MÉXICO ENTRA A NUEVA ETAPA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA CON PLAN 2026-2029 DE LA FGR: PARTIDO VERDE
- Desde diciembre de 2025, la fiscal impulsa una gestión humanista que pone a las víctimas en el centro de la acción institucional: Luis Alfonso Silva Romo.
- El plan impulsa una reestructuración institucional, priorización de delitos y atención a víctimas: Rocío Corona.
Luego de la entrega del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 en la Cámara Alta por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), el senador Luis Alfonso Silva Romo, del Partido Verde, aseguró que México se encuentra en una nueva etapa en la procuración de justicia a nivel federal, al destacar la sensibilidad de la institución encabezada por Ernestina Godoy.
Dijo que este ejercicio permite conocer la situación que guarda la procuración de justicia en el país y las estrategias para mejorar su impartición, en un contexto donde la sociedad demanda resultados en seguridad, justicia y paz.
Silva Romo afirmó que la presencia de la fiscal refleja un ejercicio democrático donde el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas son fundamentales para el funcionamiento del Estado, por lo que aseguró que el informe presentado permite conocer de manera directa tanto los avances como las estrategias orientadas a mejorar la impartición de justicia.
También, reconoció los avances en materia de seguridad y persecución de los delitos, al señalar que la disminución en los índices de incidencia delictiva es resultado de la coordinación institucional, la planeación estratégica y la voluntad política.
No obstante, subrayó que los retos persisten y que la exigencia social se mantiene firme en la búsqueda de justicia y en la erradicación de la violencia y el crimen.
Añadió que el plan estratégico presentado constituye una hoja de ruta basada en un nuevo modelo de investigación e inteligencia, sustentado en el uso de la tecnología y la ciencia para anticipar fenómenos delictivos y desarticular estructuras criminales desde su origen.
Luis Alfonso Silva Romo aseguró que, desde el nombramiento de la fiscal en diciembre de 2025 por el Senado, su gestión se ha caracterizado por un enfoque humanista y de servicio al pueblo, colocando a las víctimas en el centro de la actuación institucional.
Dijo que la reestructuración de la Fiscalía busca consolidar una institución más eficiente, transparente y profesional, con un enfoque en la inteligencia criminal y el fortalecimiento del capital humano, así como en el uso racional de los recursos financieros.
Sin embargo, destacó la necesidad de continuar fortaleciendo la institución mediante procesos claros, indicadores verificables y resultados medibles que permitan evaluar su impacto real y garantizar el acceso efectivo a la justicia. Por ello, reiteró el respaldo del Partido Verde para impulsar reformas legales que fortalezcan la procuración de justicia y el Estado de derecho en beneficio de la población.
Por su parte, la senadora Rocío Corona Nakamura aseguró que la procuración de justicia es un objetivo fundamental para garantizar la seguridad jurídica, la paz y el respeto a los derechos humanos en el país.
Dijo que el Plan Estratégico, presentado por la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, reconoce avances y define prioridades ante una realidad donde, según el INEGI, más del 90% de los delitos no se denuncian o no derivan en investigación, y que menos del 2% concluyen en sentencia condenatoria, lo que evidencia una brecha estructural.
En tribuna la legisladora indicó que el plan contempla reestructuración institucional, un nuevo modelo de investigación con tecnología y priorización de delitos, fortaleciendo la coordinación y la atención a víctimas.
- Los huertos escolares son el mejor modelo de enseñanza para aprender sobre el cuidado ambiental, la formación de hábitos alimenticios y nutricionales, conocer el papel de cada elemento involucrado en el cultivo de alimentos de consumo humano, así como en el cultivo de flores y la crianza de animales.
La senadora Jasmine Bugarín, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Educación con el propósito de fomentar la implementación de huertos escolares o pedagógicos, vistos como herramientas para el aprendizaje práctico del cuidado ambiental, la alimentación nutritiva y la valorización de los saberes tradicionales relacionados con el cultivo sostenible de alimentos.
Explicó que de acuerdo con la Secretaría de Bienestar, los huertos pedagógicos son zonas cultivadas en torno a las escuelas o cerca de ellas, bajo el cuidado de las y los alumnos, y suelen producir vegetales, frutas, plantas medicinales, flores y en algunos casos se crían animales pequeños como gallinas, conejos, cabras e incluso peces.
Agregó que según esta dependencia estos huertos escolares son el mejor modelo de enseñanza para aprender sobre el cuidado ambiental, la formación de hábitos alimenticios y nutricionales, conocer el papel de cada elemento involucrado en el cultivo de alimentos de consumo humano, así como en el cultivo de flores y la crianza de animales.
