- Esta distinción ha sido desvirtuada en años recientes, debido a que en la actualidad, estos reconocimientos honoríficos se otorgan mediante convocatorias abiertas y pagos de inscripción.
Ante la cada vez más frecuente entrega de Doctorados Honoris Causa por parte de algunas universidades e instituciones educativas sin ningún rigor académico, sin acreditar una trayectoria excepcional y sin ningún tipo de control, pero recibiendo un pago a cambio de esta distinción, la senadora Karen Castrejón, del Partido Verde, propuso establecer en la Ley que estos reconocimientos no son niveles de educación superior ni forman parte del Sistema Educativo Nacional, así como establecer sanciones a quien entregue indiscriminadamente estos doctorados.
La senadora ecologista explicó que los estudios de doctorado tienen como objetivo proporcionar una formación sólida para desarrollar la actividad profesional de investigación en ciencias, humanidades o artes que produzca nuevo conocimiento científico, tecnológico y humanístico, que genere una aplicación innovadora y desarrollo tecnológico original.
Por otro lado, agregó que universidades de todo el mundo entregan diversos tipos de distinciones no relacionadas con la formación académica. En caso particular del Doctorado Honoris Causa "permite reconocer trayectorias que han transformado disciplinas enteras, reafirmar su carácter universal y su vocación humanista, vincular a la Universidad con pensadoras, científicos, artistas y líderes con impacto mundial", de acuerdo con la UNAM.
Señaló que este tipo de reconocimiento cuenta con alto valor simbólico y protocolario, pero no se cursa mediante materias, tesis o exámenes, por lo que no otorga una cédula profesional ni equivale a un doctorado académico que permita ejercer como un doctor en ciencias o humanidades, ni tampoco concede el derecho a usar de forma profesional el título de doctor o doctora.
Lamentó que esta distinción ha sido desvirtuada en años recientes, debido a que en la actualidad, estos reconocimientos honoríficos se otorgan mediante convocatorias abiertas y pagos de inscripción, calificó esta actividad como "la venta indiscriminada de supuestos doctorados honoris causa por parte de organizaciones de dudosa reputación que han encontrado en esta práctica un lucrativo negocio a costa de la ingenuidad de personas que creen que obtendrán un grado académico a cambio de la entrega de una cantidad de dinero y sin mayor esfuerzo".
Aseguró que se trata de un fraude contra el sistema educativo, pues se trata de distinciones carentes de valor para efectos académicos; contra la persona que cae en el engaño, pues entregan el dinero bajo la promesa de recibir una distinción o un grado académico; y contra la sociedad en su conjunto, pues circulan doctorados honoris causa sin el respaldo de una institución de prestigio y sin validez alguna.
Para atender esta problemática, la senadora Castrejón propuso modificar la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior a fin de establecer que los doctorados honoris causa no son niveles de educación superior ni forman parte del sistema educativo nacional y que su otorgamiento únicamente puede realizarse a título gratuito conforme a la normatividad y organización de la institución que los otorgue.
Finalmente, también presentó una iniciativa para realizar adiciones al Código Penal Federal para sancionar el uso y la entrega indiscriminada de estos doctorados que se obtienen a cambio del otorgamiento de un donativo o una contraprestación con penas de dos a 12 años de prisión y hasta 600 días de multa. a quien publicite, ofrezca, prometa, comercialice u otorgue este tipo de distinciones.
- La iniciativa plantea crear un protocolo nacional y capacitar de manera periódica a personal educativo, de seguridad pública y protección civil para detectar señales de riesgo suicida, brindar contención y canalizar a servicios especializados.
Ciudad de México.— Ante el incremento de los suicidios en México, la senadora por Guanajuato, Virginia Magaña Fonseca, presentó una iniciativa para incorporar los primeros auxilios psicológicos a la Ley General de Salud, con el objetivo de fortalecer la prevención desde el primer momento en que una persona atraviesa una crisis.
