- “Una entidad que busca atraer inversiones y expandir su capacidad productiva necesita servicios públicos capaces de acompañar ese desarrollo, y el agua es uno de los más determinantes”: Carlos Humberto Suárez.
El senador Carlos Humberto Suárez Flores, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional del Agua para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027 se fortalezcan los recursos destinados a la seguridad hídrica de Nuevo León, priorizando la infraestructura, la rehabilitación, la eficiencia, la recuperación de volúmenes, el saneamiento, el reúso, la conservación de las fuentes de abastecimiento y la resiliencia ante sequías e inundaciones.
Explicó que el Programa Nacional Hídrico 2026-2030 reconoce la necesidad de ampliar y modernizar la infraestructura hidráulica del país, tanto mediante nuevas obras como a través de la rehabilitación de las existentes. Plantea además el uso de mecanismos de financiamiento federal y la coordinación con gobiernos estatales y municipales para desarrollar proyectos estratégicos, incluyendo instrumentos como el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) y la inversión federal directa.
Aseguró que esta orientación es especialmente relevante para Nuevo León, ya que se trata de uno de los principales motores económicos de México. Su actividad industrial, manufacturera, logística y de servicios forma parte de cadenas productivas nacionales e internacionales. A ello se suma el proceso de relocalización de inversiones, que ha ampliado las oportunidades de crecimiento y empleo en la región norte del país.
Ante este panorama, afirmó que “el crecimiento económico requiere infraestructura confiable”, y añadió que “una entidad que busca atraer inversiones y expandir su capacidad productiva necesita servicios públicos capaces de acompañar ese desarrollo, y el agua es uno de los más determinantes”.
Agregó que la reducción de pérdidas debe ser un eje central de la estrategia hídrica de Nuevo León, por lo que la política presupuestaria federal debe respaldar este enfoque. No basta con financiar nuevas obras; es indispensable invertir en la infraestructura existente, que constituye un patrimonio hidráulico fundamental.
Además destacó que la entidad enfrenta los efectos de la variabilidad climática: lluvias extraordinarias, inundaciones y lapsos prolongados de escasez, por lo que cualquier política seria de seguridad hídrica debe incorporar de manera explícita el principio de resiliencia.
Por ello, afirmó que la infraestructura hidráulica debe estar preparada para condiciones climáticas más extremas, lo que, aseguró, implica robustecer los sistemas de abastecimiento, ampliar la capacidad de almacenamiento y conducción, modernizar el drenaje y las obras de control de avenidas, proteger las zonas de recarga y conservación, e integrar soluciones basadas en la naturaleza junto con mecanismos de gestión que permitan reaccionar con rapidez ante contingencias.
Finalmente, recalcó que el objetivo de su propuesta es que, durante el análisis y aprobación del Presupuesto, se reconozca la seguridad hídrica de Nuevo León como una prioridad estratégica y se fortalezcan los recursos federales destinados a atenderla, esto debido a que se trata de una entidad cuya relevancia económica y demográfica exige una atención proporcional a la magnitud de sus necesidades.
- La iniciativa busca que una parte del agua de lluvia que hoy corre por las calles, patios y estacionamientos pueda regresar al subsuelo en vez de perderse de inmediato en el drenaje.
Con la finalidad de garantizar el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, propuso reformar la fracción V del artículo 27 de la Ley General de Aguas para incorporar la facultad de las entidades federativas de regular y promover la instalación de sistemas de captación de agua pluvial para infiltración a los acuíferos.
Explicó que de acuerdo con el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, al menos 35 millones de personas no tienen disponibilidad de agua en calidad y cantidad suficiente; 104 de las 757 cuencas tienen problemas de disponibilidad; 114 de los 653 acuíferos están afectados por la sobreexplotación y en las últimas dos décadas el agua per cápita ha disminuido en más de 30%.
Agregó que de acuerdo con fuentes de información periodística, en 2026, nuestro país ocupa la posición 26 de un total de 164, de países con mayor estrés hídrico a nivel mundial y más del 60 por ciento del territorio enfrenta sobreexplotación de acuíferos.
Por otro lado, con las lluvias, las zonas urbanas han padecido inundaciones, curiosamente en los mismos puntos de siempre, ante lo que destacó que en las ciudades hay un problema grave, ya que no cuentan con suficiente filtración de agua, es decir, hay exceso de asfalto, de pavimento.
Ante este panorama, explicó que su iniciativa “busca que una parte del agua de lluvia que hoy corre por las calles, patios y estacionamientos pueda regresar al subsuelo en vez de perderse de inmediato en el drenaje”, para lo cual propone que la Ley General de Aguas reconozca y promueva los sistemas de infiltración de agua pluvial, entre ellos los jardines de lluvia.
Explicó que un jardín de lluvia es un espacio construido a un nivel más bajo que el suelo con plantas y materiales permeables que permiten su absorción, recibe el agua, la retiene durante un tiempo y permite que se infiltre poco a poco cuando el terreno reúne las condiciones necesarias, “no es una obra de ornato, es infraestructura para el manejo del agua”, señaló.
Señaló que si bien la Ley General de Aguas ya contempla la captación pluvial para uso doméstico, reconoce la posibilidad de recolectar la lluvia y utilizarla en la limpieza, el riego y otras actividades, su propuesta propone además de captar agua para utilizarla, promover obras que permitan devolver una parte al subsuelo. “No todos los sistemas tienen que ser jardines de lluvia, también pueden construirse canales, zanjas, balsas, pozos, etcétera”, apuntó.
- Esta reforma plantea facultar a la SEMARNAT para expedir Certificado de Libre Deforestación que permita acreditar que un poligonal se encuentra fuera de terrenos forestales o que, tratándose de un terreno forestal, cuente con la autorización correspondiente de cambio de uso de suelo.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República, celebró la aprobación de una iniciativa emitida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo que busca fortalecer la capacidad jurídica del Estado y prevenir la deforestación, así como dar certeza sobre el origen de las superficies vinculadas con actividades productivas.
La senadora Maki Ortiz, del Partido Verde, explicó que esta reforma plantea facultar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para expedir Certificado de Libre Deforestación que permita acreditar que un poligonal se encuentra fuera de terrenos forestales o que, tratándose de un terreno forestal, cuente con la autorización correspondiente de cambio de uso de suelo.
Destacó la importancia de la aprobación de esta propuesta, ya que de acuerdo con el Programa Nacional Forestal, entre los años 2001 y 2024 se deforestaron 4.8 millones de hectáreas, siendo el 95 por ciento de la deforestación realizada de manera ilegal, además de que este mismo programa calcula pérdidas de hasta 97 mil millones de pesos anuales por tala ilegal y hasta 20.7 mil millones de pesos en ingresos fiscales.
Agregó que esta reforma se inserta en una política pública amplia, ya que se articula con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2025-2030 que busca frenar la deforestación y fortalecer cadenas productivas sustentables, así como con el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2026-2030 que vincula conservación, restauración, participación comunitaria y aprovechamiento sustentable.
Recalcó que el Certificado de Libre Deforestación es una herramienta útil para fortalecer la trazabilidad y la certeza jurídica en el aprovechamiento de los recursos naturales y agregó que su valor radica en ofrecer un elemento objetivo que permita acreditar las condiciones de una superficie determinada y con ello contribuir a identificar con mayor claridad aquellas actividades que se desarrollan dentro de la legalidad.
Finalmente, explicó que una mayor trazabilidad “contribuye a dar certidumbre a productores, comunidades, autoridades y cadenas de comercialización, fortalece a quienes cumplen con la ley y facilita una gestión forestal más ordenada, transparente y verificable”.
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