- La iniciativa presentada por el senador Waldo Fernández el 3 de diciembre de 2025 fue aprobada por la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Senado de la República.
Waldo Fernández presentó esta iniciativa el 3 de diciembre de 2025, con el objetivo de cerrar la brecha entre la innovación tecnológica y el derecho a la privacidad, y busca transformar la manera en que se gestiona la información en el ecosistema cibernético del país.
- Reforma busca frenar vivienda sin servicios y abandono; impulsa mejora, ampliación y renta con apoyo a jóvenes.
- Protege recursos de trabajadores y los destina a su beneficio; avanza hacia vivienda adecuada con criterios de ONU Hábitat.
Las senadoras y senadores del Partido Verde respaldaron la reforma a la Ley de Vivienda para incorporar en su redacción el concepto de vivienda adecuada y sus características, así como armonizarla con las modificaciones constitucionales aprobadas en 2024.
Durante su participación, la senadora Virginia Magaña Fonseca indicó que el dictamen armoniza la legislación al sustituir el concepto de vivienda digna y decorosa por vivienda adecuada, en congruencia con la reforma constitucional y compromisos internacionales, reconociendo este derecho como un asunto de interés público y responsabilidad compartida.
Señaló que incorpora siete elementos definidos por organismos internacionales y fortalece las facultades operativas de los organismos de vivienda, consolidando una política pública sustentada en los principios de universalidad, progresividad e igualdad.
Además, incorpora criterios normativos claros y fortalece las facultades de los organismos de vivienda para mejorar su operación y garantizar este derecho fundamental.
Por su parte, la senadora Rocío Corona Nakamura destacó que las modificaciones establecen que los recursos de los trabajadores no estarán en riesgo y se orientarán a su beneficio. Además, se transita de una vivienda digna a una vivienda adecuada, alineada con criterios de ONU Hábitat.
Dijo que también se busca evitar viviendas alejadas y sin servicios básicos, que históricamente generaron abandono, altos costos y comunidades desconectadas. Además, la reforma plantea soluciones flexibles como mejora, ampliación y arrendamiento, incluyendo apoyo a jóvenes.
Además, se establecen mecanismos para adquirir, mejorar o rentar vivienda y una meta de construcción y mejoramiento habitacional hacia 2030, fortaleciendo una política pública centrada en condiciones reales de vida.
Corona Nakamura resaltó que el objetivo es garantizar viviendas adecuadas, con servicios y cercanas a oportunidades, transformando la política pública habitacional.
En este sentido, el senador Luis Alfonso Silva Romo afirmó que el dictamen representa un avance en el desarrollo inmobiliario en México, impulsado por la Estrategia Nacional de Vivienda y el Programa de Vivienda para el Bienestar, al reducir el rezago habitacional de 8.8 millones en 2020 a 8.3 millones en 2024, fortaleciendo el acceso de las familias a una vivienda adecuada en el país.
Comentó que se corrigen prácticas del pasado que generaron viviendas alejadas y abandonadas, y se impulsa la construcción de más de un millón de viviendas desde 2025, priorizando a sectores vulnerables y consolidando un marco legal que permita a la población exigir condiciones mínimas de habitabilidad.
- Se busca exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, para que refuercen o elaboren los protocolos de seguridad y prevención dentro y en los alrededores de los diversos planteles educativos.
- También exhortar a la Secretaría de Educación de Morelos a evaluar la creación o designación de un organismo o mecanismo para supervisar, regular y dar seguimiento a estos protocolos de seguridad en los planteles educativos.
Con el propósito de prevenir situaciones de riesgo y garantizar la protección de la vida, la integridad y el bienestar de las y los estudiantes de todos los niveles educativos del estado de Morelos, la senadora Juanita Guerra Mena presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de dicha entidad para que refuercen o elaboren los protocolos de seguridad y prevención dentro y en los alrededores de los diversos planteles educativos.
En este mismo sentido, su Punto de Acuerdo busca exhortar a la Secretaría de Educación de Morelos a evaluar la creación o designación de un organismo o mecanismo para supervisar, regular y dar seguimiento a estos protocolos de seguridad en los planteles educativos, con especial atención en la prevención de la violencia.
Explicó que la seguridad en las escuelas es indispensable para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación, así como para asegurar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, lamentó que en las últimas semanas, en el estado de Morelos se han registrado casos que han generado preocupación entre la comunidad universitaria, las familias y la sociedad en general.
Puso como ejemplo la desaparición y posteriores presuntos feminicidios de dos alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); también recordó que recientemente se difundió un video de la escuela CBTA 190 "Leona Vicario Fernández" en el municipio de Ocuituco, Morelos, en donde tres alumnos, aparentemente dentro de las instalaciones de la escuela, consumían presuntas drogas.
Además, lamentó que en esta entidad actualmente no existe un organismo que supervise, regule o evalúe los protocolos de seguridad al interior de los planteles educativos, lo que dificulta la implementación de medidas de prevención y actuación ante situaciones de riesgo, por lo que destacó la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y reacción ante hechos que pongan en riesgo la integridad de las y los estudiantes.
Ante este panorama, la senadora Guerra Mena subrayó que de no existir protocolos de seguridad establecidos para los planteles educativos del estado, estos deben ser elaborados y puestos en marcha de manera inmediata.
Finalmente, recalcó la necesidad de fortalecer la coordinación entre las autoridades educativas, las instituciones de seguridad pública y las universidades, con el fin de establecer protocolos claros, eficaces y permanentes que permitan prevenir hechos que vulneren la seguridad de las y los estudiantes.
