- La apropiación indebida de los diseños indígenas y afromexicanos, no solo constituye un severo atropello al patrimonio cultural de México y sus comunidades originarias, sino en especial a los artesanos que viven de la creación y venta de sus productos
Con el fin de proteger el patrimonio cultural de México y sus comunidades originarias de la apropiación indebida de diseños indígenas y afromexicanos como ocurrió con el tema de los huaraches plagiados por la marca Adidas, la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Ciria Yamile Salomón, propuso reformar la ley para proteger a los artesanos y prohibir la reproducción total o parcial de los diseños y creaciones artesanales textiles.
La legisladora explicó que su propuesta consiste en reformar la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para prohibir la reproducción total o parcial de los diseños y creaciones artesanales textiles, incluidos su imagen, formas, colores y/o características simbólicas e identitarias, sea cual fuere el medio, físico, digital o mecánico, sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el ejercicio de su derecho de propiedad colectiva.
Expuso que la conservación y protección del patrimonio cultural de México avanzó de manera sustancial a partir de la publicación de dicha ley en enero de 2022, especialmente en lo que se refiere a la protección del derecho de propiedad colectiva. No obstante, señaló que pese al avance, persisten problemas sobre los cuales debe legislarse.
Indicó que uno de los que mayor preocupación generaban dentro de las comunidades afectadas por el plagio cometido por diversas marcas internacionales de moda, fue que si bien existía una protección individual de los derechos de autor, no sucedía lo mismo con el denominado "patrimonio colectivo", que es el que se delega de generación en generación y forma parte de nuestras tradiciones y culturas indígenas y afromexicanas.
"Dicho de otro modo, no existía un mecanismo de protección que inhibiera, previniera o sancionara los atropellos cometidos en contra de nuestros pueblos, artesanías y cultura en general y era claro que existía una laguna jurídica con respecto a la protección de “los derechos de propiedad colectiva" en las leyes relativas a los derechos de autor por lo que ahora, el debate parlamentario debe girar en torno a la protección del artesano y su labor histórica, social, cultural y creativa.
Enfatizó que, si bien la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas regula y protege el derecho colectivo de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre su patrimonio cultural, también se requiere limitar a aquellos que, siendo partes de la propia comunidad, rompen el principio básico o la esencia de las artesanías en sí mismas para definirlos como algo de "nueva creación" para producirlos comercialmente.
Ante ello la reforma propone incluir que “los creadores y productores individuales, integrantes de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, cuyos productos estén inspirados en alguno de los elementos de su patrimonio cultural, no podrán argüir derechos de propiedad intelectual para el aprovechamiento, comercialización o producción de sus obras, ya sea industrialmente o como artesanías”
Asimismo se agrega que “en la resolución de controversias por los derechos de autor de los artesanos y sus productos, las artesanías derivadas de sus técnicas y diseños, así como los elementos físicos o digitales que comercialicen como parte de sus actividades se ajustarán a lo dispuesto por el artículo 11 de la citada ley”.
Yamile Salomón recordó también el caso que se presentó en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, donde se presentó una denuncia por parte de artesanos de la región por la comercialización de la muñeca hñahñu Nxutsi.
Destacó que “la apropiación indebida de los diseños indígenas y afromexicanos, no solo constituye un severo atropello al patrimonio cultural de México y sus comunidades originarias, sino en especial a los artesanos que viven de la creación y venta de sus productos”.
- Establece la obligación para que las empresas concesionarias implementen sistemas de detección y prevención de los delitos, en colaboración con FGR y SSyPC
Con el fin de proteger a los usuarios de telefonía móvil de delitos cibernéticos como la extorsión, fraudes electrónicos, robo de identidad, phishing, ciberacoso, extorsión digital, clonación de tarjetas, ataques a sistemas gubernamentales y hackeos masivos de bases de datos personales, la diputada Claudia Sànchez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la ley en la materia.
De acuerdo con su iniciativa, las empresas concesionarias y autorizadas de servicios de telefonía móvil y plataformas digitales estarán obligadas a implementar sistemas de detección y prevención de ciberdelitos, incluyendo el monitoreo de actividades sospechosas en sus redes y alertas tempranas para sus usuarios y tener colaboración directa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.
