- Insistió en la urgencia de robustecer el marco jurídico para lograr que el maltrato y la crueldad en contra de los animales sea castigada.
Con la finalidad de brindar mayor protección, cuidado y bienestar para los animales, así como castigar todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor o que ponga en peligro la vida de los animales o que afecten gravemente su salud, la senadora Rocío Corona Nakamura propuso reformar el artículo 419 bis del Código Penal Federal.
Recalcó que su iniciativa busca que la reforma sea de carácter penal para garantizar que el Estado trate de reprimir esta conducta y sancionar a quien la cometa por cualquier vía o, de cualquier forma, incluso cuando se utiliza como pretexto que es por fines culturales o de tradición.
Recordó que en las leyes mexicanas, los animales son considerados organismos vivos con derechos y protecciones específicas para su conservación, manejo sustentable y bienestar, incluyendo la prohibición de actos de maltrato y crueldad.
Explicó que el maltrato animal, es todo aquello que produce un daño o sufrimiento a los animales, y que va más allá de provocarle un daño físico en el momento, ya que también se ocasiona con acciones como las de abandonarlos, mantenerlos en condiciones sanitarias deplorables, no brindarles espacios para su recreación o privarlos de alimentación, es decir, puede ser por negligencia, incapacidad o por no dotar de todo aquello que los animales requieren para su cuidado responsable.
Destacó que aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no cuenta con estadísticas específicas sobre el maltrato animal en 2025, reporta que anualmente mueren alrededor de 60 mil animales por esta causa en México. Además, algunas organizaciones civiles señalan que nuestro país ocupa el primer lugar en maltrato animal en Latinoamérica y el tercero a nivel mundial.
Señaló que actualmente siguen existiendo actos que no ayudan a la protección de los animales y en cambio fomentan una cultura de violencia y crueldad, como es el caso de la tauromaquia, las peleas de perros, gallos u otros animales, las cuales en algunos estados se celebran y se consideran patrimonio cultural, apelando a la tradición y a la economía que genera en la región. Sin embargo, recalcó que con estas actividades la población se desensibiliza hacia la violencia y a las repercusiones que sufren los animales.
Agregó que entre los años 2019 y 2020, las fiscalías de las entidades federativas recibieron 2 mil 490 denuncias por maltrato animal, pero sólo 101 personas fueron vinculadas a proceso, de los cuales, únicamente se dictaron 18 sentencias y cuatro de ellas no tuvieron como pena la privación de la libertad.
Ante este panorama, insistió en la urgencia de robustecer el marco jurídico para lograr que el maltrato y la crueldad en contra de los animales sea castigada y vaya acompañada del conocimiento de lo que implican estos hechos, con lo que se permitirá que avancemos y logremos el trato digno que merecen los animales.
- También busca la creación y correcta implementación de protocolos de actuación con perspectiva de derechos humanos, que incluyan medidas de protección y acompañamiento
El diputado Felipe Miguel Degado Carrillo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) propuso incorporar de manera expresa en la Ley General de Educación la obligación del personal de los centros educativos de denunciar, sin dilación y de manera directa ante el Ministerio Público, cualquier hecho, indicio o sospecha de violencia sexual, maltrato o cualquier otra forma de violencia en perjuicio de niñas, niños y adolescentes.
“Estos protocolos pretenden conjugar la diligencia que exige la investigación penal con la protección psicosocial de las víctimas, evitando que la actuación institucional genere nuevas vulneraciones o procesos de revictimización”, apuntó.
La iniciativa plantea reformar los artículos 74, 170 y 171, así como adicionar un artículo 74 Bis a la Ley General de Educación, con el objeto de precisar la obligación legal de la denuncia y establecer sanciones administrativas y pecuniarias para quienes incurran en conductas omisivas frente a hechos de violencia contra personas menores de edad.
El legislador indicó que también se busca garantizar la creación y correcta implementación de protocolos de actuación con perspectiva de derechos humanos, que incluyan medidas de protección, acompañamiento y reserva. “Estos protocolos pretenden conjugar la diligencia que exige la investigación penal con la protección psicosocial de las víctimas, evitando que la actuación institucional genere nuevas vulneraciones o procesos de revictimización”, apuntó.
Asimismo, el diputado Delgado Carrillo resaltó que la escuela no es únicamente un espacio de instrucción académica, sino un ámbito formativo fundamental para el desarrollo emocional, social y moral de niñas, niños y adolescentes. Por tal motivo, la exposición a situaciones de violencia en el contexto escolar puede generar efectos duraderos e incluso irreparables en la salud mental y en el proyecto de vida de las víctimas.
Por ello, la iniciativa enfatiza que corresponde a toda la comunidad educativa asumir un papel activo de contención y protección, y a las autoridades promover una cultura de responsabilidad que rompa silencios cómplices, prevenga la impunidad y restituya la confianza social.
- La asistencia social no debe depender de la situación migratoria, origen étnico o situación jurídica de las personas, sino que debe estar guiada por los principios de universalidad y dignidad humana.
Con la finalidad de mejorar la situación de las personas migrantes que transitan por nuestro país, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa que busca que se diseñen estrategias de asistencia social en regiones de alta movilidad poblacional, que incluyan servicios provisionales de salud, alimentación y orientación social.
Explicó que actualmente la movilidad humana se ha intensificado por razones económicas, sociales, climáticas y de violencia, y particularmente, nuestro país, por su posición geográfica, es clave en las rutas migratorias.
Por otro lado, agregó que la asistencia social no debe depender de la situación migratoria, origen étnico o situación jurídica de las personas, sino que debe estar guiada por los principios de universalidad y dignidad humana.
Agregó que los migrantes, refugiados, desplazados y otros, son algunos de los grupos más vulnerables de la sociedad, y a menudo se enfrentan a la xenofobia, la discriminación, malas condiciones de vida, de vivienda, de trabajo y acceso inadecuado a los servicios de salud, sin embargo, los migrantes en tránsito representan una población con muchas necesidades, pero también con dignidad y derechos que se deben respetar.
Especificó que en México existen regiones de alta movilidad poblacional como Chiapas, Tabasco, Baja California o Ciudad de México, las cuales enfrentan desafíos específicos, la presencia de personas en situación de movilidad, desplazadas, refugiadas o población que muchas veces carece de documentación, residencia fija o vínculos con el sistema institucional, lo cual dificulta su inclusión en programas sociales.
En este contexto, recalcó que la asistencia social adquiere un papel estratégico, debiendo garantizar los derechos fundamentales de poblaciones en situación de vulnerabilidad, aun cuando su presencia sea transitoria o irregular. Sin embargo, reconoció que el sistema de asistencia social en México, aún con el trabajo y los esfuerzos de este gobierno presenta limitaciones estructurales, legales y operativas que dificultan su efectividad en estas regiones.
Por ello, insistió en que el sistema de asistencia social debe de reconfigurarse para responder a la realidad de movilidad poblacional, incorporando mecanismos de atención inmediata, flexible y no discriminatoria que busquen mejorar el acceso al bienestar en general de todas personas en situación de movilidad, particularmente en temas como la alimentación y la prestación de los servicios de salud.
