- Se busca cerrar la brecha tecnológica que hoy separa a quienes pueden acceder a estas herramientas y quienes no, impulsando una educación más equitativa e incluyente.
Las senadoras y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para incorporar la enseñanza de la informática y la robótica en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos del país, con el propósito de que las niñas, niños y jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para desenvolverse en un mundo cada vez más digital, automatizado y competitivo.
De acuerdo con los legisladores, encabezados por el senador Manuel Velasco Coello, esta medida pretende que las nuevas generaciones aprendan robótica e informática desde temprana edad, fomentando el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la creatividad, pilares fundamentales para el futuro del país.
Además, se busca cerrar la brecha tecnológica que hoy separa a quienes pueden acceder a estas herramientas y quienes no, impulsando una educación más equitativa e incluyente, así como impulsar al país como una potencia tecnológica, en línea con los compromisos de la llamada República educadora, humanista y científica.
Los legisladores señalaron que, aunque la tecnología forma parte de la vida cotidiana, la enseñanza formal de la robótica e informática aún no está integrada de manera sistemática en la educación básica, media y superior, lo que limita el desarrollo de habilidades digitales y de innovación entre las y los estudiantes.
“Nuestro país cuenta con jóvenes con gran talento, reconocidos internacionalmente en competencias de robótica, pero este conocimiento debe estar al alcance de todas y todos”, destacan los senadores.
Explicaron que países como Japón, Finlandia, China y Corea del Sur ya han incorporado la enseñanza de programación y robótica en sus sistemas educativos, demostrando que estas áreas fortalecen el aprendizaje de ciencias, matemáticas y resolución de problemas. México —afirman— debe seguir ese ejemplo para no quedarse atrás en el desarrollo global.
La propuesta, busca adicionar una fracción al artículo 30 de la Ley General de Educación para que los planes y programas de estudio impartidos por el Estado, sus organismos descentralizados y escuelas particulares incorporen el conocimiento y aprendizaje de la robótica y la informática desde la educación básica hasta la superior.
Con esta reforma, el Partido Verde busca formar generaciones preparadas para los retos del siglo XXI, fortalecer la competitividad del país y alinear el sistema educativo nacional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, particularmente en materia de educación de calidad e innovación tecnológica.
- Urge fortalecer las políticas públicas integrales, bajo un enfoque preventivo y de derechos, que garanticen el acceso a información y servicios de salud para niñas y adolescentes, a fin de reducir las brechas y atender los factores estructurales que perpetúan el embarazo en edades tempranas.
Con la finalidad de atender una de las problemáticas que aún afecta a nuestra sociedad, especialmente a un gran número de niñas y adolescentes de nuestro país, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para brindar acompañamiento integral durante el embarazo, parto y puerperio a niñas y adolescentes de manera oportuna y efectiva, asegurando su atención médica, protección jurídica, apoyo psicosocial y el pleno ejercicio de sus derechos.
Explicaron que el embarazo adolescente es un problema que aqueja a todo el mundo, y que exige soluciones integrales a largo plazo. Destacaron que según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2019 se registraron alrededor de 21 millones de embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años en países de ingreso mediano; mientras que en América Latina y el Caribe, la Organización de Naciones Unidas (ONU), estima que alrededor de 1.6 millones de adolescentes dan a luz cada año.
Particularmente en nuestro país, subrayaron que, de acuerdo con la UNAM, las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 14.6 y 15.5 años, además de que según el INEGI, en el año 2021 ocurrieron 147 mil 279 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años; y 3 mil 19 nacimientos en niñas menores a 15 años.
Destacaron que estos datos evidencian la urgencia de fortalecer las políticas públicas integrales, bajo un enfoque preventivo y de derechos, que garanticen el acceso a información y servicios de salud para niñas y adolescentes, a fin de reducir las brechas y atender los factores estructurales que perpetúan el embarazo en edades tempranas.
Hicieron énfasis en que el embarazo de niñas y adolescentes es un problema de salud pública con consecuencias sociales y económicas graves, entre ellas: perpetúa la desigualdad, ya que agudiza el ciclo de pobreza y limita las oportunidades socioeconómicas para las mujeres adolescentes, y sus entornos familiares en comparación con las mujeres que fueron madres adultas.
Agregaron que los embarazos no deseados en adolescentes también representan otro reto persistente: a menudo deriva en el abandono de recién nacidos. En este sentido apuntaron que la falta de madurez emocional, el acceso limitado a recursos económicos, la carencia de redes de apoyo y la ausencia de orientación adecuada dificultan la toma de decisiones informadas y la capacidad de asumir la responsabilidad que implica la crianza.
Afirmaron que otro factor que incide directamente en el embarazo de niñas y adolescentes es la violencia física, la violencia sexual y el abuso dentro del entorno familiar, hasta la coacción ejercida por personas cercanas o conocidas, por lo que insistieron en que “atender los desafíos relacionados con la salud sexual y reproductiva, implica abordar, de igual forma factores de violencia, barreras de acceso a los servicios y proporcionar información y consejería”.
Finalmente, subrayaron que su propuesta busca garantizar la coordinación de autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para garantizar el acompañamiento integral de niñas y adolescentes embarazadas desde el primer contacto institucional.
- No son recursos de libre disposición: se administrarán con un mecanismo plural para invertir en mitigación ambiental, equipamiento urbano y seguridad con total transparencia.
El senador Virgilio Mendoza Amezcua presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Derechos y crear el Fondo para Municipios Portuarios, con el propósito de establecer un derecho especial de 30 pesos por tonelada importada en los puertos del país, a fin de generar recursos que permitan a los gobiernos locales atender los impactos urbanos, ambientales y sociales derivados de la actividad portuaria.
El legislador del Partido Verde dijo que México es una nación marítima con más de 11 mil kilómetros de litoral y 27 puertos estratégicos que conectan al país con las principales rutas comerciales del mundo.
“Esta infraestructura moviliza mercancías, impulsa el comercio global y local y contribuye directamente al crecimiento económico nacional; sin embargo, los municipios portuarios asumen costos que no son compensados adecuadamente”, agregó.
Mendoza Amezcua señaló que el incremento del tráfico pesado, el desgaste acelerado de la infraestructura, el deterioro ambiental y la presión sobre los servicios públicos recaen directamente en los gobiernos locales, sin que exista un mecanismo federal de redistribución justo y proporcional al impacto generado.
Recordó su experiencia como alcalde de Manzanillo y destacó que este puerto, que cuenta con la principal aduana marítima del país y la segunda a nivel nacional, movilizó en 2024 un total de 3.5 millones de TEU’s (unidad de medida estándar para la capacidad de los contenedores de transporte marítimo), además de registrar un crecimiento récord durante el primer trimestre de 2025.
El legislador explicó que los ingresos generados por las ASIPONAS (Administración del Sistema Portuario Nacional) y las aduanas se concentran en las arcas nacionales, por lo que la propuesta busca crear un mecanismo legal que permita a los municipios portuarios contar con recursos para hacer frente a las demandas que surgen del crecimiento portuario.
Dijo que el derecho especial de 30 pesos por tonelada importada se tributaría a la federación y, se entregaría a los municipios. “No se trata de recursos de libre disposición, sino que serían administrados mediante un mecanismo plural con participación de la comunidad portuaria, la federación, el gobierno estatal y el municipio, destinándose a mitigación ambiental, equipamiento urbano y seguridad”, indicó.
El senador ecologista afirmó que la medida tendría un impacto mínimo en el costo final de los productos, pero representaría un apoyo significativo para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar las condiciones del comercio en los municipios portuarios del país.
