Senado
PROPONE PARTIDO VERDE CREAR MARCO NORMATIVO PARA BANCOS DE ALIMENTOS

  • Es urgente impulsar una alianza solidaria entre la sociedad, la iniciativa privada y el Estado mexicano, orientado en combatir el hambre y reducir el desperdicio de los alimentos.
Con el objetivo de fortalecer jurídicamente a los bancos de alimentos en México, reconociéndolos como actores clave en la lucha contra el hambre, la desnutrición y el desperdicio de alimentos, la senadora Juanita Guerra Mena presentó una iniciativa para establecer un marco normativo robusto para los bancos de alimentos en México, que defina sus objetivos, principios rectores, esquemas de operación, mecanismos de financiamiento, sistemas de evaluación y rendición de cuentas.
Explicó que los bancos de alimentos son estructuras sin fines de lucro que recolectan, almacenan, clasifican y distribuyen alimentos, principalmente excedentes, a personas en situación de vulnerabilidad. Afirmó que su labor es crucial en la reducción del desperdicio de alimentos y en la garantía del derecho humano a la alimentación, lo que los convierte en aliados estratégicos del Estado en la implementación de políticas públicas con enfoque social, ambiental y de sostenibilidad.
Lamentó que México enfrente una paradoja alarmante: según datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), anualmente se desperdician hasta 20 millones de toneladas de alimentos, mientras más de 28 millones de personas enfrentan carencias alimentarias, por lo que reconoció la invaluable labor de los bancos de alimentos. Sin embargo, pese a los esfuerzos de la sociedad civil organizada, actualmente solo existen aproximadamente 60 bancos de alimentos en el país, lo cual es insuficiente para atender la demanda nacional.
Frente a este panorama, aseguró que es urgente impulsar una alianza solidaria entre la sociedad, la iniciativa privada y el Estado mexicano, orientado en combatir el hambre y reducir el desperdicio de los alimentos.
Por ello, declaró que su propuesta busca reconocer a los bancos de alimentos como entidades colaboradoras permanentes del Sistema Nacional para la Alimentación Adecuada, establecer un registro nacional de bancos de alimentos y crear un órgano colegiado de vigilancia encabezado por la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural para el fortalecer la coordinación, transparencia y eficacia de las mismas.
Además, se promueven incentivos fiscales que alienten a empresas, productores y comerciantes a donar excedentes de productos próximos a caducar, garantizando su inocuidad, así como su aprovechamiento responsable. Por otro lado, se busca también fortalecer los bancos de alimentos en comunidades rurales, pueblos indígenas y zonas de alta marginación.
Finalmente, la senadora señaló que “esta propuesta nació de la visión y el compromiso de los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos”, de quienes reconoció su sensibilidad social y sentido de servicio al público al trabajar en una propuesta que busca, por un lado, atender el grave problema de carencia alimentaria en nuestro país, y por otro, evitar el desperdicio de alimentos, así como la contaminación que este genera.
RUTH GONZÁLEZ SILVA PROPONE FORTALECER LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE DE PRECAUCIÓN

  • La iniciativa busca que el Estado pueda actuar ante riesgos ambientales y propone reglas claras para evitar daños irreversibles, así como fortalecer la protección a la salud y al medio ambiente.

La Senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) con el propósito de incorporar de manera expresa el principio de precaución como eje rector de la política ambiental del país.

González Silva explicó que este principio permite al Estado actuar antes de que el daño ambiental sea irreversible. Con ello, se busca proteger tanto al medio ambiente como a la salud humana frente a riesgos graves o emergentes.

“El principio de precaución es una herramienta ética y jurídica para actuar antes de lamentar”, afirmó la senadora.

