- Es necesaria una política de largo plazo que dé certidumbre a este sector tan vulnerable y que coadyuve al cumplimiento de grandes objetivos del plan de desarrollo para volver al campo mexicano un motor de crecimiento regional.
Con la finalidad de fortalecer el campo mexicano, así como dotarlo de mayor certeza jurídica, la senadora Angélica Montes Rentería, del Partido Verde, presentó una iniciativa para que el programa de precios de garantía a productos alimentarios básicos sea una política permanente, para lo cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
La senadora explicó que una de las problemáticas más complejas que enfrenta el campo mexicano es la concentración de los mercados, los canales de comercialización y los intermediarios que dejan en segundo plano a los productores con pérdidas y ganancias mínimas.
Además de que las principales barreras para vender sus productos son la dificultad para comercializarlos, debido a la intermediación excesiva o al coyotaje, la falta de transporte y almacenamiento, la falta de información de precio de los productos, la falta de capacitación y asistencia técnica, la poca organización de la producción y la inseguridad.
Agregó que estos factores, aunado al restringido acceso a los servicios financieros limitan el potencial económico de este sector, desaprovechando las vocaciones productivas y ventajas competitivas que tiene nuestro país en diversas regiones.
Ante este panorama, Montes Rentería recalcó que es “necesaria una política de largo plazo que dé certidumbre a este sector tan vulnerable y que coadyuve al cumplimiento de grandes objetivos del plan de desarrollo para volver al campo mexicano un motor de crecimiento regional”.
La senadora recordó que en el Programa Nacional de Desarrollo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2025, se encuentra el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para el ejercicio fiscal 2025, sin embargo, este acuerdo únicamente tenía vigencia durante el año 2025, por lo que insistió en que es necesario que los apoyos planteados en esta propuesta y en otros documentos oficiales, sean reconocidos en la normatividad nacional.
Por ello, explicó que su propuesta busca que el programa de precios de garantía a productos alimentarios básicos sea una política permanente, y detalló que perseguirá los siguientes objetivos: Que los apoyos definidos a los productores nunca estén por debajo de los costos de producción agrícola, considerando el producto, la región y la zona; proporcionar a los pequeños y medianos productores de granos básicos y de leche la certidumbre de contar con complemento a sus ingresos a través de la implementación de precios de garantía; facultar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para estimar los costos de producción agrícola a fin de determinar los montos de los apoyos; y que los programas de apoyo directo a productores en condiciones de pobreza nunca estén por debajo de los costos de producción agrícola.
“Durante muchos años las comunidades rurales fueron vistas únicamente como beneficiarias de programas; hoy debemos reconocerlas como protagonistas de desarrollo nacional”; finalizó.
- Esta distinción ha sido desvirtuada en años recientes, debido a que en la actualidad, estos reconocimientos honoríficos se otorgan mediante convocatorias abiertas y pagos de inscripción.
Ante la cada vez más frecuente entrega de Doctorados Honoris Causa por parte de algunas universidades e instituciones educativas sin ningún rigor académico, sin acreditar una trayectoria excepcional y sin ningún tipo de control, pero recibiendo un pago a cambio de esta distinción, la senadora Karen Castrejón, del Partido Verde, propuso establecer en la Ley que estos reconocimientos no son niveles de educación superior ni forman parte del Sistema Educativo Nacional, así como establecer sanciones a quien entregue indiscriminadamente estos doctorados.
La senadora ecologista explicó que los estudios de doctorado tienen como objetivo proporcionar una formación sólida para desarrollar la actividad profesional de investigación en ciencias, humanidades o artes que produzca nuevo conocimiento científico, tecnológico y humanístico, que genere una aplicación innovadora y desarrollo tecnológico original.
Por otro lado, agregó que universidades de todo el mundo entregan diversos tipos de distinciones no relacionadas con la formación académica. En caso particular del Doctorado Honoris Causa "permite reconocer trayectorias que han transformado disciplinas enteras, reafirmar su carácter universal y su vocación humanista, vincular a la Universidad con pensadoras, científicos, artistas y líderes con impacto mundial", de acuerdo con la UNAM.
Señaló que este tipo de reconocimiento cuenta con alto valor simbólico y protocolario, pero no se cursa mediante materias, tesis o exámenes, por lo que no otorga una cédula profesional ni equivale a un doctorado académico que permita ejercer como un doctor en ciencias o humanidades, ni tampoco concede el derecho a usar de forma profesional el título de doctor o doctora.