Asimismo, deberán proporcionar información sobre posibles actividades delictivas dentro de un plazo no mayor a 48 horas después de ser requerida por la autoridad competente.
También propone que las empresas concesionarias y autorizadas de servicios de telefonía móvil y plataformas digitales tengan la obligación de diseñar e implementar protocolos de acción inmediata para reportar e inhabilitar números y líneas telefónicas involucradas en todo tipo de delitos cibernéticos.
La propuesta de reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de responsabilidad de las empresas de telefonía celular en la prevención y el combate de ciberdelitos, también propone que las empresas tengan la obligación de diseñar e implementar protocolos de acción inmediata para reportar e inhabilitar números y líneas telefónicas involucradas en fraudes electrónicos, extorsión, phishing y otros delitos cibernéticos.
En caso de omisión o incumplir con las medidas de detección y suspensión de líneas involucradas en ciberdelitos se propone una multa por el equivalente de 2.01 a 6 por ciento de los ingresos del concesionario o autorizado; la suspensión de operaciones hasta por un año en los casos de reincidencia y con la revocación de la concesión en caso de incurrir en incumplimiento tres veces de manera consecutiva.
De acuerdo con la diputada ecologista, la iniciativa busca cerrar la brecha de impunidad en materia de ciberdelitos y fortalecer la seguridad digital de los mexicanos.“Las empresas de telefonía celular tienen una responsabilidad ineludible en la prevención y combate de delitos cibernéticos, por lo que esta reforma busca involucrarlas activamente en la construcción de un entorno digital seguro y confiable”, sostiene en su propuesta.
- Se propone crear programas específicos dirigidos a mujeres de comunidades rurales que se dedican a actividades agropecuarias, con el fin de fortalecer su desarrollo y participación en el sector agroalimentario
La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria aprobó una propuesta presentada por la diputada Fátima Cruz Peláez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, cuyo objetivo es fomentar y crear programas específicos para mujeres que habitan en comunidades rurales y se dedican a actividades agropecuarias, con el propósito de fortalecer su desarrollo, autonomía económica y participación en el sector agroalimentario.
La diputada señaló que esta propuesta reconoce la urgente necesidad de disminuir la brecha de género en el campo, donde históricamente las mujeres han sido desigualmente reconocidas como propietarias de la tierra por ejidos y comunidades. “Este rezago en la agenda pública ha limitado el papel de las mujeres rurales, impidiendo su acceso pleno a la tierra y a los recursos productivos, lo cual repercute en su bienestar y en el de sus comunidades”, afirmó.
Asimismo, Cruz Peláez destacó que estudios y experiencias demuestran que, cuando se les brinda oportunidad, las mujeres del campo se destacan como cuidadoras de la tierra. Gracias a sus conocimientos y habilidades, contribuyen significativamente a la protección y uso sostenible de los recursos naturales, desempeñando un papel clave en la conservación del medio ambiente y en la seguridad alimentaria.
Sin embargo, a pesar de su potencial, muchas mujeres rurales enfrentan múltiples barreras para participar plenamente en el sector agropecuario. Entre estas se encuentran prácticas discriminatorias, falta de acceso a créditos, salarios desiguales, un régimen de tenencia de tierra excluyente y limitada participación en la toma de decisiones. A ello se suma la persistencia de la violencia de género y sexual, que vulnera aún más sus derechos.
De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de 2022, existen 876,456 unidades de producción agropecuaria encabezadas por mujeres. Sin embargo, 689,698 de ellas enfrentaron desastres naturales como sequías, inundaciones, incendios, heladas y huracanes, lo que refleja la precariedad de su situación. Las pérdidas por factores climáticos representaron el 58% a nivel nacional, evidenciando la necesidad urgente de brindar apoyos específicos y sostenibles.
Por tal motivo, la legisladora resaltó la importancia de sumar esfuerzos para construir un futuro más igualitario, en el que las mujeres rurales cuenten con las herramientas y condiciones necesarias para convertirse en agentes de cambio.
“Su participación en los procesos de restauración de tierras y adaptación al cambio climático es esencial para aumentar la resiliencia de las comunidades frente a fenómenos como la sequía y fomentar entornos rurales más prósperos”, finalizó.
