En los Centros de Atención Juvenil se deberán ofrecer programas educativos, capacitación en oficios, actividad física, atención psicológica y espacios artísticos y culturales
Con el objetivo de garantizar que los adolescentes detenidos en Centros de Atención Juvenil reciban una atención integral y humanizada durante su internamiento, así como herramientas clave para su desarrollo y reintegración en la sociedad, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) propuso una reforma al artículo 18 de la Constitución.
El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo, autor de la iniciativa, subrayó que la propuesta establece como obligatoria la implementación de programas de educación formal, capacitación para el trabajo, actividad física, atención integral a la salud mental, y espacios que promuevan la participación en actividades artísticas y culturales. Estos elementos son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los jóvenes y lograr una reinserción efectiva a la sociedad.
Asimismo, enfatizó que brindar formación académica y capacitación en oficios durante el internamiento permite a los jóvenes adquirir herramientas esenciales para su autonomía y productividad en la vida adulta.
Cuanalo Araujo afirmó que esta reforma representa un paso firme hacia un sistema de justicia juvenil más humano, incluyente y enfocado en la verdadera reinserción social, reafirmando el compromiso del Estado mexicano con los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, sostuvo que fortalecer el sistema de justicia juvenil no solo impacta positivamente a los adolescentes involucrados, sino que también contribuye al bienestar general de la sociedad al reducir la reincidencia delictiva y fomentar comunidades más seguras y cohesionadas.
“Esta reforma es una inversión en el futuro del país y en la construcción de un México más justo, seguro e incluyente”, concluyó.
Con el firme compromiso de fortalecer el marco legal en temas fundamentales para el país, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron ante la Cámara de Diputados una iniciativa con la cual se busca incrementar las penas a quienes cometan delitos relacionados con hechos de corrupción en el sector salud.
La iniciativa propone modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. con la finalidad de castigar con más severidad los delitos relacionados con actos de corrupción en el sector salud.
Las y los legisladores del Verde estamos convencidos de que la corrupción en el sector salud no solo representa un delito con un alto impacto económico y un daño al patrimonio del Estado, sino que constituye una amenaza directa a la vida y al bienestar de millones de mexicanas y mexicanos.
Desde el Partido Verde subrayamos que el tráfico de medicamentos, la alteración de cadenas de suministro y el uso indebido de recursos públicos en el sector salud son crímenes que deben ser castigados con todo el peso de la ley por tratarse de actos que afectan directamente a las familias mexicanas en situaciones de vulnerabilidad.
La reforma busca imponer penas de hasta 70 años de prisión a quienes participen en el robo, acaparamiento, tráfico, aplazamiento de la distribución sin causa justificada o comercialización sin autorización de medicamentos, vacunas e insumos del sector salud. Asimismo, se establece la destitución o inhabilitación para ocupar cargos públicos a los funcionarios que incurran en actos de corrupción relacionados con el sistema de salud.
Esta propuesta se encuentra alineada con la visión del Segundo Piso de la Cuarta Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado su compromiso de fortalecer las medidas anticorrupción y garantizar el acceso pleno a la salud para todas y todos los mexicanos.
En el Verde seguiremos promoviendo reformas que fortalezcan la confianza ciudadana, el combate a la corrupción y aquellas que contribuyan a construir un país que garantice a sus ciudadanos acceso pleno a la salud.
- En la actualidad el 40% y 50% del plazo de crédito se dedica solo al pago de intereses, por lo que el pago a capital se ve reflejado hasta pasados 10 o 15 años de iniciados los descuentos vía nómina
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), en la Cámara de Diputados. propuso reformar las leyes en materia de Vivienda para que los trabajadores que perciben entre uno y cuatro salarios mínimos y cuyo monto máximo de crédito sea de 850 mil pesos o 250 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), puedan acceder a éste con una tasa de cero por ciento de interés.
La iniciativa de la diputada Mayra Espino Suárez plantea reformar tanto la Ley del Infonavit como la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a fin de que los trabajadores puedan tener un crédito para la adquisición o mejora de vivienda en condiciones realmente favorables.
La legisladora ecologista subrayó que lo anterior cobra sentido en virtud de que los recursos que maneja tanto el Infonavit como el Fovissste son de los trabajadores y resulta viable que sean ellos quienes se beneficien por su uso.
Explicó que su propuesta surge de la necesidad de actualizar y modificar los esquemas de pagos y amortizaciones que se han venido utilizando en los créditos de vivienda para ajustarlos a las necesidades y realidad económica de los trabajadores, sobre todo aquellos que menos perciben.
Señaló que, en la condición actual, el adquirir una vivienda, en lugar de convertirse en una satisfacción, se transforma en un problema de falta de liquidez y pesadumbre para las familias mexicanas cuya subsistencia depende de su ingreso, el cual se ve controvertido al destinar más del 30 por ciento del salario por un largo tiempo al pago de la hipoteca dejando de lado algunas otras necesidades básicas.
Añadió que los esfuerzos gubernamentales sin duda responden a las necesidades de los trabajadores, pero lamentablemente los esquemas crediticios y de pago no han sido los mejores, toda vez que aun cuando se ha otorgado el préstamo para vivienda en pesos o UMA, éstos no se pueden pagar en los plazos preasignados, ya que pasan 25 o 30 años y no se han terminado de pagar.
Ello, expuso, en virtud de que aproximadamente entre el 40 por ciento y 50 por ciento del plazo de crédito se dedica solo al pago de intereses, por lo que el pago a capital no se ve reflejado hasta pasados 10 o 15 años de realizarse los descuentos vía nómina al trabajador.
Espino Suárez indicó que, por ello, la intención de su propuesta es dar mejores oportunidades ya que más de 78 por ciento de los trabajadores aportantes a los fondos de vivienda establecidos por la seguridad social en el país, se encuentran en el rango de ingresos de uno a tres salarios mínimos, sin embargo. con dicha percepción y el costo actual de una vivienda hacen poco accesible el poder acceder a un crédito inmobiliario.