- Necesario avanzar hacia fórmulas de coordinación más eficaces, involucrando a los tres ámbitos de gobierno: Guevara Garza
Sanciones más severas incluso la "pena de muerte empresarial", para las organizaciones que lucren a costa del ambiente, poniendo en riesgo el bienestar colectivo y el equilibrio ecológico, propuso el diputado por el Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Guevara Garza.
Lo anterior ante la necesidad de actualizar la legislación vigente para incorporar sanciones significativas para aquellos particulares que afecten el equilibrio ecológico, ya sea en el territorio nacional, en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, o en aquellas áreas cuyo impacto se origine en el territorio o en zonas bajo la soberanía o jurisdicción de otros Estados, así como en espacios más allá de la jurisdicción de cualquier Estado.
La propuesta del legislador ecologista plantea adicionar la fracción VI al artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para especificar que dentro de las sanciones que se aplicarán como producto de las violaciones a dicha ley, está, "en el caso de personas jurídicas privadas, la disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una falta administrativa prevista en esta ley".
Esto se suma a las sanciones ya previstas que contemplan en decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, especies de flora y fauna silvestre o recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente ley, así como la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes.
Guevara Garza explicó que el objetivo de su propuesta está en el reconocimiento de la necesidad de vincular la política de aprovechamiento de recursos naturales con el principio de desarrollo sustentable, partiendo de la premisa de que la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes no puede ignorar las de las generaciones futuras.
Con ello, se busca avanzar de una visión sectorial de las acciones gubernamentales en esta materia hacia fórmulas de coordinación más eficaces, involucrando a los tres ámbitos de gobierno y promoviendo la participación de la sociedad.
Resaltó que México ha acumulado por décadas experiencias de pérdida, deterioro y afectaciones negativas de sus elementos naturales, hábitat y ecosistemas, así como de afectación a la salud e integridad de las personas, atribuidas a sujetos y empresas individualmente determinados, suficientes para afirmar la necesidad de un régimen jurídico de corresponsabilidad del sector privado.
Añadió que, aunque la ley vigente ya contempla sanciones ejemplares en esta materia, en la actualidad, debido a los cambios sociales, las crecientes necesidades de la colectividad y la participación del sector privado en materia de equilibrio ecológico, resulta indispensable incorporar sanciones significativas para aquellos particulares que afecten el equilibrio ecológico.
"El daño ocasionado por algunas empresas privadas a la colectividad puede alcanzar tal magnitud que sea necesaria su disolución, ya que permitir su operación podría generar afectaciones irreparables a la sociedad y al entorno ecológico. Por esta razón, se considera indispensable establecer sanciones severas, incluso la "pena de muerte empresarial", para las organizaciones que lucren a costa del ambiente, poniendo en riesgo el bienestar colectivo y el equilibrio ecológico", subrayó.
- A fin de erradicar prácticas abusivas y proteger la privacidad de los consumidores
El diputado Ricardo Astudillo Suárez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con el objetivo de erradicar prácticas abusivas y salvaguardar la privacidad de los consumidores en el ámbito crediticio.
En conferencia de prensa, el diputado Astudillo Suárez señaló que no se trata de borrar todo el historial del pasado, se trata de corregir el presente y devolver oportunidades a millones de mexicanos que por una deuda muy pequeña han sido condenados. Apuntó que en la actualidad cerca del 50 por ciento de la población está fuera del sistema bancario, muchos por deudas que ya pagaron o deudas que tenían con empresas que ya dejaron de existir.
“Actualmente, el historial crediticio se conserva hasta por seis años, independientemente de qué ya hayas pagado la deuda. Lo que queremos con esta propuesta es que se reduzca a máximo 24 meses, es decir, de 72 meses a 24 meses”, explicó el legislador.
Además, expuso, hoy la ley marca que las deudas menores de 25 UDIS, es decir, 241 pesos, quedan en el buró de crédito y las deudas que son mayores de 1,000 UDIS, es decir de 8410 pesos, quedan marcadas hasta por seis años. “Nuestra propuesta es que sea por debajo de los 8410 pesos”, apuntó.
De igual forma, plantea que los reportes del buró de crédito no deban ser usados para juzgar la capacidad laboral de las personas. “Estos reportes no pueden ser utilizados como una herramienta para discriminar o limitar las oportunidades de las personas”, explicó.
También incluye que la protección estricta de los datos personales y corrección obligatoria de errores no sea mayor de 15 días, es decir, si existe un error en el buró de crédito de una persona que ya pagó o que no tenía por qué estar ahí, en 15 días que sea solventado.
“Con esta reforma proponemos impedir que el buró de crédito sea una herramienta que limite el crecimiento, que no perjudique a las mexicanas y mexicanos, que sea una herramienta de apoyo, que trabaje con transparencia como trabajan todas las instituciones de nuestro país y que los ciudadanos estemos seguros de qué forma estamos siendo evaluados”, finalizó el legislador.
- Plantea nuevos criterios a considerar como experiencia laboral y que tengan doble valor cuando prácticas de alfabetización u otras acciones se desarrollen en el medio rural
Con objeto de fortalecer la incorporación laboral de los recién egresados, con especial énfasis de aquellos provenientes de las escuelas normales públicas del país, la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio, la diputada por el Partido Verde Ecologista de México, María Luisa Mendoza Mondragón, propuso reformar el artículo 30 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las >Maestras y los Maestros.
Plantea que el elemento de experiencia docente establezca en la propia ley como criterios de valoración: la práctica para la docencia, el ejercicio de la docencia frente a grupo y la participación en las acciones de alfabetización impulsadas por la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
Asimismo, que estos criterios puedan ser acumulables teniendo como límite la ponderación de puntaje máximo indicado en el Acuerdo correspondiente al proceso de admisión que emita anualmente la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
De este modo, explicó, se busca agilizar el proceso de incorporación de los egresados a las actividades productivas del país y su contribución al desarrollo social y económico en un área tan noble y fundamental para la nación como lo es la educación pública.
Mendoza Mondraqón señaló que con ello se plantea que los aspirantes que cumplan con más de uno de los criterios fijados puedan obtener un puntaje mayor cuando se compruebe su acreditación, además, se busca establecer que, si participaron en las acciones de alfabetización del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en una zona rural, le sea asignado el doble del valor considerado a este criterio.
Resaltó que su iniciativa tiene como objetivo promover la equidad y transparencia en la asignación de plazas a los egresados de las instituciones de educación superior con carreras afines, de modo que se incentive la participación de los jóvenes en la vida social y económica de la nación., fomentando que participen en actividades extraordinarias como la alfabetización de adultos o en el ejercicio de la docencia frente a grupo, ya sea en una escuela pública o particular en educación básica, de modo que su esfuerzo se vea reconocido.
Señaló que, además, su propuesta va en consonancia con la propuesta de "Mi primer empleo" del Partido Verde Ecologista de México, respecto al inicio de la vida laboral formal de los jóvenes a quienes se les ha relegado por mucho tiempo con la excusa de no tener experiencia.
"La presente iniciativa busca que diversas actividades como la práctica para la docencia de egresados de las escuelas normales públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, el acreditar que se dan horas clase frente a un grupo y las acciones de alfabetización, se consideren dentro de este elemento multifactorial de experiencia", enfatizó.
