Senado
PARTIDO VERDE EXIGE ACCIONES COORDINADAS PARA FRENAR FRAUDES EN TRÁMITES DE PASAPORTE

  • Plantea campaña permanente de información y mayor vigilancia contra sitios apócrifos que engañan a la ciudadanía.
  • Más de mil 300 sitios que usurpaban identidades institucionales han sido desactivados; sin embargo, los fraudes digitales persisten.

Ante la proliferación de sitios y páginas de internet apócrifos que utilizan la imagen de instituciones oficiales para defraudar a personas que buscan tramitar su pasaporte, las y los senadores del Partido Verde exhortaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional y a las Unidades de Policía Cibernética a reforzar las acciones para prevenir y combatir prácticas fraudulentas en la expedición de este documento oficial de viaje.

Destacaron que el pasaporte constituye el documento que acredita la nacionalidad e identidad de las personas mexicanas cuando viajan al extranjero, además de ser un instrumento fundamental para solicitar ayuda y protección de las autoridades extranjeras, por lo que destacaron la importancia de fortalecer las medidas que permitan proteger a la población frente a esquemas de fraude que operan a través de plataformas digitales.

Señalaron que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha impulsado durante los últimos años diversas acciones para modernizar y hacer más seguro el trámite de pasaporte, incluyendo sistemas de citas, pasaportes electrónicos, mecanismos de autenticación y herramientas digitales para agilizar la atención a los usuarios.

No obstante, advirtieron que pese a estos avances tecnológicos y administrativos, continúan registrándose fraudes mediante sitios y páginas de internet apócrifas que imitan sitios oficiales, utilizan logotipos gubernamentales y solicitan pagos por trámites inexistentes.

Explicaron que la propia Cancillería ha emitido alertas para advertir a la población sobre fraudes relacionados con el trámite de pasaporte. Asimismo, destacaron que instituciones de seguridad, como la Guardia Nacional, han brindado asesorías en ciberseguridad y contribuido a desactivar mil 313 sitios de Internet apócrifos utilizados para cometer fraudes o usurpar identidades institucionales.

Frente a esta situación, los legisladores destacaron que su propuesta plantea que la Cancillería realice una campaña permanente de información a través de medios masivos de comunicación y de las representaciones diplomáticas de México, para difundir los requisitos, procedimientos y canales oficiales para obtener el pasaporte mexicano, además de medidas de ciberseguridad que permitan prevenir fraudes.

También solicita incorporar alertas visibles en los portales de internet de la Cancillería, consulados y embajadas, incluyendo mecanismos de denuncia para reportar sitios fraudulentos. Además, de identificar y promover la baja de sitios electrónicos no oficiales que ofrecen apoyo o simulan tramitar pasaportes mexicanos.

Las y los legisladores urgieron a las autoridades de seguridad y ciberseguridad a nivel federal y estatal a redoblar esfuerzos para identificar y desactivar sitios apócrifos que simulen tramitar el pasaporte mexicano, con el propósito de evitar afectaciones a las personas que realizan este trámite.

PROPONE RAMÍREZ MARÍN ESTABLECER EN LA LEY LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE INDICIOS SUFICIENTES

  • Dicho concepto sería definido como los datos objetivos, verificables y debidamente documentados, derivados del análisis de la actividad financiera del sujeto, que permitan establecer una relación razonablemente probable entre su actividad y la comisión de los delitos referidos.
Con la finalidad de brindar certeza normativa a quienes sean investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera y sean candidatos al bloqueo de sus cuentas bancarias por posibles delitos, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito para establecer la definición del concepto de “indicios suficientes".
Explicó que dicho concepto sería definido como los datos objetivos, verificables y debidamente documentados, derivados del análisis de la actividad financiera del sujeto, que permitan establecer una relación razonablemente probable entre su actividad y la comisión de los delitos referidos.
 
