo del entorno en el que viven millones de personas”, sostuvo el legislador.

Ante este panorama, destacó la necesidad de replantear el diseño y la planeación urbana mediante la incorporación de infraestructura verde como una solución estratégica, que permita integrar espacios naturales y seminaturales en las ciudades, como corredores biológicos, arbolado urbano, jardines de lluvia, pavimentos permeables y azoteas verdes.

“No se trata sólo de sembrar árboles o construir parques aislados, se trata de integrar una red de espacios naturales y seminaturales dentro de las ciudades que permitan recuperar funciones ambientales esenciales”, subrayó.

Dijo que estas soluciones contribuyen a mejorar la calidad del aire, regular la temperatura, infiltrar agua al subsuelo, reducir riesgos de inundación y fortalecer la biodiversidad. Además, de generar beneficios sociales al mejorar la salud física y mental de las personas, fomentar la convivencia comunitaria y promover ciudades más habitables.

En México ya existen avances a nivel local. Ejemplo de ello es la Ciudad de México, donde se han desarrollado proyectos relacionados con la gestión del agua, el espacio público y la recuperación ambiental urbana; mientras que, en Hermosillo, Sonora, ya se aplican manuales y lineamientos técnicos que convierten estas soluciones en acciones concretas.

Sin embargo, el senador señaló que estas experiencias evidencian la necesidad de contar con un marco normativo de alcance nacional que permita fortalecer y replicar estas acciones en todo el país.

Por ello, aseguró que su propuesta busca incorporar de manera expresa el enfoque de infraestructura verde en la Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con el fin de que forme parte de los instrumentos de planeación urbana y territorial y promueva ciudades más resilientes frente al cambio climático.