En un mensaje de compromiso con la naturaleza y el medio ambiente, el senador Luis Armando Melgar reafirmó su decisión de sembrar un árbol por cada voto recibido en las pasadas elecciones, como una acción concreta de amor y respeto por Chiapas."
“Cada voto significa la confianza sembrada en mí, y yo quiero devolverle esa confianza a Chiapas sembrando futuro. Serán 530 mil árboles que corresponden a cada voto, a cada voz que creyó en este proyecto y sembraremos cada árbol con el corazón”, expresó Melgar.
En la Nueva ERA de Chiapas, donde el medio ambiente ocupa un lugar prioritario, Melgar ha puesto en marcha una estrategia de reforestación en alianza con la asociación civil “TuBosque”, con la que se impulsarán campañas comunitarias para reforestar zonas degradadas, proteger fuentes de agua y recuperar el equilibrio ecológico.
Este programa busca restaurar miles de hectáreas afectadas por la tala, la erosión y el crecimiento urbano sin planeación y, al mismo tiempo, fomentar la educación ambiental en niñas, niños y jóvenes, quienes serán protagonistas del cambio.
“En Chiapas no solo sembramos árboles, sembramos futuro. La naturaleza es parte de nuestra identidad y cuidarla es un acto de justicia con las próximas generaciones”, sostuvo el legislador.
Melgar explicó que esta iniciativa forma parte de una agenda verde más amplia que incluye:
- Fomento de bonos de carbono y biodiversidad.
- Protección a defensores ambientales.
- Impulso a proyectos de energía limpia y sustentable.
- Educación ecológica en comunidades y escuelas.
Explicó que las primeras jornadas de reforestación se realizará en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Palenque y Tapachula, y contarán con el respaldo de la 'Red Melgar', voluntarios, estudiantes, colectivos ambientales y autoridades locales.
Reforestar es transformar nuestra tierra, es sanar nuestra relación con la naturaleza y sembrar un Chiapas más verde. Por cada voto, un árbol. Porque cuando se siembra con amor, florece el bienestar”, concluyó Melgar.
- Urge frenar el “huachicoleo” de este recurso, que afecta a miles de familias en zonas con estrés hídrico.
- Proponen hasta 9 años de prisión por robo de agua; sanción se agrava si afecta a zonas de alta marginación.
Para frenar el robo de agua y garantizar el acceso equitativo a este recurso vital, senadoras y senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para tipificar el “huachicoleo de agua” como delito federal, incorporándolo en el Código Penal Federal como una agravante contra el medio ambiente y la gestión de los recursos hídricos.
La iniciativa propone adicionar un nuevo capítulo denominado "Del Agua" al Título Vigésimo Quinto del Código Penal, estableciendo penas de seis meses a nueve años de prisión y sanciones económicas de hasta tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quienes extraigan, desvíen, manipulen o comercialicen agua de manera ilícita.
“Las sanciones aumentarán si el delito se comete en zonas de atención prioritaria, donde la escasez de agua pone en riesgo la vida de miles de personas”, destacaron.
Los legisladores señalaron que el robo de agua, también conocido como “aguachicoleo”, ha proliferado en todo el país y se ha vuelto una práctica lucrativa. Datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y solicitudes de información revelan que entre 2019 y 2022 se detectaron más de 131 mil 600 tomas clandestinas en 239 municipios del país.
En el caso de la Ciudad de México, en 2023, se comprobó la ilegalidad de 32 tomas clandestinas con apenas 209 denuncias. Además, en el Estado de México se ha reportado el robo de hasta dos mil litros de agua por segundo del sistema Cutzamala.
Subrayaron que la falta de sanciones penales específicas ha permitido el crecimiento de esta actividad ilícita, afectando principalmente a los sectores más vulnerables.
En ese sentido, los legisladores indicaron que actualmente el robo de agua sigue sin ser castigado como un delito, debido a que la Ley de Aguas Nacionales sólo contempla multas económicas, pero no sanciones penales, lo que deja impune esta práctica que agrava la crisis hídrica y afecta a miles de familias
Por ello, la bancada del Partido Verde impulsa esta reforma penal, argumentando que proteger el acceso al agua es esencial para garantizar los derechos humanos vinculados a la vida, la salud y el medio ambiente.
- Se busca que se imponga la misma sanción que corresponde al delito de abuso sexual a quien produzca y comparta imágenes o videos con contenidos explícitos manipulados mediante inteligencia artificial.
Con la finalidad de abordar desde una perspectiva punitiva el contenido deepfake que incluya imágenes de personas en supuestas actividades con contenido sexual explícito, la senadora Juanita Guerra Mena presentó una iniciativa que busca que se castigue de la misma manera que se hace con el delito de abuso sexual a quien distribuya, transmita, entregue, muestre imágenes de las víctimas generadas mediante inteligencia artificial u otros métodos tecnológicos.
Detalló que con esta propuesta se busca que se imponga la misma sanción que corresponde al delito de abuso sexual, es decir, de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días de multa a quien produzca y comparta imágenes o videos con contenidos explícitos manipulados mediante inteligencia artificial que generan una afectación a la imagen y prestigio de las personas.
Explicó que las deepfakes son noticias, imágenes y videos falsos o calumniosos caracterizados por su hiperrealismo generados con inteligencia artificial, y advirtió que la ausencia de un mecanismo que limite su utilización, se convierte en una amenaza latente para las personas y el libre derecho a su personalidad e intimidad.
Agregó que la inteligencia artificial facilita la creación de contenidos que imitan comportamientos y apariencias humanas de manera convincente y engaña la percepción de los individuos hasta que el contenido es analizado a profundidad para verificar su autenticidad.
La legisladora afirmó que "las deepfake tienen el potencial de influir en la dinámica social y las relaciones interinstitucionales" además de que "de un solo golpe pueden derrumbar prestigios, carreras políticas y terminar con familias enteras solo porque cada vez resulta más sencillo hacer una imagen hiperrealista y montarla en una red social".
Lamentó que en México, como en casi todo el mundo producir deepfakes no es un delito en sí, por lo que "la labor de los sistemas jurídicos que pretendan asumir el reto de legislar en la materia, es el generar una correcta y precisa conexión entre la existencia de la deepfake y la intencionalidad de generar daño, menoscabar la imagen, prestigio, posibilidades de triunfo electoral o erosionar la credibilidad institucional o personal", subrayó.
Por ello, insistió en que es indispensable eliminar la laguna penal existente y regular desde la perspectiva del derecho penal el deepfake, ya que se afectan derechos fundamentales como la protección de la intimidad, la vida personal, la imagen pública, entre otros daños a la víctima.
