- Indispensable asegurar la incorporación obligatoria y gratuita de las personas con discapacidad a los servicios públicos de salud.
- También es fundamental fortalecer el acceso a los servicios médicos en la población de niñas, niños y adolescentes.
Para garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes, así como de personas con discapacidad, además de proteger su salud y promover la igualdad de oportunidades, las y los senadores del Partido Verde presentaron una propuesta que busca que las personas con discapacidad puedan incorporarse a un servicio gratuito de salud, así como registrar a niñas y niños ante alguna institución de seguridad médica.
Reconocieron que aunque los sistemas públicos de salud han evolucionado con la finalidad de que toda persona tenga acceso a los servicios básicos, actualmente aún se enfrentan desafíos constantes en esta materia, por lo que en todo el mundo se han planteado diversas políticas públicas para enfrentar estos desafíos a través del fortalecimiento de los sistemas de salud y se garantice el ejercicio pleno del derecho humano.
Explicaron que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial una de cada seis personas sufre de alguna discapacidad importante, además de que el 50 por ciento de este sector social no tiene acceso a sanidad.
Destacaron que además de padecer una discapacidad, sufren diversas desigualdades en materia de salud, las cuales crean factores estructurales, como estigmatización y discriminación, además de que las leyes y políticas no incluyentes limitan el derecho a tomar sus propias decisiones y perpetúan las prácticas nocivas en el sector salud.
Agregaron que dentro de este sector social, las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad enfrentan también situaciones de marginación y exclusión. Explicaron que según datos de la UNICEF, en América Latina y el Caribe hay 8 millones de niñas y niños menores de 14 años y 6,5 millones de jóvenes de 14 a 19 años que tienen alguna discapacidad y enfrentan barreras para acceder a la atención médica y recibir atención de calidad.
Subrayaron que, en México, la población de 5 y más años, con discapacidad es de aproximadamente 8.8 millones. De este total se estima que 2.61 millones de personas se encuentra entre cero y 17 años.
Ante este panorama, insistieron en que resulta necesario analizar la realidad nacional para dimensionar el alcance de este desafío en México, donde la población con discapacidad constituye un sector amplio y diverso, y dentro de este, las niñas, niños y adolescentes representan un grupo prioritario cuya atención integral no puede posponerse.
Por ello, hicieron énfasis en que es indispensable asegurar la incorporación obligatoria y gratuita de las personas con discapacidad a los servicios públicos de salud, evitando que el acceso dependa de la existencia de programas que en ocasiones tienden a tener una temporalidad o están sujetos a cambios administrativos. Agregaron que también es fundamental fortalecer el acceso a los servicios médicos en la población de niñas, niños y adolescentes para garantizar su bienestar, proteger su salud, promover la igualdad de oportunidades y reducir la pobreza.
- El gasto en salud mental apenas representa el 3.19% del presupuesto total de salud.
- La salud mental debe ser considerada una prioridad nacional y un derecho humano fundamental.
Ante el impacto económico y social que generan los trastornos mentales en el país, el Partido Verde en el Senado de la República hizo un llamado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que destine mayores recursos a los programas e instituciones encargados de atender la salud mental, con el fin de garantizar atención digna, oportuna y accesible a toda la población, en el marco del análisis del Paquete Económico 2026.
Los legisladores advirtieron que los trastornos mentales y las adicciones continúan en aumento, tanto en México como a nivel mundial, mientras los presupuestos públicos siguen rezagados frente a la magnitud del problema, por lo que destacaron que la salud mental debe ser considerada una prioridad nacional y un derecho humano fundamental, tal como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según este organismo, más de mil millones de personas en el mundo —el 14 por ciento de la población global— viven con algún trastorno mental, mientras que el 71 por ciento de quienes padecen psicosis no reciben atención médica.
En México, los padecimientos más frecuentes son la ansiedad (52.8 por ciento) y la depresión (25.1 por ciento), de acuerdo con el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones. Por su parte, el INEGI registró en 2023 un total de ocho mil 837 suicidios, los cuales representaron la decimonovena causa de muerte a nivel nacional, con una tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes.
