- La propuesta busca fortalecer la autonomía de estas personas, permitiéndoles realizar trámites sin necesidad de intermediarios, además de promover un gobierno digital moderno e incluyente
La diputada Azucena Huerta Romero del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso adaptar los sitios web del gobierno federal para que las personas con discapacidad puedan acceder con facilidad a los sistemas de información con tecnologías asistidas, lo que fortalece su autonomía y reduce la dependencia de terceros.
De acuerdo con la iniciativa que propone incluir un artículo 32 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, “todos los portales web y los sistemas de información de las dependencias del gobierno federal deberán ser diseñados y actualizados para asegurar su accesibilidad universal, adaptando sus sitios web con tecnologías asistidas y permitiendo su uso efectivo por parte de personas con discapacidad, con el fin de promover un gobierno digital moderno e inclusivo”.
Huerta Romero, destaca que, con su propuesta, se busca mejorar la eficiencia y transparencia gubernamental a través de las plataformas digitales accesibles ya que facilitan una comunicación más efectiva y transparente entre el gobierno y la ciudadanía; abren la posibilidad de que las personas con discapacidad accedan a información actualizada y puedan realizar trámites en línea y, además, aumenta la eficiencia administrativa y reduce la corrupción.
Explicó que el acceso a la información y los servicios en línea favorecen la autonomía de las personas con discapacidad, permitiéndoles realizar trámites, consultar convocatorias y acceder a programas sin necesidad de intermediarios; ayuda a reducir la dependencia para quienes están a su alrededor y fomenta una mayor participación en la vida comunitaria, laboral y política.
La legisladora recordó que la accesibilidad digital en las páginas del gobierno federal permite a las personas con discapacidad ejercer sus derechos fundamentales como votar, solicitar servicios públicos y participar en procesos de consulta ciudadana, promoviendo un entorno democrático inclusivo.
En su propuesta, la legisladora ecologista destaca que la accesibilidad digital es un derecho reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por México en 2007. Dicha Convención establece el derecho de estas personas a acceder a la información y a la participación en la vida pública en igualdad de condiciones.
En tanto, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), señala que las personas con discapacidad representan aproximadamente el seis por ciento de la población mexicana y la accesibilidad digital permite su participación activa en procesos democráticos, como consultas públicas, trámites en línea y acceso a información gubernamental, por lo que “reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, asegurará que las dependencias públicas adapten sus portales para fomentar una ciudadanía inclusiva”, subrayó la diputada Azucena Huerta.
Indicó que la inclusión digital es un pilar fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades en la era de la información y el acceso a la información pública, trámites y convocatorias por parte de las personas con discapacidad no solo fomenta su autonomía y participación social, sino que también fortalece la transparencia y la responsabilidad del gobierno.
- Busca tipificar como delito grave la usurpación de funciones médicas y sancionar a "escuelas patito" que impartan estudios sin validez oficial
El diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa para combatir el ejercicio ilegal de la medicina en México, mediante reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud para establecer penas de hasta ocho años de prisión a quienes ejerzan funciones médicas sin la debida certificación.
El legislador señaló que "la salud de los mexicanos está en riesgo por una práctica que lamentablemente se ha vuelto común: la usurpación de funciones médicas. Cada día escuchamos de clínicas o consultorios donde se realizan tratamientos quirúrgicos o estéticos sin contar con la preparación, la certificación o la autorización correspondiente".
La iniciativa, construida en colaboración con la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER), busca específicamente sancionar con 4 a 8 años de prisión a profesionales de la salud que ofrezcan servicios médicos sin contar con los estudios profesionales en la materia.
Otras de las acciones incluidas en la propuesta está el penalizar la realización de intervenciones quirúrgicas que requieran especialidad sin contar con la certificación correspondiente y establecer sanciones para médicos que invadan funciones o especialidades en las que no estén debidamente acreditados.
Núñez Aguilar, también propone regular las "escuelas patito" que imparten estudios de medicina sin el Reconocimiento de Validez Oficial de la SEP.
"No podemos permitir que quienes no tienen formación profesional, ni cédula médica intervengan en la salud de las personas. Tampoco que un médico invada áreas o especialidades para las que no está autorizado. Cada profesión médica implica años de estudio, práctica, certificación y ética", afirmó.
El legislador destacó que esta reforma obliga a que toda intervención quirúrgica o de especialidad sea realizada únicamente por médicos certificados y debidamente registrados ante las autoridades competentes, además de establecer que la emisión de diplomas de especialidades médicas corresponde únicamente a instituciones oficialmente reconocidas.
"La salud es un derecho humano que no admite improvisaciones. La confianza de los pacientes debe ser protegida por la ley. Y la ética médica debe ser el escudo que preserve la vida, no un negocio sin control ni respaldo académico", concluyó.
INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO JUAN CARLOS VALLADARES, DEL GPPVEM, EN SEGUNDA RONDA DE PREGUNTAS EN LA COMPARECENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL DE CFE, EN EL MARCO DEL ANÁLISIS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
