- Aseguró que si bien estos proyectos podrían contribuir con el crecimiento económico, podrían generar diversos impactos medioambientales a los que hay que poner atención.
Con la finalidad de proteger uno de los ecosistemas marinos más diversos y dinámicos del planeta y un punto estratégico de la región de América del Norte por su importancia en la conservación, la senadora Maki Ortiz Domínguez presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), a la Secretaría de Turismo, al Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable (IMIPAS) y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para realizar acciones relacionadas con los proyectos de Plantas de Gas Natural licuado que pretenden instalarse en el Golfo de California.
Explicó que ha crecido el interés de diversas empresas extranjeras por desarrollar proyectos de plantas de licuefacción de gas natural extraído en Estados Unidos, en puertos ubicados en la costa noroeste del Pacífico Mexicano, entre los que se encuentran los proyectos "Terminal GNL de Sonora/ Saguaro Energía" (Saguaro), "American Mexican Integrated Gas Operations" (AMIGO), y "Vista Pacífico LNG (VPLNG)".
Sin embargo, declaró que dichos proyectos podrían afectar la zona del Golfo de California, en donde existen 25 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de competencia federal, además de que alberga 900 especies de peces, de las cuales 90 por ciento son endémicas, así como el 39 por ciento de los mamíferos marinos del mundo, así como miles de especies de invertebrados marinos, macroinvertebrados, arrecifes de coral, algas microscópicas, macroalgas y manglares, entre otras especies.
Agregó que las aguas del Golfo de California son altamente productivas y una de las zonas de mayor pesca en el mundo y del país, aunado a que sostiene una de las economías de turismo de naturaleza más importantes de México, además de que los territorios aledaños son habitados por una diversidad de comunidades indígenas.
Aseguró que si bien estos proyectos podrían contribuir con el crecimiento económico, tanto habitantes de la región como representantes de organizaciones de la sociedad civil consideran que no deben ser autorizados ya que podrían generar diversos impactos medioambientales a los que hay que poner atención, además de que los consideran un retroceso a la ambición climática del país y alejan al Estado mexicano del cumplimiento de sus compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental.
Y es que aseguró que además de los efectos generados por las emisiones de gases de efecto invernadero, existen otros impactos como el que las plantas de licuefacción de gas emplean grandes cantidades de agua para enfriar el compuesto y condensarlo para volverlo líquido, además de que se liberan sustancias químicas al mar que podrían afectar la calidad de agua, al medio marino, y las especies que lo habitan.
Añadió que también se ha alertado sobre el aumento del estrés inducido por el ruido, que puede hacer que los animales sean más susceptibles a infecciones y dificultades físicas. Otro impacto es el relativo a potenciales colisiones de embarcaciones con animales marinos, lo cual genera una gran incertidumbre sobre los riesgos que pudiera tener esta actividad en las poblaciones de mamíferos marinos, especialmente ballenas y otras especies como tiburón ballena y tortugas marinas.
En este sentido, detalló que, entre las propuestas de su Punto de Acuerdo, se encuentran solicitar al INECC que lleve a cabo un estudio técnico y científico sobre los impactos de sus emisiones, directas, indirectas y fugitivas, de gases y compuestos de efecto invernadero, considerando las plantas, toda la infraestructura asociada a ellas y los procesos de licuefacción. Asimismo, que la SEMARNAT solicite al Consejo de Cambio Climático que emita una recomendación sobre la alineación y la congruencia de estos proyectos con relación a la política nacional de cambio climático.
Además de que la ASEA revise los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de los tres proyectos, así como las autorizaciones que ya fueron otorgadas, cuidando que los sistemas ambientales hayan sido delimitados considerando tanto su zona de influencia directa, como las zonas de influencia indirecta que podrían verse afectadas por el conjunto de obras y actividades que pretendan llevarse a cabo, como las interacciones con los diferentes componentes ambientales regionales.
- La medida busca garantizar empleo, protección y condiciones dignas en el trabajo.
- Casi 40% de mujeres en México han vivido violencia de pareja y más del 63% ocurre en el hogar.
La senadora Virginia Magaña Fonseca, integrante del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo para incorporar medidas que protejan a personas trabajadoras, víctimas de violencia doméstica, con el objetivo de garantizar la continuidad en el empleo, mitigar sus efectos en el ámbito laboral y dar cumplimiento al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México en 2022.
Explicó que la reforma prohíbe expresamente despedir, sancionar o discriminar a las personas trabajadoras por ser víctimas de violencia doméstica, cuando dicha condición haya sido debidamente acreditada.
