- La propuesta tiene el objetivo de reconocer el esfuerzo histórico de las mujeres que tienen un negocio
Tras la aprobación de la iniciativa de la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), para declarar la tercera semana de noviembre de cada año como la “Semana Nacional de la Mujer Emprendedora”, se llevó a cabo una conferencia de prensa en conjunto con el movimiento Women’s Entrepreneurship Day Organization (WEDO). Durante el encuentro se resaltó la importancia de impulsar, visibilizar y fortalecer el emprendimiento femenino en México.
Mendoza Mondragón señaló que esta propuesta, presentada previamente en el Congreso del Estado de México y hoy elevada al ámbito federal, no tiene fines políticos, sino el objetivo de reconocer el esfuerzo histórico de las mujeres emprendedoras. “Es tiempo de mujeres, de unidad y resiliencia, y esta declaratoria busca visibilizar, a nivel nacional e internacional, la fuerza transformadora del emprendimiento femenino”, resaltó.
Por su parte, María del Rosario Velasco Lino, embajadora nacional de Women's Entrepreneurship Day Organization (WEDO), explicó que este movimiento internacional nació en 2014 y trabajó con la Organización de las Naciones Unidas para establecer el 19 de noviembre como el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, Empresaria y Filántropa. Señaló que la finalidad es reconocer la labor de mujeres que, desde sus comunidades, impulsan el desarrollo económico y social de sus familias y entornos.
Actualmente, WEDO tiene presencia en más de 144 países y en 67 universidades alrededor del mundo. En México, el movimiento cumple diez años promoviendo el liderazgo femenino, generando redes de apoyo y participando activamente en foros internacionales para fortalecer el emprendimiento como herramienta de transformación social.
A la conferencia también asistieron: Dulce María Velasco Chilpa, fundadora del movimiento en Toluca; Paola Farías, embajadora regional en el Estado de México; Liliana Ortiz, patrocinadora y aliada estratégica; María Cotero, embajadora en Ciudad de México; Gilda Montaño, responsable de comunicación; y Karen Saldaña, joven líder que impulsa la participación de nuevas generaciones.
Liliana Ortiz destacó que WEDO surgió de un grupo de mujeres comprometidas con sus familias y decididas a potencializar sus talentos, formando una red que hoy impulsa empresas lideradas por mujeres y genera empleo.
Por otro lado, María Cotero subrayó que esta década de trabajo ha sido posible gracias al esfuerzo colectivo y al respaldo institucional que permitirá consolidar oficialmente esta conmemoración.
Finalmente, Paola Farías resaltó la importancia de la educación como base del empoderamiento económico y anunció un programa gratuito de capacitación en inteligencia artificial, impulsado a nivel internacional, para fortalecer las habilidades de mujeres emprendedoras en distintos países.
- Se busca fortalecer la protección de derechos y materializar el principio de no discriminación
Con el objetivo de promover y asegurar mecanismos de interpretación y traducción en lenguas originarias para la atención de personas indígenas y garantizar el acceso a servicios consulares que permitan fortalecer la protección de derechos y materializar el principio de no discriminación, el diputado Jonathan Puertos Chimalhua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
La iniciativa que propone adicionar una fracción IX al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, señala que los Jefes de Oficinas Consulares deberán promover y asegurar dichas acciones, preferentemente mediante intérpretes y traductores certificados, para la atención de personas indígenas mexicanas que así lo requieran.
Dicha medida permitirá garantizar el acceso efectivo a los servicios consulares, fortalecer la protección de derechos y materializar el principio de no discriminación desde una perspectiva intercultural.
“La propuesta es jurídicamente viable y presupuestalmente responsable, ya que su implementación podrá realizarse de manera gradual, mediante lineamientos emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a la normatividad aplicable y a la disponibilidad presupuestaria”, subraya Puertos en su propuesta.
Añade que lo anterior, permitirá a la autoridad consular utilizar diversos mecanismos, tales como convenios interinstitucionales, padrones existentes, apoyos tecnológicos o esquemas de colaboración, sin generar obligaciones inmediatas de gasto.
Afirma que, con esta reforma, el Estado mexicano avanza en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales, fortalece su política de protección consular y envía un mensaje claro de inclusión, respeto a la diversidad cultural y compromiso con los derechos humanos.
“Garantizar una atención consular adecuada para las personas indígenas mexicanas en el extranjero no es solo una cuestión administrativa, sino un acto de justicia social y de coherencia con los principios que sustentan a nuestra nación “, subrayó el legislador ecologista.
En su iniciativa, refiere que, de acuerdo con información oficial, en el territorio nacional existen 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas, habladas por millones de personas. Sin embargo, el número de intérpretes y traductores certificados resulta claramente insuficiente para atender esta diversidad lingüística, ya que se cuenta únicamente con mil 79 intérpretes certificados.
Esta brecha genera barreras estructurales que limitan el acceso efectivo a derechos, particularmente cuando las personas indígenas deben interactuar con autoridades del Estado en contextos administrativos, jurídicos o de protección.
Dicha problemática no se limita al ámbito nacional, por el contrario, se agudiza en el contexto migratorio, donde miles de personas indígenas mexicanas residen o transitan en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos de América.
- Asimismo, planteó extender este beneficio al personal contratado en las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno de la CDMX y demás instituciones públicas
La diputada Mayra Espino Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar y adicionar el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, a fin de incluir la ayuda para el transporte público como prestación social obligatoria.
De igual manera, la legisladora planteó extender este beneficio al personal contratado en las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno de la Ciudad de México y demás instituciones públicas, exceptuando casos en los que el patrón proporcione transporte, cuando no sea necesario por razones de distancia o seguridad, o cuando el trabajo se realice de manera remota.
Al presentar su propuesta, la legisladora señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2025 la ocupación media nacional alcanzó 60.38 millones de personas en actividades vinculadas al comercio, la industria manufacturera, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza, la pesca y la prestación de servicios sociales.
"Sin embargo, uno de los gastos que más impacta el ingreso de la población trabajadora es el traslado diario entre su domicilio y el centro de trabajo, el cual representa un desembolso forzoso y, en muchos casos, una experiencia estresante", apuntó Espino Suárez.
Asimismo, la legisladora destacó que la mayoría de la población ocupada utiliza transporte colectivo, automóvil o metro como principal medio de traslado, lo que implica destinar una parte de su remuneración a cubrir este gasto.
"Se estima que cada integrante de un hogar gasta en promedio 170 pesos mensuales en transporte público, es decir, 2,040 pesos anuales, lo que equivale al 3.58 por ciento de su gasto corriente monetario. Por ejemplo —explicó—, en una familia de cuatro integrantes el monto asciende a 680 pesos mensuales, afectando directamente la economía familiar", resaltó la diputada.
Asimismo, subrayó que en la Zona Metropolitana del Valle de México el 60 por ciento de la población destina cerca del 8 por ciento de su gasto total al transporte público, cifra que supera la media de 13 países de América Latina.
Ante este panorama, consideró indispensable fortalecer el ingreso de las y los trabajadores mediante medidas concretas que atiendan los costos asociados al acceso al empleo.
Finalmente, la legisladora afirmó que la ayuda para el transporte no debe ser únicamente un beneficio adicional otorgado por empleadores comprometidos, sino una prestación obligatoria que forme parte del ingreso de las y los trabajadores en México. De igual forma, señaló que esta propuesta representa un paso más en el proceso de justicia laboral y dignificación del trabajo, ya que fortalece el equilibrio entre el capital y el factor trabajo, y contribuye a mejorar la calidad de vida de millones de familias mexicanas.