SE SUMA KAREN CASTREJÓN A LA COLECTIVA 50+1 Y REFRENDA SU COMPROMISO CON LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
- “Ser parte de esta colectiva es un honor, porque busca justicia para las mujeres más allá de colores y banderas”, afirmó.
- Destaca su compromiso de construir lazos de solidaridad con otras mujeres legisladoras, activistas y ciudadanas.
En el marco de la reunión de la colectiva 50+1, celebrada en el Senado de la República, la senadora Karen Castrejón Trujillo, del Partido Verde, refrendó su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y se sumó formalmente a esta red de mujeres líderes que impulsan reformas y políticas a favor de la igualdad sustantiva en el país.
Durante su intervención, la vicecoordinadora de la bancada ecologista reconoció el trabajo de la colectiva y de su presidenta, Claudia Corichi, por construir un movimiento sólido, plural y con impacto en todas las entidades del país. Subrayó que estas redes no solo visibilizan las violencias de género, sino que se convierten en verdaderas impulsoras de transformación social, especialmente para aquellas mujeres que no tienen voz en los espacios de poder.
"La existencia de las colectivas es vital para los movimientos feministas como redes de acompañamiento, pero sobre todo como impulsoras del cambio”, afirmó la legisladora.
Castrejón Trujillo señaló que se ha avanzado en la paridad en el Congreso de la Unión, pero aún queda mucho por hacer. “Hoy tenemos una Presidenta de la República, 252 diputadas federales, 65 senadoras y 13 gobernadoras. Sin embargo, hay enormes retos en lo local para cerrar las brechas de género y llevar los derechos a la vida cotidiana de las mujeres”, advirtió.
La senadora compartió su experiencia personal como madre, abogada y activista desde sus inicios en el Cabildo de Mujeres de Acapulco, hasta su llegada al Senado, destacando la importancia de legislar con perspectiva de género desde los congresos locales hasta el ámbito federal.
Castrejón también resaltó su trabajo en temas ambientales, recordando su experiencia como secretaria de Medio Ambiente en el estado de Guerrero, donde impulsó las primeras brigadas contra incendios forestales. “Las mujeres somos las más propensas a vivir los efectos del cambio climático y las que más trabajamos por proteger el entorno”, afirmó.
Enfatizó que el movimiento feminista no solo se trata de romper techos de cristal, sino de abrir puertas para que nuevas generaciones puedan llegar a los espacios de toma de decisiones. “Me emociona saber que hoy somos el anhelo materializado de las mujeres que iniciaron esta lucha hace más de dos siglos”, expresó.
Finalmente, Castrejón Trujillo rindió protesta como nueva integrante de la colectiva 50+1 y reafirmó su compromiso de construir lazos de solidaridad con otras mujeres legisladoras, activistas y ciudadanas. “Cuentan conmigo como una gran aliada. Ser parte de esta colectiva es un honor, porque busca justicia para las mujeres más allá de colores y banderas”, concluyó emocionada.
• Desde el Partido Verde no queremos más vidas humanas arrebatadas por la sumisión química. Es hora de cerrar la puerta a la impunidad, de legislar con responsabilidad y de garantizar entornos seguros para todas y todos, Chucho Sesma
Atendiendo a la problemática que enfrentan miles de jóvenes y la ciudadanía en general por la venta de bebidas adulteradas y dopadas en bares de la capital del país, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde, diputado Jesús Sesma Suárez, busca tipificar el delito de “sumisión química” en el Código Penal para el Distrito Federal; y establecer en la Ley de Establecimientos Mercantiles local, la obligación de los establecimientos mercantiles de poner a disposición de sus clientes, dispositivos detectores de bebidas dopadas y/o adulteradas.
Al presentar las propuestas legislativas en la materia, el legislador ambientalista detalló que la primera iniciativa busca castigar con penas que van desde cinco hasta 17 años de prisión y de 4 mil a 15 mil días multa, a quienes posean, oferten, administren o entreguen bebidas de cualquier tipo, sabiendo que están dopadas y/o adulteradas, con la finalidad de vulnerar la integridad, la seguridad e, inclusive, la vida de un individuo.