Lamentó que esta distinción ha sido desvirtuada en años recientes, debido a que en la actualidad, estos reconocimientos honoríficos se otorgan mediante convocatorias abiertas y pagos de inscripción, calificó esta actividad como "la venta indiscriminada de supuestos doctorados honoris causa por parte de organizaciones de dudosa reputación que han encontrado en esta práctica un lucrativo negocio a costa de la ingenuidad de personas que creen que obtendrán un grado académico a cambio de la entrega de una cantidad de dinero y sin mayor esfuerzo".
Aseguró que se trata de un fraude contra el sistema educativo, pues se trata de distinciones carentes de valor para efectos académicos; contra la persona que cae en el engaño, pues entregan el dinero bajo la promesa de recibir una distinción o un grado académico; y contra la sociedad en su conjunto, pues circulan doctorados honoris causa sin el respaldo de una institución de prestigio y sin validez alguna.
Para atender esta problemática, la senadora Castrejón propuso modificar la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior a fin de establecer que los doctorados honoris causa no son niveles de educación superior ni forman parte del sistema educativo nacional y que su otorgamiento únicamente puede realizarse a título gratuito conforme a la normatividad y organización de la institución que los otorgue.
Finalmente, también presentó una iniciativa para realizar adiciones al Código Penal Federal para sancionar el uso y la entrega indiscriminada de estos doctorados que se obtienen a cambio del otorgamiento de un donativo o una contraprestación con penas de dos a 12 años de prisión y hasta 600 días de multa. a quien publicite, ofrezca, prometa, comercialice u otorgue este tipo de distinciones.
- La iniciativa plantea crear un protocolo nacional y capacitar de manera periódica a personal educativo, de seguridad pública y protección civil para detectar señales de riesgo suicida, brindar contención y canalizar a servicios especializados.
Ciudad de México.— Ante el incremento de los suicidios en México, la senadora por Guanajuato, Virginia Magaña Fonseca, presentó una iniciativa para incorporar los primeros auxilios psicológicos a la Ley General de Salud, con el objetivo de fortalecer la prevención desde el primer momento en que una persona atraviesa una crisis.
La propuesta establece por primera vez en este ordenamiento, una definición y un mecanismo nacional de capacitación en primeros auxilios psicológicos orientados específicamente a la prevención del suicidio como los conocimientos y habilidades básicas para:
- Identificar señales de alarma de riesgo suicida.
- Brindar una primera respuesta de contención emocional.
- Canalizar oportunamente a la persona hacia servicios especializados de salud mental.
Para hacerlo posible, la propuesta establece que la Secretaría de Salud, en coordinación con Educación Pública, Protección Civil, las instancias de seguridad pública y los gobiernos estatales, diseñe un protocolo nacional de capacitación.
Además, plantea que el personal de primer contacto de los sectores educativo, de seguridad pública y de protección civil, tanto estatal como municipal, reciba esta capacitación de manera periódica.
“No estamos proponiendo que un maestro, un policía o un elemento de Protección Civil sustituya a un psicólogo. Estamos proponiendo que tenga las herramientas básicas para reconocer una señal de alarma, saber cómo responder y saber a dónde canalizar”, explicó Magaña.
La propuesta busca que la prevención no comience cuando una persona ya se encuentra en una emergencia, sino desde el primer contacto con alguien que presenta señales de riesgo.
"Los primeros auxilios psicológicos no sustituyen un tratamiento. Son una primera respuesta. La diferencia es que ahora queremos que esa primera respuesta tenga capacitación, protocolo y una ruta clara de canalización", señaló la senadora.
En México, la tasa de suicidio pasó de 4.9 a 6.8 por cada 100 mil habitantes entre 2013 y 2023. En ese último año se registraron 8mil 837 suicidios en el país. En Guanajuato, la tasa alcanzó 8.8 por cada 100 mil habitantes, por encima de la media nacional.
La situación entre adolescentes también requiere atención. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022 (ENSANUT Continua 2022) para Guanajuato, 11.3% de las adolescentes reportó haberse hecho daño con la intención de quitarse la vida, frente a 0.5% de los hombres adolescentes.
Magaña subrayó que su iniciativa busca fortalecer esa capacidad de respuesta: que más personas sepan reconocer, contener y canalizar, sin sustituir en ningún momento la atención de los especialistas, porque cuidar la salud mental también es salvar vidas.
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