La iniciativa fortalece la capacidad de las autoridades ambientales para adoptar medidas precautorias cuando existan indicios razonables de riesgo, al tiempo que establece criterios claros para evitar arbitrariedades y garantizar seguridad jurídica. Estos criterios son:

  • Proporcionalidad, para asegurar decisiones equilibradas.
  • No discriminación, para evitar sesgos o favoritismos.
  • Coherencia, para mantener consistencia con precedentes y políticas similares.
  • Revisión científica periódica, para ajustar las medidas conforme avanza el conocimiento.

La legisladora por San Luis Potosí recordó que la Constitución reconoce el derecho a un medio ambiente sano y que la Suprema Corte ya ha establecido que el Estado debe actuar con cautela ante amenazas ambientales.

“Hacer del principio de precaución un mandato legal es convertir la responsabilidad y la prudencia en política de Estado. Es garantizar que México actúe con visión de futuro”, subrayó.

La legisladora aseguró que el principio de precaución no es un freno al desarrollo, sino una guía para que el crecimiento ocurra con responsabilidad y respeto a la naturaleza.

“Actuar a tiempo es la mejor forma de proteger el futuro. La precaución debe ser parte de nuestra ley y de nuestra responsabilidad institucional”, concluyó.

PARTIDO VERDE RESALTA AVANCES EN PROGRAMAS DE BIENESTAR Y LOGROS EN SEMBRANDO VIDA

  • Sembrando Vida impulsa ingresos familiares y, al mismo tiempo, mitiga impactos ecológicos y regenera ecosistemas: Sen. Jasmine Bugarín.
  • Apoyo para el Bienestar de niñas y niños permite a miles de madres trabajadoras conservar su empleo sin afectar el desarrollo de sus hijos: Sen. Virginia Magaña

Durante la comparecencia de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado destacó que, a un año de iniciada la actual administración, uno de los avances más significativos ha sido la expansión de los programas de Bienestar, cuya cobertura aumentó más del 70 por ciento entre 2018 y 2024, logrando que 13.4 millones de personas salieran de la pobreza.

En ese sentido, la senadora Jasmine Bugarín Rodríguez destacó que el programa Sembrando Vida, ha reactivado al campo tras décadas de abandono, el cual opera en 24 entidades, 1,058 municipios y más de 40 mil comunidades, donde 409 mil sembradoras y sembradores reciben un jornal mensual por trabajar su propia tierra con acompañamiento técnico.

Subrayó que el programa es ya un referente internacional en materia ambiental, con la producción de 1,490 millones de plantas y la recuperación de 1,258 millones de hectáreas mediante sistemas agroforestales. “Estos resultados muestran cómo Sembrando Vida impulsa ingresos familiares y, al mismo tiempo, mitiga impactos ecológicos y regenera ecosistemas”, indicó.

Bugarín Rodríguez, también resaltó los apoyos para estudiantes, celebrando la creación de la beca universal Rita Zetina, que hoy llega a 5.6 millones de estudiantes de secundaria, así como la ampliación de La Escuela es Nuestra y el anuncio del programa de transporte Gertrudis Bocanegra.

Por su parte, la senadora Virginia Magaña Fonseca destacó la importancia de programas como la Pensión Mujeres Bienestar, que brinda autonomía económica y reconoce el trabajo de cuidados de mujeres entre 60 y 64 años. Subrayó también el programa de Apoyo para el Bienestar de niñas y niños de madres trabajadoras, una acción que permite a miles de mujeres conservar su empleo sin poner en riesgo el desarrollo de sus hijas e hijos.

Asimismo, destacó la transición de funciones entre CONEVAL e INEGI, precisando que la metodología de medición de la pobreza es la misma que se aplica desde 2016. Recordó que la Ley General de Desarrollo Social establece indicadores basados en ingreso y carencias sociales, elementos que no han sufrido modificaciones.

Finalmente, dijo que la integración de funciones evita duplicidades, reduce costos administrativos y fortalece la consistencia técnica de la información. Por ello, solicitó a la Secretaría precisar qué medidas garantizan que la transición se realice con transparencia y cómo se asegura la objetividad e independencia técnica en la evaluación de la política social.