La segunda de las iniciativas, señaló el congresista Sesma Suárez en el Recinto Legislativo de Donceles, consiste en adicionar y reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles para obligar a sus titulares a poner a disposición de los clientes, detectores de bebidas dopadas y/o adulteradas como la pulsera “Centinela”, dispositivo que puede identificar más de veintidós sustancias nocivas, entre ellas: ketamina, LSD, GHB y anfetaminas.
“Si una persona experimenta malestar repentino y sospecha que su bebida fue dopada y/o adulterada, basta con colocar una gota sobre la pulsera para obtener un resultado en segundos. Si cambia de color, el código QR permite solicitar asistencia de inmediato a los servicios de emergencia y compartir la ubicación en tiempo real a familiares y amigos”, informó el líder de la bancada del Partido Verde en el Congreso local.
“Este Congreso tiene la oportunidad de ser pionero para que la sumisión química sea tipificada como un delito contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia. Porque legislar también es actuar a tiempo para que esto no suceda. Queremos que las y los jóvenes y todos en esta Ciudad la disfruten de una manera segura sin debatirse entre la vida y la muerte, y que ejerzan su derecho a un espacio público que les permita una convivencia y esparcimiento sanos”, concluyó el diputado local, Jesús Sesma Suárez.
- Senadora Jasmine Bugarín y legisladores del Partido Verde demandan diálogo inmediato entre gobiernos estatales y federales.
- Exigen resolver conflicto judicial que mantiene retenida a alcaldesa en Nayarit
El senador Waldo Fernández, a nombre del Partido Verde Ecologista de México y en coordinación con la senadora Jasmine Bugarín Rodríguez, denunció en la Comisión Permanente un caso alarmante de omisión judicial que mantiene en tensión a las comunidades de Jalisco y Nayarit.
Se trata de un conflicto de límites territoriales entre San Andrés Cohamiata, Jalisco, y la presidencia municipal de El Nayar, Nayarit, que lleva 11 años sin resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generando un vacío legal que hoy desemboca en una crisis social.
El caso ha escalado al grado de que la alcaldesa del municipio Del Nayar, Imelda Escobedo, y su equipo permanecen retenidos desde hace dos días por pobladores de San Andrés Cohamiata, Jalisco, quienes, ante la inacción del Poder Judicial, decidieron hacer justicia por su propia mano.
“El día de hoy he estado en contacto con la senadora Jasmine Bugarín, quien ha dado seguimiento puntual a esta situación crítica que refleja lo que ocurre cuando la justicia no llega: la gente actúa por desesperación”, señaló Fernández González desde tribuna.
Subrayó que este caso no es aislado y que hay múltiples conflictos similares en todo el país, que evidencian la inacción del Poder Judicial.
En un posicionamiento firme, la legisladora Jasmine Bugarín subrayó que la omisión prolongada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde 2013, al mantener suspendida la ejecución del laudo que delimita los territorios en disputa, ha generado un vacío legal que hoy pone en riesgo la paz regional.
“México necesita jueces cercanos al pueblo, comprometidos con la legalidad y capaces de impartir justicia pronta y expedita”, añadió.
Asimismo, hizo un llamado respetuoso a los comuneros de San Andrés Cohamiata para liberar de inmediato a las autoridades retenidas y reiteró que el diálogo es la única vía legítima y efectiva para construir acuerdos duraderos. “Casos como este muestran la urgencia de transformar al Poder Judicial para que esté verdaderamente al servicio de la ciudadanía”, destacó la senadora.
En ese sentido, el senador Waldo Fernández lanzó un llamado enérgico al Gobierno de México y a los gobiernos de Jalisco y Nayarit para que activen de inmediato canales de diálogo que permitan desactivar la crisis, ante la total omisión del Poder Judicial. Lamentó que la Suprema Corte haya sido incapaz de emitir una resolución en más de una década, provocando una ruptura del estado de derecho en la región.
Finalmente, los legisladores reiteraron su respaldo a la alcaldesa Escobedo y a las personas retenidas, por lo que exhortaron a todas las autoridades involucradas a actuar con responsabilidad para resolver este conflicto por la vía institucional y pacífica.
Asimismo, destacaron la importancia de la reforma al Poder Judicial y la elección del próximo 1 de junio como una oportunidad para democratizar la justicia y terminar con los privilegios y la impunidad.
