Compañeras, diputadas y diputados,
Hoy someto a su consideración una iniciativa que parte de una realidad incuestionable y es que el Estado mexicano mantiene una deuda histórica con las personas con discapacidad. Durante décadas, este sector de la población fue marginado e invisibilizado, quedando al margen de la toma de decisiones públicas y enfrentando barreras que les impiden ejercer plenamente derechos, que para el resto de la sociedad resultan cotidianos.
Si bien, en los últimos años se han registrado avances relevantes en el reconocimiento jurídico de los derechos de las personas con discapacidad, lo cierto es que sus condiciones de vida aún no se equiparan a las de quienes no viven con esta condición. La inclusión plena sigue sin materializarse y uno de los principales obstáculos es el acceso al transporte público, elemento indispensable para ejercer derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo y la participación social.
Cuando el transporte es inaccesible o económicamente inalcanzable, el propio Estado reduce esas barreras, limitando la autonomía. La independencia y la dignidad de millones de personas.
En México, la movilidad es un derecho humano reconocido constitucionalmente desde 2020, sin embargo, para las personas con discapacidad sigue siendo difícil ejercer en la práctica. El costo del transporte público representa una carga económica significativa en el que una persona trabajadora destina en promedio más de 15 mil pesos anuales, únicamente en traslados. Esta cifra resulta particularmente onerosa si se considera que las personas con discapacidad enfrentan mayores tasas de desempleo, menores ingresos y condiciones de pobreza más acentuada.
A lo anterior, se suman gastos adicionales permanentes, relacionados con la atención médica, como medicamentos, terapias, rehabilitación, prótesis y asistencia personal, así como la necesidad constante de desplazarse a centros de trabajo, instituciones educativas, dependencias públicas o citas médicas. Estos costos impactan directamente en su calidad de vida y en la economía de sus familias.
De acuerdo con organismos internacionales, siete de cada 10 personas con discapacidad no trabajan, ni buscan empleo y quienes logran incorporarse al mercado laboral, lo hacen en muchos casos en condiciones de desventaja. En este contexto, el transporte deja de ser un medio de inclusión y se convierte en un factor que profundiza la exclusión social. Algunas entidades federativas han dado pasos importantes al implementar programas de acceso gratuito al transporte público para personas con discapacidad, reconociendo que se trata de una medida de justicia social.
No obstante, estos esfuerzos no se han replicado de manera generalizada, la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad establece la obligación de los estados de garantizar el acceso en igualdad de condiciones al entorno físico y al transporte, tanto en zonas urbanas como en rurales. No se trata de una concesión ni de un privilegio, sino del cumplimiento de un derecho humano.
Por ello, la iniciativa que hoy presento propone adicionar un artículo 20 bis a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, con el objetivo de que las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus competencias promuevan acciones y programas que permitan el acceso gratuito y universal de las personas con discapacidad al transporte público.
Esta propuesta establece una acción afirmativa orientada a reducir desigualdades estructurales, facilitar el acceso a la educación, al empleo, a la salud y a la vida comunitaria y avanzar hacia un modelo de inclusión real y efectiva.
Concluyó diciendo que garantizar el transporte gratuito para las personas con discapacidad no es un gasto, es una inversión en dignidad, igualdad y justicia social, es dar un paso firme para que la movilidad deje de ser un privilegio y se convierta verdaderamente en un derecho ejercido para todas y todos. Legislar a favor de la inclusión es legislar a favor de un México más justo y humano.
Es cuanto, muchas gracias.
