- Van 40 explosivos hallados en Tamaulipas en lo que va de este año; algunos ya cobraron la vida de civiles y elementos militares.
- El manejo de estos artefactos ilegales, prohibidos por la ley, exige respuesta inmediata de las autoridades para detener su uso.
Las senadoras Juanita Guerra Mena y Maki Ortiz Domínguez exhortaron a las entidades federativas a coordinar esfuerzos con la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional para implementar acciones conjuntas y eficaces en la búsqueda, localización y decomiso de artefactos explosivos improvisados (AEI) utilizados por grupos delictivos en todo el país.
Mediante un Punto de Acuerdo, las legisladoras señalaron que estos explosivos, fabricados de forma artesanal y utilizados en enfrentamientos contra personal de instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, al quedar expuestos ponen en riesgo a los ciudadanos que habitan o transitan por las zonas donde ocurren estos incidentes.
En ese sentido, la senadora por Morelos, Juanita Guerra Mena señaló que el uso creciente de AEI se debe a su bajo costo y facilidad de fabricación, convirtiéndose en un desafío urgente para la seguridad nacional.
“El uso de estos explosivos ilegales —prohibidos por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos— requiere una respuesta inmediata, articulada y sostenida entre los tres niveles de gobierno”, subrayó.
Por su parte, la senadora Maki Ortiz señaló que, en Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y Guanajuato -entidades con intensos conflictos entre grupos criminales- se han realizaron diversos decomisos de estos artefactos; sin embargo, para octubre de 2024 las autoridades ya habían detectado AEI en 25 de los 32 estados del país.
Las zonas más afectadas incluyen municipios como Buenavista (Michoacán), Santa María del Oro (Jalisco) y Aquiles Serdán (Chihuahua), donde los explosivos causaron múltiples bajas en operativos militares y policiales.
Comentó que en el caso particular de Tamaulipas se detectaron 40 artefactos explosivos en lo que va del año, algunos de los cuales causaron la muerte de civiles y militares.
Finalmente, las senadoras del Partido Verde destacaron que los artefactos de fabricación casera no solo ponen en riesgo la vida y la seguridad pública, sino también el desarrollo económico y social de las comunidades afectadas, por lo que insistieron en la importancia de una estrategia conjunta para la búsqueda, localización, rastreo y decomiso de estos artefactos.
- Las plataformas digitales deberán mostrar el precio total del producto desde el inicio del proceso de compra, esto incluye impuestos, costos de envío y cualquier otro cargo
El diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso una reforma al artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de garantizar mayor transparencia en los precios del comercio electrónico en México.
En la iniciativa que fue presentada durante la sesión de la Comisión Permanente, el diputado Miranda Barrera destacó la importancia de que todas las plataformas digitales muestren el precio total del producto o servicio desde el inicio del proceso de compra. “Esto incluye impuestos, costos de envío y cualquier otro cargo adicional, a fin de que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y comparativas”, mencionó.
El legislador señaló que el crecimiento del comercio electrónico en México ha sido exponencial en los últimos años, tan solo en 2023, su valor superó los 600 mil millones de pesos, lo que hace fundamental garantizar la transparencia en los precios para proteger los derechos de los consumidores. "La falta de claridad en los precios finales genera confusión y desconfianza, afectando la experiencia de compra y la confianza en el mercado digital", afirmó.
Por ello, la propuesta busca fortalecer la confianza del consumidor en el comercio digital, al promover un entorno más justo y competitivo. Además, contribuirá a eliminar prácticas comerciales desleales y alineará a México como un referente en el desarrollo del comercio electrónico en América Latina, al fomentar un mercado más transparente y ético.
Por lo anterior, el diputado invitó a sus colegas a respaldar esta iniciativa y a sumar esfuerzos para que el crecimiento del comercio electrónico en México se base en principios sólidos y en el bienestar de los consumidores.
“La reforma propuesta es un avance significativo hacia una mayor protección y transparencia en el comercio digital. Esperamos que juntos podamos fortalecer este sector y garantizar un mercado más justo para todos”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su análisis, discusión y eventual dictaminación.
- Para prevenir y mitigar los delitos ambientales se debe incrementar las sanciones, con la finalidad de incentivar una mayor responsabilidad e inhibir la comisión de éstos.
Con la finalidad de visibilizar la magnitud de las consecuencias derivadas de la pérdida de los recursos naturales, la degradación ambiental y, en general, cualquier tipo de afectación al ecosistema ocasionada por los delitos ambientales, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para reformar diversos artículos del Código Penal Federal para incrementar las penas asociadas a estos delitos.
Agregaron que este incremento en las penas ambientales busca, además, reflejar la gravedad de los daños causados, que afectan no solo al entorno natural, sino también a la salud y el bienestar de los seres humanos.
Detallaron que los delitos ambientales no solo generan un daño directo al medio ambiente, sino que también tienen un impacto colectivo sobre la humanidad, además de que los recursos naturales son esenciales para la supervivencia humana, y cualquier alteración o destrucción de estos pone en riesgo nuestra existencia, por lo que los delitos ambientales, aunque en apariencia puedan parecer menores, afectan a la población en general e incluso pueden perjudicar la salud y la vida de las personas.
Aseguraron que los delitos ambientales suelen ser subestimados, y se minimizan tanto sus implicaciones como los costos derivados de los daños causados, los cuales son invaluables. Por ejemplo, hay delitos ambientales cuyos costos no pueden ser evaluados adecuadamente, debido a la magnitud de sus impactos inmediatos y las potenciales consecuencias a largo plazo, que pueden ocasionar daños irreversibles al ecosistema.
Por ello, insistieron en que para prevenir y mitigar estos delitos, las sanciones deben ser incrementadas con la finalidad de incentivar una mayor responsabilidad e inhibir la comisión de delitos que dañan el equilibrio ecológico y, en consecuencia, afectan directamente a la humanidad.
Reconocieron que México cuenta con diversas leyes que identifican las infracciones contra el ambiente, por ejemplo, en el Código Penal Federal se incluyen diversos delitos en esta materia para castigar con penas de prisión y sanciones económicas a quien o quienes cometan un delito contra el ambiente.
Sin embargo, aseguraron que a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades de los tres niveles de gobierno en conjunto con algunas organizaciones sociales, tanto para proteger y conservar los bosques, frenar la tala clandestina, prevenir y controlar los incendios forestales, el resultado no ha sido suficiente ya que los delitos continúan.
