- La iniciativa busca establecer una compensación mínima del 35 % del costo del boleto
El diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, propuso reformar el artículo 52 y adicionar el artículo 52 Bis de la Ley de Aviación Civil, con el objetivo de establecer una compensación mínima del 35 por ciento del costo del boleto para los pasajeros afectados por la sobreventa de vuelos comerciales.
La propuesta también contempla que dicha compensación sea cubierta por las aerolíneas en un plazo no mayor a 15 días hábiles.
En el desarrollo de su iniciativa, el legislador señaló que la normativa vigente permite a las aerolíneas la sobreventa de vuelos, una práctica legal pero problemática para los usuarios del transporte aéreo. “En muchos casos, esta situación vulnera sus derechos como consumidores, generando molestias, retrasos y complicaciones que afectan directamente su experiencia de viaje”, afirmó.
Explicó que la sobreventa responde a una estrategia comercial basada en proyecciones de inasistencia de pasajeros, lo que permite a las aerolíneas maximizar su operación y reducir costos. No obstante, advirtió que esta lógica también puede traducirse en afectaciones significativas para los pasajeros que sí se presentan puntualmente y, aun así, no pueden abordar por falta de espacio disponible.
Quiroga Treviño recordó que, actualmente, la Ley de Aviación Civil establece una compensación del 25 por ciento del valor del boleto, además de la obligación de cubrir gastos como hospedaje y alimentación en ciertos casos. Su propuesta busca aumentar este porcentaje y reducir el plazo para su cumplimiento, garantizando un resarcimiento más justo y oportuno para los pasajeros afectados.
El legislador destacó que en diversos países ya se han implementado regulaciones más estrictas sobre esta práctica, con el fin de proteger los derechos de los consumidores. En ese sentido, su propuesta busca que México avance hacia un modelo que equilibre los intereses de las aerolíneas con los derechos fundamentales de los usuarios del transporte aéreo.
La iniciativa también contempla medidas específicas para proteger a grupos en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas que viajan con menores. Entre las disposiciones propuestas se incluye el acceso gratuito al registro en aeropuertos y la garantía de mantener el derecho al pase de abordaje.
Asimismo, se reafirma el derecho de todo pasajero a conservar su pase de abordar siempre que se haya presentado dentro del plazo establecido, conforme a la normativa vigente, evitando así exclusiones arbitrarias por motivos administrativos.
La iniciativa también estipula que los concesionarios y permisionarios deberán garantizar un proceso de compra y registro claro y transparente, además de promover la disponibilidad de infraestructura operativa gratuita en los aeropuertos, con énfasis en facilitar el acceso a servicios de registro para quienes no cuentan con medios digitales.
“Con esta medida, se busca dar un paso firme hacia una aviación más justa, accesible y equitativa”, concluyó el diputado.
- Se busca que se imponga la misma sanción que corresponde al delito de abuso sexual a quien produzca y comparta imágenes o videos con contenidos explícitos manipulados mediante inteligencia artificial.
Con la finalidad de abordar desde una perspectiva punitiva el contenido deepfake que incluya imágenes de personas en supuestas actividades con contenido sexual explícito, la senadora Juanita Guerra Mena presentó una iniciativa que busca que se castigue de la misma manera que se hace con el delito de abuso sexual a quien distribuya, transmita, entregue, muestre imágenes de las víctimas generadas mediante inteligencia artificial u otros métodos tecnológicos.
Detalló que con esta propuesta se busca que se imponga la misma sanción que corresponde al delito de abuso sexual, es decir, de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días de multa a quien produzca y comparta imágenes o videos con contenidos explícitos manipulados mediante inteligencia artificial que generan una afectación a la imagen y prestigio de las personas.
Explicó que las deepfakes son noticias, imágenes y videos falsos o calumniosos caracterizados por su hiperrealismo generados con inteligencia artificial, y advirtió que la ausencia de un mecanismo que limite su utilización, se convierte en una amenaza latente para las personas y el libre derecho a su personalidad e intimidad.
Agregó que la inteligencia artificial facilita la creación de contenidos que imitan comportamientos y apariencias humanas de manera convincente y engaña la percepción de los individuos hasta que el contenido es analizado a profundidad para verificar su autenticidad.
La legisladora afirmó que "las deepfake tienen el potencial de influir en la dinámica social y las relaciones interinstitucionales" además de que "de un solo golpe pueden derrumbar prestigios, carreras políticas y terminar con familias enteras solo porque cada vez resulta más sencillo hacer una imagen hiperrealista y montarla en una red social".
Lamentó que en México, como en casi todo el mundo producir deepfakes no es un delito en sí, por lo que "la labor de los sistemas jurídicos que pretendan asumir el reto de legislar en la materia, es el generar una correcta y precisa conexión entre la existencia de la deepfake y la intencionalidad de generar daño, menoscabar la imagen, prestigio, posibilidades de triunfo electoral o erosionar la credibilidad institucional o personal", subrayó.
Por ello, insistió en que es indispensable eliminar la laguna penal existente y regular desde la perspectiva del derecho penal el deepfake, ya que se afectan derechos fundamentales como la protección de la intimidad, la vida personal, la imagen pública, entre otros daños a la víctima.
• Tenemos la posibilidad de construir un sistema financiero más seguro, justo, accesible y moderno, dijo
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, presentó un paquete de reformas para establecer un marco jurídico claro y seguro que permita aprovechar los beneficios de las criptomonedas, terminar con los riesgos e impulsar a México hacia la vanguardia de la revolución financiera.
“Algunos beneficios directos para los usuarios actuales y futuros serán el acceso a servicios financieros más ágiles, con transacciones instantáneas y de bajo costo a cualquier parte del mundo, la seguridad de que habrá una institución bancaria custodiando su patrimonio, mayor tranquilidad en sus transacciones, mejor protección de su privacidad y, lo más importante, la protección de su dinero”, expuso Sesma Suárez.
En la máxima tribuna de la capital del país, el legislador capitalino destacó que su propuesta busca dar el salto hacia una economía digital robusta y segura, a través de la actualización de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley del Banco de México.
De acuerdo con la revista Forbes, México es uno de los países con mayor adopción de criptomonedas en América Latina. Miles de mexicanos utilizan activos digitales como Bitcoin, Ethereum y Stablecoins no solo como inversión, sino también para proteger sus recursos ante la inflación, realizar transferencias internacionales de forma más económica y rápida e incluso para diversificar su patrimonio.
El legislador Chucho Sesma destacó que las criptomonedas no solo representan un avance tecnológico, también responden a problemas económicos profundamente arraigados como la búsqueda de protección contra la inflación y la volatilidad del peso; el acceso a servicios financieros sin intermediarios en un país donde millones aún están fuera del sistema bancario tradicional; y la facilidad de realizar transferencias internacionales con costos bajos y de forma casi instantánea.
