- Su iniciativa destaca que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a ser escuchado y expresar sus opiniones libremente sobre las decisiones que le afecten, además de que se busca que las comparecencias de procedimientos civiles y familiares no se lleve a cabo en un ambiente hostil.
Para garantizar que niñas, niños y adolescentes sean escuchados de manera adecuada en los procedimientos judiciales, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Destacaron que el Comité de los Derechos del Niño en el año 2002, reconoció la importancia del derecho del niño a expresar su opinión sobre los temas que le afectan y a que esa opinión se tenga debidamente en cuenta, sin embargo, reconocieron que este derecho se vio obstaculizado por muchas prácticas, actitudes, costumbres, hábitos o ideas profundamente arraigados, además, de barreras políticas y económicas. Agregaron que dicho Comité destacó que no se puede escuchar eficazmente a un niño cuando el entorno sea intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado para su edad.
Señalaron que en nuestro país se reconoció el derecho de las niñas, niños y adolescentes a expresar sus derechos y ser escuchados cuando ratificó la Convención sobre los Derechos del niño, sin embargo, en el andamiaje jurídico se contempla este derecho con la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014.
Por otro lado, señalaron que la incorporación expresa del derecho a ser escuchado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no crea un derecho distinto al reconocido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sino que se fortalece dentro de marco jurídico procesal que regula directamente la actuación de las autoridades en la materia.
En este sentido, destacaron que su propuesta “busca proveer mayor certeza jurídica y coherencia normativa al ejercicio de este derecho, de manera que no quede únicamente reconocido en una legislación de carácter general, sino que forme parte expresa de las garantías que deben observarse durante la sustanciación de los procedimientos civiles y familiares”.
Finalmente, detallaron que su iniciativa destaca que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a ser escuchado y expresar sus opiniones libremente sobre las decisiones que le afecten, además de que se busca que las comparecencias de procedimientos civiles y familiares no se lleve a cabo en un ambiente hostil y que se garantice la participación libre de cualquier forma de presión, inducción o coerción de niñas, niños y adolescentes.
- Si bien la expedición de esta Ley representó un avance importante en el reconocimiento de las personas con la condición del espectro autista, la SCJN determinó la invalidez de diversas disposiciones, principalmente aquellas relacionadas con la figura del certificado de habilitación.
Con la finalidad realizar una armonización legislativa de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para reforman y derogar diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.
Recordaron la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2015, con la finalidad de contar con las bases para la atención y protección de los derechos y necesidades de las personas con la condición del espectro autista.
Agregaron que esta legislación contiene los principios que deben orientar las políticas públicas en esta materia, entre ellos la dignidad, igualdad, inclusión, respeto y justicia, esto ha generado esquemas de la inclusión social y ha buscado atender las necesidades de las personas con la condición del espectro autista.
Reconocieron que si bien la expedición de esta Ley representó un avance importante en el reconocimiento de las personas con la condición del espectro autista como sujetos de derechos, así como en el establecimiento de obligaciones para el Estado, una vez que se expidió, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, manifestó su preocupación respecto de diversos preceptos, al considerar que podían afectar derechos humanos reconocidos en la Constitución Mexicana.
Detallaron que entre estos preceptos está la figura denominada "certificado de habilitación", previsto en la Ley como "documento expedido por autoridad médica especializada, reconocida por esta Ley, donde conste que las personas con la condición del espectro autista se encuentran aptas para el desempeño de actividades laborales, productivas u otras que a sus intereses legítimos convengan", con el cual se consideró que establecía un trato diferenciado en la solicitud de un trabajo.
Agregaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 33/2015, donde se determinó la invalidez de diversas disposiciones de la Ley, principalmente aquellas relacionadas con la figura del certificado de habilitación.
En este sentido, detallaron que si bien las disposiciones que fueron declaradas inválidas dejaron de tener vigencia en los términos determinados por la Suprema Corte, es necesario realizar la correspondiente armonización y actualización del texto legislativo, por lo cual es pertinente la presentación de su iniciativa.
- La educación financiera ampliada no puede brindarse en la edad adulta, sino que hay que ofrecerla, en los planes y programas de estudio de toda la educación que imparta el Estado.
La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar la fracción XIV del artículo 30 de la Ley General de Educación, para que la educación financiera que se brinde en los planes y programas de estudio permita el desarrollo de capacidades, conocimientos y habilidades financieras, incluyendo digitales, que promuevan una mayor resiliencia económica, la planeación y gestión de las finanzas personales y empresariales para el presente y el futuro, así como mayor control y uso informado de instrumentos financieros.
Explicó que un adecuado funcionamiento de nuestro sistema financiero es parte garante de nuestra estabilidad en las finanzas públicas nacionales, es decir de la economía nacional en su conjunto, sin embargo, el usuario de este sistema es parte importante para lograr este objetivo.
Detalló que los usuarios del sistema financiero pueden acceder a él para conseguir financiamiento para un negocio, empresa o emprendimiento, para pagar una compra cotidiana, disponer de un crédito hipotecario, uso de tarjeta de débito o crédito, compra a pagos de un equipo celular u otro dispositivo electrónico, pago de servicios del hogar, hasta recibir programas de ayuda social, por lo que es indispensable que el uso por parte de estos usuarios sea, adecuado y responsable.
Sin embargo, reconoció que de acuerdo con el Banco de México, el índice de morosidad del crédito al sector privado no financiero respecto a la banca comercial se está elevando, ya que, a septiembre del 2025 fue de 2.45 por ciento, mientras que, para el cierre del 2023 fue del 2.31 por ciento.
Por otro lado, la senadora explicó que en lo que respecta al crédito para el consumo, en donde se incluyen tarjetas de crédito, créditos de nómina y personales, existe una proliferación de créditos rápidos mediante aplicaciones o incluso redes sociales, que no se reportan y tampoco se regulan por las autoridades competentes, lo que es un riesgo para quienes incurren en ellos.
Ante este panorama, la senadora insistió en que es urgente reforzar la educación financiera que se brinda a la sociedad, no solo en lo referente al ahorro o el emprendimiento, sino también, en materia de planeación, consumo responsable y el uso seguro de productos y servicios financieros digitales, pero reconoció que esta educación financiera ampliada no puede brindarse en la edad adulta, sino que hay que ofrecerla, en los planes y programas de estudio de toda la educación que imparta el Estado.
Destacó que particularmente la población de niñas, niños y adolescentes con acceso a internet y redes sociales está sobresaturada de la oferta de servicios y productos financieros en línea, que son sumamente fáciles de adquirir y que, entre más atractiva es la oferta, está menos regulada, lo que implica riesgos mayores para toda la economía familiar.
Afirmó que las y los senadores del Partido Verde son conscientes de la necesidad de proteger e informar a este grupo de la población en materia financiera, por lo que han presentado diversas propuestas legislativas dirigidas a impulsar la educación financiera, por lo que su iniciativa busca dar continuidad a este importante tema.
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