- Los convenios con la Guardia Nacional y la Federación son indispensables para que los municipios enfrenten amenazas que exceden su escala.
Con la finalidad de fortalecer el estado de fuerza policial de los gobiernos de proximidad, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a diversas autoridades en materia de seguridad pública federal a celebrar convenios de colaboración con los municipios del país, en términos del artículo 81 de la Ley de la Guardia Nacional.
La senadora aseguró que la policía municipal es la institución de seguridad más cercana a la ciudadanía y, paradójicamente, la más debilitada del Estado mexicano. Destacó que el artículo 115 constitucional le asigna a este importante nivel de proximidad gubernamental las funciones de seguridad pública desde su dimensión preventiva, así como de tránsito, y lo convierte en el primer respondiente ante la mayoría de los delitos y conflictos cotidianos. Sin embargo, durante casi dos décadas la política de seguridad privilegió la construcción de capacidades federales mientras las corporaciones locales se reducían, envejecían y perdían legitimidad.
Detalló que si bien la Ley de la Guardia Nacional establece que los términos, condiciones, obligaciones y derechos de la Guardia Nacional y de las autoridades locales se fijarán en convenios de colaboración suscritos por el secretario, el gobernador y, en su caso, los presidentes municipales, esta colaboración orientada al fortalecimiento ha sido escasamente aprovechada en la práctica, por lo que destacó que su activación es uno de los ejes de su punto de acuerdo.
Explicó que de acuerdo al Censo de 2023, la tasa nacional es de 1.3 policías municipales por cada mil habitantes, lo que la ubica por debajo del parámetro mínimo de 1.8 del Modelo Óptimo, agregó que la causa más persistente de este déficit es la precariedad laboral, ya que los análisis de organizaciones especializadas han documentado salarios insuficientes, jornadas extenuantes, ausencia de seguridad social integral, falta de seguros de vida adecuados y escasas oportunidades de ascenso. Aseguró que la precariedad laboral desalienta el ingreso y provoca rotación.
Guerra Mena explicó que su Punto de Acuerdo exhorta al presidente de Cuautla Morelos, a celebrar un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Cuautla, administración 2025-2027, con la Secretaría de la Defensa Nacional para que se realicen campañas informativas dentro de los instalaciones militares del 5° Regimiento Mecanizado de Cuautla, para brindar información sobre las prestaciones y seguridad social garantizada, dar conocer los beneficios e invitar a los conscriptos estén por concluir su servicio militar, para su posible reclutamiento y formar parte de la policía municipal de Cuautla, esto a manera de proyecto o programa piloto.
Finalmente, la senadora hizo énfasis en que los convenios con la Guardia Nacional y la Federación son indispensables para que los municipios enfrenten amenazas que exceden su escala, pero solo fortalecen a las corporaciones locales si incluyen metas verificables, transferencia de capacidades, financiamiento condicionado, salvaguardas de derechos humanos y una cláusula de salida efectiva, Insistió en que el artículo 81 de la Ley de la Guardia Nacional ofrece ya el fundamento jurídico para ello; pero dijo que lo que falta es voluntad política y capacidad técnica para aplicarlo.
- Se busca que la persona consumidora pueda conocer el periodo durante el cual estarán disponibles las partes y refacciones esenciales, los mecanismos para acceder a servicios de mantenimiento y reparación, las restricciones técnicas relevantes y cuando corresponda, el periodo de soporte indispensable.
Con la finalidad de fortalecer el derecho de información para los consumidores, el senador Virgilio Mendoza Amezcua, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar el artículo 80 y adicionar un artículo 80 bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de derecho a la reparación de aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos.
Detalló que con esta propuesta se busca que la persona consumidora pueda conocer el periodo durante el cual estarán disponibles las partes y refacciones esenciales, los mecanismos para acceder a servicios de mantenimiento y reparación, las restricciones técnicas relevantes y cuando corresponda, el periodo de soporte indispensable asociado al funcionamiento mediante programas informáticos.
Agregó que la finalidad de esta propuesta no es garantizar que un producto permanezca funcionando indefinidamente ni establecer mediante ley una duración uniforme para todos los aparatos, sino que el consumidor conozca las condiciones ofrecidas por el proveedor y pueda incorporarlas a su decisión de compra.
