- Los "jammers" son utilizados para bloquear comunicaciones y facilitar delitos de alto impacto; su fabricación, comercialización y uso están prohibidos por la legislación federal.
La senadora Juanita Guerra Mena presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Guardia Nacional y a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de vigilancia, investigación, monitoreo y denuncia contra la comercialización, distribución y oferta ilícita de equipos inhibidores de señales de telecomunicaciones, conocidos como "jammers", que continúan ofertándose a través de plataformas digitales, redes sociales y sitios de comercio electrónico.
Señaló que las telecomunicaciones constituyen un servicio público de interés general y un elemento estratégico para el funcionamiento del Estado mexicano, ya que garantizan el ejercicio de derechos fundamentales, la atención de emergencias, la protección civil y la seguridad pública.
En ese contexto, la legisladora del Partido Verde advirtió que cualquier interferencia indebida en las redes de comunicación representa un riesgo para la población y para la operación de las instituciones encargadas de la seguridad.
Explicó que los “jammers” son dispositivos electrónicos diseñados para generar interferencias intencionales en las frecuencias utilizadas por las redes de telecomunicaciones, impidiendo la transmisión y recepción de señales de telefonía móvil, internet inalámbrico, sistemas de posicionamiento global y radiocomunicación.
La legisladora advirtió que su uso puede interrumpir llamadas de emergencia, obstaculizar operaciones de rescate, afectar sistemas de localización y comprometer la coordinación institucional en situaciones de riesgo.
Recordó que el artículo 168 Ter del Código Penal Federal establece penas de 12 a 15 años de prisión para quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, use u opere equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos e imagen.
Asimismo, destacó que el 24 de enero de 2024 entró en vigor la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y al Código Penal Federal, mediante la cual quedó prohibida la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación, uso y operación de estos dispositivos, con excepción de las autoridades facultadas por la legislación vigente.
Sin embargo, advirtió que, pese a la prohibición legal, existen plataformas digitales y sitios de comercio electrónico donde estos equipos continúan ofreciéndose al público, situación que facilita su adquisición y uso indebido para la comisión de delitos y la afectación de servicios estratégicos del Estado.
Por ello, la senadora ecologista propuso exhortar a la Guardia Nacional a fortalecer las acciones de vigilancia, investigación y verificación sobre la comercialización y distribución de estos equipos, así como a presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad ministerial competente.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades estatales responsables de la seguridad pública, particularmente a sus unidades de policía cibernética, para que investiguen, monitoreen, denuncien y coadyuven en el combate a la comercialización ilícita de estos dispositivos, a fin de prevenir su adquisición y uso indebido.
- Telefonía móvil e internet, entre las empresas más denunciadas ante PROFECO en 2025 por cobros indebidos, fallas y mala atención.
- Las y los usuarios merecen contratar servicios sin imposiciones ni cargos adicionales no solicitados.
La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de evitar que empresas de telecomunicaciones obliguen a las y los usuarios a contratar seguros, suscripciones o membresías como requisito para acceder a un servicio.
La legisladora señaló que los servicios de telefonía móvil y telecomunicaciones se han convertido en una herramienta indispensable para la comunicación, el trabajo, el acceso a la información y conectividad, además de representar uno de los sectores con mayor crecimiento en el país.
Sin embargo, advirtió que, pese al crecimiento del sector, persisten prácticas abusivas contra usuarios de servicios de telecomunicaciones, particularmente al obligarlos a contratar seguros, membresías o suscripciones para acceder a un servicio principal de telefonía o internet.
Indicó que, en muchos casos, estos cargos adicionales se renuevan automáticamente y generan gastos no previstos para las familias mexicanas.
De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para marzo de 2025 México registró 142.3 millones de líneas activas de telefonía móvil y 130.5 millones de accesos activos a internet móvil en México.
Asimismo, destacó que la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023 reportó que 97 millones de personas utilizan internet en México, equivalente al 81.2% de la población de seis años o más. El grupo de entre 12 y 17 años registró una participación de 92.4% en el uso de internet.
La senadora del Partido Verde mencionó que, según reportes de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), las empresas de telefonía móvil e internet figuraron entre las que más quejas recibieron en 2025, debido a problemas relacionados con mala atención, fallas del servicio y cobros de servicios adicionales no requeridos por los usuarios.
En ese sentido, Corona Nakamura indicó que su propuesta, que reforma los artículos 102, 185 y 186 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estableció que ninguna empresa podrá condicionar la contratación de servicios de telecomunicaciones a la compra obligatoria, temporal o permanente, de seguros, suscripciones o membresías, además de reconocer el derecho de los usuarios a no aceptar servicios adicionales distintos al solicitado originalmente.
- Es indispensable que la ciudadanía de Cuautla conozca el estado actual en el que se encuentra la administración municipal.
Luego de los acontecimientos ocurridos en el municipio de Cuautla, Morelos, derivados del "Operativo Enjambre", la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la síndica con funciones de presidenta municipal de este municipio, a rendir un informe detallado sobre el estado en el que recibió la administración municipal dirigida por Jesús Corona Damián y el estado actual administrativo, legal, financiero presupuestal y operativo.
Recordó que en las acciones del "Operativo Enjambre" en el municipio de Cuautla, en Morelos, se dio cuenta de presuntos actos de corrupción, infiltración del crimen organizado y posibles irregularidades administrativas dentro del gobierno municipal, lo que ha generado una profunda preocupación social, política e institucional respecto del estado que guarda actualmente la administración pública municipal.
Agregó que luego de estos acontecimientos, la síndica Municipal Nancy Guadalupe Echeverría Guerrero, fue nombrada presidenta municipal, por lo que la senadora insistió en que en su actual responsabilidad está obligada a transparentar de manera inmediata y exhaustiva las condiciones administrativas, financieras y operativas en las que recibió la administración municipal.
La legisladora ecologista enlistó algunas de las áreas en las que se debe rendir informe de la situación actual del municipio, entre las que destacan el estado de las finanzas públicas municipales, los adeudos institucionales existentes, las obligaciones pendientes de pago, el estado de la nómina municipal, los contratos vigentes, la situación de los recursos federales y estatales ejercidos y por ejercer, el estado patrimonial del H. Ayuntamiento, y cualquier posible irregularidad detectada durante el proceso de entrega-recepción o continuidad administrativa.
Agregó que la petición de estos informes se encuentra fundamentada en diversos ordenamientos, como son la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos, y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, las cuales, aseguró, establecen obligaciones claras para los servidores públicos en materia de transparencia, control interno, legalidad y rendición de cuentas respecto del manejo y administración de recursos públicos.
Insistió en que es indispensable que la ciudadanía de Cuautla conozca el estado actual en el que se encuentra la administración municipal, particularmente ante un contexto de alta sensibilidad pública y posibles afectaciones a la gobernabilidad, la seguridad y el manejo responsable del erario.
Finalmente, recalcó no se puede hacer caso omiso frente a hechos que pudieran comprometer la estabilidad institucional del municipio de Cuautla, Morelos, la correcta aplicación de recursos públicos y la confianza ciudadana en las instituciones.
