- Las mujeres duplican los diagnósticos de depresión que los hombres, no por causas biológicas, sino por violencia y precariedad laboral.
- Más de 5 mil casos de depresión en 2025 colocan a Guanajuato entre los 10 estados más afectados.
La senadora Virginia Magaña Fonseca subrayó la urgencia de reconocer la salud mental como un derecho humano y una condición indispensable para la justicia social, al subrayar la urgencia de atender una problemática que afecta a millones de personas en México y que, en Guanajuato, mantiene cifras preocupantes.
En el marco de la reciente conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, la legisladora del Partido Verde afirmó que la depresión es un problema de salud pública que no siempre es visible, pero que afecta de manera profunda la forma en que una persona piensa, siente y vive. Sus consecuencias trascienden el ámbito individual y alcanzan a familias, comunidades y entornos laborales, convirtiéndose en un desafío colectivo que exige atención prioritaria.
Dijo que en México, casi el 50 por ciento de las personas adultas han presentado síntomas depresivos. La senadora enfatizó que las mujeres son diagnosticadas con depresión en una proporción dos veces mayor que los hombres, no por causas biológicas, sino por factores estructurales como la violencia, la precarización laboral, el trabajo de cuidados no remunerado y la falta de redes de apoyo.
Magaña Fonseca afirmó que, en Guanajuato, su estado natal, la situación resulta especialmente preocupante. Tan solo en 2025 se registraron más de 5 mil casos de depresión, lo que coloca a la entidad entre las 10 con mayor número de casos a nivel nacional.
"Nos preocupa que muchas personas que viven con depresión enfrenten obstáculos para recibir la atención que necesitan. El estigma sigue siendo una barrera relevante, pero no es la única", alertó la legisladora.
Señaló que la insuficiencia de servicios especializados, la concentración de recursos en zonas urbanas y la limitada cobertura en comunidades rurales, son condiciones que dejan a miles de familias guanajuatenses sin alternativas efectivas de diagnóstico, atención y tratamiento.
Ante este panorama, la legisladora reiteró que es indispensable fortalecer de manera sostenida la infraestructura de salud mental en todo el país, erradicar el estigma desde las propias instituciones y reconocer que la depresión está vinculada a contextos estructurales de desigualdad.
Finalmente, Magaña Fonseca refrendó su acompañamiento y solidaridad con quienes viven con depresión y el compromiso de seguir impulsando políticas públicas que garanticen una atención oportuna, digna y accesible para todas y todos.
- Es un claro indicador de desestabilización ecológica que pone en riesgo tanto la biodiversidad acuática como la seguridad alimentaria y económica de familias dedicadas a la piscicultura y pesca local.
Para atender la actual situación de contaminación de la laguna de Tres Palos, en Acapulco, Guerrero, que afecta actividades económicas como la pesca y el turismo, así como la salud de la población, la senadora Karen Castrejón Trujillo, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a llevar a cabo las acciones necesarias para determinar la calidad del agua de este cuerpo de agua, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a inspeccionar y vigilar para identificar la posible existencia de descargas ilegales de aguas residuales en dicha laguna.
Explicó que la laguna de Tres Palos en Acapulco, Guerrero, es un cuerpo de agua dulce que, además de la biodiversidad que alberga y los beneficios ecológicos que genera, sirve de sustento a las poblaciones aledañas, sin embargo, desde hace algunas semanas, pescadores y acuicultores del poblado Plan de los Amates han reportado la mortandad de más de una decena de especies, lo que ha afectado el sustento económico de aproximadamente 7 mil 500 familias directamente, y 15 mil de manera indirecta.
Detalló que autoridades atribuyen el fenómeno al incremento de la temperatura del agua a 34°C, por encima del rango tolerable de 28 a 30°C; además de que ambientalistas y pescadores afirman que también existe contaminación por descargas residuales, pérdida de manglares, eutrofización, presencia de metales pesados, insuficiencia de plantas tratadoras, y urbanización desordenada, lo que ha agravado el deterioro de este ecosistema desde el año 2008.
La senadora ecologista subrayó que "es un claro indicador de desestabilización ecológica que pone en riesgo tanto la biodiversidad acuática como la seguridad alimentaria y económica de familias dedicadas a la piscicultura y pesca local", además de que se trata de "un símbolo del ecocidio silencioso que denuncia décadas de omisiones institucionales frente a la presión urbanística, hídrica y contaminante".
Por ello, insistió en la urgencia de medidas para atender esta grave problemática, ya que "la ausencia de acciones de mitigación y resiliencia ante la contaminación de la laguna, así como la falta de planeación urbana y los efectos adversos del cambio climático pueden arrebatar el futuro de los guerrerenses".
Finalmente, afirmó que "la catástrofe climática y ambiental que está resistiendo la laguna de Tres Palos a causa del calentamiento global y la contaminación, está surtiendo consecuencias socioambientales que deben ser atendidas, no solo para dar cumplimiento con la normatividad nacional y los compromisos internacionales, sino también para salvaguardar la vida de las personas afectadas".
- Con esta propuesta se busca que las escuelas puedan gestionar de manera efectiva las situaciones de violencia que afectan a la comunidad educativa.
Para atender los casos de violencia que ocurran dentro y fuera de las escuelas de nuestro país, los senadores Jasmine Bugarín, Karen Castrejón, Rocío Corona, Waldo Fernández, Ruth González, Juanita Guerra, Virgilio Mendoza, Jorge Carlos Ramírez y Manuel Velasco, presentaron una iniciativa para establecer áreas o centros de atención y apoyo en los centros educativos para proporcionar servicios de asesoramiento legal y apoyo psicológico.
Explicaron que con esta propuesta se busca que las escuelas puedan gestionar de manera efectiva las situaciones de violencia que afectan a la comunidad educativa, a través de un enfoque integral en la protección y bienestar de las y los estudiantes.
Apuntaron que la violencia en el entorno escolar no solo afecta la seguridad de los estudiantes, sino que tiene consecuencias a largo plazo en su bienestar psicológico, en su capacidad para aprender y en su desarrollo emocional y social.
Agregaron que, según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), estas acciones generan en los estudiantes repercusiones como depresión, ansiedad, falta de concentración, sueño y pensamientos suicidas, además de que se convierte en un factor decisivo para fomentar el abandono escolar y el bajo rendimiento académico.
Puntualizaron que según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el acoso escolar y el bullying son de las principales problemáticas que adolescentes y jóvenes enfrentan en el país.
Además, según el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA), en el 2023, cerca del 20.9 por ciento de la población de 12 años o más fue víctima de ciberacoso entre los meses de julio de 2022 a agosto de 2023.
También señalaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP) recibió más de 6 mil quejas por maltrato y/o acoso escolar entre los años de 2014 a 2021 y recibió 16 mil 649 llamadas por acoso escolar en ese mismo periodo. Además de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que más del 50 por ciento de los estudiantes de educación básica han sido víctimas de algún tipo de maltrato y/o violencia escolar.
Ante estas alarmantes cifras, los legisladores ecologistas dijeron que esta propuesta también beneficiará a profesores y personal de las escuelas, ya que permitirá que los docentes mantengan comunicación con profesionales en áreas psicológicas, al mismo tiempo que contribuirá con los procedimientos y responsabilidades del personal administrativo en la gestión de casos de violencia, apoyando así, no solo a los estudiantes víctimas, sino a todo el personal académico.
