- Lamentablemente, en la actualidad, miles de deudores alimentarios proporcionan domicilios falsos al hacer trámites legales
Con el objetivo de que los deudores alimentarios no puedan eludir las notificaciones judiciales y las sentencias se cumplan de forma efectiva la diputada del Partido Verde, Claudia Sánchez Juárez, presentó una iniciativa para modificar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La propuesta, que adiciona los artículos 416 Bis, 416 Ter y 416 Quáter al mencionado Código, busca modificar las normas que permiten a los agresores evadir el cumplimiento de las sentencias en juicios de alimentos y controversias familiares.
La diputada Sánchez Juárez mencionó que, de acuerdo con las estadísticas sobre impartición de justicia publicadas por los poderes judiciales de los estados, se informa que el 74 por ciento de las secuelas procesales son abandonadas y solamente el 3 por ciento de los juicios llegan a etapa de ejecución.
Asimismo, la legisladora explicó que miles de deudores alimentarios para evitar su juicio proporcionan domicilios falsos al hacer trámites legales o incluso piden a familiares, abogados, patrones, nuevas parejas u otros, que niegan conocer su paradero para evitar su llamamiento a juicio y evitando así sus obligaciones parentales.
De igual forma, señaló que actualmente el diseño normativo establece la oportunidad de citación mediante edictos, lo que de hecho ocurre después de que se ha buscado al deudor en los diversos domicilios que la parte actora aporta o en los que las autoridades con registros señalaron, tarea que al juzgador y a la parte actora le puede llevar meses o hasta años de litigio.
Finalmente, la diputada mencionó que de aprobarse esta propuesta se sentará un precedente para la protección de los derechos de las mujeres en los juicios familiares, lo que garantizará que las mujeres y sus hijos tengan acceso a la justicia y puedan vivir libres de violencia.
- Representan un parteaguas en la modernización del gobierno y la consolidación de la justicia social: Castrejón Trujillo.
- Reflejan un paso firme hacia una política ambiental humanista y sostenible, garantizando el derecho a un medio ambiente sano: Maki Ortiz.
El Partido Verde en el Senado destacó la importancia de las recientes reformas aprobadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal porque representan un avance importante hacia un gobierno más justo y transparente, al priorizar la justicia social, el combate a las violencias de género y la simplificación de trámites mediante el uso de herramientas tecnológicas.
Entre las medidas más destacadas están la creación de la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. En materia ambiental, se fortalecen las facultades de la SEMARNAT para enfrentar la crisis climática, promoviendo una política sustentable y humanista.
La senadora Karen Castrejón Trujillo, calificó estas nuevas dependencias como un parteaguas en la modernización del gobierno y la consolidación de la justicia social. Señaló que la Secretaría de las Mujeres, busca promover el empoderamiento femenino y combatir desigualdades, alineándose con estándares internacionales.
“Esta reforma en particular refleja un cambio positivo que responde a demandas sociales y fortalece la igualdad sustantiva, una deuda histórica que se tenía con millones de mexicanas”, afirmó.
Por su parte la senadora Maki Ortiz Domínguez destacó que entre los cambios más relevantes de las reformas aprobadas se encuentra la facultad que tendrá SEMARNAT para liderar políticas sobre residuos sólidos y economía circular. Además, fortalecerá el tratamiento de aguas residuales, alineándose con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la ONU: Agua Limpia y Saneamiento.
“De esta forma la SEMARNAT priorizará el derecho de las y los mexicanos a un medio ambiente sano, una causa que en el Partido Verde hemos pugnado desde nuestros orígenes”, subrayó la legisladora.
En su oportunidad, la senadora Virginia Magaña Fonseca aplaudió la aprobación de estas reformas destacando su impacto en seguridad pública, protección ambiental y derechos humanos. Comentó que entre los cambios también se incluyen la ampliación de facultades para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fortaleciendo la estrategia nacional contra el crimen, que busca reducir hasta en un 20 por ciento los índices de criminalidad en los próximos tres años.
Al respecto, la senadora Rocío Corona Nakamura comentó que la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ayudará a modernizar la administración pública para que responda a las demandas de la población, combatiendo la corrupción y promoviendo la transparencia. La simplificación administrativa permitirá reducir en un 50 por ciento trámites esenciales, como el CURP, actas de nacimiento y pasaportes, que podrán ser más rápidos y accesibles a través de plataformas digitales.
“Además, la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno promete un combate frontal a la corrupción, alineando a México con estándares internacionales de transparencia y eficiencia”, concluyó la senadora del Partido Verde.
- Se trata de una propaganda disimulada, quienes incurren en ello, se están sirviendo del recurso y las instituciones públicas
A fin de erradicar toda forma de corrupción en la administración pública, la diputada del Partido Verde, María del Carmen Pinete Vargas, propuso modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para considerar como falta administrativa grave el uso de colores, símbolos o frases partidistas en bienes e instalaciones destinadas al servicio público.
Al presentar su propuesta para añadir un artículo 64 Quáter a la citada ley, la legisladora explicó que el servicio público, por su naturaleza misma, debe ser realizado desde la más pulcra imparcialidad, siendo los pilares del quehacer estatal, la objetividad, el ejercicio eficaz de los recursos públicos, y el derecho a la buena administración.
Pinete Vargas apuntó que el hacer uso de recursos públicos para fines de propaganda político-electoral, constituye una abierta contradicción al adecuado servicio público, pues, lejos de servir a la ciudadanía, quienes incurren en ello, se están sirviendo del recurso y las instituciones públicas.
“La cuestión es grave ya que, en el trasfondo de este frecuente acto, se encuentra un velado acto pro partidista, equiparable a un acto de campaña en tiempos electorales, a través del intento por inducir a la ciudadanía a simpatizar con el partido de origen de los gobiernos, administraciones y servidores públicos, que se encuentren ejerciendo el poder en cualquier municipio o entidad federativa”, afirmó la legisladora.
Resaltó que de acuerdo con lo que establece el artículo 134 constitucional, los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
No obstante, señaló que estamos ante una ignorada responsabilidad administrativa, porque se trata de una propaganda disimulada, disfrazada de obra pública u obligación institucional pues esta práctica de utilizar los colores y símbolos partidistas en inmuebles destinados al servicio público, “carece de toda imparcialidad, y desde luego que también entraña una considerable influencia negativa en la equidad de la competencia electoral”.
