- La iniciativa incluye establecer sanciones de hasta 15 años de prisión a quien acceda, altere, copie o destruya esta información gubernamental
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso considerar como amenazas a la Seguridad Nacional cualquier acto dirigido a destruir, alterar, extraer, copiar, acceder o inutilizar, sin autorización, bases de datos poblacionales estratégicas bajo resguardo del Estado e imponer penas de hasta 15 años de prisión.
El diputado ecologista, Felipe Miguel Delgado Carrillo, planteó modificar las leyes de Seguridad Nacional, la General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Orgánica de la Administración Pública Federal y el Código Penal Federal, a fin de que se consideren como delitos que atentan contra la seguridad nacional toda acción que se cometa contra las bases de datos de la población sin autorización.
Las bases de datos personales como el registro nacional de ok nación, el padrón electoral y los registros de instituciones como el IMSS o el ISSSTE constituyen en los hechos la columna vertebral informativa del país, en ellas se concentra una base esencial de gobernabilidad de estabilidad institucional y de la confianza ciudadana
Añadió que sin embargo, también debemos reconocer una realidad que hoy enfrentan todos los estados modernos pues los ataques cibernéticos, los accesos indebidos y las filtraciones de datos personales ya no son escenarios lejanos, sino amenazas concretas que pueden afectar a millones de personas.
Delgado Carrillo resaltó que cuando una base de datos poblacional es vulnerada no sólo se compromete un sistema informativo, se expone a la ciudadanía a fraudes, extorsiones y suplantación de identidad, se debilita la confianza en las instituciones y se ponen en riesgo los servicios públicos esenciales.
Ante ello, la propuesta contempla también sanciones de cinco a 15 años de prisión y multa de quinientos a mil días, a quien modifique, dañe, borre, destruya o inutilice información contenida en la base de datos o provoque la interrupción de su funcionamiento.
También se sancionará con penas de hasta diez años de cárcel a quien descargue o copie información sin causar daños y hasta 12 años a quien comercialice, distribuya o difunda este tipo de información. Las sanciones se elevarán hasta en una mitad cuando se trate de servidores públicos y se le impondrá, además la destitución e inhabilitación para cargo público hasta por cinco años.
Delgado Carrillo resaltó que es necesario entender que una base de datos estratégica puede ser tan relevante para el país como una red eléctrica, una vía de comunicación o cualquier infraestructura física crítica, por lo que su protección no es solo un asunto meramente técnico, es un asunto de seguridad, de derechos y de responsabilidad del Estado.
- La propuesta busca igualdad entre mujeres y hombres en el cuidado de sus hijos al nacer.
La diputada Hilda Magdalena Lacerío Valdés integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT), para ampliar el permiso de paternidad a diez días laborables con goce de sueldo, a trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante.
La legisladora ecologista explicó que en México, el nacimiento o adopción de una hija o un hijo constituye un momento clave para la organización familiar y la distribución de las responsabilidades de cuidado. Sin embargo, el marco jurídico laboral vigente mantiene una marcada asimetría entre los derechos reconocidos a las madres y a los padres trabajadores, lo que reproduce desigualdades estructurales en el ámbito del trabajo remunerado y no remunerado.
Destacó que la ley reconoce a las personas trabajadoras en periodo de gestación, el derecho a un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto; asimismo, en caso de adopción de un infante, se les otorga un descanso de seis semanas con goce de sueldo posteriores al día en que lo reciban. En contraste, a los hombres trabajadores únicamente se les concede un permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo por el nacimiento de sus hijas o hijos, o por la adopción de un infante.
Esta realidad se ve reflejada en la Encuesta Nacional sobre uso del Tiempo del INEGI, en la cual se destaca que las mujeres dedicaron, en promedio, 9.4 horas más a la semana que los hombres al cuidado de niñas y niños de 0 a 5 años, lo que marca una distribución desigual del trabajo de cuidados desde la primera infancia y, además, perpetúa desigualdades estructurales en el mercado laboral y en el ámbito familiar.
Por ello, resaltó que su propuesta, que reforma el artículo 132, fracción XXVII Bis, de la Ley Federal del Trabajo, busca avanzar hacia un modelo de cuidados más justo, equitativo y acorde con los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos, igualdad de género y trabajo digno
"Resulta indispensable avanzar hacia un diseño normativo de los permisos parentales que promueva la corresponsabilidad y contribuya de manera efectiva a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.", subrayó.
- La reforma busca garantizar que cualquier acto de violencia sexual contra menores sea atendido de manera inmediata y con pleno respeto a sus derechos
La diputada Celia Esther Fonseca Galicia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia sexual, sin excepción por el ámbito donde ocurra ni por la investidura de quien la cometa.
Durante la presentación de su iniciativa, Fonseca Galicia, destacó que la propuesta parte de un principio fundamental, ningún espacio está por encima de la ley y ningún derecho puede ser utilizado como escudo para tolerar o encubrir delitos contra la niñez. En ese sentido, la reforma busca garantizar que cualquier acto de violencia sexual contra menores sea atendido de manera inmediata y con pleno respeto a sus derechos.
La propuesta establece la obligación expresa de notificar de forma inmediata a las autoridades competentes, tanto en materia de procuración de justicia como de protección de la niñez, cuando exista conocimiento de delitos cometidos contra niñas, niños o adolescentes.
Asimismo, se aborda de manera directa el tema del consentimiento, al dejar claro que en ningún caso el supuesto consentimiento de una persona menor de edad exime de responsabilidad penal, administrativa o civil a quien cometa un delito en su contra. La legisladora explicó que dicho consentimiento carece de validez jurídica cuando existe una relación de poder, autoridad o influencia moral o espiritual.
Durante su intervención, la legisladora subrayó que la violencia sexual infantil es una problemática que no admite ambigüedades ni silencios, y recordó que la mayoría de estos delitos se cometen por personas cercanas y de confianza, incluyendo entornos familiares, sociales, deportivos y también religiosos. Señaló que, pese a los avances legislativos, persiste una deuda histórica con la niñez que exige acciones firmes y claras.
La diputada Fonseca puntualizó que esta reforma no criminaliza creencias ni persigue instituciones religiosas, sino que protege personas y fortalece la legalidad, estableciendo responsabilidades claras para prevenir y sancionar la violencia sexual infantil, sin estigmatizaciones ni excepciones.
Finalmente, hizo un llamado a las y los legisladores a asumir la responsabilidad colectiva que implica legislar en favor de la niñez, recordando que cada caso no denunciado y cada agresor que evade la justicia representa una herida profunda para la sociedad.
