- Esta propuesta reconoce el vínculo ineludible entre la naturaleza y el bienestar de nuestras comunidades.
- La Laguna de Cuyutlán, en Colima y la Laguna Madre, en Tamaulipas, son manglares que sostienen actividades económicas esenciales como la pesca y el ecoturismo.
- En un país que alberga el 5% de los manglares del mundo, su preservación no es una opción discrecional, es una obligación moral.
El Diputado Federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Felipe Delgado Carillo, presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados, una iniciativa para la protección de los manglares en los Estados con la creación de zonas de amortiguamiento alrededor de éstos para prevenir su degradación, así como la actualización del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, integrando las vulnerabilidades específicas de estos ecosistemas.
El legislador federal, subrayó que esta iniciativa busca reformar diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de garantizar el cuidado y preservación de los manglares, un ecosistema de incalculable valor para nuestro país.
El diputado por Colima, señaló que México cuenta con una amplia red de manglares que incluye ecosistemas emblemáticos como los de la Bahía de La Paz, en Baja California Sur; la Laguna de Términos, en Campeche y las Marismas Nacionales, en Nayarit. "Estos manglares no solo actúan como barreras naturales frente a fenómenos climáticos extremos, sino que también son sumideros de carbono altamente eficientes, con una capacidad de almacenamiento que supera las mil toneladas de carbono por hectárea. Su destrucción, sin embargo, libera este carbono a la atmósfera, exacerbando los efectos del cambio climático", explicó.
Delgado Carrillo detalló que en un país que alberga el cinco por ciento de los manglares del mundo, su preservación no es una opción discrecional, es una obligación moral, las cifras son alarmantes.
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), en las últimas décadas hemos perdido una parte significativa de estos ecosistemas debido al desarrollo urbano descontrolado, la expansión turística y los efectos del cambio climático.
Añadió que esta degradación no solo afecta la biodiversidad que los manglares albergan, sino también a miles de familias cuya subsistencia depende de la pesca. Ejemplos de esta realidad son lugares como la Laguna de Cuyutlán, en Colima y la Laguna Madre, en Tamaulipas, donde los manglares sostienen actividades económicas esenciales como la Pesca y el Ecoturismo.
Cabe destacar que una sola hectárea de manglar puede generar hasta 50 mil dólares anuales en productividad pesquera, un beneficio directo para las comunidades costeras. Ante esta situación, se plantea que cualquier proyecto de desarrollo que impacte estas áreas sea sometido a evaluaciones de impacto ambiental.
EL diputado ecologista, destacó que esta iniciativa no solo fortalece la legislación ambiental, sino que también se alinea con los principios constitucionales que nos obligan a garantizar un medio ambiente sano y a promover la justicia ambiental para todos los mexicanos.
"Hoy, más que nunca, tenemos la oportunidad de actuar con la visión que demanda el presente y con la responsabilidad que el futuro exigirá de nosotros", apuntó tras invitar a los legisladores a respaldar su propuesta pues, dijo, los manglares son corazones de áreas de prosperidad.
- Lamentablemente, en la actualidad, miles de deudores alimentarios proporcionan domicilios falsos al hacer trámites legales
Con el objetivo de que los deudores alimentarios no puedan eludir las notificaciones judiciales y las sentencias se cumplan de forma efectiva la diputada del Partido Verde, Claudia Sánchez Juárez, presentó una iniciativa para modificar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La propuesta, que adiciona los artículos 416 Bis, 416 Ter y 416 Quáter al mencionado Código, busca modificar las normas que permiten a los agresores evadir el cumplimiento de las sentencias en juicios de alimentos y controversias familiares.
La diputada Sánchez Juárez mencionó que, de acuerdo con las estadísticas sobre impartición de justicia publicadas por los poderes judiciales de los estados, se informa que el 74 por ciento de las secuelas procesales son abandonadas y solamente el 3 por ciento de los juicios llegan a etapa de ejecución.
Asimismo, la legisladora explicó que miles de deudores alimentarios para evitar su juicio proporcionan domicilios falsos al hacer trámites legales o incluso piden a familiares, abogados, patrones, nuevas parejas u otros, que niegan conocer su paradero para evitar su llamamiento a juicio y evitando así sus obligaciones parentales.
De igual forma, señaló que actualmente el diseño normativo establece la oportunidad de citación mediante edictos, lo que de hecho ocurre después de que se ha buscado al deudor en los diversos domicilios que la parte actora aporta o en los que las autoridades con registros señalaron, tarea que al juzgador y a la parte actora le puede llevar meses o hasta años de litigio.
Finalmente, la diputada mencionó que de aprobarse esta propuesta se sentará un precedente para la protección de los derechos de las mujeres en los juicios familiares, lo que garantizará que las mujeres y sus hijos tengan acceso a la justicia y puedan vivir libres de violencia.
- Se trata de una propaganda disimulada, quienes incurren en ello, se están sirviendo del recurso y las instituciones públicas
A fin de erradicar toda forma de corrupción en la administración pública, la diputada del Partido Verde, María del Carmen Pinete Vargas, propuso modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para considerar como falta administrativa grave el uso de colores, símbolos o frases partidistas en bienes e instalaciones destinadas al servicio público.
Al presentar su propuesta para añadir un artículo 64 Quáter a la citada ley, la legisladora explicó que el servicio público, por su naturaleza misma, debe ser realizado desde la más pulcra imparcialidad, siendo los pilares del quehacer estatal, la objetividad, el ejercicio eficaz de los recursos públicos, y el derecho a la buena administración.
Pinete Vargas apuntó que el hacer uso de recursos públicos para fines de propaganda político-electoral, constituye una abierta contradicción al adecuado servicio público, pues, lejos de servir a la ciudadanía, quienes incurren en ello, se están sirviendo del recurso y las instituciones públicas.
“La cuestión es grave ya que, en el trasfondo de este frecuente acto, se encuentra un velado acto pro partidista, equiparable a un acto de campaña en tiempos electorales, a través del intento por inducir a la ciudadanía a simpatizar con el partido de origen de los gobiernos, administraciones y servidores públicos, que se encuentren ejerciendo el poder en cualquier municipio o entidad federativa”, afirmó la legisladora.
Resaltó que de acuerdo con lo que establece el artículo 134 constitucional, los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
No obstante, señaló que estamos ante una ignorada responsabilidad administrativa, porque se trata de una propaganda disimulada, disfrazada de obra pública u obligación institucional pues esta práctica de utilizar los colores y símbolos partidistas en inmuebles destinados al servicio público, “carece de toda imparcialidad, y desde luego que también entraña una considerable influencia negativa en la equidad de la competencia electoral”.