- En su iniciativa de reforma a diversas leyes federales, Felipe Miguel Delgado Carrillo, planeta establecer sanciones de hasta 15 años de prisión a quien acceda, altere, copie o destruya esta información gubernamental.
El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso considerar como amenazas a la Seguridad Nacional cualquier acto dirigido a destruir, alterar, extraer, copiar, acceder o inutilizar, sin autorización, bases de datos poblacionales estratégicas bajo resguardo del Estado e imponer penas de hasta 15 años de prisión.
En conferencia de prensa, donde estuvo acompañado del también diputado ecologista, Oscar Bautista y del experto en Tecnología, Martín Barragán, Delgado Carrillo, expuso que la propuesta que presentó ante el pleno el pasado 21 de enero, planeta considerar las bases de datos poblacionales estratégicas como infraestructura crítica y componentes de seguridad nacional. Dijo que hoy en día, las bases de datos se han convertido en un recurso estratégico que se maneja en instituciones públicas del Estado.
Señaló que, si una base de datos del gobierno es vulnerada, se vulneran los datos personales de la población por eso se propone darle este etiquetado para que sea considerado de seguridad nacional y también se incluyen elementos punitivos para sancionar a todos aquellos funcionarios que lucren con este tipo de datos de infraestructura crítica y también a personas físicas que lo hagan
En su oportunidad Martín Barragán, experto en el tema, comentó que uno de los activos más importantes que tenemos en la actualidad son las bases de datos que en muchos casos están subestimadas por la propia ciudadanía por lo que la iniciativa consiste en enfocar los esfuerzos para que cualquier persona que extraiga los datos o vulnera los sistemas de ciberseguridad tengan penas severas y eso ayude a inhibir este tipo de acciones. Comentó que países como Corea del Sur, Estados Unidos y Alemania ya tienen este tipo de prácticas y hoy México se coloca a la vanguardia con esta iniciativa.
El diputado Oscar Bautista comentó que la iniciativa tiene el respaldo de toda la bancada del Partido Verde y dijo que la base de datos poblacionales puede ser tan importante como una carretera o como una vía de comunicación y sin duda se tienen que salvaguardar con esta iniciativa que le va a dar certeza a cada uno de los mexicanos.
De acuerdo con la iniciativa, se plantea modificar las leyes de Seguridad Nacional, la General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Orgánica de la Administración Pública Federal y el Código Penal Federal, a fin de que se consideren como delitos que atentan contra la seguridad nacional toda acción que se cometa contra las bases de datos de la población sin autorización.
Delgado Carrillo destacó que las bases de datos personales como el registro nacional de población, el padrón electoral y los registros de instituciones como el IMSS o el ISSSTE constituyen en los hechos la columna vertebral informativa del país, en ellas se concentra una base esencial de gobernabilidad de estabilidad institucional y de la confianza ciudadana
Ante ello, la propuesta contempla también sanciones de cinco a 15 años de prisión y multa de quinientos a mil días, a quien modifique, dañe, borre, destruya o inutilice información contenida en la base de datos o provoque la interrupción de su funcionamiento.
Asimismo, se sancionará con penas de hasta diez años de cárcel a quien descargue o copie información sin causar daños y hasta 12 años a quien comercialice, distribuya o difunda este tipo de información. Las sanciones se elevarán hasta en una mitad cuando se trate de servidores públicos y se le impondrá, además la destitución e inhabilitación para cargo público hasta por cinco años.
En el marco del Día Internacional de las energías limpias, que se conmemora el 26 de enero de cada año, la secretaria de Medio Ambiente del Partido Verde en la Cdmx, Yolanda López destacó la importancia de impulsar acciones que permitan avanzar y transitar tanto en el ámbito local, como nacional e internacional, “a un modelo de energías limpias innovador por el bien de las personas y el planeta”.
La ecologista destacó la conexión que existe entre energía limpia, desarrollo socioeconómico y sostenibilidad ambiental. “Por ello, mejorar la eficiencia energética es clave para continuar avanzando en la construcción de una mejor calidad de vida y pro de nuestro planeta”.
La integrante del Partido Verde capitalino indicó que de lo que se trata "es de juntos lograr consumir menos energía mediante el uso de tecnologías más eficientes en los sectores de transporte, vivienda, alumbrado, aparatos eléctricos y el correcto reciclado de desechos".
Lo anterior, enfatizó la ambientalista, "lo podemos lograr aprovechando los recursos que la propia naturaleza nos brinda y son renovables, por ejemplo: el Sol, el viento, el agua, los residuos o el mismo calor de la Tierra. Estos recursos emiten pocos contaminantes o gases de efecto invernadero en el aire y podemos utilizarlos sin dañar al planeta, además de que se ahorra dinero y se contribuye a garantizar el acceso universal a la energía sostenible".
La secretaria de Medio Ambiente del PVEM-Cdmx, Yolanda López concluyó reafirmando su compromiso y el de la bancada del Partido Verde en el Congreso de la CDMX de impulsar acciones que permitan transitar y consolidar un modelo de energía limpia en la capital del país, y reconoció el esfuerzo colectivo y del gobierno local y federal, "en la transformación y construcción de un camino hacia una ciudad y país más limpio y sostenible".
- Con esta figura jurídica se establece quién es el responsable y cuáles son sus obligaciones frente a los animales de compañía.
Con la finalidad de garantizar el bienestar de los animales de compañía, así como prevenir los impactos negativos de una tenencia irresponsable, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde, propuso establecer la figura de tutor responsable de animales de compañía en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Explicó que los animales de compañía forman parte del entorno urbano y de sus flujos ecológicos, además de que su tenencia irresponsable produce impactos ambientales negativos como el aumento de colonias ferales, el abandono, la interacción conflictiva con fauna silvestre y riesgos sanitarios. De igual manera, genera costos públicos por captura, albergue y campañas de remediación de estas problemáticas.
Aseguró que la falta de una figura jurídica que establezca quién es el responsable y cuáles son sus obligaciones frente a los animales de compañía, genera vacíos normativos que dificultan la prevención del maltrato, el abandono y la negligencia.
Subrayó que su propuesta, además de definir jurídicamente la relación entre el tutor y el animal de compañía, detalla las obligaciones del primero para con el segundo, las cuales son alimentación adecuada, atención médico-veterinaria, no abandono, esterilización y vacunación, así como la colaboración con la autoridad.
El objetivo central de su propuesta es establecer esta figura de tutor responsable a nivel de ley general, para que éste tenga obligaciones exigibles, además de que plantea la creación del Registro Nacional de Tutores Responsables, como una herramienta de identificación animal que permita la interoperabilidad con sistemas locales, habilite la prevención, la vigilancia y la corrección oportuna de incumplimientos.
Dijo que este Registro Nacional puede implementarse mediante plataformas digitales, aprovechando infraestructura pública existente y estándares abiertos. Para monitorear resultados se proponen como indicadores: el número de tutores y animales de compañía registrados a nivel nacional y por entidad; la tasa de denuncias por abandono y maltrato asociadas a animales identificados; la cobertura de esterilización y vacunación en la población animal registrada; la reducción estimada de colonias ferales y de interacciones conflictivas con fauna silvestre; así como el tiempo de respuesta y resolución de verificaciones.
Finalmente, apuntó que esta reforma promueve el derecho a un ambiente sano y reconoce el valor intrínseco de los animales de compañía, articulando las responsabilidades que tienen sobre ellos los tutores; sin embargo, recalcó que no se buscan castigos desproporcionados, sino que se priorizan las medidas preventivas y de educación ambiental.
