- Su propuesta plantea que la difusión de la Alerta AMBER alcance todos los medios posibles, incluyendo medios de comunicación, instituciones públicas, operadores de transporte, administraciones de terminales, carreteras y otros entes con capacidad de transmitir mensajes masivos.
Explicó que su propuesta plantea la emisión de alertas de búsqueda mediante mensajes masivos enviados a teléfonos celulares a través del sistema CBS, (por sus siglas en inglés, Cell Broadcast System o Servicio de Radiodifusión Celular), que es la misma tecnología utilizada para la difusión de alertas sísmicas, agregó que esta herramienta se enfoca en ampliar la difusión de la Alerta AMBER para que la información llegue de manera oportuna e inmediata al mayor número de personas posibles.
- Las revisiones y auditorías se practican sobre cuentas públicas de ejercicios ya concluidos, por lo que cuando las observaciones se notifican, el presidente o la presidenta municipal suelen estar en su último tramo de gestión o ya fuera del cargo.
Con la finalidad de combatir la corrupción y la impunidad, particularmente en el caso de alcaldes y presidentes municipales, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar el segundo párrafo del artículo 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para prohibir elegirse al cargo de alcalde o presidente municipal a quienes, durante su periodo ejercido, no hubiesen solventado observaciones derivadas a las auditorías.
La senadora explicó que los gobiernos locales enfrentan un grave problema estructural, este es, que las revisiones y auditorías se practican sobre cuentas públicas de ejercicios ya concluidos, por lo que cuando las observaciones se notifican, el presidente o la presidenta municipal suelen estar en su último tramo de gestión o ya fuera del cargo. Agregó que incluso en algunos casos, no solamente no rinden cuentas, sino también están vinculados con delincuencia organizada.
Puso como ejemplo el caso de Jesús “N”, expresidente municipal de Cuautla, hoy vinculado a proceso por delincuencia organizada y tráfico de armas, además de que no solventó la cuenta pública del 2020 en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos (ESAF), donde se encontraron diversas irregularidades de la gestión, entre ellas, el faltante de 10 millones de pesos en la anterior administración, y aún con esto, se inscribió para volver a pretender administrar el municipio de Cuautla.
La legisladora aseguró que este tipo de situaciones provocan que las observaciones se hereden a administraciones siguientes, además de que no permiten solventar servicios públicos como el agua potable, el alumbrado público, la seguridad pública y la recolección de residuos a las y los ciudadanos.
Finalmente, la senadora por Morelos afirmó que la aprobación de esta reforma generaría múltiples ventajas directas para que el país y sus comunidades tengan mejores servicios de calidad, pero sobre todo, identificar aquellas personas que están observadas por la Auditoría.
- La iniciativa plantea ampliar el supuesto para incorporar las solicitudes correspondientes y la información relacionada con el cambio de uso del suelo, así como ampliar la información sobre infracciones e incorporar la publicidad de los recursos relacionados con el fondo forestal mexicano.
Con la finalidad de ampliar la información ambiental que debe ponerse a disposición del público y mantenerse actualizada, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para fortalecer el artículo 67, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, contribuyendo con ello al ejercicio efectivo del derecho humano de acceso a la información, a la protección del derecho a un medio ambiente sano y a una gestión pública ambiental más transparente, verificable y abierta a la participación de la sociedad.
Las y los senadores ecologistas explicaron que el derecho de acceso a la información pública, reconocido en el artículo 60 de nuestra Constitución, constituye uno de los elementos esenciales de un Estado democrático y una condición indispensable para que las personas conozcan, evalúen y participen en las decisiones adoptadas por las autoridades.
Por otro lado, señalaron que el artículo 4o. constitucional reconoce que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y establece la obligación del Estado de garantizar su respeto. En este contexto, aseguraron que el derecho a la información y el derecho a un medio ambiente sano se encuentran estrechamente vinculados: para participar, vigilar y, en su caso, cuestionar las decisiones susceptibles de afectar el ambiente, resulta indispensable contar con información suficiente, oportuna y accesible.
Reconocieron que la legislación ambiental mexicana incorpora la información como un componente sustantivo de la política ambiental, a través de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) que contiene un capítulo específico denominado "Derecho a la Información Ambiental", sin embargo, apuntaron que únicamente obliga a publicar "las manifestaciones y resoluciones en materia de impacto ambiental".
Por ello, destacaron que su iniciativa plantea ampliar el supuesto para incorporar las solicitudes correspondientes y la información relacionada con el cambio de uso del suelo, así como ampliar la información sobre infracciones e incorporar la publicidad de los recursos relacionados con el fondo forestal mexicano.
Los legisladores del Partido Verde aseguraron que la incorporación de las solicitudes y resoluciones relacionadas con el cambio de uso del suelo en terrenos forestales permitirá que la ciudadanía conozca oportunamente las decisiones administrativas susceptibles de modificar la cobertura y vocación forestal del territorio.
Además, dijeron que precisar la materia de las infracciones ambientales permitirá que la información estadística actualmente obligatoria tenga mayor utilidad para identificar las áreas en las que se presentan incumplimientos y fortalecer la evaluación de la aplicación de la legislación ambiental.
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