- Incluir medios de pago electrónicos beneficiará a la ciudadanía con un servicio confiable, eficiente y seguro, con la disminución de tiempos.
Las y los senadores del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa para reforman diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con la finalidad de impulsar el uso de medios de pago electrónicos en el sistema de movilidad de todo el país.
Explicaron que el tránsito es responsable de múltiples consecuencias que afectan la movilidad, la salud pública, el medio ambiente y el acceso efectivo a la seguridad, a la vivienda y al trabajo, por lo que actualmente existen múltiples alternativas para hacer frente a esta problemática, especialmente mediante el uso de las tecnologías emergentes que se han convertido en herramientas eficientes y duraderas.
Detallaron que el sistema de movilidad en nuestro país ha crecido y evolucionado de manera favorable implementando sistemas de pago mediante dinero electrónico en estados como el Estado de México, Aguascalientes, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Puebla. Específicamente en la Ciudad de México, durante 2023 se registró un promedio diario de 4.6 millones de viajes pagados con la Tarjeta de Movilidad Integrada, que permite hacer el pago del servicio de transporte sin necesidad de utilizar efectivo.
Los senadores aseguraron que implementar un Sistema de Transporte Inteligente, permitiría reducir los impactos del tránsito vehicular e innovar en la infraestructura vial y urbana para una mayor accesibilidad a los destinos de la población como hacer reversibles carriles, establecer tiempos de pasos en semáforos, tiempo de llegada de transporte, o medios de pago digitales.
Recalcaron que avanzar en el uso de medios digitales como lo es en el sistema de movilidad, representa una acción de vanguardia e innovación en la infraestructura, que se traduciría en una mejor experiencia de transporte, reducción de tiempos de traslados y una mejor conectividad entre instalaciones.
Los legisladores ecologistas afirmaron que en las ciudades donde aún se cuenta con sistemas de pago en efectivo, el transporte público se ve afectado por problemas como: robo en las unidades, pérdidas económicas por pagos inexactos, y aumento de tiempos de traslado.
Finalmente, recalcaron que incluir medios de pago electrónicos beneficiará a la ciudadanía con un servicio confiable, eficiente y seguro, con disminución de tiempos, dado que con un sistema integral de pago será más fácil y rápido acceder a los medios de transportes sin filas extensas por la demora en la entrega de cambio o por falta del mismo y con tarifas establecidas de acuerdo con el trayecto.
La senadora por Guanajuato, Virginia Magaña Fonseca, presentó una iniciativa para que, al planear nuevos desarrollos de vivienda, se prevea que las familias tengan cerca servicios de cuidado, como estancias infantiles, centros de día para personas mayores y centros de atención para personas con discapacidad.
La propuesta complementaría la reforma a la Ley de Vivienda impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, publicada el 29 de abril de 2026. Esa reforma reconoce que una vivienda adecuada debe cumplir varias condiciones. Entre ellas están que las familias puedan pagarla, que cuente con servicios básicos y que esté bien ubicada.
“Durante décadas se ha construido vivienda dando por hecho que alguien se quedaría en casa a cuidar. Si bien esto no está escrito en ninguna ley, está escrito en el territorio”, señaló la senadora del Partido Verde.
Es decir, la ley ya toma en cuenta que la vivienda quede cerca del trabajo, las escuelas, los servicios de salud y los centros de cuidado infantil. Magaña Fonseca propone ampliar esa parte de la ley para que también se considere la cercanía a servicios para personas mayores, personas con discapacidad, personas enfermas y quienes necesitan apoyo en su vida diaria.
Si la iniciativa se aprueba, los cambios se incorporarían a la Ley de Vivienda y a la ley que regula cómo se planean las ciudades. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) definiría qué significa que un servicio quede cerca. Para hacerlo, tomaría en cuenta la distancia, el tiempo del recorrido y si se puede llegar de forma segura y accesible, de preferencia a pie o en transporte público. Para definir esas reglas, escucharía a las mujeres y a las personas cuidadoras de las comunidades.
Los proyectos de suelo y vivienda que reciban recursos federales tendrían que seguir esas reglas. Lo mismo aplicaría a los proyectos de los organismos que financian vivienda para las personas trabajadoras. Además, si un desarrollo nuevo recibe recursos federales y alcanza el número de viviendas que fije Sedatu, tendría que apartar un terreno o dejar un espacio para estos servicios. Por ejemplo, podría adaptar un área común que ya estuviera prevista en el proyecto.
A los estados y municipios les correspondería tomar en cuenta estos espacios al planear los servicios y la infraestructura de los desarrollos de vivienda. Sedatu, por su parte, incorporaría datos por estado y por sexo para medir qué tan cerca quedan los servicios.
“Una ciudad que no cuida no es neutral: el precio lo terminamos pagando las mujeres, y lo pagamos en tiempo”, expresó Magaña Fonseca.
- La CONDUSEF ha señalado la importancia de revisar las condiciones generales antes de firmar contrato, ya que las reclamaciones surgen principalmente por "falta de claridad o información insuficiente del producto contratado".
Con la finalidad de brindar protección, transparencia y seguridad jurídica a las familias mexicanas y sus patrimonios, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para reformar la Ley Sobre el Contrato de Seguro para establecer de manera expresa que se incluyan las condiciones generales en la póliza del contratante como una obligación de la aseguradora.
Explicaron que el seguro es un contrato mediante el cual se ofrece la prestación de un servicio para resarcir un daño o pagar una suma de dinero, a cambio de una prima, en el caso de una eventualidad prevista en el contrato, y representa la suma de voluntades entre la aseguradora y el asegurado, en el que se acuerdan los términos y condiciones sobre la cobertura de lo asegurado.
Por otro lado, apuntaron que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), ha señalado la importancia de revisar las condiciones generales antes de firmar contrato, ya que las reclamaciones surgen principalmente por "falta de claridad o información insuficiente del producto contratado".
Además, declararon que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha manifestado que representa una obligación por parte de las aseguradoras, la entrega de las condiciones generales a la persona asegurada, y que, pese a los avances tecnológicos, debe dejarse constancia de que el usuario tuvo acceso efectivo y completo al contenido del contrato, incluyendo las condiciones generales.
En este sentido, reconocieron que el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's), han generado nuevos problemas ante la falta de una regulación adecuada que proteja al usuario, sobre todo cuando se trata de dar información clara y precisa de un producto.
Los legisladores ecologistas recalcaron que los seguros representan una protección para los usuarios, pero aún existen problemas que no han sido atendidos como bien lo manifiesta la SCJN y la CONDUSEF, por lo que insistieron en que resulta necesario garantizar una verdadera certeza jurídica para las personas contratantes de seguros en cuanto a la cobertura de los riesgos previstos por las condiciones generales.
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