- Reforma busca garantizar el derecho de toda persona a recuperar su dinero bajo los principios de transparencia, equidad y certeza jurídica.
La diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor para garantizar que la devolución de dinero en compras que se realizan en plataformas digitales sea en la misma forma original de pago.
Lo anterior garantiza el derecho de toda persona a recuperar su dinero bajo los principios de transparencia, equidad y certeza jurídica.
La propuesta es adicionar el artículo IX Bis, que contiene los artículos 84 BIs, 84 Ter y 84 Quáter, a la citada Ley, para prohibir a los proveedores condicionarla devolución del dinero a vales, monederos electrónicos, tarjetas de regalo o cualquier otro sistema restringido de uso, sin que exista consentimiento expreso del consumidor.
Asimismo, se establece que los proveedores que operen mediante plataformas de comercio electrónico, deberán informar de forma clara, destacada y accesible, antes de la compra, los términos y condiciones aplicables al procedimiento de devolución, incluyendo plazos, formas de reembolso y requisitos específicos.
Sánchez Juárez explicó que, en la actualidad, el comercio minorista, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales, ha adoptado prácticas que limitan injustificadamente los derechos de las y los consumidores en México.
Una de las más comunes y recurrentes es la devolución del dinero a través de “tarjetas de regalo”, “monederos electrónicos” o “vales digitales”, en lugar de restituir los recursos mediante el mismo medio de pago que fue utilizado originalmente por el usuario.
Indicó que algunos ejemplos son tiendas como Liverpool, Sears, Sanborns y tiendas de conveniencia digitales como Amazon México, Shein y Temu que ofrecen el reembolso en forma de créditos digitales que solo pueden ser utilizados dentro de la misma tienda o plataforma, lo que obliga al consumidor a realizar otra compra, impidiéndole disponer libremente de su dinero y restringiendo su capacidad de elección.
Ante ello, subrayó que establecer en la ley la devolución del dinero en su firma original de pago, es una garantía fundamental de comercio justo y de la protección efectiva del consumidor.
“Obligar al comprador a aceptar una tarjeta de regalo es, en los hechos, obligarlo a renunciar a su libertad de consumo, lo cual contraviene el espíritu de la legislación vigente”, subrayó.
- También busca la creación y correcta implementación de protocolos de actuación con perspectiva de derechos humanos, que incluyan medidas de protección y acompañamiento
El diputado Felipe Miguel Degado Carrillo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) propuso incorporar de manera expresa en la Ley General de Educación la obligación del personal de los centros educativos de denunciar, sin dilación y de manera directa ante el Ministerio Público, cualquier hecho, indicio o sospecha de violencia sexual, maltrato o cualquier otra forma de violencia en perjuicio de niñas, niños y adolescentes.
“Estos protocolos pretenden conjugar la diligencia que exige la investigación penal con la protección psicosocial de las víctimas, evitando que la actuación institucional genere nuevas vulneraciones o procesos de revictimización”, apuntó.
La iniciativa plantea reformar los artículos 74, 170 y 171, así como adicionar un artículo 74 Bis a la Ley General de Educación, con el objeto de precisar la obligación legal de la denuncia y establecer sanciones administrativas y pecuniarias para quienes incurran en conductas omisivas frente a hechos de violencia contra personas menores de edad.
El legislador indicó que también se busca garantizar la creación y correcta implementación de protocolos de actuación con perspectiva de derechos humanos, que incluyan medidas de protección, acompañamiento y reserva. “Estos protocolos pretenden conjugar la diligencia que exige la investigación penal con la protección psicosocial de las víctimas, evitando que la actuación institucional genere nuevas vulneraciones o procesos de revictimización”, apuntó.
Asimismo, el diputado Delgado Carrillo resaltó que la escuela no es únicamente un espacio de instrucción académica, sino un ámbito formativo fundamental para el desarrollo emocional, social y moral de niñas, niños y adolescentes. Por tal motivo, la exposición a situaciones de violencia en el contexto escolar puede generar efectos duraderos e incluso irreparables en la salud mental y en el proyecto de vida de las víctimas.
Por ello, la iniciativa enfatiza que corresponde a toda la comunidad educativa asumir un papel activo de contención y protección, y a las autoridades promover una cultura de responsabilidad que rompa silencios cómplices, prevenga la impunidad y restituya la confianza social.
- La propuesta, también establece que en caso de recibir una queja, las empresas contarán con un plazo máximo de 24 horas para responder a los pasajeros
Viajar en autobús es una realidad cotidiana para millones de mexicanas y mexicanos; sin embargo, no existe una adecuada difusión de los derechos de las y los pasajeros. Por tal motivo, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) propuso que al reverso de cada boleto emitido se incluyan, de manera clara y legible, los derechos de los usuarios.
La iniciativa, presentada por el diputado Luis Enrique Miranda, que modifica la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece que las empresas contarán con un plazo máximo de 24 horas para responder a las quejas de los pasajeros, antes de que estas puedan ser turnadas a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
El legislador señaló que la ley ya reconoce derechos claros para los usuarios del autotransporte federal, como el reembolso total más una compensación del 20 por ciento en caso de cancelaciones o retrasos mayores a dos horas; una compensación del 25 por ciento en casos de sobreventa; la protección del equipaje hasta por 25 kilogramos; descuentos para estudiantes, maestros y adultos mayores, así como el acceso garantizado a personas con discapacidad y perros guía.
No obstante, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, únicamente el 15 por ciento de los usuarios conoce estos derechos, lo que significa que el 85 por ciento viaja prácticamente desprotegido. Datos de la Profeco revelan que tan solo en municipios del Estado de México como Naucalpan, Tlalnepantla y Zumpango se registraron más de 2 mil 700 denuncias en un periodo de seis meses, mientras que en Puebla se han documentado prácticas de alto riesgo, como permitir acompañantes sin control en las unidades.
El diputado Miranda subrayó que esta situación genera enojo, frustración y afectaciones económicas a las familias, que pueden llegar a gastar más de 2 mil 500 pesos adicionales en alimentos, hospedaje y traslados cuando un viaje se retrasa o se cancela injustificadamente. “La sobreventa de boletos no es un problema exclusivo del transporte aéreo, sino también del autotransporte”, resaltó.
Ante este escenario, el legislador explicó que muchas personas no reclaman porque desconocen que tienen derecho a compensaciones del 20 o 25 por ciento. Por ello, su iniciativa propone que en la parte posterior de cada boleto de autobús se incluyan de manera clara los derechos de los pasajeros y, en el caso de boletos electrónicos, que esta información se integre en el archivo PDF o comprobante digital.
Con esta medida, cuando ocurran retrasos, sobreventas, pérdida de equipaje o tratos indignos, las y los usuarios sabrán exactamente qué exigir. Esto, afirmó, empareja la cancha entre las empresas transportistas y los pasajeros, fortalece la confianza ciudadana y fomenta un servicio más justo y transparente.
Finalmente, el diputado Miranda Barrera destacó que esta iniciativa busca empoderar a la ciudadanía y garantizar que el transporte en autobús sea justo, confiable y seguro.