- En el foro convocado junto con la Fundación OneSight EssilorLuxottica, ambas partes coincidieron en impulsar una ruta nacional que conecte la detección con el tratamiento y seguimiento de niñas, niños y adolescentes.
La senadora Virginia Magaña Fonseca se comprometió a impulsar cambios legislativos y de política pública para que la detección de problemas visuales en niñas, niños y adolescentes se traduzca en acceso efectivo a evaluación, lentes, tratamiento y seguimiento.
Durante el Foro Nacional de Salud Visual Infantil, convocado conjuntamente por la senadora y la Fundación OneSight EssilorLuxottica en el Senado de la República, ambas partes coincidieron en la necesidad de construir una ruta nacional de atención que permita detectar y atender oportunamente los problemas visuales desde la infancia.
El encuentro reunió a autoridades de salud y educación, organismos internacionales y especialistas para analizar las barreras de acceso y construir propuestas que fortalezcan la atención visual infantil en México.
“La salud visual no es un lujo: es la puerta de entrada al derecho a aprender y a vivir con autonomía. Hoy, que una niña o un niño vea bien depende con demasiada frecuencia del ingreso de su familia o del lugar donde nació, y ningún derecho debería depender del código postal”, afirmó Magaña Fonseca.
La legisladora compartió la experiencia de Cómo ves Guanajuato, programa que en su segundo año llegó a 26 municipios, atendió a 3,200 personas y entregó 3,000 lentes gratuitos.
"Con Cómo ves Guanajuato encontramos niñas y niños que nunca habían tenido un examen de la vista, mucho menos un par de lentes. Desde el Senado me comprometo a convertir lo que aquí acordemos en política pública y en ley", expresó.
Por su parte, Gabriela Lozano Corona, directora de OneSight en México y coconvocante del foro, señaló: "Garantizar la salud visual de niñas, niños y adolescentes requiere ir más allá de la detección. Debemos asegurar que cada niña o niño que necesite atención pueda acceder a una evaluación adecuada, recibir sus lentes o tratamiento cuando corresponda y contar con el seguimiento necesario".
Durante los paneles, especialistas destacaron que los lentes son importantes, pero no suficientes: es necesario detectar enfermedades desde el nacimiento, fortalecer la revisión visual en las escuelas y garantizar la referencia oportuna a servicios especializados. También señalaron la falta de registros y encuestas nacionales de salud visual infantil.
"Este foro representa una oportunidad para fortalecer la colaboración entre los sectores de salud, educación y los responsables de las políticas públicas, y avanzar hacia soluciones sostenibles que pongan las necesidades de la niñez en el centro de la acción", sostuvo Lozano Corona.
La senadora y la Fundación OneSight se comprometieron a dar seguimiento desde sus respectivos ámbitos para impulsar el tamizaje visual neonatal y escolar, un registro nacional de salud visual infantil y presupuesto suficiente con mecanismos de rendición de cuentas, a fin de que cada niña y niño reciba atención oportuna, independientemente de su lugar de residencia o condición socioeconómica.
- En nuestra legislación no se contempla la obligación de ofrecer un producto crediticio de carácter preferencial dirigido a los jóvenes con la finalidad de generar historial.
Con el objetivo de contribuir a la inclusión financiera de los jóvenes, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito para que las instituciones financieras creen un producto crediticio de carácter preferencial exclusivo para este grupo poblacional.
Dijo que los jóvenes enfrentan diversos desafíos al comenzar su vida adulta, entre ellos, el acceso al financiamiento, pues quienes solicitan un crédito por primera vez pueden encontrarse con una exigencia difícil de cumplir: contar con un historial crediticio que no han tenido oportunidad de construir, situación que, afirmó, coloca a los jóvenes en una posición de desventaja frente a quienes ya cuentan con antecedentes financieros.
