- Esta reforma no sólo busca asegurar el abasto, tan necesario actualmente, sino que también impulsará el sector farmacéutico nacional de forma sólida.
Para garantizar el derecho al acceso universal, oportuno, de calidad y gratuito de medicamentos, las y los senadores del Partido Verde Ecologista de México, presentaron una iniciativa con la que se busca la creación del Laboratorio Nacional de Medicamentos.
Explicaron que su iniciativa tiene por objeto fomentar la producción nacional de los medicamentos necesarios para el tratamiento y atención de diversas enfermedades, a fin de que éstos sean más accesibles y se garantice su abasto oportuno, por lo que se propone un esquema de organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Salud.
Aseguraron que "esta reforma no sólo busca asegurar el abasto, tan necesario actualmente, sino que, también impulsará el sector farmacéutico nacional de forma sólida, favoreciendo la investigación y el desarrollo de tratamientos para enfermedades que afectan específicamente a nuestro pueblo".
Insistieron en que ante el incremento de la prevalencia de personas que padecen alguna enfermedad infecciosa o crónico-degenerativa, especialmente el cáncer, el desabasto de medicamentos debe ser atendido como prioridad, por lo que se debe ampliar la disponibilidad y accesibilidad, sin discriminación.
Puntualizaron que de acuerdo con el "Mapeo de Desabasto de Medicamentos en México; Informe de Transparencia en Salud 2019-2020", la falta de medicamentos es un problema público que trasciende décadas, latitudes y sistemas de salud. Añadieron que en administraciones pasadas, "mucho de este desabasto fue por actos como robos, ineficiencia, corrupción y mala planeación del sector salud, lo cual vulneró el derecho de las y los mexicanos a la protección de la salud, principalmente por limitarse el acceso a medicamentos y otras tecnologías médicas".
Por ello, diversas administraciones han buscado generar acciones para contar con un suministro adecuado, con la finalidad de garantizar el derecho a la salud y el acceso efectivo a medicamentos, sin embargo, los resultados no han sido los esperados y resultan todavía insuficientes.
Aseguraron que, con esta iniciativa se busca primordialmente la protección efectiva de la salud de las y los mexicanos; se combatirá el desabasto de medicamentos y se abonará a la reducción de gastos de las familias al acceder a tratamientos médicos; se impactará positivamente en la prevención y tratamiento eficaz de las enfermedades; se reducirá la carga en hospitales con la existencia de medicamentos suficientes y oportunos para tratar las principales enfermedades, entre otros beneficios.
Señalaron que la creación de un Laboratorio Nacional de Medicamentos no se contrapone ni duplica las actividades de la Megafarmacia del Bienestar, la cual tiene por objeto mantener el abasto de medicamentos, insumos médicos y vacunas para pacientes del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, por lo que las actividades del Laboratorio Nacional de Medicamentos complementarían y potenciarían las capacidades de la Megafarmacia del Bienestar.
Finalmente, hicieron énfasis en que el Partido Verde ha sido sensible a esta problemática que afecta especialmente a la población más vulnerable, por lo que anteriormente han presentado diversas propuestas legislativas para promover el abasto oportuno y asequible de medicamentos, entre las que destaca la propuesta de "vales de medicinas" para agilizar el abasto de medicamentos en todo el país; y agregaron que en esta iniciativa, se enfocan en impulsar la producción pública de medicamentos, a fin de atender otro aspecto de la misma problemática.
- Propone penas que van de los siete a los doce años de prisión y multas de hasta dos mil quinientos días para quienes incorporen a personas a organizaciones delictivas
Con el objetivo de enfrentar de manera más efectiva a la delincuencia organizada en nuestro país, el diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, propuso reformar el Código Penal Federal para tipificar como delito el reclutamiento criminal, con penas que van de siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil quinientos días multa para quienes incorporen, de manera voluntaria o involuntaria, a personas a pandillas u organizaciones delictivas.
Núñez Aguilar explicó que el impacto de la delincuencia organizada afecta gravemente la economía, la seguridad pública y el tejido social del país, generando miedo y desconfianza entre los ciudadanos. Este ambiente hostil puede incluso obstaculizar el desarrollo económico y político de distintas regiones del país.