Los senadores del Verde destacaron que el costo promedio de una terapia psicológica en nuestro país, oscila entre 500 y 2 mil pesos por sesión, los medicamentos psiquiátricos pueden superar los 3 mil pesos mensuales, lo que limita el acceso a la atención para la mayoría de las familias.
Señalaron que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Federal, el gasto en salud mental apenas representa el 3.19 por ciento del presupuesto total de salud, cuando debería triplicarse para atender la magnitud del problema. Por ello, destacaron la importancia de fortalecer el presupuesto público y consolidar instituciones como la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA).
Por otra parte, indicaron que, mientras el gasto total del Ramo 12 “Salud” se ha reducido en más de 68 por ciento desde 2023, el presupuesto específico para salud mental apenas registra un incremento nominal de 1.23 por ciento para 2026—, sin considerar la inflación.
Los legisladores reconocieron los esfuerzos del Gobierno Federal por mantener recortes menores en esta materia; sin embargo, advirtieron que los recursos actuales siguen siendo insuficientes ante el creciente impacto económico y social que representan los trastornos mentales. “Invertir en salud mental es invertir en la productividad, la cohesión social y el bienestar de las familias mexicanas”, enfatizaron.
- Se busca armonizar el aprovechamiento económico con la protección ambiental, asegurando que quienes reciben un beneficio directo de estas concesiones contribuyan activamente a su preservación.
Para garantizar que el aprovechamiento económico de las playas y zonas federales marítimas se realice en equilibrio con la protección ambiental y los derechos colectivos, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa que busca que concesionarios contribuyan al mantenimiento y limpieza de los espacios costeros en coordinación con autoridades y sociedad civil.
Destacaron que en nuestro país, la zona federal marítimo terrestre constituye uno de los patrimonios naturales más valiosos, ya que los ecosistemas costeros aportan servicios ambientales esenciales, como la regulación del clima, la protección contra fenómenos naturales, la reproducción de especies marinas y la provisión de bienes turísticos y recreativos, sin embargo, apuntaron que su aprovechamiento económico debe realizarse bajo criterios de sustentabilidad y responsabilidad social, atendiendo problemáticas como la contaminación por residuos sólidos, el arribo masivo de sargazo y la presión del turismo en ecosistemas costeros.
En este sentido, explicaron que actualmente, las playas y la zona federal marítimo terrestre enfrentan graves problemas de contaminación derivados de actividades turísticas, así como de la falta de obligaciones claras hacia quienes las aprovechan. Explicaron que según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), los mares y océanos enfrentan un grave problema de contaminación por basura marina, de la cual el 80 por ciento proviene de actividades terrestres y en su mayoría está compuesta por residuos plásticos.
Destacaron que según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), los principales focos de contaminación en playas concesionadas provienen del deficiente manejo de desechos por parte de concesionarios y usuarios
Agregaron que se suma el arribo masivo de sargazo en las costas del Caribe mexicano, que provoca la degradación de ecosistemas costeros, afecta la calidad del agua, produce olores fétidos y reduce el atractivo turístico de las playas, lo que genera pérdidas económicas millonarias.
Ante esta problemática, aseguraron que la experiencia frente al sargazo demuestra que la corresponsabilidad entre autoridades, concesionarios y sociedad civil es indispensable para garantizar la salud de las playas y la viabilidad del turismo sustentable, y pusieron como ejemplo las jornadas de la Semana Nacional de Limpieza de Playas, que cada año reúnen a autoridades federales, estatales, municipales, concesionarios turísticos, organizaciones civiles y voluntarios.
Recordaron que en el año 2020, el Congreso de la Unión aprobó una reforma para establecer como obligación que los concesionarios y permisionarios garanticen el acceso libre y gratuito a las playas del país, sin embargo, con esta propuesta buscan dar un paso más allá: fortalecer las obligaciones de quienes aprovechan la zona federal marítimo terrestre, estableciendo la responsabilidad de mantener en óptimas condiciones de higiene las playas aledañas a la zona concesionada, con lo que se armoniza el aprovechamiento económico con la protección ambiental, asegurando que quienes reciben un beneficio directo de estas concesiones contribuyan activamente a su preservación.
