- Si bien, diversas disposiciones transitorias permiten dar continuidad administrativa y jurídica al hacer referencia que las menciones a la Secretaría de la Función Pública se entenderán como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, es conveniente realizar adecuaciones para brindar mayor certeza jurídica.
Con el objetivo de facilitar la correcta aplicación de las normas vinculadas con los mecanismos de control, responsabilidad administrativa para el acceso de la justicia administrativa, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para armonizar la legislación de la “Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”.
Explicaron que con su propuesta se busca armonizar la legislación con la reforma a la fracción I del párrafo séptimo del artículo 1º y el primer párrafo del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y el párrafo cuarto del artículo 69-C de la Ley Federal Procedimiento Administrativo las cuales prevén mecanismos para la aplicación de la impartición justicia administrativa.
Recordaron que uno de los esquemas primordiales en la agenda pública del actual gobierno ha sido el combate a la corrupción, por lo que se ha buscado al interior gubernamental la erradicación de prácticas corruptas, con estructuras administrativas más transparentes y responsables, pero que estén sujetas a mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Agregaron que la confianza sobre el actuar público del Estado corresponde en un adecuado funcionamiento dentro de las instituciones democráticas, por lo que recordaron que el actual gobierno federal presentó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se realizaron diversas modificaciones a la estructura de la Administración Pública Federal, entre las que destaca el cambio de denominación de la Secretaría de la Función Pública por el de “Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, con la finalidad de realizar una redefinición del servicio público que se requiere para que sea aplicado con integridad, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Detallaron que si bien, diversas disposiciones transitorias permiten dar continuidad administrativa y jurídica al hacer referencia que las menciones a la Secretaría de la Función pública se entenderán como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, recalcaron que es conveniente realizar adecuaciones para brindar mayor certeza jurídica y avanzar en el proceso de armonización legislativa para que en cada una de las normas se refleje la nueva estructura orgánica del Estado.
Finalmente, reiteraron que su propuesta es coincidente con las políticas enfocadas a la transformación, además de que se encuentra apegada a la congruencia Legislativa entre la legislación vigente y la organización que tiene actualmente el Estado en las leyes que prevén mecanismos para la aplicación de la impartición justicia administrativa.
GARANTIZAR ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE ALCOHOL LEJOS DE ESCUELAS EN MORELOS, PROPONE JUANITA GUERRA
- La permisividad o falta de vigilancia en el cumplimiento de la distancia mínima establecida genera entornos de riesgo, fomenta conductas nocivas y debilita el tejido social.
La senadora Juanita Guerra Mena presentó un Punto de Acuerdo para garantizar que los establecimientos de venta y consumo de bebidas alcohólicas se encuentren alejados de centros educativos de todos los niveles en el estado de Morelos, esto con la finalidad de prevenir el consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad, dentro y fuera de las escuelas.
En su propuesta, exhorta a las y los presidentes municipales de los 36 municipios de la entidad, así como a diversas autoridades a realizar acciones para mantener los centros de venta y consumo de alcohol lejos de cualquier centro educativo.
Entre las acciones a las que se exhorta es informar el número de instituciones educativas existentes en cada municipio, así como su ubicación y dirección; el número de establecimientos mercantiles con licencia o permiso para venta y consumo de bebidas alcohólicas; las acciones de inspección, verificación, vigilancia y, en su caso, sanción que han implementado para garantizar el cumplimiento de la prohibición de instalar y operar establecimientos con venta de bebidas alcohólicas dentro de las distancias mínimas legalmente establecidas respecto de escuelas.
Agregó que también se exhorta a realizar un diagnóstico para identificar los establecimientos de venta y consumo de bebidas alcohólicas que incumplen de las disposiciones legales aplicables y, en su caso, implementen las medidas administrativas y correctivas correspondientes, esto con la finalidad de salvaguardar el interés superior de la niñez, la adolescencia y la juventud.
Subrayó que también es indispensable realizar campañas y acciones necesarias, para prevenir el consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad.
