- “Sin toallas ni agua, vivir la menstruación en la cárcel es más que dolor corporal”
Con la finalidad de garantizar una menstruación digna en los centros penitenciarios, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para que las mujeres privadas de libertad en estos centros puedan acceder a productos de gestión menstrual, espacios dignos y servicios de salud, reconociendo la menstruación como un derecho fundamental y promoviendo la reinserción social.
Reconoció que el manejo de la higiene menstrual es un tema marginado de las agendas de desarrollo, lo que priva a mujeres y niñas de áreas seguras, accesibles e higiénicas para ello, además de que en ocasiones no cuentan con acceso a toallas sanitarias y otros insumos de higiene menstrual, o no son asequibles.
Aseguró que “la imposibilidad de controlar de una forma digna y segura la gestión menstrual impacta negativamente los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas”, más aún si se encuentran en una situación de vulnerabilidad como lo es estar privadas de la libertad.
Recalcó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mostró su preocupación por las condiciones y el trato que se les da a las mujeres en los centros penitenciarios, por lo que las autoridades encargadas del sistema deben tomar las medidas pertinentes y realizar acciones efectivas para garantizar el respeto a los derechos humanos de estas mujeres.
Dijo que de acuerdo con esta dependencia, aproximadamente 15 o 17 entidades federativas del país, no tienen asignada una partida presupuestal para garantizar una gestión menstrual digna en los centros penitenciarios del país, quienes dependen exclusivamente de donaciones o de los familiares que llevan estos enseres a las mujeres.
Agregó que el 31 de agosto del 2021, esta Comisión emitió una recomendación donde destaca “la insuficiencia de acciones en los centros penitenciarios del país para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las adolescentes y mujeres privadas de la libertad, así como para asegurar una gestión e higiene menstrual digna a las mujeres y personas menstruantes en dichos lugares”.
Insistió en la pertinencia de su propuesta ya que la atención de mujeres en reclusión ha sido materia de diferentes señalamientos, por la falta de servicios y suministros de productos para su atención personal, y recalcó que “sin toallas ni agua, vivir la menstruación en la cárcel es más que dolor corporal”, por lo que recalcó que el Estado debe asignar mayor presupuesto a los centros de reinserción social para atender esta problemática y brindar a las mujeres los elementos necesarios para una menstruación digna.
Aseguró que “el acceso a productos sanitarios para las mujeres privadas de su libertad es un derecho que se debe hacer valer y respetar, no un privilegio”, por lo que su iniciativa busca garantizar que las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios cuenten con instalaciones adecuadas y espacios necesarios para una estancia digna y segura, incluidas aquellas destinadas para su gestión e higiene menstrual; además de los suministros necesarios, entre ellos, tampones, copas menstruales, papel higiénico y medicamentos para tratar los trastornos o el dolor relacionados con la menstruación.
Finalmente, recalcó que con su propuesta se busca robustecer el marco jurídico y brindar mayor seguridad a las mujeres en situación de vulnerabilidad, en especial a las mujeres privadas de libertad, para que su menstruación, siempre, sea de la manera más digna posible.
El diputado por el Partido Verde, Julio Scherer Pareyón presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa histórica para combatir los delitos digitales contra niñas, niños y adolescentes, colocando a México en el camino de los países con mayor protección en entornos tecnológicos. La propuesta reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Penal Federal, la Ley Federal de Protección de Datos Personales y la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de cerrar los espacios en los que hoy operan redes criminales que utilizan perfiles falsos, manipulación de imágenes y herramientas de inteligencia artificial para cometer delitos contra menores de edad.
Julio Scherer explicó que, con esta iniciativa, México da un paso firme frente a prácticas como el acoso, el abuso sexual digital y la producción de pornografía infantil generada mediante inteligencia artificial. Señaló que esta reforma crea sanciones específicas para castigar a los agresores que producen, almacenan o difunden este tipo de material, incluso si se trata de imágenes manipuladas o simuladas, y también penaliza a los adultos que se hacen pasar por menores para contactar niñas y niños con fines de explotación. "Donde había vacío legal, ahora habrá Estado de derecho. Quien dañe a una niña o un niño en el mundo digital enfrentará la ley con toda su fuerza", afirmó.
