- Ampliar la cobertura del "Operativo Enjambre" en los 36 municipios prioritarios con altos índices delictivos permitiría consolidar una estrategia nacional integral, homogénea y eficaz, orientada a prevenir y erradicar la corrupción en las corporaciones de seguridad pública.
Con la finalidad de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y posibles vínculos con la delincuencia organizada por parte de autoridades municipales, la senadora Juanita Guerra Mena presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, a la Guardia Nacional, al Centro Nacional de Inteligencia y a la Fiscalía General de la República, para que amplíen la implementación del "operativo enjambre" en los 36 municipios prioritarios con altos índices delictivos.
Explicó que la Operación Enjambre es una estrategia coordinada entre fuerzas federales y fiscalías estatales cuyo objetivo es desarticular redes criminales incrustadas en gobiernos locales, priorizando municipios con alta actividad económica estratégica, donde funcionarios presuntamente utilizan el poder público para extorsionar a empresarios o favorecer a grupos delictivos.
Por ello, el Gobierno Federal implementó estrategias para combatir estos fenómenos, como es el caso del "Operativo Enjambre", que ha demostrado ser un mecanismo eficaz de coordinación entre fuerzas de seguridad y de inteligencia para detectar, investigar y desarticular redes de corrupción dentro de gobiernos municipales.
Explicó que la Operación Enjambre es una estrategia coordinada entre fuerzas federales y fiscalías estatales cuyo objetivo es desarticular redes criminales incrustadas en gobiernos locales, priorizando municipios con alta actividad económica estratégica, donde funcionarios presuntamente utilizan el poder público para extorsionar a empresarios o favorecer a grupos delictivos.
Detalló que en dicho operativo participan instancias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, lo que permite una actuación integral basada en labores de inteligencia, investigación y operativos tácticos.
Sin embargo, reconoció que su implementación no ha sido homogénea en todo el territorio nacional, lo que genera brechas en la capacidad del Estado para prevenir y sancionar actos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada a nivel local.
Apuntó que en el ámbito municipal convergen muchos factores de riesgo, como son limitaciones institucionales, debilidad en los controles internos, y en algunos casos, presiones directas del crimen organizado.
Aseguró que ampliar la cobertura del "Operativo Enjambre" en los 36 municipios prioritarios con altos índices delictivos permitiría consolidar una estrategia nacional integral, homogénea y eficaz, orientada a prevenir y erradicar la corrupción en las corporaciones de seguridad pública, lo cual contribuiría a fortalecer los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas, así como restablecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
Asimismo, destacó que facilitaría la estandarización de protocolos de actuación, la profesionalización de los cuerpos policiales y la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, al mismo tiempo que contribuiría a prevenir la captura de los gobiernos municipales por intereses criminales, al fortalecer los mecanismos de vigilancia, control interno y coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
Finalmente, afirmó que implementar este operativo en los 36 municipios con mayores índices delictivos incidiría directamente en la protección de los derechos fundamentales de la población, al garantizar que las instituciones de seguridad actúen bajo principios de legalidad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos.
En el marco de la aprobación de la iniciativa AB 2386 California Physician Expansion Act, conocida como la Ley de Expansión de Médicos de California, presentada el 20 de abril de 2026 en el pleno del Congreso Estatal de California por el asambleísta David Álvarez, la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Ana Erika Santana González, manifestó su respaldo a esta propuesta y destacó su relevancia para atender una crisis de salud pública en la región fronteriza.
Santana González, destacó que esta carencia afecta a comunidades vulnerables, particularmente aquellas con fuertes vínculos con México, donde factores como el idioma, la ubicación geográfica y las condiciones económicas limitan el acceso a servicios de salud adecuados.
“Entre México y California compartimos mucho más que una frontera: compartimos una historia en la que las familias, las economías y una realidad sanitaria hacen imprescindibles estrategias binacionales. La salud no reconoce límites territoriales”, afirmó.
En este contexto, la aprobación de la iniciativa AB 2386 representa una oportunidad para consolidar y ampliar estos esfuerzos mediante un esquema estructurado que permita la incorporación de médicos internacionales, provisionales y calificados, al sistema de salud de California, bajo estándares rigurosos y supervisión adecuada.
Asimismo, enfatizó que esta medida fortalecerá la atención médica culturalmente pertinente, especialmente en comunidades con alta población hispanohablante, donde la presencia de médicos bilingües y biculturales resulta fundamental para generar confianza, mejorar la comunicación y salvar vidas.
Desde una perspectiva regional, Santana González destacó el potencial de integración de profesionales de la salud provenientes de Baja California y otras zonas fronterizas, muchos de ellos bilingües e incluso con doble nacionalidad, lo que permitirá atender eficazmente las necesidades de comunidades en ambos lados de la frontera.
En términos económicos, la legisladora apuntó que esta iniciativa contribuirá a reducir la presión sobre los servicios de emergencia, fortalecer la atención preventiva y mejorar la productividad al contar con poblaciones más saludables.
«La AB 2386 es una propuesta equilibrada, responsable y con visión de futuro. Reconoce la formación médica existente, garantiza estándares de calidad y responde con urgencia a una necesidad real», mencionó.
Finalmente, la diputada federal celebró la aprobación de esta iniciativa por parte de la Asamblea Estatal de California, destacó que representa un paso firme hacia un sistema de salud más inclusivo, eficiente y humano.
- Exigen investigación a fondo, fincar responsabilidades y garantizar reparación del daño ambiental; aún se desconoce la magnitud real del hidrocarburo vertido.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó un punto de acuerdo para citar a comparecer a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, a fin de abordar el impacto y los efectos ambientales del derrame de hidrocarburos ocurrido en el Golfo de México, iniciado desde febrero de 2026 en costas de Veracruz.
Los legisladores señalaron que el llamado responde a la urgencia de esclarecer los daños ambientales registrados encostas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, así como deslindar responsabilidades y asegurar la aplicación de la ley.
Señalaron que en marzo de 2026, pescadores y habitantes de Coatzacoalcos y Pajapan, Veracruz, alertaron sobre la presencia de chapopote en playas, lo que afectó directamente sus actividades productivas.
A partir de estos reportes, la Secretaría de Marina activó un Comando Unificado conforme al Plan Nacional de Contingencias, mientras la mancha de hidrocarburo se extendía hacia Tabasco y Tamaulipas.
Este grupo llevó a cabo el despliegue de más de 2 mil 400 elementos para atender la emergencia, mientras Petróleos Mexicanos realizó labores de contención y recolección, y autoridades ambientales efectuaron recorridos de verificación terrestres y aéreos.
En ese sentido, los legisladores reconocieron la participación de comunidades locales en las labores de limpieza y destacó que, tras diversas hipótesis iniciales, se confirmó que el derrame tuvo origen en instalaciones de Petróleos Mexicanos, derivada de la pérdida de integridad de un oleoducto ocurrida desde febrero. Como resultado preliminar, tres funcionarios fueron separados de sus cargos.
Sin embargo, los senadores destacaron la necesidad de que las investigaciones deben continuar hasta sus últimas consecuencias, debido a los impactos ambientales de mediano y largo plazo en ecosistemas marinos y áreas naturales protegidas, como el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Reiteraron que no se conoce con precisión el volumen derramado, lo que exige estudios prolongados y recursos suficientes.
Finalmente, las senadoras y los senadores ecologistas exhortaron a las autoridades competentes aplicar la ley a quienes resulten responsables, sancionar irregularidades en el sector hidrocarburos y garantizar la reparación del daño ambiental, reafirmando su compromiso con la protección de los ecosistemas y la rendición de cuentas.
