- “La lucha contra el cambio climático debe ser una política pública integral, no un pretexto para recaudar sin resultados”, advirtió el senador ecologista.
La falta de un desarrollo sostenible ha contribuido al agravamiento del cambio climático, la degradación ambiental, la pobreza, el hambre, los conflictos y el incremento de las desigualdades sociales.
La senadora Juanita Guerra Mena presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en materia de Agenda del Desarrollo Sostenible, con el propósito de incorporar a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México en la planeación, ejecución y evaluación de políticas ambientales vinculadas con instrumentos internacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La legisladora ecologista destacó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el desarrollo sostenible implica mantener un equilibrio entre el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente, al considerar estos tres ejes como fundamentales para garantizar un mejor futuro.
Sin embargo, Guerra Mena advirtió que la falta de un desarrollo sostenible ha contribuido al agravamiento del cambio climático, la degradación ambiental, la pobreza, el hambre, los conflictos y el incremento de las desigualdades sociales.
Recordó que la Organización de las Naciones Unidas estableció en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, integrada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales abarcan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: economía, desarrollo social y medio ambiente.
En ese sentido, explicó que los gobiernos municipales desempeñan un papel fundamental para aterrizar estos objetivos mediante una planeación integral, mecanismos de participación ciudadana, financiamiento y herramientas de evaluación que permitan traducir los compromisos internacionales en acciones concretas para beneficio de las comunidades.
Destacó la importancia de incorporar, entre las facultades de los municipios, la alineación y transversalización de los instrumentos y las agendas globales de desarrollo sostenible. Asimismo, planteó integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la planeación, ejecución y evaluación de los programas ambientales municipales, así como establecer mecanismos de mejora de la gestión pública y de participación ciudadana.
Por ello, su propuesta busca crear la Sección I Bis "Del Desarrollo Sostenible de los Municipios", que establece como ejes rectores de la política ambiental municipal el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el respeto a los derechos humanos de las personas defensoras del medio ambiente, la implementación de mecanismos de mejora de la gestión pública.
Guerra Mena subrayó que los instrumentos rectores de política ambiental municipal deberán considerar el fortalecimiento institucional, la prestación eficiente de servicios públicos, la gestión racional de los recursos, el manejo adecuado de residuos, indicadores de eficacia y eficiencia, la transversalización de los (ODS), así como mecanismos de participación ciudadana, académica, social y ambientalista.
- Diversas Leyes fueron modificadas para armonizar y reconocer la nueva denominación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sin embargo, dichos cambios no fueron realizados en la legislación ambiental.
Las y los senadores del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa para sustituir la denominación Secretaría de Comunicaciones y Transportes por Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y la Ley General de Cambio Climático.
Explicaron que en octubre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se modifican entre otros, la denominación de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la finalidad de reconocer que la política pública en materia de infraestructura había adquirido un carácter prioritario y transversal para el desarrollo nacional.
Agregaron que la inclusión del término “infraestructura” en la denominación de la Secretaría permitió el reconocimiento de la infraestructura como elemento articulador de políticas públicas en materia de movilidad, conectividad digital, desarrollo regional e integración económica.
Expusieron que ante estos cambios, diversas Leyes fueron modificadas para armonizar y reconocer la nueva denominación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sin embargo, dichos cambios no fueron realizados en la legislación ambiental, armonización que, aseguraron, es necesaria para el cabal cumplimiento de la norma.
Por ello, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Cambio Climático continúan haciendo referencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que, afirmaron, genera una disonancia normativa frente a la estructura vigente de la Administración Pública Federal.
Finalmente, recalcaron que esta modificación permitirá consolidar un marco normativo actualizado, funcional y acorde con los desafíos contemporáneos del desarrollo sostenible, asegurando que las disposiciones ambientales se apliquen con claridad y eficacia en beneficio del equilibrio ecológico y del bienestar de las generaciones presentes y futuras.
• La extorsión no solo obliga a cerrar escuelas y comercios; también destruye empleos, frena proyectos de vida y afecta a cientos de familias.
• Morelos el primer lugar nacional en extorsión presencial, según el SESNSP.
Ante el incremento de los efectos de la inseguridad en Cuautla, la senadora Juanita Guerra Mena presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado de Morelos, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal y a la Mesa Estatal de Paz a fortalecer las acciones de investigación, prevención y combate a la extorsión, además de reforzar la seguridad en el municipio para garantizar el libre desarrollo de las actividades educativas, empresariales y productivas.
Señaló que, en diversas regiones de la entidad, la violencia y la presencia de organizaciones delictivas han generado un clima de inseguridad que limita el ejercicio de derechos fundamentales como la educación, el trabajo y la libertad de comercio y el desarrollo económico.
Como ejemplo de esta situación, destacó el anuncio del cierre definitivo del Colegio Stratford, en Cuautla, institución educativa que durante 36 años brindó servicios a cientos de niñas, niños y jóvenes de la región. Explicó que la rectora Ana Evangelina Rodríguez Ramos anunció la decisión durante la ceremonia de graduación del ciclo escolar 2025-2026, al señalar que el cierre obedeció, entre otros factores, a las complejas condiciones de seguridad que enfrenta el municipio.
Afirmó que este hecho evidencia que la violencia sigue afectando a sectores estratégicos para el desarrollo del país y recordó que diversos sectores económicos de Morelos han sido afectados por amenazas relacionadas con el delito de extorsión o "cobro de piso", práctica mediante la cual grupos delictivos exigen pagos ilegales bajo amenazas contra personas, familias, bienes o establecimientos.
Indicó que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta mayo de 2026 el estado de Morelos registró 307 casos de extorsión de los delitos que no son denunciados. Asimismo, la entidad ocupó el primer lugar nacional en extorsión presencial, así como en otros delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes durante el periodo de enero a mayo de este año.
La legisladora ecologista subrayó que el cierre de una escuela, una empresa o un comercio, por miedo o amenazas, se pierden empleos, se interrumpen proyectos de vida, se afectan cientos de familias y se debilita el tejido social.
La extorsión no solo afecta negocios: también obliga al cierre de escuelas y empresas, destruye empleos y golpea a cientos de familias.
En ese sentido, destacó que la seguridad pública es una función esencial del Estado y un derecho fundamental de todas las personas, indispensable para proteger la vida, la integridad, el patrimonio y las libertades de la población.
Finalmente, Guerra Mena solicitó a las autoridades competentes a fortalecer las estrategias de prevención, investigación y combate a la extorsión en Cuautla; reforzar la presencia operativa en zonas comerciales, educativas y de servicios; y consolidar los mecanismos de denuncia, protección a víctimas y atención especializada que contribuyan a garantizar condiciones de seguridad para toda la población.