Señaló que un segundo elemento central de su iniciativa es la protección de la libertad de elección respecto del servicio de reparación, por lo que la persona propietaria de un aparato deberá conservar la posibilidad de acudir al fabricante, a un establecimiento autorizado o, cuando sea técnicamente posible, a un prestador independiente.
El senador afirmó que los aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos forman parte de la infraestructura básica de los hogares y constituyen, además, inversiones económicas relevantes para las familias mexicanas, por lo que resulta necesario fortalecer las condiciones jurídicas que permitan conservar su funcionalidad y prolongar razonablemente su vida útil.
Explicó que su iniciativa parte del principio de que la adquisición legítima de un aparato debe permitir a su propietario conservarlo, mantenerlo y repararlo, ya sea mediante los servicios del propio fabricante, un establecimiento autorizado, un prestador independiente o, cuando las características del producto y los conocimientos necesarios así lo permitan, mediante una intervención realizada directamente por la persona propietaria.
Recalcó que la necesidad de avanzar en esta materia adquiere una nueva dimensión a partir de la expedición de la Ley General de Economía Circular, con la que se busca incrementar la vida útil de los productos, mantener durante mayor tiempo el valor de los materiales y reducir progresivamente la generación de residuos.
Mientras que Ley Federal de Protección al Consumidor constituye el ordenamiento jurídicamente idóneo para establecer derechos concretos de las personas consumidoras y obligaciones determinadas para quienes participan como proveedores en las relaciones comerciales.
En este sentido, el senador explicó que “no se trata de duplicar disposiciones, se propone armonizar dos ordenamientos federales complementarios, establecer la reparabilidad como principio de política legislativa y ambiental, el otro puede establecer los instrumentos concretos mediante los cuales una persona consumidora pueda ejercerla dentro de una relación de consumo”.
- Resulta pertinente que el Congreso de Morelos conozca de manera directa las estrategias implementadas por el titular de dicha Secretaría desde el inicio de su gestión, así como los avances, resultados, objetivos y mecanismos de evaluación correspondientes.
La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de Morelos para que cite a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Morelos, a fin de que informe sobre las estrategias implementadas para la prevención y el combate a la inseguridad desde el inicio de su gestión.
La senadora aseguró que actualmente Morelos enfrenta una compleja situación en materia de seguridad pública, derivada de la incidencia de diversos delitos que afectan la tranquilidad, la integridad y el patrimonio de las familias morelenses, lo que representa un desafío prioritario para las autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes deben garantizar el orden público, fortalecer las instituciones de seguridad y generar condiciones que permitan a la población desarrollar sus actividades cotidianas en un entorno de paz y certeza.
Ejemplo de la complicada situación de seguridad del estado de Morelos, la senadora mencionó los hechos ocurridos el 12 de octubre en el municipio de Totolapan, donde un operativo de la Fiscalía de Morelos para detener a un presunto generador de violencia derivó en la retención de tres agentes y la muerte de cuatro policías en un accidente cuando se dirigían a reforzar la seguridad.
Por otro lado, recordó que en el municipio de Cuautla, varias unidades del transporte público fueron incendiadas, un taxista resultó herido de bala y otro vehículo de alquiler fue blanco de un intento de incendio que habitantes lograron frustrar.
La senadora afirmó que lo ocurrido en estos municipios es una muestra de que la inseguridad en Morelos requiere atención inmediata y respuestas contundentes por parte de las autoridades.
Ante este panorama, la senadora insistió en que resulta indispensable fortalecer las estrategias de prevención del delito, inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional, así como evaluar de manera permanente los resultados de las políticas implementadas en la materia, a fin de identificar áreas de oportunidad y adoptar medidas que respondan eficazmente a las necesidades de seguridad de la población.
Recordó que el 22 de abril de 2026, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, designó al General de Brigada de Estado Mayor José Luis Bucio Quiroz como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad, y agregó que su incorporación se planteó con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y combate al delito, así como la coordinación con las autoridades federales.
Por ello, insistió en que resulta pertinente que el Congreso de Morelos conozca de manera directa las estrategias implementadas por el titular de dicha Secretaría desde el inicio de su gestión, así como los avances, resultados, objetivos y mecanismos de evaluación correspondientes.
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