Destacó que esta herramienta puede permitir que las y los estudiantes entiendan su entorno, aprecien mejor el mundo que les rodea; sepan lo que cuesta producir los alimentos que consumen y se concienticen sobre la importancia de hacer un uso responsable del agua, la tierra, el sol y el aire; además de que aprenden a generar hábitos de trabajo positivos al fomentar la cooperación y las habilidades intrapersonales.
Insistió en su importancia en la educación ambiental y las ciencias naturales, pero destacó que su función va más allá, al permitir a los estudiantes aprender a cultivar, cosechar, conservar, preparar alimentos, comer frutas y verduras frescas, además de adquirir conocimientos sobre los ecosistemas.
Declaró que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los huertos escolares están adquiriendo importancia a nivel mundial, ya que fomentan la promoción de una buena alimentación, la educación nutricional y el fomento de técnicas de subsistencia; impulsan la posibilidad de ampliar las diversas maneras de aprendizaje más allá de la propia escuela; contribuyen a largo plazo a la salud y la seguridad alimentaria nacional.
Agregó que los huertos escolares pueden implementarse con pertinencia cultural y lingüística, rescatando conocimientos tradicionales y fortaleciendo la identidad cultural de las comunidades.
Finalmente, destacó la importancia de su propuesta debido a que mantiene congruencia “con los mandatos constitucionales y legales que garantizan el derecho a la educación de calidad, la alimentación nutritiva, la protección ambiental y el desarrollo sostenible”, siendo una herramienta que puede ayudar a formar ciudadanos más conscientes, saludables y comprometidos con su entorno natural y social.
- Ampliar la cobertura del "Operativo Enjambre" en los 36 municipios prioritarios con altos índices delictivos permitiría consolidar una estrategia nacional integral, homogénea y eficaz, orientada a prevenir y erradicar la corrupción en las corporaciones de seguridad pública.
Con la finalidad de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y posibles vínculos con la delincuencia organizada por parte de autoridades municipales, la senadora Juanita Guerra Mena presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, a la Guardia Nacional, al Centro Nacional de Inteligencia y a la Fiscalía General de la República, para que amplíen la implementación del "operativo enjambre" en los 36 municipios prioritarios con altos índices delictivos.
Explicó que la Operación Enjambre es una estrategia coordinada entre fuerzas federales y fiscalías estatales cuyo objetivo es desarticular redes criminales incrustadas en gobiernos locales, priorizando municipios con alta actividad económica estratégica, donde funcionarios presuntamente utilizan el poder público para extorsionar a empresarios o favorecer a grupos delictivos.
Por ello, el Gobierno Federal implementó estrategias para combatir estos fenómenos, como es el caso del "Operativo Enjambre", que ha demostrado ser un mecanismo eficaz de coordinación entre fuerzas de seguridad y de inteligencia para detectar, investigar y desarticular redes de corrupción dentro de gobiernos municipales.
Explicó que la Operación Enjambre es una estrategia coordinada entre fuerzas federales y fiscalías estatales cuyo objetivo es desarticular redes criminales incrustadas en gobiernos locales, priorizando municipios con alta actividad económica estratégica, donde funcionarios presuntamente utilizan el poder público para extorsionar a empresarios o favorecer a grupos delictivos.
Detalló que en dicho operativo participan instancias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, lo que permite una actuación integral basada en labores de inteligencia, investigación y operativos tácticos.
Sin embargo, reconoció que su implementación no ha sido homogénea en todo el territorio nacional, lo que genera brechas en la capacidad del Estado para prevenir y sancionar actos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada a nivel local.
Apuntó que en el ámbito municipal convergen muchos factores de riesgo, como son limitaciones institucionales, debilidad en los controles internos, y en algunos casos, presiones directas del crimen organizado.
Aseguró que ampliar la cobertura del "Operativo Enjambre" en los 36 municipios prioritarios con altos índices delictivos permitiría consolidar una estrategia nacional integral, homogénea y eficaz, orientada a prevenir y erradicar la corrupción en las corporaciones de seguridad pública, lo cual contribuiría a fortalecer los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas, así como restablecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
Asimismo, destacó que facilitaría la estandarización de protocolos de actuación, la profesionalización de los cuerpos policiales y la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, al mismo tiempo que contribuiría a prevenir la captura de los gobiernos municipales por intereses criminales, al fortalecer los mecanismos de vigilancia, control interno y coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
Finalmente, afirmó que implementar este operativo en los 36 municipios con mayores índices delictivos incidiría directamente en la protección de los derechos fundamentales de la población, al garantizar que las instituciones de seguridad actúen bajo principios de legalidad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos.
