Con la venia de la presidencia;
Compañeras y compañeros diputados;
En el año 2012, el comité de expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra la Mujer realizó diversas observaciones y recomendaciones a los Estados parte, entre las cuales se incluye un llamado a nuestro país para empoderar a las mujeres rurales y a las mujeres indígenas.
Dentro de estas recomendaciones destaca la número 35, relativa al reconocimiento legítimo de la mujer de no sólo ser poseedora y tenedora de la tierra, sino también legítima propietaria de la misma. Esta recomendación derivó en una reforma a la Ley Agraria para reconocer a la mujer como titular de derechos ejidales en el 2012 .
En este sentido, uno de los dictámenes que se somete a nuestra consideración armoniza lo ya establecido en la Ley Agraria para incorporar en la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres el derecho de las mujeres rurales e indígenas de acceder a la igualdad de oportunidades en la vida económica nacional y así reconocer su potencial productivo tanto en el trabajo agropecuario como en la administración de sus tierras para la producción.
Lamentablemente, debemos hacer notar que a las mujeres rurales aún no se les reconoce el valor del enorme trabajo que realizan. Por este motivo, ellas son consideradas uno de los segmentos más vulnerables de la población, dadas las condiciones de pobreza, marginación, escaso acceso a los servicios de educación, salud, alimentación y vivienda, en las que viven. En virtud de esta condición se hace necesario impulsar todas aquellas políticas encaminadas a su empoderamiento.
Por otra parte, el dictamen que modifica diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, relativo al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres, pretende establecer que la gestión de éste dependerá de la Secretaría de Gobernación y no de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública como en la actualidad se ordena.
No debemos olvidar que, el 22 de febrero del presente año, el Gobierno de la República anunció diversas acciones para impulsar la igualdad de género, entre ellas el fortalecimiento del referido Banco de Datos, con la finalidad de saber a profundidad e identificar con toda precisión las causas de la violencia en aras de instrumentar acciones más eficaces para prevenirla.
La importancia de este Banco Nacional radica en que concentra el registro de los datos generales y sociodemográficos de las víctimas de violencia de género, de los agresores y de las órdenes de protección dictadas en favor de las mujeres afectadas.
Asimismo, este banco concentra la información proporcionada por las dependencias del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que son las encargadas de crear, procesar y actualizar los expedientes electrónicos únicos para cada caso de violencia contra la mujer y las órdenes de protección.
En consecuencia, se incorporan nuevas autoridades con atribuciones y obligaciones para que cada una de ellas proporcione de manera periódica y dentro de su ámbito de competencia la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres.
Como se puede observar, con la aprobación de estos dictámenes estamos dándole viabilidad no sólo legal, sino también práctica a uno de los compromisos asumidos por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, relativo a velar por el respeto y dignificación de las mujeres mexicanas a través del combate decidido y frontal en contra de la violencia hacia ellas.
Por todo lo anterior, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor de la aprobación de ambos dictámenes, pues una vez más reiteramos que nuestro ideario político se fundamenta en la aspiración de que la justicia y el bienestar alcancen a todos y cada uno de los habitantes de nuestra nación.
Muchas gracias.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
