- Con dicha propuesta se busca brindar certeza jurídica y pensiones dignas a los trabajadores retirados
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) presentó una iniciativa para eliminar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como base para calcular las pensiones y jubilaciones en el país. La propuesta busca brindar certeza jurídica y pensiones dignas a los trabajadores retirados, así como garantizar su bienestar y el respeto a sus derechos laborales adquiridos tras años de servicio.
La iniciativa presentada por el diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas responde a la creciente inconformidad de los pensionados, quienes han visto una disminución considerable en sus ingresos desde que se adoptó la UMA como base de cálculo.
“Aunque la desindexación del salario mínimo se promovió para favorecer a los trabajadores en activo mediante su aumento progresivo, en el caso de los jubilados ha tenido el efecto contrario, generando reducciones en sus pensiones y afectando su calidad de vida”, explicó el legislador.
Por esta razón propuso que el criterio para eliminar la UMA en el cálculo de pensiones sea establecido directamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Esto permitiría una aplicación generalizada sin lugar a interpretaciones judiciales que continúen afectando los ingresos de los jubilados, quienes tienen el legítimo derecho a una pensión que les garantice una vida digna y segura en la etapa del retiro”, añadió.
Al comparar el comportamiento del salario mínimo con el de la UMA en los últimos siete años, se hace evidente la desventaja para los pensionados. Mientras el salario mínimo ha aumentado en 173.12 pesos, la UMA sólo ha crecido 30.50 pesos en el mismo periodo, lo que ha deteriorado el poder adquisitivo de los jubilados y demuestra la necesidad urgente de una reforma en este sentido.
Este desfase ha significado que los ingresos de los pensionados no sólo no crezcan al ritmo de la economía, sino que en muchos casos se reduzcan en términos reales, profundizando su vulnerabilidad y alejándolos del ideal de un retiro digno.
En suma, la iniciativa busca corregir una injusticia estructural que afecta a millones de jubilados en México y refrenda el compromiso del Partido Verde con la protección de los derechos de las y los adultos mayores, proponiendo que el cálculo de las pensiones se base nuevamente en el salario mínimo como medida de justicia, equidad y dignidad para quienes han entregado su esfuerzo al desarrollo del país.
- Dicha consulta se realizará respetando en todo momento sus usos y costumbres y en los términos que establecen los tratados internacionales firmados por México en la materia
Con el fin de evitar conflictos, actos de represión y garantizar que se respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas, el diputado Jonathan Puertos Chimalhua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la Ley Agraria para regular y establecer que construcciones de carácter público o privado dentro de tierras en las que se asienten comunidades indígenas y afromexicanas pasen por consulta ciudadana previa, libre e informada.
La propuesta contempla adicionar el artículo 9º. Bis a la citada Ley para incluir la consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas cuando sus tierras se encuentren contempladas en proyectos de infraestructura que afecten de alguna manera su sana convivencia.
El diputado ecologista explicó que como antecedente de cómo un proyecto de infraestructura puede afectar a las comunidades indígenas está la brutal represión que vivieron los habitantes de Atenco, en el Estado de México, quienes hace unos años no fueron consultados para la construcción de un aeropuerto en sus tierras y ante la expresión de su inconformidad por el Estado recibieron únicamente represión.
"Como diputado federal indígena, representante de Veracruz y estudioso de la historia, quiero presentar esta adición a la Ley Agraria, porque no quiero que mis hermanos indígenas de cualquier parte del país sufran represión o incluso los priven de la vida por oponerse a la creación de infraestructura pública o privada que afecte su sano desarrollo", resaltó.
De acuerdo con la iniciativa, "toda acción gubernamental o privada que implique la ejecución de obras, instalaciones o actividades dentro de tierras pertenecientes o colindantes con comunidades indígenas o afromexicanas deberá garantizarse el derecho de estas comunidades a ser consultadas de manera previa, libre e informada, respetando en todo momento sus usos y costumbres, en los términos que establecen los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y la legislación nacional en la materia".
Establece que dicha consulta deberá realizarse de forma oportuna, con la participación efectiva de las autoridades tradicionales, respetando su estructura organizativa, su identidad cultural y su vinculación con el territorio.
Asimismo, señala que su finalidad será conocer y, en su caso, obtener el consentimiento de la comunidad antes de autorizar cualquier proyecto que pueda afectar su integridad territorial, sus formas de vida, recursos naturales o desarrollo sostenible.
Precisa que el resultado de la consulta será vinculante y deberá formar parte del expediente administrativo del proyecto correspondiente. Añade que las autoridades competentes deberán abstenerse de otorgar permisos, licencias o concesiones si no se ha cumplido con este procedimiento de manera adecuada y documentada".
Jonathan Puertos indicó que su propuesta, también forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
- Se evitarán problemas como la obesidad, diabetes a temprana edad, desnutrición y afectaciones en el rendimiento académico, físico, mental y emocional
Con el fin de promover y fomentar una alimentación adecuada en las instituciones educativas de nivel básico y evitar problemas de salud infantil, así como afectaciones en el rendimiento académico, físico, mental y emocional de los estudiantes, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propuso reformar la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible.
La propuesta de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, señala que una alimentación equilibrada y proporcional en valor nutrimental para los niños y adolescentes debe ser una prioridad, de ahí que uno de los principales objetivos de la reforma es que se tome conciencia sobre esto mediante la participación de nutriólogos para fomentar y difundir la alimentación saludable en las escuelas de nivel básico.
Destacó que no tener una buena alimentación a temprana edad ha sido un reto con la identificación de algunas enfermedades que han afectado a nuestra población como la obesidad, diabetes a temprana edad, desnutrición y afectaciones en el rendimiento académico, físico, mental y emocional, por lo que conocer las problemáticas que forman parte de una mala alimentación, es fundamental para llevar a cabo un análisis con espectro amplio.
Añadió que la problemática de las enfermedades físicas y psicológicas en niños, niñas y adolescentes relacionadas con su alimentación ha subsistido por mucho tiempo de manera alarmante, debido a que ninguna entidad federativa ha hecho nada al respecto y algunos estudios demuestran que México ha ocupado el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Por otro lado, se ha demostrado que los niños, niñas y adolescentes con obesidad o sobrepeso pueden contraer enfermedades emergentes como es la hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares en su vida adulta.
Asimismo, señala, se ha identificado que algunas familias de escasos recursos se han inclinado más por la denominada “comida rápida” como lo es pollo frito, hamburguesas, papas fritas, refrescos, etcétera, la cual ha sido incorporada por las familias mexicanas a su vida como algo cotidiano, de forma que se han ido heredando estos malos hábitos a las nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes.
Destaca que el Instituto Internacional para la Salud estima que para 2035, cuatro mil millones de personas tendrán problemas relacionados con la mala alimentación, en especial la población infantil con una duplicación de la tasa de obesidad para ese año.
La legisladora ecologista subrayó que al no actuar para atender este tema estaríamos fomentando más el desinterés por tener una población sana, ya que muchos serían rehenes de un sistema alimentario que no es saludable ni sostenible ni justo y estaríamos condenando a las infancias a un futuro de padecimientos y bajo desarrollo.
Por todo ello, la iniciativa propone reformar y adicionar el artículo 1º. de la citada Ley para establecer la difusión y promoción del derecho a la alimentación adecuada y sostenible en instituciones educativas de nivel básico, así como fomentar la participación de profesionales en nutriología en las instituciones educativas de nivel básico de forma que se incentive la alimentación adecuada y digna en infantes y adolescentes.