La propuesta establece por primera vez en este ordenamiento, una definición y un mecanismo nacional de capacitación en primeros auxilios psicológicos orientados específicamente a la prevención del suicidio como los conocimientos y habilidades básicas para:
- Identificar señales de alarma de riesgo suicida.
- Brindar una primera respuesta de contención emocional.
- Canalizar oportunamente a la persona hacia servicios especializados de salud mental.
Para hacerlo posible, la propuesta establece que la Secretaría de Salud, en coordinación con Educación Pública, Protección Civil, las instancias de seguridad pública y los gobiernos estatales, diseñe un protocolo nacional de capacitación.
Además, plantea que el personal de primer contacto de los sectores educativo, de seguridad pública y de protección civil, tanto estatal como municipal, reciba esta capacitación de manera periódica.
“No estamos proponiendo que un maestro, un policía o un elemento de Protección Civil sustituya a un psicólogo. Estamos proponiendo que tenga las herramientas básicas para reconocer una señal de alarma, saber cómo responder y saber a dónde canalizar”, explicó Magaña.
La propuesta busca que la prevención no comience cuando una persona ya se encuentra en una emergencia, sino desde el primer contacto con alguien que presenta señales de riesgo.
"Los primeros auxilios psicológicos no sustituyen un tratamiento. Son una primera respuesta. La diferencia es que ahora queremos que esa primera respuesta tenga capacitación, protocolo y una ruta clara de canalización", señaló la senadora.
En México, la tasa de suicidio pasó de 4.9 a 6.8 por cada 100 mil habitantes entre 2013 y 2023. En ese último año se registraron 8mil 837 suicidios en el país. En Guanajuato, la tasa alcanzó 8.8 por cada 100 mil habitantes, por encima de la media nacional.
La situación entre adolescentes también requiere atención. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022 (ENSANUT Continua 2022) para Guanajuato, 11.3% de las adolescentes reportó haberse hecho daño con la intención de quitarse la vida, frente a 0.5% de los hombres adolescentes.
Magaña subrayó que su iniciativa busca fortalecer esa capacidad de respuesta: que más personas sepan reconocer, contener y canalizar, sin sustituir en ningún momento la atención de los especialistas, porque cuidar la salud mental también es salvar vidas.
- El 27 de noviembre de 2024, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en materia de contratación de seguros.
El senador Carlos Humberto Suárez Flores, del Partido Verde insistió en la urgencia de fortalecer el marco jurídico para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder, en condiciones de igualdad y sin discriminación, a los seguros de salud y de vida, mediante la eliminación de barreras sociales, la implementación de ajustes razonables y la adopción de criterios objetivos para la evaluación de riesgos.
Para lograr este objetivo, recordó que el 27 de noviembre de 2024, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en materia de contratación de seguros.
Agregó que su propuesta pretende que las aseguradoras se manejen con los principios de igualdad y no discriminación, que justifiquen debidamente cualquier negativa o trato diferenciado en la contratación de un seguro y que adopten políticas inclusivas y accesibles.
Explicó que aunque la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictaminación, y debía ser dictaminada dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles, a la fecha no se ha presentado ante el Pleno el dictamen correspondiente.
Por ello, explicó que su solicitud de excitativa se encuentra justificada, tanto por el vencimiento del plazo reglamentario como por la necesidad de dar continuidad al trámite legislativo del asunto, a fin de que las Comisiones competentes se pronuncien sobre su procedencia en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
Detalló que según el Censo de Población y Vivienda 2020, 5. 7 por ciento de la población en México tiene algún tipo de discapacidad, por lo que su propuesta busca atender los derechos humanos y la inclusión social de este grupo, además plantea que las decisiones de las aseguradoras se sustenten en criterios objetivos de evaluación individual de riesgos y no en prejuicios o generalizaciones asociadas a la condición de discapacidad.
Finalmente, recalcó que el análisis y eventual dictaminación de la iniciativa permitirían al Senado valorar la suficiencia del marco jurídico vigente y, en su caso, fortalecer los mecanismos legales destinados a garantizar la igualdad sustantiva de las personas con discapacidad.
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