- Se busca garantizar la seguridad y los derechos humanos de los connacionales que retornan al país.
- Cada año, más de 1 millón de mexicanos regresan desde EE. UU; muchos de ellos enfrentan extorsiones, asaltos y violencia en su trayecto.
Con el objetivo de fortalecer la protección de los mexicanos que retornan al país de forma temporal o definitiva, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Migración, la cual busca implementar programas permanentes que garanticen el respeto a sus derechos humanos, así como su seguridad personal y patrimonial, mediante una coordinación efectiva con los tres niveles de gobierno.
La propuesta modifica una fracción al artículo 20 de la Ley de Migración para otorgar al Instituto Nacional de Migración (INM) la facultad de establecer convenios con dependencias federales, gobiernos estatales y municipales para llevar a cabo acciones de seguridad y asistencia para migrantes repatriados, con el fin de protegerlos de los riesgos constantes a los que se enfrentan durante su trayecto, tales como extorsiones, robos y violencia física, entre otros.
Cada año, más de 1.4 millones de connacionales regresan a México desde Estados Unidos, principalmente en temporada decembrina. Sin embargo, muchos de ellos enfrentan extorsiones, asaltos y violencia en su trayecto.
“A pesar de estos números, las políticas de apoyo siguen siendo insuficientes, por lo que es momento de que el gobierno actúe con contundencia para proteger a quienes han contribuido al desarrollo de México, dentro y fuera de nuestras fronteras", añadió la legisladora.
Actualmente, más del 97 por ciento de los mexicanos que viven en el extranjero residen en Estados Unidos, lo que equivale a 11.7 millones de personas. Entre 2013 y 2018, alrededor de 870 mil mexicanos migraron al país vecino, pero 710 mil regresaron.
"No podemos permanecer indiferentes ante la vulnerabilidad de nuestros connacionales. Es responsabilidad del Estado Mexicano garantizar un retorno seguro y digno, así como promover su integración efectiva a la vida social y económica del país", afirmó la senadora Corona Nakamura al presentar su iniciativa ante el pleno del Senado.
- La transición hacia la movilidad eléctrica no solo es una necesidad ambiental, sino una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos
El senador Gilberto Hernández Villafuerte presentó una iniciativa que busca establecer un marco normativo que impulse y regule la transición hacia la electromovilidad en México, garantizando su implementación efectiva a través de medidas que fomenten el uso de tecnologías limpias en el transporte público y privado.
Aseguró que la transición hacia vehículos eléctricos es indispensable para luchar contra la crisis climática, además de que la transición hacia vehículos eléctricos es una realidad inminente y una necesidad urgente para mitigar los riesgos asociados al aumento de gases de efecto invernadero (GEI), a los que dijo, el sector transporte contribuye significativamente con una cuarta parte de estas emisiones a nivel mundial.
Añadió que según el reporte de Electromovilidad de las Naciones Unidas de 2019, en Latinoamérica, el sector transporte es responsable del 22 por ciento de las emisiones contaminantes y del 15 por ciento de los gases de efecto invernadero, por lo que afirmó que “es necesario instrumentar una estrategia de electrificación de la flota y movilidad sustentable integral que contemple los distintos medios de transporte y se acompañe de una producción baja en carbono de electricidad e hidrógeno”.
Subrayó que “la transición hacia la movilidad eléctrica no solo es una necesidad ambiental, sino una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos”., además dijo que la adopción de la electromovilidad no solo representa un avance en la reducción del impacto ambiental, sino que también conlleva beneficios económicos sustanciales, ya que con el desarrollo de la infraestructura de recarga y la reducción en los costos de producción de vehículos eléctricos, tanto consumidores como empresas pueden aprovechar ahorros en combustible, mantenimiento y operación.
Por ello, hizo énfasis en que se deben desarrollar estrategias para reducir la demanda de transporte, fortalecer la infraestructura peatonal y ciclista, ampliar la red de estaciones de recarga y fomentar el uso de transporte eléctrico tanto público como privado.
Explicó que su propuesta busca la creación de un marco jurídico sólido que garantice la implementación eficiente de la movilidad eléctrica; incentivos fiscales y no fiscales para fomentar la adquisición de vehículos eléctricos y la renovación del parque vehicular; la expansión de la red de estaciones de recarga para hacer viable el uso masivo de vehículos eléctricos; y el impulso a la generación de energías limpias a precios competitivos.
- Se busca evitar que candidatos con antecedentes de violencia lleguen al Congreso o a otros cargos públicos, garantizando una representación política libre de agresores.
La senadora del Partido Verde Ecologista de México, Rocío Corona Nakamura, presentó una iniciativa para reformar el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de impedir que personas con antecedentes de violencia familiar, delitos sexuales o deudores alimentarios accedan a cargos de elección popular.
La legisladora destacó que, aunque en 2023 se incorporó en la Constitución la prohibición para que agresores sean candidatos, es indispensable armonizar la legislación secundaria para que estos criterios sean vinculantes en todos los niveles del proceso electoral. "Queremos que la '3 de 3 contra la violencia' no sea letra muerta, sino un requisito firme, ineludible y verificable", puntualizó.
Asimismo, indicó que la reforma busca incorporar tres nuevos requisitos legales: no haber sido sancionado por violencia familiar o de género, por delitos sexuales o por incumplir obligaciones alimentarias. "Esto evitaría que candidatos con antecedentes de violencia lleguen al Congreso o a otros cargos públicos, garantizando una representación política libre de agresores", destacó
Según cifras oficiales, entre 2020 y 2021 se registraron 416 secuestros de mujeres y 957 casos de trata. Tan solo en 2021, se presentaron 21 mil 188 denuncias por el delito de violación contra mujeres. Además, el 86 por ciento del territorio nacional se encuentra bajo alerta de violencia feminicida y desaparición de mujeres y niñas.
"Lo que está en juego no es solo la igualdad de oportunidades para las mujeres, sino también la vida y la integridad de miles de niñas, adolescentes y mujeres mexicanas", advirtió la senadora.
La senadora destacó que, a pesar de los avances como la elección de la doctora Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México, persisten graves problemas de violencia e inequidad contra las mujeres.
"Desafortunadamente, persisten problemas de violencia, vulnerabilidad, inseguridad, rezago y marginación. Por ello, es imprescindible garantizar nuestro acceso seguro y firme a los lugares de toma de decisiones en el país, así como a los cargos de representación popular, sin ningún tipo de condicionamiento", externó.
Finalmente, Corona Nakamura insistió en que su propuesta busca garantizar candidaturas libres de agresores y avanzar hacia una verdadera igualdad y paridad efectiva. "No más agresores como representantes populares ni en cargos públicos. No más, un sistema electoral que nos revictimice", afirmó.
