- La bancada ecologista respalda la reforma electoral de Sheinbaum: reduce privilegios, limita gasto, y fortalece la democracia con un Estado austero, eficiente y cercano a la ciudadanía.
Las y los senadores del Partido Verde respaldaron la aprobación del “Plan B” en materia electoral, al considerar que preserva la austeridad republicana, garantiza la función sustantiva del Instituto Nacional Electoral (INE) y se ajusta al 127 constitucional y a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Los ayuntamientos podrán conformarse por una sindicatura y hasta quince regidurías; además, se establece que el presupuesto de los congresos locales no podrá superar el 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
En cuanto a las autoridades electorales, se establece que ninguna podrá percibir una remuneración superior a la de la jefa del Ejecutivo Federal. Esta disposición aplica a consejeros, magistrados, secretarios titulares de órganos administrativos y a titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, de los organismos públicos locales electorales y de los tribunales electorales de las entidades federativas.
Asimismo, el presupuesto anual del Senado de la República deberá ajustarse de forma progresiva en los próximos cuatro ejercicios fiscales subsecuentes, hasta alcanzar una disminución acumulada del 15%.
En ese sentido, el senador Waldo Fernández González destacó que el dictamen plantea una integración más eficiente de ayuntamientos, topes a regidurías y control del gasto en congresos locales, además de establecer que nadie puede ganar más que la titular del Ejecutivo.
Afirmó que esta medida no es autoritarismo, sino responsabilidad, por lo que subrayó que el objetivo es profundizar la democracia, fortalecer la participación ciudadana y avanzar hacia un Estado más justo y austero.
Por su parte la senadora Juanita Guerra Mena comentó que el rediseño de los ayuntamientos permitirá mayor eficiencia en el uso de recursos municipales, por lo que exhortó a los más de 2,478 municipios del país a invertir responsablemente en seguridad, en beneficio de la población.
Reconoció que el dictamen impulsa la racionalidad en el uso de recursos públicos, establece límites en remuneraciones y promueve ayuntamientos más eficientes, comprometidos y cercanos a la gente.
El senador Luis Alfonso Silva Romo subrayó que la iniciativa se centra en reducir privilegios en congresos estatales y cabildos, y rechazó que implique centralismo, al enfatizar que cualquier reforma constitucional requiere amplios consensos nacionales.
Finalmente, la senadora por Jalisco, Rocío Corona Nakamura, indicó que el proyecto plantea revisar el tamaño y costo del Estado, fijar límites a remuneraciones, reducir el 15 por ciento el presupuesto de la Cámara, así como la reorganización de ayuntamientos.
- “El Mundial no es de un gobierno, es de la Ciudad”: Jesús Sesma
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, afirmó que el Congreso local no ha sido tomado en cuenta en los preparativos para el Mundial de 2026, así lo dejó saber en conferencia de prensa en el Congreso de la CDMX.
Ante los representantes de los diferentes medios de comunicación afirmó que, en su calidad de vicepresidente de la Comisión Especial del Mundial, la semana pasada solicitó reuniones con las secretarías de Movilidad y de Seguridad Ciudadana para conocer los planes rumbo al evento, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.
También informó que la Comisión Especial del Mundial que presidirá el recién llegado diputado Àngel Tamariz aún no ha sesionado y que los legisladores no han sido invitados a reuniones con autoridades del gobierno capitalino.
“Si no quieren incluirnos, no hay problema, pero necesitamos información. Aquí hay obligaciones y debe haber respeto entre poderes”, expresó.
Finalmente, anunció la presentación de un proyecto de programa de Acompañamiento al Mundial 2026 compuesto por 10 puntos que enviará también al diputado Tamariz, dicho proyecto hará del mundial no solo un evento de proyección internacional sino un proceso que garantice, orden, transparencia y beneficios a la población.
- Los procesos electorales anteriores generaron mil toneladas de desechos, entre lonas, carteles y pendones
La Ciudad de México enfrenta un problema que crece elección tras elección: el exceso de propaganda política electoral que invade calles, contamina el entorno y pone en peligro a la ciudadanía.
Lo que antes era una herramienta para informar propuestas, hoy se ha convertido en un foco de contaminación visual, generación masiva de basura y hasta riesgo de accidentes por estructuras colocadas en puentes, bajo puentes y zonas indebidas.
Datos recientes evidencian la magnitud del problema: durante los procesos electorales de 2021 y 2024 se generaron alrededor de mil toneladas de desechos, entre lonas, carteles y pendones que terminan abandonados en la vía pública.
Ante este panorama el diputado Manuel Talayero, Coordinador de la bancada Verde en el Congreso de la CDMX, presentó una iniciativa para frenar este descontrol.
La propuesta plantea armonizar la Ley de Publicidad Exterior con el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, es decir que la propaganda política deje de ser una excepción y cumpla las mismas reglas que cualquier otra publicidad en la ciudad.
El exceso de propaganda política no solo afecta la imagen urbana, también representa un peligro real, lonas y estructuras que se desprenden, obstáculos que afectan la movilidad y basura que tapa drenajes y ensucia calles.
De aprobarse esta iniciativa, se espera reducir significativamente la basura política electoral, recuperar el orden y la limpieza en la ciudad, disminuir riesgos de accidentes e impulsar campañas políticas digitales más responsables y menos contaminantes.
En países como Estados Unidos, Uruguay y naciones europeas han demostrado que limitar este tipo de propaganda genera ciudades más limpias y procesos electorales más sostenibles.
El Partido Verde hizo un llamado a actuar de inmediato, no más campañas políticas que ensucian, contaminan y ponen en riesgo a la ciudadanía.
La propuesta busca transformar la forma de hacer política y avanzar hacia una capital más limpia, segura y ordenada.
