- Se trata de una propaganda disimulada, quienes incurren en ello, se están sirviendo del recurso y las instituciones públicas
A fin de erradicar toda forma de corrupción en la administración pública, la diputada del Partido Verde, María del Carmen Pinete Vargas, propuso modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para considerar como falta administrativa grave el uso de colores, símbolos o frases partidistas en bienes e instalaciones destinadas al servicio público.
Al presentar su propuesta para añadir un artículo 64 Quáter a la citada ley, la legisladora explicó que el servicio público, por su naturaleza misma, debe ser realizado desde la más pulcra imparcialidad, siendo los pilares del quehacer estatal, la objetividad, el ejercicio eficaz de los recursos públicos, y el derecho a la buena administración.
Pinete Vargas apuntó que el hacer uso de recursos públicos para fines de propaganda político-electoral, constituye una abierta contradicción al adecuado servicio público, pues, lejos de servir a la ciudadanía, quienes incurren en ello, se están sirviendo del recurso y las instituciones públicas.
“La cuestión es grave ya que, en el trasfondo de este frecuente acto, se encuentra un velado acto pro partidista, equiparable a un acto de campaña en tiempos electorales, a través del intento por inducir a la ciudadanía a simpatizar con el partido de origen de los gobiernos, administraciones y servidores públicos, que se encuentren ejerciendo el poder en cualquier municipio o entidad federativa”, afirmó la legisladora.
Resaltó que de acuerdo con lo que establece el artículo 134 constitucional, los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
No obstante, señaló que estamos ante una ignorada responsabilidad administrativa, porque se trata de una propaganda disimulada, disfrazada de obra pública u obligación institucional pues esta práctica de utilizar los colores y símbolos partidistas en inmuebles destinados al servicio público, “carece de toda imparcialidad, y desde luego que también entraña una considerable influencia negativa en la equidad de la competencia electoral”.
• La mayoría de los suicidios ocurren en la población masculina, sin embargo, actualmente hay una alta prevalencia de mujeres jóvenes que se suicidan, lo cual debe ser motivo de alerta.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la senadora Virginia Magaña Fonseca, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Congreso de Guanajuato a dictaminar a la brevedad la Iniciativa de creación de la Ley de Prevención y Atención del Suicidio para el Estado y los Municipios de Guanajuato, considerando que este fenómeno afecta de manera desproporcionada a mujeres que han sido víctimas de violencias.
La legisladora guanajuatense destacó que el suicidio representa un grave problema de salud pública que afecta a millones de personas en el mundo, con causas diversas como factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Puntualizó que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre los estados con cifras más altas de suicidio se encuentra Guanajuato, en donde la tasa actual es de 8.7 por cada 100 mil personas, número que se encuentra por encima de la media nacional.
Recalcó que, de acuerdo con las cifras del Instituto, la mayoría de los suicidios ocurren en la población masculina, sin embargo, destacó que actualmente hay una alta prevalencia de mujeres jóvenes que se suicidan, lo cual consideró que debe ser motivo de alerta.
Explicó que las mujeres que sufren violencia física, sexual, psicológica o económica enfrentan una vulnerabilidad significativa que afecta su bienestar emocional y mental, lo que puede erosionar su autoestima, ocasionar aislamiento social e incrementar el riesgo de desarrollar trastornos como depresión, ansiedad y estrés postraumático, que, en su expresión más grave, pueden conducir al suicidio.
En este sentido, insistió en que el suicidio en mujeres víctimas de violencias es un problema que requiere de atención integral desde una perspectiva de género, es decir, no solamente atender las condiciones inmediatas que conducen al suicidio, sino analizar y abordar las raíces estructurales de las violencias de género, como la desigualdad, la discriminación y la impunidad.
Magaña Fonseca dijo que es urgente contar con un marco legal que permita atender y prevenir este problema desde una perspectiva integral y con un enfoque diferenciado que considere la vulnerabilidad de los grupos más afectados, específicamente en el estado de Guanajuato, donde el suicidio constituye un problema que se ha intensificado en los últimos años.
Por ello, destacó que la iniciativa de Ley de Prevención y Atención del Suicidio para el Estado y los Municipios de Guanajuato es una propuesta clave para garantizar la implementación de estrategias efectivas que aborden tanto las causas como las consecuencias del suicidio, la cual busca disminuir la incidencia y prevalencia del suicidio a través de la prevención, mediante la promoción de estrategias para identificar signos de riesgo y fortalecer la salud mental; la asistencia, para brindar servicios de salud oportunos y tratamientos a personas con tendencias suicidas; y la posvención, es decir, medidas de apoyo para familiares y comunidades afectadas por el suicidio.
Finalmente, reiteró que el Congreso de Guanajuato tiene la oportunidad de adoptar esta Ley que no solo atiende la problemática del suicidio, sino que también sirve como modelo para otras entidades federativas que enfrentan desafíos similares, logrando con ello salvar vidas mediante la implementación de medidas efectivas y oportunas.
- El día de hoy se llevó a cabo el Foro “Transición energética y electromovilidad: enfrentando los desafíos de los ODS y la Agenda 2030” en el Senado de la República, auspiciado por el senador por Nuevo León, Waldo Fernández y organizado por la Dra. Yolanda Villegas, especialista en Energía
Inaugurado por la senadora Laura Itzel Castillo, presidenta de la Comisión de Energía, el Foro estuvo integrado por expertos de la industria, representantes del gobierno y empresas del sector energético. El evento tuvo como objetivo destacar la importancia de la electromovilidad como una de las soluciones principales para reducir las emisiones de carbono y cumplir con los compromisos internacionales en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
Fernández, quien se desempeña como secretario de la Comisión de Energía en el Senado, destacó que la Cámara Alta ha reconocido la importancia del Sector Energético en el país y para la revisión del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“El Senado de la República reconoce lo fundamental que es la energía para el país. Hace unos días votamos una reforma que le garantiza la participación de hasta el 46 por ciento al sector privado. Hemos entendido las dos funciones que tienen las empresas privadas y las paraestatales: el primero para generar riqueza y el segundo de cumplir con su función social. Se trata, pues, de garantizar un equilibrio.” expuso el senador.
Aseguró que se reconoce el compromiso y el desafío adquirido por el país en la Cumbre Climática en 2022, COP 27, de reducir sus emisiones de carbono hasta en un 35 por ciento. Para lograrlo, dijo, el sector de electromovilidad y energético es clave.
A manera de conclusión, Fernández reafirmó el compromiso del Senado de la República con las y los mexicanos, el medio ambiente y sobre todo, con un país más justo.
Además del senador Fernández y la Dra. Yolanda Villegas, el Foro contó con la presencia del Ing. Walter Julián Ángel Jiménez, Comisionado de la CRE y el Ing. Mauricio Jessurun Solomou, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México y casi veinte panelistas de expertos.
