- Además de respaldar el ejercicio de la profesión veterinaria, se busca que ésta pueda desarrollarse efectivamente, contando con todas las herramientas disponibles.
Para atender una parte prioritaria del bienestar animal, que es el cuidado y protección de su salud, así como para garantizar que los médicos veterinarios cuenten con las herramientas y el respaldo necesarios para ejercer de manera eficiente su profesión, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde, presentó diversas propuestas en esta materia.
Aseguró que además de respaldar el ejercicio de la profesión veterinaria, se busca que ésta pueda desarrollarse efectivamente, contando con todas las herramientas disponibles.
En el caso del uso de medicamentos veterinarios para atender la salud animal, el legislador exhortó a la COFEPRIS, al Servicio Nacional. de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y a la Secretaría de Salud a revisar y, en su caso, modificar los lineamientos regulatorios que restringen el uso de medicamentos de la industria farmacológica humana en medicina veterinaria, ya que aseguró que a menudo los veterinarios consideran necesario emplear medicamentos de uso humano en animales, pero se ven restringidos por las autoridades de salud.
En este mismo sentido, destacó que es indispensable que las autoridades responsables emitan criterios técnicos que promuevan la actualización de las Normas Oficiales Mexicanas, para que el uso de medicamentos veterinarios con fines de bienestar animal sea reconocido, regulado y supervisado de manera efectiva, esto debido a que el uso de medicamentos veterinarios está regulado con un enfoque de control sanitario, productivo y de inocuidad de los alimentos, pero no reconoce la dimensión del bienestar animal como fin legítimo del uso de éstos.
Asimismo propuso la creación de la figura del tutor responsable de animales de compañía en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, esto con la finalidad de establecer quién es el responsable y cuáles son sus obligaciones frente a los animales de compañía, además de que plantea la creación del Registro Nacional de Tutores Responsables.
Subrayó que es indispensable proteger la noble labor de los médicos veterinarios, así como garantizar la confianza de la sociedad sobre esta profesión, por lo que busca prevenir la usurpación de la profesión veterinaria, a través de que los establecimientos cuenten con un responsable sanitario titulado y con cédula profesional como médico veterinario zootecnista visible al público; así como prohibir que pasantes, estudiantes o personas no tituladas realicen actos médicos veterinarios.
Resalta también la urgencia de proteger a los médicos veterinarios zootecnistas de casos de difamación y violencia digital, por lo que exhortó a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y a las fiscalías estatales a impulsar acciones para prevenir y atender estos casos; además de exhortar a las principales plataformas digitales que operan en México a robustecer sus protocolos de denuncia y respuesta para atender esta problemática.
Lamentó que hoy los médicos veterinarios sean objeto de acoso, objeto de amenaza, objeto de presión. "Hay casos de homicidio de médicos veterinarios. Pero quizá es más grave que haya casos de suicidio de médicos veterinarios ante la falta de apoyo de la sociedad y la incomprensión del tamaño de su responsabilidad".
Finalmente, apuntó que propone la creación de la Comisión de Medicina Veterinaria Forense, que busca ser el equivalente a la Comisión de Arbitraje Médico, para garantizar que exista una comisión neutral que pueda resolver un conflicto entre el tutor o propietario del animal y el médico veterinario y que diga si hubo un caso de negligencia, y no sean las redes sociales quienes resuelvan estos conflictos.
- Se impondrán hasta 14 años de prisión a quienes realicen traslados médicos ilegales.
- La reforma no sólo endurece sanciones, sino que envía un mensaje contundente de “cero tolerancia” a quienes lucran con la salud.
La senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para tipificar como delito el uso de vehículos en traslados médicos ilegales, conocidos popularmente como “ambulancias pirata”. La propuesta busca sancionar con penas de cinco a catorce años de prisión y hasta 120 días de multa a quienes ofrezcan este tipo de servicios sin autorización oficial.
Explicó que estas unidades representan un grave riesgo para la salud pública, ya que operan fuera de la ley, sin personal capacitado ni el equipo médico necesario para la atención de emergencias. “Las llamadas ambulancias pirata no solo engañan a los ciudadanos imitando la apariencia de las certificadas, sino que también ponen en peligro la vida de pacientes vulnerables que requieren traslados inmediatos”, señaló.
