En los Centros de Atención Juvenil se deberán ofrecer programas educativos, capacitación en oficios, actividad física, atención psicológica y espacios artísticos y culturales
Con el objetivo de garantizar que los adolescentes detenidos en Centros de Atención Juvenil reciban una atención integral y humanizada durante su internamiento, así como herramientas clave para su desarrollo y reintegración en la sociedad, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) propuso una reforma al artículo 18 de la Constitución.
El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo, autor de la iniciativa, subrayó que la propuesta establece como obligatoria la implementación de programas de educación formal, capacitación para el trabajo, actividad física, atención integral a la salud mental, y espacios que promuevan la participación en actividades artísticas y culturales. Estos elementos son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los jóvenes y lograr una reinserción efectiva a la sociedad.
Asimismo, enfatizó que brindar formación académica y capacitación en oficios durante el internamiento permite a los jóvenes adquirir herramientas esenciales para su autonomía y productividad en la vida adulta.
Cuanalo Araujo afirmó que esta reforma representa un paso firme hacia un sistema de justicia juvenil más humano, incluyente y enfocado en la verdadera reinserción social, reafirmando el compromiso del Estado mexicano con los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, sostuvo que fortalecer el sistema de justicia juvenil no solo impacta positivamente a los adolescentes involucrados, sino que también contribuye al bienestar general de la sociedad al reducir la reincidencia delictiva y fomentar comunidades más seguras y cohesionadas.
“Esta reforma es una inversión en el futuro del país y en la construcción de un México más justo, seguro e incluyente”, concluyó.
INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO MARIO LÓPEZ, DEL GPPVEM, SOBRE LOS PROYECTOS DE DECRETO QUE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE DIVERSAS MONEDAS CONMEMORATIVAS
Con el firme compromiso de fortalecer el marco legal en temas fundamentales para el país, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron ante la Cámara de Diputados una iniciativa con la cual se busca incrementar las penas a quienes cometan delitos relacionados con hechos de corrupción en el sector salud.
La iniciativa propone modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. con la finalidad de castigar con más severidad los delitos relacionados con actos de corrupción en el sector salud.
Las y los legisladores del Verde estamos convencidos de que la corrupción en el sector salud no solo representa un delito con un alto impacto económico y un daño al patrimonio del Estado, sino que constituye una amenaza directa a la vida y al bienestar de millones de mexicanas y mexicanos.
Desde el Partido Verde subrayamos que el tráfico de medicamentos, la alteración de cadenas de suministro y el uso indebido de recursos públicos en el sector salud son crímenes que deben ser castigados con todo el peso de la ley por tratarse de actos que afectan directamente a las familias mexicanas en situaciones de vulnerabilidad.
La reforma busca imponer penas de hasta 70 años de prisión a quienes participen en el robo, acaparamiento, tráfico, aplazamiento de la distribución sin causa justificada o comercialización sin autorización de medicamentos, vacunas e insumos del sector salud. Asimismo, se establece la destitución o inhabilitación para ocupar cargos públicos a los funcionarios que incurran en actos de corrupción relacionados con el sistema de salud.
Esta propuesta se encuentra alineada con la visión del Segundo Piso de la Cuarta Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado su compromiso de fortalecer las medidas anticorrupción y garantizar el acceso pleno a la salud para todas y todos los mexicanos.
En el Verde seguiremos promoviendo reformas que fortalezcan la confianza ciudadana, el combate a la corrupción y aquellas que contribuyan a construir un país que garantice a sus ciudadanos acceso pleno a la salud.