También incorpora nuevas obligaciones para las personas empleadoras, como proporcionar información clara y accesible sobre la violencia doméstica y sus efectos en el entorno laboral, así como difundir periódicamente los servicios disponibles para atención, protección y denuncia, garantizando en todo momento la confidencialidad y la no revictimización.
Magaña Fonseca subrayó que la violencia doméstica agrava ladesigualdad económica, especialmente para las mujeres, quienes enfrentan una brecha salarial del 6% y destinan el doble de tiempo al trabajo de cuidados no remunerados.
Señaló que este fenómeno trasciende el ámbito privado y tiene consecuencias directas en el empleo, la productividad, la salud y la seguridad laboral; además, alertó que la pérdida de ingresos puede limitar su autonomía y dificultar la salida de entornos de violencia.
De acuerdo a cifras oficiales, a nivel nacional cerca del 40% de las mujeres ha experimentado violencia de pareja y más del 11% ha sufrido violencia familiar, siendo el hogar el principal espacio donde ocurren estos actos.
Por ello, destacó que su propuesta busca armonizar el marco legal para atender esta problemática mediante medidas concretas como la flexibilización temporal de la jornada laboral, la protección contra el despido y la implementación de mecanismos de información y apoyo dentro de los centros de trabajo.
Además, de garantizar la continuidad del empleo, mitigar los efectos de la violencia en el ámbito laboral y fortalecer los derechos laborales con perspectiva de género y justicia social.
Magaña Fonseca explicó que las personas trabajadoras víctimas de violencia doméstica podrán solicitar medidas de protección laboral de manera confidencial, acreditando su situación mediante documentos expedidos por autoridades competentes, instituciones de salud o instancias de apoyo, sin necesidad de contar con una resolución judicial definitiva.
La legisladora subrayó que su propuesta, busca reconocer la violencia doméstica como un problema estructural que impacta el desarrollo económico y social, así como avanzar hacia entornos laborales dignos, libres de violencia y con condiciones que permitan a las personas trabajadoras mantener su autonomía, seguridad y proyecto de vida.
Finalmente, afirmó que garantizar el empleo en estos contextos es fundamental para fortalecer la independencia económica, la dignidad y la seguridad de las personas trabajadoras, al tiempo que reafirma el compromiso del Estado mexicano con la construcción de espacios laborales libres de violencia, con perspectiva de género, igualdad y justicia social.
- La reforma plantea incorporar atención socioemocional y apoyo psicológico permanente en el sistema educativo.
- La salud mental de la niñez y la adolescencia no puede seguir postergándose.
Luego de los hechos ocurridos en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde un adolescente de quince años presuntamente asesinó a dos maestras dentro de un plantel escolar, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para incorporar la salud socioemocional en los planteles y programas de estudio.
Señaló que su iniciativa, que busca reformar la Ley General de Educación, busca establecer programas de asesoría, orientación y atención psicológica en escuelas públicas de primaria y secundaria, además de planteles particulares de esos niveles.
Asimismo, establece que en cada plantel educativo exista al menos una persona profesional en psicología, lo que permitirá promover la salud socioemocional e identificar de manera temprana conductas de riesgo.
“Esta propuesta tiene un enorme valor porque entiende que la educación no puede limitarse a transmitir conocimientos. Educar también implica cuidar y acompañar”, afirmó.
Corona Nakamura dijo que es necesario pasar de una reacción tardía a una prevención oportuna, interviniendo antes de que las crisis escalen. Señaló que muchas conductas agresivas o cambios de comportamiento en el aula pueden estar vinculados con entornos de violencia, abandono o necesidades emocionales no atendidas.
La legisladora subrayó que miles de estudiantes enfrentan problemáticas cada vez más complejas y frecuentes, como ansiedad, depresión, aislamiento, violencia escolar, acoso, autolesiones, adicciones digitales y dificultades para relacionarse, lo que forma parte de una realidad en muchas escuelas del país.
Dijo que este tipo de situaciones muestran que no se trata de una falta menor de disciplina, sino de una fractura profunda en la salud emocional, en la contención social y en la capacidad institucional para detectar a tiempo señales de riesgo.
Corona Nakamura enfatizó que muchas conductas agresivas tienen origen fuera del aula, relacionadas con contextos de violencia, abandono o falta de atención, y advirtió que también existen señales silenciosas que no se detectan a tiempo.
Finalmente, afirmó que la salud mental de la niñez y la adolescencia no puede seguir postergándose. “Acompañar psicológicamente a nuestras infancias y adolescencias dentro de las escuelas es una decisión correcta, necesaria y urgente. Es una medida de humanidad”, concluyó.