Recalcó que su iniciativa pretende atender una problemática existente en la actual legislación, ya que el hecho de que el concepto de "indicios suficientes" no esté determinado en el texto del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito no es un problema menor de técnica legislativa, sino una deficiencia estructural que afecta la validez constitucional del sistema en su conjunto.
Dijo que en el artículo antes mencionado, la Unidad de Inteligencia Financiera dispone de una facultad de bloqueo activada por "indicios suficientes" sin que se precise qué datos, circunstancias o elementos deben concurrir para que esa calificación sea procedente. lo que, en ausencia de definición normativa, puede derivar en arbitrariedad.
Por otro lado, aseguró que el bloqueo de cuentas bancarias es una medida de altísimo impacto patrimonial que produce efectos inmediatos sobre la liquidez del afectado, puede comprometer el cumplimiento de obligaciones laborales, fiscales y contractuales, y su duración puede extenderse por meses o años, por lo que afirmó que una medida que pueda activarse con base en un concepto legalmente indefinido es incompatible con el estándar constitucional de seguridad jurídica.
Insistió en que la legislación actual no cuenta con una distinción normativa entre sospecha e indicio. Explicó que mientras la sospecha es una apreciación subjetiva, no corroborada por datos externos verificables, que puede derivar de intuiciones, informaciones anónimas o referencias no contrastadas; el indicio es un dato objetivo que, por su relación lógica con los hechos investigados, permite inferir razonablemente la probabilidad de que esos hechos hayan ocurrido.
Recordó que la resolución del Tribunal Pleno en la Acción de inconstitucionalidad 58/2022 reconoció esta distinción, sin embargo, ésta distinción no está en la ley, lo que genera el riesgo de que en la práctica administrativa se utilice el término "indicios" para encubrir lo que son sospechas.
Finalmente, señaló que su propuesta no altera la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para ordenar el bloqueo de cuentas bancarias, no modifica los plazos ni el procedimiento de audiencia, sino que su único propósito es dar certeza normativa al umbral mínimo que la autoridad debe superar para que el ejercicio de su facultad sea constitucionalmente válido, convirtiendo en regla legislativa lo que sólo existe como criterio interpretativo.
PIDE MAKI ORTIZ INCORPORAR PERSPECTIVA DE GÉNERO A PROTOCOLOS DE ATENCIÓN MÉDICA

  • El objetivo del exhorto no es simplemente "diferenciar intervenciones según el género" de manera abstracta, sino incorporar perspectiva de género, enfoque de curso de vida y factores de riesgo específicos de las mujeres en la revisión y fortalecimiento de los instrumentos clínicos aplicables.

La senadora Maki Esther Ortiz Domínguez presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud, la Secretaría de las Mujeres, y a las instituciones del Sistema Público de Salud, para que revisen, fortalezcan y actualicen los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM), los Protocolos de Atención Integral (PAi), las Guías de Práctica Clínica (GPC) y demás instrumentos técnicos aplicables para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades cardiometabólicas, incorporando perspectiva de género, curso de vida y factores de riesgo específicos de las mujeres.

Explicó que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre las principales causas de defunción en las mujeres se encuentran las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos y las enfermedades cerebrovasculares, es decir, los padecimientos sobre los que versa su propuesta, por lo que afirmó que la actualización de instrumentos clínicos con perspectiva de género debe concentrarse en enfermedades cardiometabólicas de alta prevalencia e impacto, y no en un universo indeterminado de afecciones.

Agregó que en las mujeres, antecedentes como preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional, menopausia y ciertas formas de enfermedad microvascular tienen valor pronóstico relevante en el riesgo cardiovascular futuro, pero con frecuencia no se incorporan de manera suficiente al abordaje clínico integral.

Ante este panorama, explicó que el objetivo del exhorto no es simplemente "diferenciar intervenciones según el género" de manera abstracta, sino incorporar perspectiva de género, enfoque de curso de vida y factores de riesgo específicos de las mujeres en la revisión y fortalecimiento de los instrumentos clínicos aplicables.

En el caso de la Secretaría de las Mujeres, recordó que no es autoridad sanitaria emisora de instrumentos clínicos, pero sí es una instancia estratégica que puede ayudar en la incorporación de perspectiva de género, derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad en las políticas públicas.

Finalmente, explicó que su proposición se sostiene en tres premisas. La primera, que las enfermedades cardiometabólicas representan una carga creciente para la salud pública mexicana, con un impacto severo en la vida y salud de millones de mujeres. Segunda, que la perspectiva de género en salud debe incorporarse en instrumentos técnicos que orientan la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de padecimientos de alta prevalencia, y, por último, que para lograrlo es indispensable respetar la distribución de competencias dentro del sector salud.