El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, anunció que presentará una iniciativa para crear el delito de sumisión química y castigarlo con hasta 17 años de prisión a quien se atreva a agregar alguna sustancia en las bebidas para drogar a las personas que acuden a bares de la ciudad, luego de que el pasado sábado un hombre se debatió entre la vida y la muerte al resultar intoxicado por una bebida dopada en un bar del Centro Histórico de la Ciudad de México.
El congresista capitalino, Sesma Suárez, detalló que el pasado fin de semana un capitalino se desvaneció en las escalinatas del Banco de México sobre la calle peatonal 5 de Mayo en su cruce con Eje Central Lázaro Cárdenas después de tomar un vaso de cerveza al interior de un bar de la zona. De acuerdo a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal paramédico que atendió al ciudadano, éste fue víctima de las llamadas “Goteras”.
En ese contexto, el líder ecologista Chucho Sesma, destacó que reformará el Código Penal de la capital del país para crear el mencionado delito y así garantizar la salud pública y la integridad de las personas que acuden a restaurantes o bares donde venden bebidas alcohólicas.
También, el congresista adelantó que buscará reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles con el objetivo de obligar a los antros y bares a tener disponibles para su clientela dispositivos detectores de bebidas adulteradas o dopadas con el fin de que los puedan adquirir en caso de necesitarlos y así proteger a todos los ciudadanos en centros de diversión donde lamentablemente han aumentado los riesgos para su integridad.
Cabe mencionar que en el pasado mes de abril, el líder ecologista presento un punto de acuerdo por el que solicita a las personas titulares de las 16 Alcaldías para que refuercen las tareas en la materia y se coordinen con las asociaciones de esos establecimientos mercantiles para que dichos dispositivos estén disponibles en establecimientos de la Ciudad de México que vendan bebidas alcohólicas y así detectar bebidas adulteradas y dopadas como forma de garantizar la salud pública y la integridad de las personas que acuden a dichos espacios.
En ese sentido, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino, Jesús Sesma Suárez, pidió a las comisiones unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública Local, a aprobar el exhorto a la brevedad para evitar la pérdida de vidas humanas.
“La integración de estos Fondos refuerza la relación entre la responsabilidad ante el incumplimiento de la Ley y la necesidad de proteger los recursos naturales y los derechos de los animales, además de que genera conciencia social, mostrando que las infracciones tienen consecuencias económicas que se transforman en beneficios concretos para el medio ambiente y los animales”, sostuvo.
Lo anterior es de gran relevancia luego de que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), indicó que en el 2024 se registraron un total de 4 mil 221 denuncias por maltrato animal, entre las que destacan mantener animales en condiciones insalubres o en espacios inadecuados, cuya multa es de mil y hasta 5 mil pesos; por abandono, eutanasia indebida o venta ilegal de animales, es de 10 mil y hasta 108 mil pesos, entre otras multas.
En ese contexto, el diputado animalista destacó que el Fondo Ambiental Público a parte de financiar proyectos que promuevan la conservación de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas, la mitigación del cambio climático y la generación de conciencia ambiental, también financiará la protección y bienestar animal, reconociendo que no puede haber justicia ambiental sin justicia para los animales.
- Temperaturas récord y 810 millones de toneladas de residuos sin gestionar obligan a una nueva hoja de ruta.
- “El Congreso asumirá la responsabilidad de dotar al Estado mexicano de las herramientas regulatorias que aseguren el derecho de todos los mexicanos a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.
En el marco del foro de consulta para la elaboración del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2025-2030 (PROMARNAT), la senadora Maki Ortiz Domínguez respaldó la construcción de una nueva estrategia nacional que coloque al país a la vanguardia en biodiversidad, sustentabilidad, economía circular y combate al cambio climático.
Destacó que el Congreso asumirá la responsabilidad de dotar al Estado mexicano de las herramientas regulatorias que aseguren el derecho de todos los mexicanos a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar
Durante su intervención, Ortiz Domínguez reconoció la voluntad institucional de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y celebró la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), así como los compromisos adoptados en el Marco Global de Biodiversidad Cuming-Montreal, enfocados en conservar el 30 por ciento de la biodiversidad terrestre y marina para 2030.
La senadora enfatizó la urgencia de un cambio en la gestión de residuos. Citó cifras de la ONU que revelan que más del 38 por ciento de los residuos sólidos urbanos no recibe tratamiento adecuado, generando 810 millones de toneladas de basura que afectan la salud pública, el clima y la biodiversidad.
Ortiz Domínguez resaltó el caso de Reynosa, donde durante su gestión como alcaldesa se eliminó el uso de carretoneros para dar paso a un sistema moderno de recolección de residuos con georreferenciación y plantas de separación. Sin embargo, subrayó que los municipios carecen de recursos suficientes, por lo que planteó crear esquemas regionales que permitan compartir presupuestos e incentivar inversiones con reglas claras.
Celebró que el Plan Nacional de Desarrollo incluya una planta recicladora en Tula y otras diez en el país, pero pidió más inclusión presupuestaria para municipios que enfrentan el reto sin recursos suficientes.
Finalmente, la senadora ecologista llamó a construir un marco legal moderno y articulado que permita generar empleos verdes, transformar procesos industriales, así como garantizar el derecho de todas y todos los mexicanos a un medio ambiente sano.