La senadora advirtió que estas unidades operan al margen de la ley, pues simulan ser ambulancias certificadas sin cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA2-1994, que regula los servicios de emergencia en el país, lo que representa un riesgo inminente al no contar con personal capacitado ni protocolos de atención adecuados.
En ese sentido, Guerra Mena destacó que la proliferación de estas unidades responde a la falta de regulación eficaz y a la alta demanda de servicios médicos de emergencia, especialmente en comunidades con recursos limitados.
La iniciativa destaca testimonios de pacientes que han sufrido complicaciones durante traslados en ambulancias no certificadas, que van desde el agravamiento de infartos hasta crisis respiratorias mal atendidas.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, más del 30 por ciento de los pacientes transportados en estos servicios ilegales enfrentaron complicaciones que pudieron evitarse con atención en unidades autorizadas.
Guerra Mena puntualizó que su propuesta no sólo endurece sanciones, sino que envía un mensaje contundente de “cero tolerancia” a quienes lucran con la salud. Asimismo, confió en que esta medida contribuirá a fortalecer la regulación, a restaurar la confianza ciudadana y a garantizar que la atención médica de emergencia sea un derecho seguro y confiable para todas y todos.
“No podemos permitir que la salud de los mexicanos se ponga en riesgo por servicios irregulares; esta reforma busca salvar vidas y cerrar la puerta a la impunidad”, subrayó la senadora por Morelos.
- La reforma aprobada permitirá homologar la tipificación del delito, sancionar con prisión preventiva y facultar al Congreso a coordinar acciones nacionales: senadores del Partido Verde.
Las senadoras y los senadores del Partido Verde en el Senado de la República respaldaron con su voto la reforma al artículo 73 constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General contra la Extorsión. Esta medida busca homologar criterios en todo el país y cerrar vacíos legales que han permitido la impunidad en este delito.
La senadora Juanita Guerra Mena recordó que desde la LXV Legislatura impulsó esta iniciativa, y destacó que hoy, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad, se impulsa una Ley General contra la Extorsión que homologará criterios y cerrará vacíos legales en todo el país.
Señaló que de acuerdo con cifras oficiales, en 2024 se registraron más de 10 mil 500 denuncias y entre enero y julio de 2025, Cuautla, Morelos, encabezó los reportes a nivel nacional. Ante esta situación, llamó a la ciudadanía a utilizar la línea 089 para denunciar de manera anónima. “Ya no más extorsión en Morelos, ya no más extorsión en Cuautla, ya no más extorsión en México”, enfatizó.
Por su parte, el senador Luis Alfonso Silva Romo dijo que la extorsión no solo se manifiesta de forma violenta, sino también mediante intimidación psicológica, llamadas telefónicas o el uso de tecnologías de la información, prácticas que mantienen a miles de víctimas en la impunidad. “Legislar en materia de extorsión no es solo un acto jurídico, es un compromiso con la seguridad y la dignidad de las familias mexicanas”, subrayó.
En este mismo sentido, el senador Luis Armando Melgar afirmó que la reforma para legislar en materia de extorsión es una respuesta urgente ante uno de los delitos que más lastima a la sociedad mexicana, afectando tanto a familias como al desarrollo económico del país.
“Esta ley no es un capricho legislativo, es una respuesta urgente a una crisis que afecta a todos los mexicanos. Legislar contra la extorsión es devolverle la confianza al pueblo de México. Nuestro voto será a favor de la paz y de un México seguro”.
Rocío Corona Nakamura, senadora por Jalisco, destacó que la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch es un paso firme, pero insistió en la importancia de homologar las sanciones: “No puede ser que en Guerrero se impongan hasta 30 años de cárcel y en Jalisco solo uno. Ya basta de extorsión, ya basta de miedo”.
Por su parte, la senadora Maki Ortiz Domínguez alertó que este delito representa una amenaza directa contra la tranquilidad de las familias y la viabilidad de miles de negocios en el país. En el caso de Tamaulipas, su estado natal, las extorsiones crecieron 148 por ciento en el primer semestre de 2025, lo que ha obligado a pequeños empresarios a pagar en promedio dos mil 500 pesos mensuales para proteger su vida y patrimonio.
“Esta reforma aprobada permitirá homologar la tipificación del delito, sancionar con prisión preventiva y facultar al Congreso para coordinar acciones federales y estatales. Queremos que las familias vivan con justicia y en paz”, concluyó la legisladora.
