- Resulta indispensable que los municipios en los que la UAEM tiene presencia colaboren con la Universidad y con las autoridades estatales para identificar puntos de riesgo, reforzar vigilancia, mejorar iluminación, atender rutas de transporte y establecer mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia.
La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del estado de Morelos, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y a los Ayuntamientos de los municipios en los que se ubican sus unidades académicas, para que fortalezcan las acciones de investigación, prevención y seguridad para las y los estudiantes, ante los casos de feminicidio de alumnas de dicha universidad, y refuercen los mecanismos de vigilancia, seguridad y protección en los planteles, sus alrededores y el transporte estudiantil.
La senadora recordó que en lo que va de este año, la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha sido afectada por los asesinatos de cuatro estudiantes: Kimberly Joselin Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón y más recientemente, Claudia Tacoronte Aguilera, cuyo hecho fue investigado como feminicidio y posteriormente se informó de la detención y vinculación a proceso de un hombre señalado como presunto responsable.
Guerra Mena recalcó que la gravedad de estos hechos exige una respuesta institucional que no se limite a reaccionar después de cada tragedia, por lo que insistió en que la Fiscalía General del Estado de Morelos tiene una responsabilidad fundamental en el esclarecimiento de estos hechos.
Aseguró que es necesario que se proporcione información institucional sobre el estado que guardan las investigaciones correspondientes, aunque explicó que el objetivo no es interferir en las carpetas de investigación, sino exigir que la justicia, avances, conocer qué se ha hecho, saber qué medidas se han adoptado y garantizar que las familias de las víctimas tengan acceso a verdad, justicia y reparación integral. Además, subrayó que la seguridad de las y los estudiantes requiere una responsabilidad compartida.
En este sentido, destacó que la UAEM tiene una responsabilidad dentro de sus espacios y conforme a su autonomía, las autoridades estatales tienen competencias en materia de seguridad y prevención, los municipios tienen responsabilidades en sus territorios y la Fiscalía tiene a su cargo la investigación y persecución de los delitos, por lo que insistió en que la seguridad no termina en la puerta de la universidad, sino que los estudiantes no solamente necesitan sentirse seguros dentro del aula, también deben poder llegar seguros a ella.
Por otro lado, informó que el pasado 28 de agosto un autobús de la empresa Transportes Estrella Roja, que trasladaba a 30 estudiantes de la UAEM Campus Chamilpa hacia Cuautla, tomó una ruta distinta a la prevista y llegó hasta la Ciudad de México, lo que provocó la movilización de familiares y de personal de seguridad de la institución.
Ante estos hechos, la senadora insistió en que resulta indispensable que los municipios en los que la UAEM tiene presencia colaboren con la Universidad y con las autoridades estatales para identificar puntos de riesgo, reforzar vigilancia, mejorar iluminación, atender rutas de transporte y establecer mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia.
Por ello, dijo que resulta pertinente establecer o fortalecer convenios de coordinación entre la UAEM, los ayuntamientos correspondientes y las autoridades estatales, con objetivos verificables en materia de seguridad.
- El Día Nacional del Maíz reúne una historia de domesticación todavía activa y un reconocimiento legal de sus dimensiones culturales.
En el marco del Día Nacional del Maíz, que se celebra el 29 de septiembre, la senadora Rocío Corona Nakamura reconoció la importancia de este cereal como en su relación entre la alimentación, el trabajo campesino y la continuidad del patrimonio cultural mexicano.
La senadora explicó que esta efeméride se celebra luego de que fue declarado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2023, y reconoce un cultivo cuya historia está vinculada con la formación de las sociedades mesoamericanas y con la continuidad de la agricultura campesina.
Recalcó que la historia del maíz corresponde a una prolongada acumulación de experiencia agrícola, transmitida y modificada en distintas regiones; apuntó que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), registra 64 razas de maíz en México, de las cuales 59 se consideran nativas. Cada raza reúne variantes con características particulares; la clasificación atiende a rasgos de forma, adaptación y parentesco genético.
Subrayó que el reconocimiento jurídico de la importancia del maíz se plasmó en la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, publicada el 13 de abril de 2020, ley que considera las actividades de producción, comercialización y consumo del maíz nativo como manifestaciones culturales; agregó que también establece la obligación estatal de garantizar su conservación en los lugares donde se cultiva y prevé el fomento de bancos comunitarios de semillas.
Además, recordó que la reforma constitucional publicada el 17 de marzo de 2025 incorporó al artículo 4º el reconocimiento de México como centro de origen y diversidad del maíz, y estableció que su cultivo en el país debe permanecer libre de modificaciones genéticas obtenidas mediante técnicas que superen las barreras naturales de reproducción o recombinación, como las transgénicas.
Finalmente, señaló que el Día Nacional del Maíz reúne una historia de domesticación todavía activa y un reconocimiento legal de sus dimensiones culturales, e insistió en que la diversidad documentada en México depende de prácticas agrícolas que continúan transformándola.
- Quienes se dedican a las actividades agrícolas enfrentan diversas necesidades relacionadas con la infraestructura para desarrollar sus actividades.
La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la titular del ejecutivo del estado de Morelos, a la Secretaría de Hacienda y al Congreso de Morelos para que, en el marco de la elaboración y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de Morelos para el Ejercicio Fiscal 2027, se considere la creación y asignación de una partida presupuestaria destinada a la atención, rehabilitación, mantenimiento y construcción de infraestructura rural y productiva en los municipios del estado, priorizando a aquellos cuya actividad económica principal se encuentre vinculada con la agricultura.
La senadora ecologista destacó que la actividad agrícola es una de las principales actividades productivas de diversas comunidades y municipios de Morelos, que representa una fuente de ingresos para las familias del campo, así como una actividad fundamental para la economía local, la seguridad alimentaria y el aprovechamiento productivo de las tierras.
Sin embargo, apuntó que quienes se dedican a las actividades agrícolas enfrentan diversas necesidades relacionadas con la infraestructura para desarrollar sus actividades, particularmente en materia de limpieza, desazolve y rehabilitación de canales de riego y conducción de agua, rehabilitación y mantenimiento de caminos ejidales y rurales, nivelación y revestimiento de caminos, reparación de accesos a parcelas, así como la ejecución de obras hidráulicas y complementarias que permitan mejorar las condiciones de producción y movilidad en las zonas agrícolas.
Destacó que si bien el Presupuesto de Egresos Federal contempla recursos y programas vinculados con el desarrollo rural sustentable, agricultura y caminos, es indispensable recalcar la importancia de que los distintos órdenes de gobierno articulen esfuerzos y recursos para atender las necesidades de las comunidades rurales.
Por ello, recalcó que su propuesta busca que, en el proceso de integración del Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2027, se contemple una partida presupuestaria específica que permita canalizar recursos y establecer mecanismos de coordinación con los municipios, las comunidades agrarias, ejidos y demás organizaciones del sector rural.
Señaló que la asignación de recursos deberá considerar criterios objetivos de priorización, tomando en cuenta, entre otros factores, la superficie agrícola, el número de productores beneficiados, la importancia de la actividad agrícola para la economía municipal, las condiciones de marginación y rezago de las comunidades, la urgencia de las obras y el impacto productivo y social que representen.
Finalmente, insistió en que las necesidades de las actividades agrícolas son una problemática que se presenta en distintas regiones de Morelos y que requiere de una respuesta institucional que permita atenderlas de manera ordenada, progresiva y con criterios de prioridad, evitando que las comunidades rurales tengan que gestionar de manera aislada recursos para obras que resultan indispensables para mantener y fortalecer sus actividades productivas.
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