- Foro reúne a autoridades y sector productivo para mejorar regulación ambiental.
- Hasta 640 mil millones en costos globales y 8 de cada 10 tiraderos operan a cielo abierto en México.
En el marco del Foro: “Residuos peligrosos, retos regulatorios, inspección ambiental y buenas prácticas”, realizado en el Senado de la República, el Grupo Parlamentario del Partido Verde destacó la importancia de fortalecer el marco regulatorio y atender los retos en la gestión de estos materiales, en un contexto donde los impactos ambientales y de salud son cada vez más relevantes.
Durante el encuentro, autoridades, academia, especialistas y sector productivo, alertaron que la mala gestión de residuos provoca altos costos, riesgos a la salud y daños al medio ambiente.
También se señaló que en México existen más de 2,200 sitios de disposición final y una alta proporción de tiraderos a cielo abierto.
La senadora Maki Ortiz Domínguez comentó que de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la mala gestión de residuos podría alcanzar costos globales de hasta 640 mil millones en 2050.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud revela que cerca del 15% de los residuos generados son peligrosos y su manejo inadecuado libera sustancias tóxicas vinculadas a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer.
Por otra parte, reconoció el trabajo de la Profepa en la supervisión del manejo de residuos peligrosos, así como las acciones implementadas ante irregularidades detectadas en diversas entidades.
Señaló que en México se reportan 2,203 sitios de disposición final, donde 8 de cada 10 operan como tiraderos a cielo abierto, además de mil 127 sitios contaminados registrados en 2025.
Ortiz Domíbguez destacó que estos datos evidencian la necesidad de fortalecer la regulación, mejorar la inspección y construir soluciones conjuntas que garanticen protección ambiental y certeza para quienes cumplen la ley.
La senadora Juanita Guerra Mena abundó que el manejo inadecuado de residuos puede contaminar suelos, cuerpos de agua y generar riesgos sanitarios, por lo que consideró prioritario fortalecer la inspección ambiental, la capacitación técnica y la trazabilidad en tiempo real mediante herramientas digitales.
Asimismo, advirtió sobre casos como el relleno sanitario “La Perseverancia” en Cuautla, Morelos, cuyo impacto ha trascendido a otras entidades, afectando cultivos, agua y subsuelo.
Por su parte, el senador Gilberto Hernández advirtió la urgencia de frenar la contaminación del agua, el aire y el suelo, al señalar que el crecimiento poblacional y la falta de regulación están rebasando la capacidad ambiental.
Dijo que el 92% de los municipios no cuenta con tiraderos regulados y opera con disposición a cielo abierto, lo que agrava la contaminación. También señaló que actividades como el transporte de carga generan toneladas de emisiones en cruces carreteros en periodos cortos.
Finalmente, reconoció la importancia de este tipo de foros porque contribuyen a generar conciencia y avanzar en soluciones que permitan proteger el medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico.
- La educación financiera desde las aulas fortalecerá el ahorro y dará más oportunidades a muchas mujeres y sus familias.
- Solo 73% de mujeres tiene acceso a productos financieros, frente a 83% de los hombres.
Senadoras y senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para hacer obligatoria la educación financiera con perspectiva de género en los planes y programas de estudio, al considerar que esta medida permitirá fortalecer la autonomía económica de las mujeres, ampliar su acceso al sistema financiero y reducir brechas históricas de desigualdad que han limitado su desarrollo.
Señalaron que la educación financiera es una herramienta clave para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas sobre ahorro, inversión, crédito y protección patrimonial, además de enfrentar con mayor seguridad riesgos económicos y prácticas discriminatorias que aún persisten en el sistema financiero.
Advirtieron que, aunque las mujeres representan el 51.2 por ciento de la población total del país y mantienen una presencia relevante en los niveles medio superior y superior, persisten condiciones de desigualdad en el acceso al empleo, al ingreso y a los servicios financieros, lo que limita sus oportunidades de desarrollo y bienestar.
De acuerdo a cifras oficiales, en 2024 el 73% de las mujeres contaba con al menos un producto financiero, frente al 83% de los hombres. Asimismo, apenas el 32% de las mujeres tiene acceso a crédito formal, pese a que presentan mejor historial de pago y menores tasas de morosidad.
Señalaron que estas diferencias responden a factores estructurales como la menor participación de las mujeres en el trabajo formal, la carga de trabajo doméstico, la prevalencia de empleos mal remunerados y la falta de reconocimiento del trabajo de cuidados.
Destacaron que la inclusión financiera de las mujeres puede generar beneficios significativos para la economía nacional, ya que su participación podría incrementar el producto interno bruto en los próximos años, además de fortalecer la autonomía económica de quienes, en muchos casos, son el sustento de sus familias.
En este contexto, subrayaron que incorporar esta formación desde las aulas permitirá fortalecer la cultura del ahorro y la inversión, mejorar la estabilidad económica de las familias y ampliar las oportunidades de crecimiento de millones de mujeres, muchas de ellas responsables del sustento del hogar.
Asimismo, indicaron que su iniciativa, que modifica la fracción XIV del artículo 30 de la Ley General de Educación, busca establecer como contenido obligatorio la promoción del emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro y la inversión, así como la educación financiera con perspectiva de género.
Finalmente, la bancada ecologista sostuvo que avanzar hacia una educación financiera con perspectiva de género representa una acción concreta para construir igualdad sustantiva, fortalecer la independencia económica de las mujeres y contribuir al desarrollo social y económico del país.
- Invertir en sistemas eficientes, resilientes y tecnológicamente actualizados es una responsabilidad del Estado para asegurar el acceso universal al agua potable, proteger los recursos hídricos y garantizar la viabilidad de este derecho para las generaciones presente y futuras.
Con el objetivo de garantizar efectivamente el derecho al agua para toda la población del país, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para que la Estrategia Nacional Hídrica cuente con acciones y programas de corto, mediano y largo plazo para el reemplazo y la modernización de la infraestructura hidráulica, así como con metas e indicadores que evalúen el cumplimiento de esta obligación del Estado en materia del derecho humano al agua y al saneamiento.
Reconocieron que el cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar el acceso al agua de la población, conlleva costos económicos, energéticos y humanos que no pueden ser invisibilizados, por lo que la modernización de la infraestructura hídrica es una condición indispensable para lograr un ejercicio pleno, equitativo y sostenible de este derecho.
Por lo tanto, insistieron en que "invertir en sistemas eficientes, resilientes y tecnológicamente actualizados es una responsabilidad del Estado para asegurar el acceso universal al agua potable, proteger los recursos hídricos y garantizar la viabilidad de este derecho para las generaciones presente y futuras".
Destacaron que según el último reporte del avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), los sistemas hídricos siguen bajo presión debido a la contaminación, el estrés hídrico y la mala gobernanza, además de que solamente el 56 por ciento de las aguas residuales domésticas se trata de manera segura.
Insistieron finalmente en que en nuestro país existe un gran desafío institucional para garantizar el derecho humano de acceso al agua, reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que el acceso al agua potable no es un acto automático ni gratuito porque implica procesos complejos de captación, potabilización, conducción, almacenamiento, distribución y saneamiento, todos ellos sustentados en recursos públicos en infraestructura, tecnología, energía y capital humano.
