· Resulta indispensable que las autoridades e integrantes de las Mesas de Paz que operan en Morelos fortalezcan acciones, con especial énfasis en aquellos municipios que registran mayores niveles de violencia feminicida.
La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades integrantes de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad en el Estado de Morelos a fortalecer las acciones coordinadas para la disminución del delito de feminicidio, principalmente en estudiantes de la entidad.
Explicó que el estado de Morelos enfrenta una grave problemática en materia de violencia e inseguridad, particularmente en feminicidios, lo que ha generado preocupación social, percepción de inseguridad y una afectación directa a la tranquilidad de las familias de la entidad.
Detalló que según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el mes de agosto de 2026, ya se han contabilizado al menos 21 feminicidios en el estado.
Aseguró que la persistencia de estos índices delictivos demuestra que resulta indispensable redoblar esfuerzos institucionales y consolidar acciones coordinadas entre los distintos órdenes de gobierno.
Explicó que las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad son un mecanismo fundamental para la coordinación estratégica entre las autoridades federales, estatales y municipales, al congregar a las instituciones responsables de la seguridad pública, la procuración de justicia, las fuerzas armadas y la prevención del delito.
Por ello, insistió en que resulta indispensable que las autoridades e integrantes de las Mesas de Paz que operan en Morelos fortalezcan, de manera inmediata y dentro del ámbito de sus competencias, las acciones operativas, de inteligencia, investigación, prevención y atención de las causas que generan violencia, con especial énfasis en aquellos municipios que registran mayores niveles de violencia feminicida.
Agregó que es necesario fortalecer la evaluación periódica de resultados, la coordinación entre las distintas corporaciones e instituciones, los mecanismos de control y depuración institucional, el combate a la impunidad y el diseño de estrategias focalizadas que permitan atender los factores de riesgo y reducir la incidencia de feminicidios en la entidad.
Finalmente, recalcó que no se puede permitir que la violencia contra las mujeres se convierta en una realidad cotidiana frente a la cual las instituciones permanezcan indiferentes, “cada feminicidio representa una vida que se pierde y una deuda que las instituciones tenemos con las víctimas, sus familias y con toda la sociedad”, subrayó.
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, la senadora Rocío Corona Nakamura explicó que esta celebración permite a gobiernos, sociedad y sector salud analizar las condiciones en que una persona puede recibir atención, conservar su autonomía y participar en la vida social cuando enfrenta un trastorno mental.
Explicó que la salud mental comprende capacidades que intervienen en el aprendizaje, el trabajo y las relaciones cotidianas, y que su protección depende de circunstancias personales y de las condiciones del entorno.
Agregó que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pobreza y la exposición a la violencia están entre los factores que aumentan el riesgo de presentar afecciones de salud mental, y de acuerdo con esta organización, alrededor de mil 200 millones de personas vivían con un trastorno mental en 2023, aproximadamente una de cada siete en el mundo, y advierte que, pese a la existencia de tratamientos eficaces, la mayoría de las personas afectadas carece de acceso a una atención eficaz.
Dijo que según el INEGI, en junio de 2025 en nuestro país, el 22.5 por ciento de las personas de 12 años y más presentó indicios de ansiedad, y el 12.6 por ciento, de depresión. Entre las mujeres, las proporciones fueron de 26.7 por ciento y 16.0 por ciento, respectivamente; entre los hombres, de 17.6 y 8.7 por ciento.
En cuanto a la edad, la senadora explicó que según la OMS, uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años presenta algún trastorno mental; la violencia sexual y el acoso escolar figuran entre los riesgos conocidos, mientras que la discriminación puede dificultar la búsqueda de ayuda.
Recordó que en México se ha avanzado en materia legal para atender esta problemática, en mayo de 2022 fue publicada la reforma a la Ley General de Salud donde se incorporó un enfoque comunitario y de derechos humanos; particularmente en el artículo 72 se establece el carácter prioritario de la salud mental y el acceso universal, igualitario y equitativo a su atención.
Agregó que el Gobierno de México puso en marcha, al inicio del ciclo escolar 2026-2027, la estrategia nacional “El ABC de las emociones”, dirigido a estudiantes de tercero de secundaria y bachillerato, que incorpora una hora semanal de actividades socioemocionales, junto con orientaciones para docentes y familias. Afirmó que acciones como esta fortalecen la presencia de la salud mental en la formación de adolescentes y abren una vía de colaboración entre la escuela y el hogar.
Finalmente, afirmó que para el Senado, la salud mental constituye una materia de legislación sanitaria y de seguimiento a la actuación de las autoridades federales, además de que la revisión de las normas y de su aplicación permite examinar si los procedimientos facilitan la atención y protegen los derechos de quienes la reciben.
- La regulación vigente establece estas conductas de manera general, sin distinguir los casos en los que los bienes objeto del delito sean autopartes o componentes automotrices, ni contempla la utilización de plataformas digitales en su comercialización.
Con la finalidad de fortalecer la respuesta penal frente al robo de autopartes y las conductas relacionadas con su posterior circulación y comercialización, además de incorporar en la ley un tratamiento específico para las autopartes o componentes automotrices y para su comercialización a través de plataformas digitales, la senadora Juanita Guerra Mena presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones al Código Penal Federal en materia de robo y comercialización de autopartes por canales digitales.
La senadora explicó que el robo de autopartes es una conducta que afecta directamente el patrimonio de las personas mediante la sustracción de accesorios, refacciones y distintos componentes de los vehículos.
Agregó que cuando una persona es víctima de este delito, las consecuencias no se limitan únicamente al valor económico de lo sustraído, sino que pueden afectar directamente su movilidad, sus actividades y su economía familiar.
Explicó que las consecuencias económicas para la víctima no se limitan necesariamente al valor de la pieza robada, sino que pueden implicar gastos para su reposición e instalación, la reparación de otros componentes dañados durante la sustracción y, la posible imposibilidad de utilizar temporalmente el vehículo.
La legisladora por Morelos señaló que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el 2024 el robo parcial de vehículo representó 8.0 por ciento del total de delitos estimados a nivel nacional, además de que en ese mismo año, la cifra oculta del robo parcial de vehículo fue de 94.1 por ciento, lo que significa que en esos casos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación.
Señaló que el problema del robo de autopartes no termina con la sustracción de la pieza, ya que, una vez cometido el robo, estos bienes pueden ser almacenados, trasladados, adquiridos y posteriormente comercializados, incluso a través de los medios digitales, lo que obliga a considerar no sólo la conducta de quien sustrae una autoparte, sino también aquellas acciones que permiten su circulación y eventual venta.
Explicó que si bien el Código Penal Federal ya contempla conductas relacionadas con la posesión, adquisición, enajenación, tráfico y comercialización de bienes provenientes del robo, la regulación vigente establece estas conductas de manera general, sin distinguir los casos en los que los bienes objeto del delito sean autopartes o componentes automotrices, ni contempla la utilización de plataformas digitales en su comercialización.
Por ello, la senadora explicó que su iniciativa contempla adicionar un segundo párrafo al artículo 368 Bis, para incrementar en un tercio la pena en los casos de posesión, enajenación, sustracción o tráfico de autopartes o componentes automotrices, con independencia del nivel de participación del sujeto activo del delito.
También busca adicionar un segundo párrafo al artículo 368 Ter para establecer que, cuando la comercialización de autopartes robadas se realice mediante plataformas digitales, las penas previstas puedan incrementarse hasta en una mitad.
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