La senadora por Guanajuato, Virginia Magaña Fonseca, presentó una iniciativa para que, al planear nuevos desarrollos de vivienda, se prevea que las familias tengan cerca servicios de cuidado, como estancias infantiles, centros de día para personas mayores y centros de atención para personas con discapacidad.
La propuesta complementaría la reforma a la Ley de Vivienda impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, publicada el 29 de abril de 2026. Esa reforma reconoce que una vivienda adecuada debe cumplir varias condiciones. Entre ellas están que las familias puedan pagarla, que cuente con servicios básicos y que esté bien ubicada.
“Durante décadas se ha construido vivienda dando por hecho que alguien se quedaría en casa a cuidar. Si bien esto no está escrito en ninguna ley, está escrito en el territorio”, señaló la senadora del Partido Verde.
Es decir, la ley ya toma en cuenta que la vivienda quede cerca del trabajo, las escuelas, los servicios de salud y los centros de cuidado infantil. Magaña Fonseca propone ampliar esa parte de la ley para que también se considere la cercanía a servicios para personas mayores, personas con discapacidad, personas enfermas y quienes necesitan apoyo en su vida diaria.
Si la iniciativa se aprueba, los cambios se incorporarían a la Ley de Vivienda y a la ley que regula cómo se planean las ciudades. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) definiría qué significa que un servicio quede cerca. Para hacerlo, tomaría en cuenta la distancia, el tiempo del recorrido y si se puede llegar de forma segura y accesible, de preferencia a pie o en transporte público. Para definir esas reglas, escucharía a las mujeres y a las personas cuidadoras de las comunidades.
Los proyectos de suelo y vivienda que reciban recursos federales tendrían que seguir esas reglas. Lo mismo aplicaría a los proyectos de los organismos que financian vivienda para las personas trabajadoras. Además, si un desarrollo nuevo recibe recursos federales y alcanza el número de viviendas que fije Sedatu, tendría que apartar un terreno o dejar un espacio para estos servicios. Por ejemplo, podría adaptar un área común que ya estuviera prevista en el proyecto.
A los estados y municipios les correspondería tomar en cuenta estos espacios al planear los servicios y la infraestructura de los desarrollos de vivienda. Sedatu, por su parte, incorporaría datos por estado y por sexo para medir qué tan cerca quedan los servicios.
“Una ciudad que no cuida no es neutral: el precio lo terminamos pagando las mujeres, y lo pagamos en tiempo”, expresó Magaña Fonseca.
- La CONDUSEF ha señalado la importancia de revisar las condiciones generales antes de firmar contrato, ya que las reclamaciones surgen principalmente por "falta de claridad o información insuficiente del producto contratado".
Con la finalidad de brindar protección, transparencia y seguridad jurídica a las familias mexicanas y sus patrimonios, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para reformar la Ley Sobre el Contrato de Seguro para establecer de manera expresa que se incluyan las condiciones generales en la póliza del contratante como una obligación de la aseguradora.
Explicaron que el seguro es un contrato mediante el cual se ofrece la prestación de un servicio para resarcir un daño o pagar una suma de dinero, a cambio de una prima, en el caso de una eventualidad prevista en el contrato, y representa la suma de voluntades entre la aseguradora y el asegurado, en el que se acuerdan los términos y condiciones sobre la cobertura de lo asegurado.
Por otro lado, apuntaron que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), ha señalado la importancia de revisar las condiciones generales antes de firmar contrato, ya que las reclamaciones surgen principalmente por "falta de claridad o información insuficiente del producto contratado".
Además, declararon que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha manifestado que representa una obligación por parte de las aseguradoras, la entrega de las condiciones generales a la persona asegurada, y que, pese a los avances tecnológicos, debe dejarse constancia de que el usuario tuvo acceso efectivo y completo al contenido del contrato, incluyendo las condiciones generales.
En este sentido, reconocieron que el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's), han generado nuevos problemas ante la falta de una regulación adecuada que proteja al usuario, sobre todo cuando se trata de dar información clara y precisa de un producto.
Los legisladores ecologistas recalcaron que los seguros representan una protección para los usuarios, pero aún existen problemas que no han sido atendidos como bien lo manifiesta la SCJN y la CONDUSEF, por lo que insistieron en que resulta necesario garantizar una verdadera certeza jurídica para las personas contratantes de seguros en cuanto a la cobertura de los riesgos previstos por las condiciones generales.
- Al no existir las siete declaratorias ni el órgano administrativo federal, ya no tiene ningún alcance o efecto legal para que de manera operativa cumpla los objetivos de inversión, empleo y reducción del rezago previstos en la propia ley.
Ante una nueva etapa del país en la que ha habido diversos cambios profundos en la vida pública y de sus instituciones, las y los senadores del Partido Verde Ecologista de México, presentaron una iniciativa para abrogar la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2016.
Reconocieron que si bien se han tenido históricos avances, aún hay grandes rezagos y desigualdades socioeconómicas que buscan reducirse mediante políticas de corto, mediano y largo plazo, como es el caso del Plan México y los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.
Explicaron que en 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar para reducir las desigualdades económicas, promover infraestructura y desarrollos industriales, generar empleo y vincular las vocaciones productivas locales con inversión nacional e internacional alienados con el Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
Los legisladores ecologistas afirmaron que este plan integral para reducir las desiguales regionales dejó sin efectos el fallido proyecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de 2015, que tenía por objeto “impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población”.
Agregaron que ante la falta de consolidación de esta política pública, en 2019 el Ejecutivo en turno eliminó las declaratorias de las siete ZEE (Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas-La Unión, Progreso, Salina Cruz, Campeche y Tabasco), además de que a finales de ese mismo año se reformó el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y extinguió la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), órgano encargado de funciones de planeación, promoción, regulación, supervisión y verificación en esta materia.
Los senadores consideraron que al no existir las siete declaratorias ni el órgano administrativo federal, ya no tiene ningún alcance o efecto legal para que de manera operativa cumpla los objetivos de inversión, empleo y reducción del rezago previstos en la propia ley.
Por ello, insistieron en que la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales debe ser abrogada y fortalecer mediante otras modificaciones al marco jurídico nacional en la materia para favorecer los grandes objetivos del Plan México, los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 para reducir las desigualdades regionales que vive el pueblo mexicano y seguir consolidando la ruta del desarrollo con bienestar y la prosperidad compartida.
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