La senadora Virginia Magaña expresó su respaldo a la iniciativa que busca facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Feminicidio, al señalar que en estados como Guanajuato la violencia contra las mujeres persiste y la respuesta institucional ha sido insuficiente.
Durante su posicionamiento en el Pleno del Senado, advirtió que en Guanajuato la realidad ha evidenciado un problema de fondo en la clasificación e investigación de estos delitos, lo que ha generado una brecha preocupante entre la violencia que enfrentan las mujeres y la respuesta institucional.
“En 2025, Guanajuato encabezó las cifras de muertes violentas de mujeres en el país, pero apenas el 1.6% de esos casos fue tipificado como feminicidio. En 2026 la tendencia continúa, somos primeros en la lista, pero solo alrededor del 1% se investiga como lo que es. Esto es impunidad sistematizada”, afirmó.
La legisladora subrayó que esta problemática no es reciente, sino resultado de años de omisiones institucionales que urge corregir desde la ley.
“Cuando el delito no se nombra correctamente, la investigación falla. Y cuando la investigación falla, la justicia no llega”, enfatizó.
En este contexto, sostuvo que la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum es un paso necesario para establecer un estándar nacional que garantice que todos los casos se investiguen con perspectiva de género y bajo los mismos criterios en todo el país.
“Esta iniciativa no nace en el vacío. Es resultado de décadas de lucha feminista y de una deuda histórica del Estado mexicano con las mujeres”, señaló.
Explicó que la propuesta se plantea como una Ley General que permitirá homologar el marco jurídico en todas las entidades federativas, eliminando márgenes de discrecionalidad y cerrando espacios a la impunidad.
Entre los principales alcances de esta iniciativa que fue votada a favor por unanimidad , se contempla:
- Garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio desde el inicio, evitando errores de clasificación.
- Establecer sanciones de hasta 70 años de prisión, fortalecer fiscalías especializadas y mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
- Colocar al centro a las víctimas y sus familias, con medidas de protección, atención integral y reconocimiento de la orfandad por feminicidio.
- Crear registros nacionales que permitan contar con información confiable y diseñar mejores políticas públicas.
La senadora Magaña reiteró que esta reforma representa una respuesta institucional a una exigencia social que ya no admite postergaciones, y subrayó que desde el Senado se está avanzando para que los derechos de las mujeres no dependan del estado en el que viven.
Finalmente, reafirmó el respaldo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a esta iniciativa, al considerarla una pieza clave para garantizar justicia, y traducir la agenda de las mujeres en leyes efectivas en todo el país.
- Llama a reforzar prevención, monitoreo y combate antes del estiaje.
- Más de 7 mil incendios y 1.23 millones de hectáreas afectadas en 2025.
Ante el inicio de la temporada de incendios forestales 2026, la senadora Maki Ortiz Domínguez exhortó a autoridades federales, estatales y municipales a actuar de inmediato y de forma coordinada para fortalecer la prevención, el monitoreo y el combate del fuego, para reducir los daños e impactos en el país.
Ortiz Domínguez destacó la importancia de intensificar la preparación antes del periodo crítico de estiaje y fortalecer la respuesta temprana con capacidades efectivas en los tres órdenes de gobierno.
Advirtió que los incendios son cada vez más extensos, simultáneos y costosos en términos ecológicos, afectando no sólo arbolado adulto, sino también suelos, biodiversidad, recarga hídrica y conectividad ecológica. Subrayó que la recuperación de los ecosistemas puede tardar años o incluso décadas.
De acuerdo con datos oficiales, en 2025 se registraron 7,016 incendios forestales con una afectación de alrededor de 1.23 millones de hectáreas, concentrándose el 72% en entidades como Jalisco, Estado de México, Michoacán, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Puebla, Chiapas y Oaxaca.
La senadora indicó que cerca del 98% de los incendios forestales en México son ocasionados por actividades humanas, con un promedio anual de 7,137 eventos entre 2018 y 2024, lo que evidencia una tendencia estructural que podría agravarse por condiciones de calor extremo, sequía y presión territorial.
Asimismo, subrayó la importancia de proteger de manera prioritaria las Áreas Naturales Protegidas y ecosistemas estratégicos, así como mejorar la coordinación entre instancias como la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Coordinación Nacional de Protección Civil y los gobiernos estatales.