El diputado destacó que esta iniciativa no se construyó de manera aislada. Ha sostenido reuniones y mesas de trabajo con plataformas digitales, especialistas en seguridad y expertos tecnológicos para garantizar que las medidas sean viables y efectivas. “Proteger a la niñez no puede ser una decisión unilateral del Estado; requiere la corresponsabilidad de quienes operan los espacios digitales. Esta propuesta es producto de esa colaboración”, explicó. Durante la sesión, más de 50 diputadas y diputados de diversos partidos políticos manifestaron su respaldo y solicitaron adherirse a la iniciativa, enviando un mensaje claro de unidad frente a la protección de la niñez.
Finalmente, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para respaldar la iniciativa sin distinciones partidistas. “Defender a las niñas y los niños no admite colores ni pretextos. Este Congreso tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro: en México, la ley protege a la niñez dentro y fuera del mundo digital. México no será refugio de criminales que se esconden detrás de una pantalla. La tecnología no puede seguir siendo tierra de nadie y la justicia no puede llegar más lenta que el delito.”
Con esta propuesta, el legislador aseguró que México se coloca a la altura de los marcos legales más avanzados del mundo y demuestra que la defensa de la niñez es una prioridad de seguridad nacional.
- La propuesta busca fortalecer la autonomía de estas personas, permitiéndoles realizar trámites sin necesidad de intermediarios, además de promover un gobierno digital moderno e incluyente
La diputada Azucena Huerta Romero del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso adaptar los sitios web del gobierno federal para que las personas con discapacidad puedan acceder con facilidad a los sistemas de información con tecnologías asistidas, lo que fortalece su autonomía y reduce la dependencia de terceros.
De acuerdo con la iniciativa que propone incluir un artículo 32 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, “todos los portales web y los sistemas de información de las dependencias del gobierno federal deberán ser diseñados y actualizados para asegurar su accesibilidad universal, adaptando sus sitios web con tecnologías asistidas y permitiendo su uso efectivo por parte de personas con discapacidad, con el fin de promover un gobierno digital moderno e inclusivo”.
Huerta Romero, destaca que, con su propuesta, se busca mejorar la eficiencia y transparencia gubernamental a través de las plataformas digitales accesibles ya que facilitan una comunicación más efectiva y transparente entre el gobierno y la ciudadanía; abren la posibilidad de que las personas con discapacidad accedan a información actualizada y puedan realizar trámites en línea y, además, aumenta la eficiencia administrativa y reduce la corrupción.
Explicó que el acceso a la información y los servicios en línea favorecen la autonomía de las personas con discapacidad, permitiéndoles realizar trámites, consultar convocatorias y acceder a programas sin necesidad de intermediarios; ayuda a reducir la dependencia para quienes están a su alrededor y fomenta una mayor participación en la vida comunitaria, laboral y política.
La legisladora recordó que la accesibilidad digital en las páginas del gobierno federal permite a las personas con discapacidad ejercer sus derechos fundamentales como votar, solicitar servicios públicos y participar en procesos de consulta ciudadana, promoviendo un entorno democrático inclusivo.
En su propuesta, la legisladora ecologista destaca que la accesibilidad digital es un derecho reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por México en 2007. Dicha Convención establece el derecho de estas personas a acceder a la información y a la participación en la vida pública en igualdad de condiciones.
En tanto, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), señala que las personas con discapacidad representan aproximadamente el seis por ciento de la población mexicana y la accesibilidad digital permite su participación activa en procesos democráticos, como consultas públicas, trámites en línea y acceso a información gubernamental, por lo que “reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, asegurará que las dependencias públicas adapten sus portales para fomentar una ciudadanía inclusiva”, subrayó la diputada Azucena Huerta.
Indicó que la inclusión digital es un pilar fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades en la era de la información y el acceso a la información pública, trámites y convocatorias por parte de las personas con discapacidad no solo fomenta su autonomía y participación social, sino que también fortalece la transparencia y la responsabilidad del gobierno.
