- El reconocimiento posterior a una victoria debe acompañarse de políticas permanentes que permitan construir las condiciones para que esas victorias sean posibles, por lo que se deben fortalecer las políticas públicas en los Estados.
La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones, programas y mecanismos de apoyo integral a las y los deportistas de alto rendimiento y a quienes se encuentran en proceso de formación y desarrollo hacia el alto rendimiento.
Explicó que el deporte de alto rendimiento representa una expresión del talento, la dedicación y el esfuerzo de miles de mexicanas y mexicanos que, con disciplina y perseverancia, representan a nuestro país en competencias nacionales e internacionales.
Sin embargo, señaló que más allá de sus condiciones físicas y talento, los deportistas de alto rendimiento necesitan entrenadores especializados, instalaciones adecuadas, equipamiento, alimentación, atención médica y psicológica, acompañamiento científico, recursos para trasladarse a competencias y campamentos, además de estímulos económicos que les permitan concentrarse en su preparación.
En materia de estímulos, la senadora reconoció el anuncio que hizo la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), informando que cambiará el esquema de estímulos para los atletas mexicanos, ya que se premiarán todas las medallas obtenidas en competencias internacionales, y no únicamente la de mayor valor como ocurría anteriormente.
Recalcó que el reconocimiento posterior a una victoria debe acompañarse de políticas permanentes que permitan construir las condiciones para que esas victorias sean posibles, por lo que se deben fortalecer las políticas públicas en los Estados, particularmente las dirigidas a deportistas de alto rendimiento y a quienes se encuentran en las etapas de formación y desarrollo hacia el alto rendimiento.
Agregó que el fortalecimiento del deporte de alto rendimiento debe considerar también al deporte adaptado, garantizando que las personas deportistas con discapacidad tengan acceso a instalaciones, equipamiento, personal especializado, apoyos económicos y condiciones adecuadas para su preparación y participación en competencias nacionales e internacionales.
Finalmente, señaló que en su Punto de Acuerdo también se reconoce el trabajo y los resultados de la CONADE, e insistió en la necesidad de reconocer la importancia de las y los entrenadores, personal médico, fisioterapeutas, psicólogos, nutriólogos, metodólogos y demás integrantes de los equipos multidisciplinarios que acompañan a las personas deportistas.
- En nuestro país la población de esta especie no ha crecido al ritmo esperado, ni está alcanzando los objetivos de abundancia, liberación y traslocación.
- Hoy enfrenta una nueva amenaza, ya que el presidente de los Estados Unidos emitió una orden ejecutiva con el objeto de ayudar a los ganaderos a combatir la depredación de ganado por parte del lobo mexicano.
La senadora Karen Castrejón, Trujillo, del Partido Verde presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que realicen o refuercen las acciones de coordinación con el Gobierno de Estados Unidos de América, para continuar la protección del lobo mexicano entre ambos países y evitar el retroceso de los avances del Plan de Recuperación del Lobo Mexicano, además de que se emita al Senado de la República un informe sobre la situación de la población de lobo mexicano en nuestro país.
Explicó que el lobo mexicano (Canis lupus baileyi) es la subespecie de lobo gris más pequeña de Norteamérica, y se distribuía en ambientes relativamente húmedos y templados, preferentemente en los bosques templados y pastizales, donde tenían acceso a una mayor disponibilidad de presas.
La senadora ecologista lamentó que debido a acciones de protección de ganado en México y Estados Unidos, ambos países permitieron la cacería del lobo mexicano, el cual fue exterminado de vida libre alrededor de 1970 como resultado de estas campañas de erradicación. Agregó que para revertir el impacto negativo de estas acciones, fue necesario que ambos países integraran un comité de colaboración conjunta para la recuperación de las poblaciones silvestres.
Detalló que actualmente la estrategia de recuperación para el lobo mexicano consiste en establecer y mantener un mínimo de dos poblaciones resilientes y genéticamente diversas, distribuidas en áreas ecológica y geográficamente diversas dentro del área de distribución histórica de la subespecie en Estados Unidos y México, sin embargo, lamentó que en nuestro país la población de esta especie no ha crecido al ritmo esperado, ni está alcanzando los objetivos de abundancia, liberación y traslocación.
Agregó que el lobo mexicano hoy enfrenta una nueva amenaza, ya que el presidente de los Estados Unidos el pasado 4 de septiembre, emitió una orden ejecutiva con el objeto de ayudar a los ganaderos a combatir la depredación de ganado por parte del lobo mexicano.
Aseguró que con esta orden se ponen en riesgo los avances de la población de Lobo mexicano, tanto en territorio estadounidense como mexicano, por lo que aseguró que se debe prever un nuevo entorno a la protección del lobo mexicano y generar nuevas estrategias nacionales que protejan esta especie en nuestro territorio y promuevan su liberación y en su caso la traslocación.
- Los mercados municipales desempeñan una función esencial como espacios públicos destinados al intercambio de bienes, al fortalecimiento de las economías locales y a la generación de oportunidades para las familias que dependen de esta actividad.
La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a los 36 Ayuntamientos del estado de Morelos para que fortalezcan las acciones de regulación, ordenamiento y regularización del comercio no establecido, además de que implementen estrategias para fomentar el comercio formal y el aprovechamiento ordenado de los mercados municipales.
Explicó que los mercados municipales desempeñan una función esencial como espacios públicos destinados al intercambio de bienes, al fortalecimiento de las economías locales y a la generación de oportunidades para las familias que dependen de esta actividad, sin embargo, reconoció que en diversos municipios de Morelos se ha incrementado actividades comerciales fuera de los establecimientos formalmente autorizados, es decir, vía pública, calles, banquetas, accesos a mercados, espacios comunes y zonas aledañas a los centros de abasto.
Aseguró que cuando estas actividades se realizan sin contar con los permisos, licencias, empadronamientos o medidas de seguridad correspondientes, generan condiciones de competencia desigual frente a quienes cumplen con sus obligaciones administrativas, fiscales y regulatorias.
Señaló que de acuerdo con una nota periodística publicada en "El Diario de Morelos", los comerciantes formales han señalado que la proliferación de vendedores en la vía pública ahoga la economía interna de los centros de abastecimiento.
La nota señala además que de acuerdo con registros municipales, existen más de mil 604 comercios semifijos con padrón oficial en el territorio capitalino, pero existe una cifra similar de vendedores informales sin permiso operando en las calles.
La senadora recalcó que la problemática no debe abordarse desde una perspectiva exclusivamente sancionadora, sino que las autoridades municipales deben impulsar políticas públicas que permitan transitar progresivamente hacia la formalidad, mediante procesos accesibles de regularización, orientación, empadronamiento, capacitación y acompañamiento a las personas comerciantes.
Insistió en que son los gobiernos municipales quienes deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que los mercados públicos funcionen de manera ordenada, segura, accesible y eficiente, procurando que dichos espacios cumplan con su función social y económica en beneficio tanto de las personas comerciantes como de quienes acuden a realizar sus compras.
Finalmente, agregó que no se trata de desconocer la importancia económica del comercio en vía pública para numerosas familias, sino de generar mecanismos que permitan ordenar dicha actividad, identificar a quienes la ejercen, establecer zonas y horarios permitidos, verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y facilitar su incorporación gradual a esquemas de formalidad.
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