En este contexto, planteó la necesidad de fortalecer brigadas, mejorar sistemas de alerta temprana, proteger de manera prioritaria las Áreas Naturales Protegidas y ecosistemas estratégicos. Además, de mejorar la coordinación entre instancias como la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Coordinación Nacional de Protección Civil y los gobiernos estatales, con el objetivo de reducir impactos antes del pico de estiaje.
La legisladora enfatizó que el cambio climático está intensificando la severidad y duración de los incendios, por lo que insistió en que la respuesta debe centrarse en la anticipación, la prevención y la acción coordinada.
Ortiz Domínguez dijo que su propuesta busca reforzar acciones en cinco ejes: prevención previa al estiaje, manejo comunitario del fuego, combate temprano, fortalecimiento del equipamiento y protección prioritaria de áreas naturales protegidas, a fin de salvaguardar los ecosistemas, la biodiversidad, la salud pública y la seguridad de las comunidades.
- La propuesta busca reconocer la paternidad como un derecho de naturaleza laboral y familiar, promover una distribución equitativa de las responsabilidades de cuidado, garantizar el interés superior de la niñez y avanzar hacia una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Con la finalidad de normalizar y fortalecer el ejercicio de las responsabilidades de cuidado de los hijos por parte de los hombres, las y los senadores del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa para que los padres trabajadores tengan un permiso de paternidad con goce íntegro de sueldo de al menos veinte días laborables, contados a partir del nacimiento de su hija o hijo.
Detallaron que su iniciativa busca reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus apartados A y B, con la finalidad reconocer la paternidad como un derecho de naturaleza laboral y familiar, promover una distribución equitativa de las responsabilidades de cuidado, garantizar el interés superior de la niñez y avanzar hacia una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Aseguraron que con el paso del tiempo, la sociedad mexicana ha experimentado cambios estructurales relevantes derivados de la incorporación de las mujeres al mercado laboral, lo que ha modificado de forma sustancial las dinámicas familiares y ha evidenciado la necesidad de replantear la distribución tradicional de las responsabilidades domésticas desde el marco jurídico.
Agregaron que actualmente en nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2025 la Población Económicamente Activa estuvo integrada por 61.5 millones de personas de 15 años y más, de las cuales, la tasa de participación económica de las mujeres fue de 45.1 por ciento.
Pese a este panorama, reconocieron que este avance no ha sido acompañado de una redistribución equitativa de las responsabilidades de cuidado y crianza en el ámbito familiar. Recalcaron que "a pesar de los progresos normativos alcanzados en materia de igualdad, persisten esquemas jurídicos y culturales que asignan de manera desproporcionada a las mujeres las labores domésticas y de cuidado, lo que limita su pleno desarrollo profesional y continúa dejando una brecha amplia de género".
Por ello, insistieron en que es indispensable que la legislación en nuestro país promueva un modelo de corresponsabilidad familiar que reconozca y garantice la participación activa de los hombres en la crianza y el cuidado de hijas e hijos, como condición necesaria para alcanzar la igualdad.
Recalcaron que una de las limitantes para alcanzar esta igualdad es la falta de permisos laborales que permitan a los hombres ejercer las labores de cuidado de sus hijas e hijos, así como disponer de tiempo para realizar actividades que fortalezcan los vínculos familiares.
Explicaron que si bien en la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, se establece como obligación del empleador otorgar a los hombres trabajadores un permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo por el nacimiento o adopción de un infante, esta disposición resulta limitada e insuficiente para garantizar una participación efectiva de los padres en las tareas de cuidado durante las primeras etapas de vida de sus hijas e hijos. Agregaron que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no establece el permiso de paternidad.
Por ello, recalcaron que "la ausencia de un reconocimiento constitucional del derecho de paternidad propicia criterios desiguales y limita la posibilidad de avanzar hacia un modelo homogéneo de protección a la familia y de corresponsabilidad de ambos padres".
Puntualizaron que si bien el permiso de maternidad atiende, entre otras cosas, a una necesidad médica relacionada con la recuperación física de la mujer, el permiso de paternidad busca atender el tema del cuidado, acompañamiento y ejercicio de la corresponsabilidad familiar desde los primeros días de vida de las hijas o hijos.
