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Con la venia de la Presidencia;
Compañeras y compañeros Legisladores,

El interés público persigue el bien común de una colectividad, en virtud de ello, se debe actualizar el marco jurídico, a efecto de que éste sea acorde a la realidad que vive la sociedad, pues bajo el principio de progresividad se le otorga al Estado la obligación de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

En este sentido, una las iniciativas que hoy presento ante ustedes a nombre del Partido Verde proyecta que se traslade al Sector Pesquero a la competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo cual obedece a la necesidad de contribuir para que el Estado garantice dos de los derechos humanos fundamentales en nuestro país, como lo son el derecho humano a un medio ambiente sano y el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Ya que, si bien es cierto que la preservación y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas resulta de vital trascendencia para garantizar el derecho humano al medio ambiente sano, también lo es que parte de la seguridad alimentaria de nuestro país depende de este sector, motivo por el cual se ha establecido que la pesca y la acuacultura son asuntos de seguridad nacional y parte esencial del quehacer económico y social de la nación.

En los últimos 60 años la producción pesquera en México ha aumentado de manera significativa; por lo que en la última década se hizo evidente que los recursos pesqueros que se creían prácticamente inagotables, han comenzado a declinar de una manera inimaginable, y es que el exceso de la pesca no sólo reduce la existencia de especies, sean o no objeto de pesca, sino que también causa un fuerte impacto en el ecosistema marino.

Mientras el producto de la acuacultura crece, los rendimientos de las pesquerías que capturan especies no cultivadas en los océanos y aguas interiores son desiguales.

Abundantes pesquerías de especies de mares profundos como el bacalao empezaron a desaparecer, las del atún gigante del océano Atlántico se redujeron a niveles que ponían en peligro su capacidad de reproducción y varias especies de salmón fueron colocadas en la lista de especies en peligro.

La captura de especies se debe robustecer con un enfoque sustentable, es decir, bajo criterios de veda y artes de pesca cada vez más selectivas que garanticen la conservación de los recursos, respondiendo a criterios científicos y a un sólido marco jurídico nacional e internacional.

Iremos todavía más lejos en este esfuerzo por cuidar y acrecentar la riqueza de nuestros recursos naturales marinos, sobre todo en los temas referentes a la pesca ilegal y la contaminación.

Para abordar con seriedad el tema de la protección de los ecosistemas marinos debemos considerar que en ellos se desarrollan interacciones vitales para el sostenimiento de la vida en nuestro planeta, mismas que convergen en un delicado balance propicio para generar las condiciones óptimas en donde se desarrollan un considerable número de especies.

A pesar de los cuantiosos recursos que albergan los mares y que forman parte esencial para el desarrollo y subsistencia de las especies terrestres, incluyendo al ser humano, no hemos sabido cuidar el tesoro que la naturaleza nos ofrece.

Actividades como la pesca inmoderada y la descarga de residuos tóxicos, ya sea que provengan de embarcaciones o de instalaciones fijas, han generado el rompimiento del equilibrio en los ecosistemas marítimos.

Desafortunadamente, hemos logrado sobreexplotar a especímenes como la totoaba, el rape, el bacalao, el marlín o la raya, interrumpiendo el ciclo de resiliencia natural al grado de poner en peligro su existencia, hecho que se agrava por las actividades de pesca ilegal en zonas donde se decreta temporada de veda o por el ejercicio de técnicas prohibidas relacionadas con el uso de dinamita o el uso de redes.

El mar es fuente de vida, y es nuestra responsabilidad establecer medidas suficientes para que las actividades de explotación de sus recursos se realicen bajo estándares adecuados para la protección y mantenimiento de la biodiversidad marina, pues de no hacerlo, cometeríamos un error de consecuencias funestas.

En el caso de México, la pesca ilegal y la contaminación extrema generada por la descarga de residuos en los mares, se erigen como elementos de interés para el gobierno, toda vez que afectan los intereses de la nación en lo que respecta a los recursos naturales propiedad de la nación.

En este sentido, presento a nombre de mi grupo parlamentario una iniciativa que tiene como objetivo ampliar las atribuciones de la Secretaría de Marina en cuanto a funciones de vigilancia e inspección de las actividades pesqueras y el desecho de aguas residuales en las zonas marinas nacionales, de manera que su capacidad de planeación y reacción se vean fortalecidas, en favor de una mejor y más efectiva conservación del medio ambiente.

Es cuanto.

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