Recalcó que el consumo de alcohol representa un factor de distracción significativo en la población joven, particularmente cuando existen establecimientos dedicados a su venta en las inmediaciones de centros educativos, además de que la proximidad no solo facilita el acceso temprano a dichas sustancias, sino que puede incidir negativamente en el entorno formativo de las y los estudiantes, al no permitir su libre desarrollo integral en condiciones adecuadas de seguridad, concentración y bienestar.
Recordó que el artículo 19 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, establece que los establecimientos deberán ubicarse a una distancia perimetral mínima de 200 metros de instituciones educativas, sin embargo, la permisividad o falta de vigilancia en el cumplimiento de la distancia mínima establecida genera entornos de riesgo, fomenta conductas nocivas y debilita el tejido social, afectando de manera directa el entorno escolar y comunitario.
Finalmente, insistió en que es urgente que las autoridades municipales de Morelos refuercen los mecanismos de inspección, verificación y control, evitando la expedición indebida de licencias o la tolerancia de establecimientos que contravengan la ley, además recalcó que se deben aplicar de manera firme e imparcial las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.
- La Ley General de Protección Civil no debería carecer del lenguaje de modo incluyente, no discriminatorio y no sexista.
En aras de lograr la igualdad sustantiva desde nuestras leyes y ordenamientos, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para reformar los artículos 17, 27, 28 y 29 de la Ley General De Protección Civil con la finalidad de llevar a su texto el uso del lenguaje incluyente, no discriminatorio y no sexista.
Aseguró que en materia de igualdad sustantiva, a pesar de lo mucho que se ha avanzado, lo mucho que se ha insistido y dicho, el uso lenguaje de modo incluyente, no discriminatorio y no sexista sigue pendiente, agregó que se trata de un tema que no es menor “incluso lo podríamos identificar como una raíz que se ha perpetuado en materia de desigualdad y que a veces no goza de la atención y los esfuerzos que requiere”, y añadió que es clave para incidir en la instalación de una sociedad más justa y equitativa.
Agregó que el uso correcto del lenguaje en nuestro país y sociedad es un tema relevante si de verdad queremos consolidar e insistir en la construcción de una sociedad y una Nación más equitativa e igualitaria entre hombres y mujeres, principalmente en nuestros ordenamientos y leyes que conforman nuestro Estado de Derecho y determinan las reglas, normas y conductas que debe acatar la sociedad.
Señaló que si bien se ha hecho en algunos casos, que así se ha establecido en diversas leyes de la Constitución, no se ha llevado a cabo en todos nuestros ordenamientos, incluso en aquellos que son determinantes en materia de igualdad no solo en temas de género, sino en temas como la protección civil en nuestro país.
Detalló que nuestra Ley General de Protección Civil fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de junio del 2012, sin embargo, actualmente no debería carecer del lenguaje de modo incluyente, no discriminatorio y no sexista.
Específicamente señaló que no se debe omitir la correcta redacción en este ordenamiento, cuando se refiera a la persona Titular de la Presidencia de la República, así como tampoco, de ninguna otra autoridad a la que se hace mención.
Aseguró que el hecho de que por primera vez en nuestra historia tenemos a la primera mujer presidenta de la República, es un hito en la construcción de una sociedad más justa, equitativa e incluyente, por lo que no se puede ni debe menoscabar ni reducir, particularmente en leyes tan importantes como la Ley General de Protección Civil.
Así como tampoco se puede menoscabar que en el país tenemos a grandes y valiosas mujeres encabezando Gobiernos de algunos estados, o bien, en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en Presidencias Municipales y muchos otros cargos y puestos más, que son determinantes en materia de protección civil en nuestro país.
Por ello, destacó que su propuesta busca que en la mencionada ley se incorpore el lenguaje incluyente al mencionar dichos cargos y las personas titulares de ellos, quienes pueden ser tanto hombres como mujeres, con el objetivo de garantizar una redacción acorde con los principios de igualdad y no discriminación.