Explicó que el historial crediticio constituye un registro de las obligaciones financieras adquiridas por una persona y de su comportamiento respecto del cumplimiento de los pagos, y agregó que la ausencia de historial no implica necesariamente una falta de capacidad de pago, pero limita los elementos disponibles para que las instituciones evalúen su comportamiento financiero y determinen las condiciones bajo las cuales pueden otorgarles un crédito.
Detalló que la posibilidad de los jóvenes para acceder al financiamiento puede representar una herramienta para continuar sus estudios, adquirir bienes necesarios para el trabajo, emprender una actividad económica o avanzar hacia la construcción de un patrimonio, pero estas oportunidades pueden verse limitadas cuando no existen alternativas suficientes para quienes buscan incorporarse por primera vez al sistema crediticio.
La senadora recalcó que según los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, publicados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el 47 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 29 años, que habían experimentado el rechazo de alguna solicitud de crédito, señaló la falta de historial crediticio como uno de los motivos de dicha negativa.
Dijo que si bien algunas instituciones financieras en el país han desarrollado productos orientados a la generación de historial crediticio, la disponibilidad de estos productos depende de las decisiones comerciales de las instituciones que los ofrecen, así como de los requisitos y condiciones establecidos para su contratación, por lo que su presencia en el mercado no implica que exista una oferta específicamente dirigida a los jóvenes ni que todas las instituciones de crédito contemplen alternativas con esa finalidad.
Agregó que en nuestra legislación no se contempla la obligación de ofrecer un producto crediticio de carácter preferencial dirigido a los jóvenes con la finalidad de generar historial, por lo que destacó la pertinencia de su iniciativa.
Finalmente, la senadora explicó que con su propuesta se pretende favorecer condiciones que amplíen las oportunidades de desarrollo económico de los jóvenes y les permitan avanzar en la realización de sus proyectos personales y productivos, en congruencia con los principios constitucionales de desarrollo integral e inclusión económica.
- Su iniciativa destaca que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a ser escuchado y expresar sus opiniones libremente sobre las decisiones que le afecten, además de que se busca que las comparecencias de procedimientos civiles y familiares no se lleve a cabo en un ambiente hostil.
Para garantizar que niñas, niños y adolescentes sean escuchados de manera adecuada en los procedimientos judiciales, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Destacaron que el Comité de los Derechos del Niño en el año 2002, reconoció la importancia del derecho del niño a expresar su opinión sobre los temas que le afectan y a que esa opinión se tenga debidamente en cuenta, sin embargo, reconocieron que este derecho se vio obstaculizado por muchas prácticas, actitudes, costumbres, hábitos o ideas profundamente arraigados, además, de barreras políticas y económicas. Agregaron que dicho Comité destacó que no se puede escuchar eficazmente a un niño cuando el entorno sea intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado para su edad.
Señalaron que en nuestro país se reconoció el derecho de las niñas, niños y adolescentes a expresar sus derechos y ser escuchados cuando ratificó la Convención sobre los Derechos del niño, sin embargo, en el andamiaje jurídico se contempla este derecho con la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014.
Por otro lado, señalaron que la incorporación expresa del derecho a ser escuchado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no crea un derecho distinto al reconocido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sino que se fortalece dentro de marco jurídico procesal que regula directamente la actuación de las autoridades en la materia.
En este sentido, destacaron que su propuesta “busca proveer mayor certeza jurídica y coherencia normativa al ejercicio de este derecho, de manera que no quede únicamente reconocido en una legislación de carácter general, sino que forme parte expresa de las garantías que deben observarse durante la sustanciación de los procedimientos civiles y familiares”.
Finalmente, detallaron que su iniciativa destaca que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a ser escuchado y expresar sus opiniones libremente sobre las decisiones que le afecten, además de que se busca que las comparecencias de procedimientos civiles y familiares no se lleve a cabo en un ambiente hostil y que se garantice la participación libre de cualquier forma de presión, inducción o coerción de niñas, niños y adolescentes.
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