Asimismo, apuntó que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los grupos criminales suelen operar como estructuras organizadas, integradas por tres o más personas que buscan obtener beneficios económicos mediante actividades ilegales. Muchos de estos delitos, como el narcomenudeo, la extorsión, el secuestro y la trata de personas, se han convertido en verdaderos modelos de negocio para dichas organizaciones.
“Ante este panorama, los grupos delictivos se esfuerzan por expandir su presencia territorial, aumentar sus ingresos y fortalecer su control. Para lograrlo, recurren al reclutamiento de personas en situación de vulnerabilidad, incluidas menores de edad, personas adultas mayores o personas sin capacidad de comprender o resistir. Esto les permite mantener su operatividad sin enfrentar mayores consecuencias legales, ya que actualmente esta práctica no está tipificada como delito”, explicó el legislador.
Abundó que el reclutamiento criminal, a diferencia del secuestro, implica incorporar personas a una estructura delictiva con fines específicos. A pesar de ser una práctica ampliamente conocida y utilizada por los grupos delictivos, no existen consecuencias penales directas por llevarla a cabo, lo que genera un vacío legal aprovechado por las organizaciones criminales.
Por lo anterior, la iniciativa plantea no solo establecer el delito de reclutamiento criminal, sino también endurecer las penas cuando las víctimas sean menores de edad, personas mayores de sesenta años o individuos que no puedan comprender o resistir el hecho delictivo. Con esto, se pretende proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad y debilitar una de las principales estrategias de expansión del crimen organizado.
- Necesario avanzar hacia fórmulas de coordinación más eficaces, involucrando a los tres ámbitos de gobierno: Guevara Garza
Sanciones más severas incluso la "pena de muerte empresarial", para las organizaciones que lucren a costa del ambiente, poniendo en riesgo el bienestar colectivo y el equilibrio ecológico, propuso el diputado por el Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Guevara Garza.
Lo anterior ante la necesidad de actualizar la legislación vigente para incorporar sanciones significativas para aquellos particulares que afecten el equilibrio ecológico, ya sea en el territorio nacional, en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, o en aquellas áreas cuyo impacto se origine en el territorio o en zonas bajo la soberanía o jurisdicción de otros Estados, así como en espacios más allá de la jurisdicción de cualquier Estado.
La propuesta del legislador ecologista plantea adicionar la fracción VI al artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para especificar que dentro de las sanciones que se aplicarán como producto de las violaciones a dicha ley, está, "en el caso de personas jurídicas privadas, la disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una falta administrativa prevista en esta ley".
Esto se suma a las sanciones ya previstas que contemplan en decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, especies de flora y fauna silvestre o recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente ley, así como la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes.
Guevara Garza explicó que el objetivo de su propuesta está en el reconocimiento de la necesidad de vincular la política de aprovechamiento de recursos naturales con el principio de desarrollo sustentable, partiendo de la premisa de que la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes no puede ignorar las de las generaciones futuras.
Con ello, se busca avanzar de una visión sectorial de las acciones gubernamentales en esta materia hacia fórmulas de coordinación más eficaces, involucrando a los tres ámbitos de gobierno y promoviendo la participación de la sociedad.
Resaltó que México ha acumulado por décadas experiencias de pérdida, deterioro y afectaciones negativas de sus elementos naturales, hábitat y ecosistemas, así como de afectación a la salud e integridad de las personas, atribuidas a sujetos y empresas individualmente determinados, suficientes para afirmar la necesidad de un régimen jurídico de corresponsabilidad del sector privado.
Añadió que, aunque la ley vigente ya contempla sanciones ejemplares en esta materia, en la actualidad, debido a los cambios sociales, las crecientes necesidades de la colectividad y la participación del sector privado en materia de equilibrio ecológico, resulta indispensable incorporar sanciones significativas para aquellos particulares que afecten el equilibrio ecológico.
"El daño ocasionado por algunas empresas privadas a la colectividad puede alcanzar tal magnitud que sea necesaria su disolución, ya que permitir su operación podría generar afectaciones irreparables a la sociedad y al entorno ecológico. Por esta razón, se considera indispensable establecer sanciones severas, incluso la "pena de muerte empresarial", para las organizaciones que lucren a costa del ambiente, poniendo en riesgo el bienestar colectivo y el equilibrio ecológico", subrayó.
