- Buscan duplicar ingresos por entradas a recintos culturales cobrando más a turistas extranjeros, sin afectar el acceso para mexicanos.
- Los recursos se distribuirán entre el INAH y los gobiernos estatales donde se ubiquen los sitios.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado presentó una iniciativa para reformar el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, con el propósito de establecer cuotas diferenciadas para el ingreso a museos, monumentos, sitios y zonas arqueológicas propiedad de la Federación.
La propuesta busca duplicar el ingreso por entradas a recintos culturales mediante el aumento progresivo en las cuotas aplicables a turistas internacionales, sin afectar el acceso asequible para los mexicanos.
Además, plantea que lo recaudado se distribuya en partes iguales entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y los gobiernos estatales donde se ubican estos sitios, para que las entidades puedan invertir en conservación y hacer frente a los impactos negativos del turismo masivo, como la gentrificación y el deterioro ambiental.
Los legisladores explicaron que el acceso a zonas de categoría I pasaría de 95.58 a 286.74 pesos para personas de nacionalidad extranjera, mientras que los nacionales mantendrán el costo vigente. Los domingos seguirán siendo gratuitos para visitantes mexicanos, residentes y personas con descuentos especiales como jubilados, profesores, estudiantes y personas con discapacidad.
Comentaron que su propuesta también busca eliminar la actual restricción que limita la exención de pago a comunidades indígenas de municipios colindantes, y ampliarla a todas las personas que residan en los municipios donde se ubican las zonas arqueológicas o museos.
De acuerdo con datos del propio INAH, entre 2018 y 2024, más de 90 millones de personas visitaron museos y zonas arqueológicas del país. Sin embargo, pese al enorme flujo turístico y la complejidad de las tareas que realiza el Instituto, los recursos siguen siendo insuficientes. Tan solo en 2022, los ingresos apenas alcanzaron los 647 millones de pesos, una cifra muy por debajo para atender las necesidades operativas, de conservación e investigación.
Las y los senadores señalaron que, debido a que México posee un patrimonio cultural comparable al de los sitios arqueológicos más visitados del mundo, su protección no puede seguir dependiendo de presupuestos mínimos, se requieren recursos a la altura de su riqueza histórica y su potencial turístico.
“Por ello, esta reforma permitirá dotar al INAH y a las entidades federativas de mayores recursos para preservar las joyas culturales de nuestro país que son orgullo mundial”, afirmaron los legisladores ecologistas.
Con el fin de establecer medidas claras y específicas que garanticen la inclusión laboral de personas con discapacidad en la modalidad de teletrabajo, la diputada Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propuso reformar la Ley Federal del Trabajo.
La iniciativa plantea que los patrones que implementen la modalidad de teletrabajo, estarán obligados a la contratación inclusiva para personas con discapacidad ofertando la preferencia para ocupar espacios laborales a éstas y eliminando cualquier forma de discriminación.
“Esta iniciativa busca promover un entorno laboral más inclusivo y equitativo, asegurando que las personas con discapacidad tengan acceso a oportunidades laborales dignas y acorde a sus capacidades.”, explica la legisladora ecologista.
La propuesta de adición de un artículo 330-L Ter a la Ley Federal del Trabajo, establece también que los patrones deberán proporcionar los ajustes razonables y tecnologías accesibles que permitan el desempeño adecuado de sus funciones, incluyendo software adaptado, equipos especializados y accesibilidad digital;.
Asimismo garantizar la igualdad de condiciones en materia de derechos laborales, prestaciones y capacitación continua para las personas con discapacidad en la modalidad de teletrabajo.
Además, deberán fomentar la sensibilización y capacitación de empleadores y trabajadores sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad, promoviendo una cultura de respeto y equidad.
También plantea la obligación de incorporar un enfoque de género en la aplicación de estas disposiciones, asegurando la igualdad de oportunidades para mujeres con discapacidad y promoviendo medidas que faciliten su acceso y permanencia en el teletrabajo.
Finalmente, establece que los patrones deberán establecer medidas de supervisión y seguimiento que permitan evaluar el cumplimiento de estas disposiciones, garantizando la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en el teletrabajo.
Noyola Cervantes resalta que tras la pandemia del COVID-19 en México, entró en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo, en donde establecieron las bases para el trabajo a distancia, conocido coloquialmente como home office , pero en esta reforma no se contemplan las disposiciones específicas que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad en esta modalidad, por lo que es necesaria la reforma que se plantea.
- En México, durante el 2023, el 75% de las personas trabajadoras reportaron sufrir estrés laboral o desgaste ocupacional.
La diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, presentó una propuesta para reformar la Ley del Seguro Social, a fin de establecer que, dentro de los riesgos de trabajo, se considere el intento de suicidio derivado de los trastornos mentales reconocidos en la Ley, estos son: ansiedad; trastornos del ciclo sueño-vigilia; estrés y depresión.
La diputada Licerio Valdés, señaló que la salud mental en el ámbito laboral ha cobrado una creciente relevancia en México y en el mundo. Factores como el estrés crónico, la sobrecarga laboral, el acoso en el trabajo y la falta de acceso a servicios especializados han contribuido a un aumento en las enfermedades psicológicas relacionadas con el empleo. "Reconocer estos riesgos es fundamental para garantizar el bienestar de los trabajadores y fortalecer la protección social", afirmó la legisladora.
Asimismo, señaló que a pesar de los avances en la legislación laboral, la Ley del Seguro Social aún presenta limitaciones. En su artículo 46, se establece que las incapacidades o siniestros ocasionados por intentos de suicidio no están cubiertas, dejando sin protección a quienes sufren afectaciones emocionales graves derivadas de sus condiciones laborales.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2019 casi mil millones de personas en el mundo padecían algún trastorno mental, siendo estas condiciones algunas de las principales causas de discapacidad a nivel global. En México, durante el 2023, el 75% de las personas trabajadoras reportaron sufrir estrés laboral o desgaste ocupacional, evidenciando la magnitud del problema.
Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha señalado que México se encuentra entre los países con mayor fatiga por estrés laboral, causada por factores como bajos salarios, falta de prestaciones, largas jornadas, desplazamientos largos, desigualdad de género, además de casos de abuso y acoso en el trabajo.
“Estos factores contribuyen a un deterioro emocional que puede derivar en trastornos mentales severos. Por ello, reconocer esta realidad es crucial para atender el impacto emocional y psicológico que enfrentan los trabajadores en sus condiciones laborales”, afirmó la legisladora.
Cabe resaltar que su propuesta busca que la legislación sea coherente y proteja integralmente a quienes enfrentan trastornos mentales vinculados a su trabajo. Pues, actualmente, el artículo 46 de la Ley del Seguro Social excluye de protección a quienes hayan sufrido un intento de suicidio, sin hacer distinción alguna. Esto implica que, incluso si las lesiones derivan de un trastorno mental relacionado con el trabajo, no están cubiertas, lo que representa una contradicción en la protección social.
Por ello, la diputada Licerio Valdés propone modificar la ley para que los riesgos de trabajo incluyan también las lesiones ocasionadas por trastornos mentales, incluyendo los intentos de suicidio.
Con esta iniciativa, se busca fortalecer el marco legal para proteger la salud mental de los trabajadores y garantizar que la ley refleje la realidad y los desafíos que enfrentan en su día a día laboral y al mismo tiempo reafirma el compromiso del Estado con el bienestar y la dignidad de todos los trabajadores mexicanos.
