Compañeras y compañeros diputados,
Hay que dejar de sancionar cenizas y llegar antes del incendio.
Hoy subo a esta tribuna para presentar una reforma indispensable, a fin de cerrar un vacío legal que limita la capacidad del Estado mexicano para proteger nuestros ecosistemas forestales.
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su redacción actual, contempla sanciones cuando se causa un daño a terrenos forestales, incluso si este se origina en un terreno no forestal. Sin embargo, esa misma ley no faculta a la Profepa para investigar cuando se denuncie un posible daño al ecosistema forestal proveniente de un terreno diverso al forestal. Es decir, solo podemos sancionar cuando el daño ya está hecho, pero no contamos con un fundamento legal claro para prevenirlo a tiempo. Esto limita de forma real y cotidiana la vigilancia ambiental. Hoy buscamos corregir esa omisión.
Porque si ya aceptamos en la ley que las actividades en terrenos agrícolas, ganaderos o colindantes pueden causar daños al ecosistema forestal, ¿cómo es posible que la autoridad ambiental no tenga facultades claras para investigar y prevenir esos daños cuando el riesgo es evidente y ha sido denunciado?
Compañeras y compañeros, los datos oficiales nos muestran por qué esta reforma es urgente. De acuerdo con el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal de la Conafor, entre 2001 y 2024 México perdió 203,552 hectáreas de ecosistemas forestales cada año. La principal causa ha sido la conversión de bosques a pastizales y tierras agrícolas: actividades que se desarrollan precisamente fuera del terreno forestal, pero que lo afectan directamente.
Entre 2020 y 2024 se perdieron 841,406 hectáreas de cobertura forestal, equivalentes a 307 veces el Parque Nacional El Chico, en Hidalgo, concentradas especialmente en zonas de alta biodiversidad, como las selvas cálido-húmedas y cálido-secas. Nuevamente, la explotación productiva a gran escala fue identificada como el principal motor de esta degradación.
Todos estos estudios coinciden en algo: los bosques de México no se están perdiendo principalmente por actividades realizadas dentro de los terrenos forestales, ni por el pequeño y mediano productor, sino por actividades que ocurren en terrenos colindantes, adyacentes o diversos al forestal.
Sin embargo, la legislación vigente no permite a la Profepa investigar a tiempo cuando estas actividades externas presentan un riesgo real; solo otorga herramientas para sancionar cuando el daño ya ocurrió. Este vacío no es menor. Significa que la autoridad ambiental llega tarde: cuando el bosque ya se incendió, cuando ya se desmontó, cuando los daños ya son irreversibles.
La propia Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable reconoce, en sus artículos 155 y 159, que actividades externas como las quemas de pastizales pueden generar daños forestales y ameritan sanciones; pero aun así no desarrolla ninguna facultad preventiva de vigilancia para intervenir antes del daño.
Por ello, la reforma que presento propone modificar el artículo 154 para que la Profepa pueda supervisar actividades realizadas en terrenos colindantes o adyacentes, e investigar, inspeccionar y verificar de manera preventiva —no solo reactiva— cuando así se denuncie.
Esta reforma no invade competencias agrícolas. Está dirigida a fenómenos que sí están documentados: expansiones agroindustriales, quemas o actividades intensivas que generan presiones ambientales de gran escala, muchas veces fuera de control, y que afectan gravemente a los ecosistemas forestales de nuestro país.
Compañeras y compañeros, no podemos seguir permitiendo que nuestra legislación ambiental llegue siempre tarde. No podemos quedarnos con un marco jurídico que sancione el daño, pero que no permita evitarlo. Con esta reforma damos a la Profepa una herramienta muy precisa e indispensable: la facultad de actuar a tiempo.
Les pido su respaldo para fortalecer la vigilancia forestal, proteger nuestro patrimonio natural y asegurar que las generaciones futuras hereden un país con bosques vivos, sanos y resilientes.
Es cuanto. Muchas gracias.
