- La iniciativa plantea establecer obligaciones específicas para los fabricantes, ampliar las garantías de los productos electrónicos y electrodomésticos, y asegurar la disponibilidad de partes, refacciones y servicios de reparación durante un periodo determinado.
Con la finalidad de fortalecer la protección de los consumidores, así como desalentar a fabricantes de prácticas destinadas a reducir deliberadamente la vida útil de los productos y favorecer su reparación y aprovechamiento, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, propuso reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor para prohibir la obsolescencia programada.
La senadora explicó que actualmente artículos como teléfonos celulares, computadoras y electrodomésticos forman parte de las necesidades de los hogares mexicanos, por lo que su adquisición representa no solamente una decisión de consumo, sino también una inversión económica que las familias realizan con esfuerzo y con la expectativa de aprovechar estos bienes durante varios años.
Sin embargo, esa expectativa puede verse frustrada cuando un aparato presenta fallas poco después de concluir su garantía, las refacciones necesarias dejan de estar disponibles o el costo de reparación resulta elevado. Todo esto a menudo puede ser ocasionado por decisiones deliberadas que limitan la duración de los productos y colocan a los consumidores en una posición de desventaja.
Lo anterior, explicó la senadora, es conocido como obsolescencia programada, que, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), consiste en diseñar productos con una vida útil limitada que quedan en desuso con rapidez, propiciando que los consumidores deban reemplazarlos por versiones más nuevas.
Además, la senadora explicó que la obsolescencia programada también tiene implicaciones ambientales por su relación con la generación de residuos electrónicos, ya que de acuerdo con la PROFECO en 2015 nuestro país se encontraba entre los principales generadores de estos residuos en América Latina, con aproximadamente 1.2 millones de toneladas métricas.
Por ello, la legisladora ecologista dijo que resulta necesario fortalecer la protección de los consumidores mediante disposiciones que no se limiten a atender las fallas durante el periodo de garantía, sino que favorezcan la reparación y el aprovechamiento de los bienes a lo largo de su vida útil, por lo que su iniciativa plantea establecer obligaciones específicas para los fabricantes, ampliar las garantías de los productos electrónicos y electrodomésticos, y asegurar la disponibilidad de partes, refacciones y servicios de reparación durante un periodo determinado.
- Existen establecimientos que ponen letreros, carteles o avisos mediante los cuales pretenden deslindarse de cualquier responsabilidad respecto de los acontecimientos que ocurran dentro de sus instalaciones.
Con el propósito de evitar prácticas abusivas en los establecimientos donde se brinden productos o servicios que incorporan mensajes o carteles buscando deslindarse de responsabilidad, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 86 quater de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para eliminar letreros abusivos en contra de los consumidores.
Explicaron que según el artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, “se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor”, sin embargo, dijeron que una de las problemáticas es que a pesar del contrato formal, existen establecimientos que ponen letreros, carteles o avisos mediante los cuales pretenden deslindarse de cualquier responsabilidad respecto de los acontecimientos que ocurran dentro de sus instalaciones, mediante expresiones como:
"El establecimiento no se hace responsable por accidentes.' "El establecimiento no se hace responsable por daños", "Todo lo que ocurra dentro del establecimiento será responsabilidad del cliente", "Al ingresar, el usuario acepta que el establecimiento no se hace responsable", mensajes con los que buscan deslindarse de probables responsabilidades o de que el proveedor queda liberado de las obligaciones y efectos de la legislación.
Agregaron que estas expresiones son una forma de amedrentar y generan una falsa apreciación de que, por el simple hecho de encontrarse colocadas dentro del establecimiento, el proveedor queda liberado de las obligaciones y responsabilidades que legalmente le correspondan. Por ello, insistieron en la pertinencia de su iniciativa, para que el proveedor informe de manera precisa los alcances de su responsabilidad frente al consumidor.
Destacaron que con esta propuesta se busca que el proveedor informe “de manera clara, visible y accesible, mediante letreros, carteles, publicidad, comunicaciones, avisos o cualquier otro medio sobre el tipo y alcance de la responsabilidad que asume frente al consumidor, así como, las garantías, pólizas o seguros para cubrir los daños, perjuicios o accidentes que deriven de la prestación de un bien o servicio”.
- En el foro convocado junto con la Fundación OneSight EssilorLuxottica, ambas partes coincidieron en impulsar una ruta nacional que conecte la detección con el tratamiento y seguimiento de niñas, niños y adolescentes.
La senadora Virginia Magaña Fonseca se comprometió a impulsar cambios legislativos y de política pública para que la detección de problemas visuales en niñas, niños y adolescentes se traduzca en acceso efectivo a evaluación, lentes, tratamiento y seguimiento.
Durante el Foro Nacional de Salud Visual Infantil, convocado conjuntamente por la senadora y la Fundación OneSight EssilorLuxottica en el Senado de la República, ambas partes coincidieron en la necesidad de construir una ruta nacional de atención que permita detectar y atender oportunamente los problemas visuales desde la infancia.
El encuentro reunió a autoridades de salud y educación, organismos internacionales y especialistas para analizar las barreras de acceso y construir propuestas que fortalezcan la atención visual infantil en México.
“La salud visual no es un lujo: es la puerta de entrada al derecho a aprender y a vivir con autonomía. Hoy, que una niña o un niño vea bien depende con demasiada frecuencia del ingreso de su familia o del lugar donde nació, y ningún derecho debería depender del código postal”, afirmó Magaña Fonseca.
La legisladora compartió la experiencia de Cómo ves Guanajuato, programa que en su segundo año llegó a 26 municipios, atendió a 3,200 personas y entregó 3,000 lentes gratuitos.
"Con Cómo ves Guanajuato encontramos niñas y niños que nunca habían tenido un examen de la vista, mucho menos un par de lentes. Desde el Senado me comprometo a convertir lo que aquí acordemos en política pública y en ley", expresó.
Por su parte, Gabriela Lozano Corona, directora de OneSight en México y coconvocante del foro, señaló: "Garantizar la salud visual de niñas, niños y adolescentes requiere ir más allá de la detección. Debemos asegurar que cada niña o niño que necesite atención pueda acceder a una evaluación adecuada, recibir sus lentes o tratamiento cuando corresponda y contar con el seguimiento necesario".
Durante los paneles, especialistas destacaron que los lentes son importantes, pero no suficientes: es necesario detectar enfermedades desde el nacimiento, fortalecer la revisión visual en las escuelas y garantizar la referencia oportuna a servicios especializados. También señalaron la falta de registros y encuestas nacionales de salud visual infantil.
"Este foro representa una oportunidad para fortalecer la colaboración entre los sectores de salud, educación y los responsables de las políticas públicas, y avanzar hacia soluciones sostenibles que pongan las necesidades de la niñez en el centro de la acción", sostuvo Lozano Corona.
La senadora y la Fundación OneSight se comprometieron a dar seguimiento desde sus respectivos ámbitos para impulsar el tamizaje visual neonatal y escolar, un registro nacional de salud visual infantil y presupuesto suficiente con mecanismos de rendición de cuentas, a fin de que cada niña y niño reciba atención oportuna, independientemente de su lugar de residencia o condición socioeconómica.
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