- Es indispensable que la ciudadanía de Cuautla conozca el estado actual en el que se encuentra la administración municipal.
Luego de los acontecimientos ocurridos en el municipio de Cuautla, Morelos, derivados del "Operativo Enjambre", la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la síndica con funciones de presidenta municipal de este municipio, a rendir un informe detallado sobre el estado en el que recibió la administración municipal dirigida por Jesús Corona Damián y el estado actual administrativo, legal, financiero presupuestal y operativo.
Recordó que en las acciones del "Operativo Enjambre" en el municipio de Cuautla, en Morelos, se dio cuenta de presuntos actos de corrupción, infiltración del crimen organizado y posibles irregularidades administrativas dentro del gobierno municipal, lo que ha generado una profunda preocupación social, política e institucional respecto del estado que guarda actualmente la administración pública municipal.
Agregó que luego de estos acontecimientos, la síndica Municipal Nancy Guadalupe Echeverría Guerrero, fue nombrada presidenta municipal, por lo que la senadora insistió en que en su actual responsabilidad está obligada a transparentar de manera inmediata y exhaustiva las condiciones administrativas, financieras y operativas en las que recibió la administración municipal.
La legisladora ecologista enlistó algunas de las áreas en las que se debe rendir informe de la situación actual del municipio, entre las que destacan el estado de las finanzas públicas municipales, los adeudos institucionales existentes, las obligaciones pendientes de pago, el estado de la nómina municipal, los contratos vigentes, la situación de los recursos federales y estatales ejercidos y por ejercer, el estado patrimonial del H. Ayuntamiento, y cualquier posible irregularidad detectada durante el proceso de entrega-recepción o continuidad administrativa.
Agregó que la petición de estos informes se encuentra fundamentada en diversos ordenamientos, como son la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos, y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, las cuales, aseguró, establecen obligaciones claras para los servidores públicos en materia de transparencia, control interno, legalidad y rendición de cuentas respecto del manejo y administración de recursos públicos.
Insistió en que es indispensable que la ciudadanía de Cuautla conozca el estado actual en el que se encuentra la administración municipal, particularmente ante un contexto de alta sensibilidad pública y posibles afectaciones a la gobernabilidad, la seguridad y el manejo responsable del erario.
Finalmente, recalcó no se puede hacer caso omiso frente a hechos que pudieran comprometer la estabilidad institucional del municipio de Cuautla, Morelos, la correcta aplicación de recursos públicos y la confianza ciudadana en las instituciones.
- Su iniciativa busca que el 50 por ciento del fondo se distribuya de manera equitativa entre las 10 principales aduanas del país.
Con la finalidad de que los municipios que tienen aduanas se sigan consolidando como polos de desarrollo local y regional para el beneficio de sus poblaciones, el senador Virgilio Mendoza Amezcua presentó una iniciativa para modificar la Ley de Coordinación Fiscal para mejorar las reglas de redistribución de recursos del fondo aduanero.
Explicó que bajo el criterio de que 10 aduanas recaudan el 68 por ciento del total por concepto de esta actividad, su iniciativa busca que el 50 por ciento del fondo se distribuya de manera equitativa entre estas 10 principales aduanas y el 50 por ciento restante al resto de las aduanas bajo los criterios ya establecidos.
Puntualizó que las 10 principales aduanas del país recaudan 865 mil 360.5 millones de pesos, lo que equivale al 68 por ciento del total recaudado, sin embargo, lamentó que pese a la destacada participación de las aduanas en el comercio exterior y en el crecimiento económico del país, el diseño redistributivo del federalismo fiscal es muchas veces inequitativo, porque no compensa a la población que vive en esas zonas y regiones donde se desarrollan las actividades aduanales.
Agregó que las aduanas del país sufren diversas externalidades negativas, como son daño a los sistemas ambientales, agotamiento de recursos y servicios naturales, diversos tipos de contaminación, problemas de tráfico, ruido y enfermedades respiratorias, terciarización del trabajo y daño a la infraestructura local, las cuales muchas veces no son atendidas, lo cual rompe con los principios resarcitorios y compensatorios.
Detalló que la aduana de Manzanillo, en Colima, se consolida como la principal aduana marítima a nivel nacional, y un punto neurálgico del comercio exterior en el corredor Asía-Pacífico, sin embargo, se ve afectada por la manera en que se distribuyen los recursos. Por ejemplo, Tamaulipas tiene nueve aduanas en su territorio y, por ende, recibe más recursos a diferencia de Manzanillo, que sólo tiene una aduana marítima, como se puede observar en el periodo 2018-2024, donde Tamaulipas recibió el 67.8 por ciento del fondo y Colima sólo el 2.9 por ciento.
Aseguró que es indispensable hacer un replanteamiento del federalismo fiscal y generar instrumentos que fortalezcan las haciendas públicas estatales y municipales, así como incentivos para que hagan más eficiente sus sistemas recaudatorios.
Finalmente, aseguró que la medida propuesta generará un incentivo mayor para que las aduanas eleven su competitividad, se modernicen y puedan resarcir las externalidades negativas que viven sus poblaciones donde se realizan estas actividades de comercio.
- Llama a reforzar la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano en todo el país para ampliar la cobertura, disponibilidad de dosis y llevar las jornadas de inmunización a más escuelas y comunidades.
La senadora Maki Esther Ortiz Domínguez presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a reforzar, en coordinación con las autoridades sanitarias de las 32 entidades federativas, las campañas de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) dirigidas a niñas, niños y adolescentes, al considerar que la inmunización constituye una medida prioritaria para prevenir enfermedades y proteger la salud.
Señaló que garantizar la protección de la salud es un derecho constitucional y una obligación permanente del Estado mexicano, por lo que corresponde a las autoridades sanitarias coordinar y ejecutar políticas orientadas a prevenir, atender y controlar enfermedades. Asimismo, enfatizó que la vacunación constituye una de las herramientas más eficaces para reducir riesgos y prevenir enfermedades de alto impacto epidemiológico.
La legisladora del Partido Verde afirmó que la vacunación contra el VPH adquiere especial relevancia debido a que este virus está relacionado con diversas enfermedades, entre ellas el cáncer cervicouterino, un padecimiento que puede prevenirse mediante la vacunación, la detección oportuna, la educación para la salud y el acceso oportuno a servicios médicos.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacunación contra el VPH constituye una estrategia efectiva para avanzar hacia la eliminación del cáncer cervicouterino como problema de salud pública. Agregó que en México, durante 2020, este tipo de cáncer fue el segundo más diagnosticado y la segunda causa de muerte en mujeres, con un estimado de 9 mil 439 nuevos casos y 4 mil 335 fallecimientos.
La legisladora recordó que las campañas nacionales de vacunación impulsadas en 2024 y 2025 estuvieron dirigidas principalmente a niñas de quinto grado de primaria y menores de 11 años no escolarizadas, así como a mujeres y hombres de 11 a 49 años que viven con VIH y adolescentes víctimas de violencia sexual.
En ese sentido, reconoció los avances alcanzados por las instituciones del Sistema Nacional de Salud en la implementación de campañas de vacunación contra el VPH; sin embargo, sostuvo que es necesario reforzar la coordinación entre la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE para ampliar la cobertura, garantizar la disponibilidad del biológico y acercar las jornadas de vacunación a escuelas y comunidades.
La legisladora ecologista subrayó la importancia de reforzar las campañas informativas dirigidas a madres, padres, tutores, docentes y adolescentes, así como realizar jornadas de vacunación en el Senado y la Cámara de Diputados para las hijas e hijos de personas trabajadoras del Congreso de la Unión.
