- Pide atender los apagones que afectan a familias, comercios, escuelas y servicios esenciales en municipios de Morelos.
La senadora Juanita Guerra Mena presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos a implementar acciones urgentes que garanticen el suministro continuo y seguro de energía eléctrica en los municipios de la entidad afectados por los constantes apagones registrados durante la temporada de lluvias.
Señaló que el acceso a la electricidad constituye un servicio básico para el desarrollo de las actividades productivas, comerciales, educativas, agrícolas y domésticas, además de ser fundamental para la operación de sistemas de bombeo de agua potable, conservación de medicamentos, equipos médicos, telecomunicaciones y servicios de emergencia.
Guerra Mena destacó que la falta de energía eléctrica afecta la operación del alumbrado público, los sistemas de comunicación, los equipos de emergencia y diversos servicios municipales. Asimismo, indicó que los apagones ocasionan pérdidas económicas por el deterioro de alimentos, afectan a los pequeños comercios, dificultan las labores escolares y perjudican los sistemas de bombeo y riego, entre otras afectaciones.
Dijo que de acuerdo con información publicada por El Sol de Cuautla, habitantes de la comunidad de Achichipico, en el municipio de Yecapixtla, han denunciado reiteradamente interrupciones prolongadas en el suministro eléctrico durante la temporada de lluvias, las cuales pueden extenderse por varias horas e incluso hasta tres días completos, afectando severamente la vida cotidiana de cientos de familias.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado la continuidad de las lluvias en diversas regiones del estado de Morelos, por lo que resulta indispensable adoptar medidas preventivas que permitan reducir el riesgo de nuevas interrupciones del suministro eléctrico.
Además, existe la denuncia realizada por el director de CANACOPE Morelos, quien informó que en algunos municipios se han registrado interrupciones del servicio de hasta ocho y diez horas, obligando a diversos empresarios a invertir en plantas generadoras para continuar sus operaciones.
Ante esta situación, la legisladora hizo un llamado a la CFE a realizar una inspección técnica integral de la infraestructura eléctrica en los municipios afectados; ejecutar acciones inmediatas de mantenimiento, reparación, modernización y sustitución de la infraestructura que resulte necesaria; establecer un programa permanente de mantenimiento preventivo y poda de vegetación; y fortalezca la coordinación con las autoridades de Protección Civil para implementar medidas preventivas y activar protocolos de atención inmediata durante los fenómenos hidrometeorológicos.
Finalmente, Guerra Mena recordó que la Constitución establece la responsabilidad del Estado de garantizar un servicio de transmisión y distribución de energía eléctrica bajo criterios de continuidad, eficiencia, calidad, confiabilidad y seguridad.
- “La lucha contra el cambio climático debe ser una política pública integral, no un pretexto para recaudar sin resultados”, advirtió el senador ecologista.
La falta de un desarrollo sostenible ha contribuido al agravamiento del cambio climático, la degradación ambiental, la pobreza, el hambre, los conflictos y el incremento de las desigualdades sociales.
La senadora Juanita Guerra Mena presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en materia de Agenda del Desarrollo Sostenible, con el propósito de incorporar a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México en la planeación, ejecución y evaluación de políticas ambientales vinculadas con instrumentos internacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La legisladora ecologista destacó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el desarrollo sostenible implica mantener un equilibrio entre el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente, al considerar estos tres ejes como fundamentales para garantizar un mejor futuro.
Sin embargo, Guerra Mena advirtió que la falta de un desarrollo sostenible ha contribuido al agravamiento del cambio climático, la degradación ambiental, la pobreza, el hambre, los conflictos y el incremento de las desigualdades sociales.
Recordó que la Organización de las Naciones Unidas estableció en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, integrada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales abarcan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: economía, desarrollo social y medio ambiente.
En ese sentido, explicó que los gobiernos municipales desempeñan un papel fundamental para aterrizar estos objetivos mediante una planeación integral, mecanismos de participación ciudadana, financiamiento y herramientas de evaluación que permitan traducir los compromisos internacionales en acciones concretas para beneficio de las comunidades.
Destacó la importancia de incorporar, entre las facultades de los municipios, la alineación y transversalización de los instrumentos y las agendas globales de desarrollo sostenible. Asimismo, planteó integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la planeación, ejecución y evaluación de los programas ambientales municipales, así como establecer mecanismos de mejora de la gestión pública y de participación ciudadana.
Por ello, su propuesta busca crear la Sección I Bis "Del Desarrollo Sostenible de los Municipios", que establece como ejes rectores de la política ambiental municipal el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el respeto a los derechos humanos de las personas defensoras del medio ambiente, la implementación de mecanismos de mejora de la gestión pública.
Guerra Mena subrayó que los instrumentos rectores de política ambiental municipal deberán considerar el fortalecimiento institucional, la prestación eficiente de servicios públicos, la gestión racional de los recursos, el manejo adecuado de residuos, indicadores de eficacia y eficiencia, la transversalización de los (ODS), así como mecanismos de participación ciudadana, académica, social y ambientalista.
- Diversas Leyes fueron modificadas para armonizar y reconocer la nueva denominación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sin embargo, dichos cambios no fueron realizados en la legislación ambiental.
Las y los senadores del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa para sustituir la denominación Secretaría de Comunicaciones y Transportes por Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y la Ley General de Cambio Climático.
Explicaron que en octubre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se modifican entre otros, la denominación de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la finalidad de reconocer que la política pública en materia de infraestructura había adquirido un carácter prioritario y transversal para el desarrollo nacional.
Agregaron que la inclusión del término “infraestructura” en la denominación de la Secretaría permitió el reconocimiento de la infraestructura como elemento articulador de políticas públicas en materia de movilidad, conectividad digital, desarrollo regional e integración económica.
Expusieron que ante estos cambios, diversas Leyes fueron modificadas para armonizar y reconocer la nueva denominación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sin embargo, dichos cambios no fueron realizados en la legislación ambiental, armonización que, aseguraron, es necesaria para el cabal cumplimiento de la norma.
Por ello, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Cambio Climático continúan haciendo referencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que, afirmaron, genera una disonancia normativa frente a la estructura vigente de la Administración Pública Federal.
Finalmente, recalcaron que esta modificación permitirá consolidar un marco normativo actualizado, funcional y acorde con los desafíos contemporáneos del desarrollo sostenible, asegurando que las disposiciones ambientales se apliquen con claridad y eficacia en beneficio del equilibrio ecológico y del bienestar de las generaciones presentes y futuras.
