- Su propuesta busca reformar el artículo 201 del Código Penal Federal, para catalogar como corrupción de menores a quienes realicen estas prácticas.
Con la finalidad de eliminar los riesgos físicos y psicológicos que representan las cirugías estéticas en menores de edad, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó una iniciativa que busca castigar a quienes busquen inducir, promover, condicionar, obligar o realizar estas intervenciones en personas menores de 18 años cuando no sean necesarias para preservar o restablecer la salud física o mental y carezcan de justificación clínica.
Explicó que su propuesta busca reformar el artículo 201 del Código Penal Federal, para catalogar como corrupción de menores a quienes realicen estas prácticas, esto con el propósito de reforzar la protección jurídica de niñas, niños y adolescentes frente a intervenciones médicas innecesarias.
Recalcó que su propuesta no busca limitar ni obstaculizar procedimientos médicos reconstructivos o terapéuticos fundamentales para atender malformaciones congénitas, lesiones traumáticas o secuelas de enfermedades que puedan afectar la salud física o mental de los menores de edad, sino establecer límites claros frente a la realización de procedimientos quirúrgicos estéticos en este grupo poblacional.
Apuntó que diversos especialistas advierten que las intervenciones estéticas en adolescentes implican riesgos adicionales debido a que el organismo aún se encuentra en proceso de desarrollo físico y psicológico, además de que también pueden tener implicaciones psicológicas relevantes.
Aunado a ello, dijo que durante la adolescencia, la construcción de la identidad personal y la percepción de la imagen corporal están en pleno desarrollo, por lo que la presión social, los estándares de belleza y la búsqueda de aceptación pueden influir en la decisión de someterse a procedimientos estéticos riesgosos para ellos sin medir las consecuencias.
Guerra Mena explicó que el fenómeno de realización de cirugías estéticas a menores de edad ha generado crecientes preocupaciones desde la perspectiva de la salud pública y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, preocupaciones que cobraron especial relevancia tras el fallecimiento de la joven Paloma Nicole Arellano de 14 años, quien perdió la vida luego de presuntas complicaciones derivadas de una cirugía estética realizada en el estado de Durango.
Finalmente, aseguró que este hecho evidenció la ausencia de una regulación clara respecto a la edad mínima para la realización de este tipo de procedimientos en el país, por lo que hizo énfasis en la urgencia de fortalecer el marco jurídico aplicable a estas intervenciones, para garantizar que los menores de edad cuenten con protección frente a procedimientos médicos que pueden implicar riesgos significativos para su salud y desarrollo integral.
- Apuntaron que un crecimiento desordenado del turismo o sin planeación y evaluación puede generar daños sociales, económicos y ambientales que afectan la sostenibilidad de los destinos.
Con la finalidad de promover un turismo sostenible e incluyente, que maximice sus beneficios económicos y sociales, pero que mitigue sus impactos negativos y garantice un desarrollo equilibrado y de largo plazo, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para facultar a la Secretaria de Turismo para que realice estudios y análisis para evaluar los efectos e impactos sociales, económicos y ambientales del turismo en las poblaciones o localidades donde se desarrolla esta actividad.
Destacaron que según cifras del el Barómetro ONU Turismo, México fue uno de los países que lideraron el crecimiento del turismo mundial entre los grandes destinos en la primera mitad de 2025, con un crecimiento del 7 por ciento.
Recalcaron que la contribución de este sector es altamente significativa en la generación de empleos, tanto directos como indirectos, además de que representa una fuente esencial de ingreso familiar y de divisas, fortalece la balanza de pagos y dinamiza las economías locales y regionales.
Sin embargo, reconocieron que el desarrollo turístico también plantea retos y externalidades negativas que deben ser atendidas de manera oportuna y responsable. Apuntaron que un crecimiento desordenado del turismo o sin planeación y evaluación puede generar daños sociales, económicos y ambientales que afectan la sostenibilidad de los destinos.
Entre estos problemas, destacan la presión sobre los recursos naturales, la contaminación, la degradación de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, además de fenómenos sociales como la gentrificación, que precariza el trabajo, encarece los servicios, la vivienda y genera desplazamiento de las poblaciones originarias.
Añadieron que en los últimos años, la gentrificación de turistas incluso trasnacionales ha proliferado gracias a la utilización de plataformas digitales de hospedaje entre particulares, como Airbnb, fenómeno que aún no cuenta con estudios gubernamentales que evalúen de manera puntual sus impactos sociales y económicos.
Revelaron que en nuestro país existen tres observatorios de turismo en Guanajuato, Nuevo León y Tlaxcala, donde se integra información que permite el monitoreo y análisis de indicadores técnicos para el desarrollo de estrategias que contribuyan a mejorar la competitividad del estado destino y a la toma de decisiones, sin embargo, solamente un pequeño porcentaje de los datos es público en la plataforma web, mientras que el resto de los indicadores se mantienen a través de un registro de base de datos que no está disponible.
Destacaron que si bien han existido diversas estrategias y planes para el desarrollo de un turismo sustentable, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental (GTADA) siguen siendo altos, por ello insistieron en la necesidad de correlacionar los datos y necesidades a la política nacional de turismo para desarrollar acciones y estrategias que minimicen los impactos negativos de la actividad turística.
En este sentido, consideraron imprescindible que los programas sectorial, municipal y local de turismo cuenten con estudios y evaluaciones sobre los efectos e impactos sociales, económicos y ambientales en las poblaciones o localidades donde se desarrolla la actividad turística.
- La propuesta establece medidas claras para los casos en que se expidan boletos en exceso a la capacidad disponible de una aeronave
Con el propósito de regular la sobreventa de boletos en el transporte aéreo comercial y fortalecer la protección de los derechos de las y los pasajeros, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) presentó una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.
El diputado Ricardo Madrid Pérez explicó que su propuesta establece medidas claras para los casos en que se expidan boletos en exceso a la capacidad disponible de una aeronave, situación que puede derivar en la denegación del embarque; por ello, propone que el pasajero afectado tenga derecho a elegir entre tres opciones compensatorias.
La primera opción consiste en el reembolso total del precio del boleto o de la parte proporcional no utilizada del viaje, además de una indemnización equivalente al 100 por ciento del costo del mismo, con el objetivo de resarcir de manera justa el perjuicio ocasionado.
Como tercera opción, la iniciativa propone que, el pasajero pueda ser transportado en una fecha posterior que le resulte conveniente hacia su destino original, acompañada también de una indemnización adicional equivalente al 100 por ciento del costo del boleto, reforzando así el derecho de elección del usuario.
Asimismo, el legislador destacó que la propuesta contempla que la autoridad competente debe imponer multas proporcionales al número de pasajeros afectados en cada incidente de sobreventa. "Estas sanciones deberán superar el beneficio económico obtenido por las aerolíneas mediante esta práctica, con el fin de asegurar su efecto disuasorio", resaltó el diputado.
Finalmente, Madrid Pérez subrayó que los concesionarios o permisionarios estarán obligados a reportar públicamente las incidencias de negativa de embarque. Esta medida busca fortalecer la transparencia, permitir el monitoreo de patrones de conducta y generar incentivos reputacionales que promuevan el cumplimiento de la normativa vigente.
