- La iniciativa busca que una parte del agua de lluvia que hoy corre por las calles, patios y estacionamientos pueda regresar al subsuelo en vez de perderse de inmediato en el drenaje.
Con la finalidad de garantizar el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, propuso reformar la fracción V del artículo 27 de la Ley General de Aguas para incorporar la facultad de las entidades federativas de regular y promover la instalación de sistemas de captación de agua pluvial para infiltración a los acuíferos.
Explicó que de acuerdo con el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, al menos 35 millones de personas no tienen disponibilidad de agua en calidad y cantidad suficiente; 104 de las 757 cuencas tienen problemas de disponibilidad; 114 de los 653 acuíferos están afectados por la sobreexplotación y en las últimas dos décadas el agua per cápita ha disminuido en más de 30%.
Agregó que de acuerdo con fuentes de información periodística, en 2026, nuestro país ocupa la posición 26 de un total de 164, de países con mayor estrés hídrico a nivel mundial y más del 60 por ciento del territorio enfrenta sobreexplotación de acuíferos.
Por otro lado, con las lluvias, las zonas urbanas han padecido inundaciones, curiosamente en los mismos puntos de siempre, ante lo que destacó que en las ciudades hay un problema grave, ya que no cuentan con suficiente filtración de agua, es decir, hay exceso de asfalto, de pavimento.
Ante este panorama, explicó que su iniciativa “busca que una parte del agua de lluvia que hoy corre por las calles, patios y estacionamientos pueda regresar al subsuelo en vez de perderse de inmediato en el drenaje”, para lo cual propone que la Ley General de Aguas reconozca y promueva los sistemas de infiltración de agua pluvial, entre ellos los jardines de lluvia.
Explicó que un jardín de lluvia es un espacio construido a un nivel más bajo que el suelo con plantas y materiales permeables que permiten su absorción, recibe el agua, la retiene durante un tiempo y permite que se infiltre poco a poco cuando el terreno reúne las condiciones necesarias, “no es una obra de ornato, es infraestructura para el manejo del agua”, señaló.
Señaló que si bien la Ley General de Aguas ya contempla la captación pluvial para uso doméstico, reconoce la posibilidad de recolectar la lluvia y utilizarla en la limpieza, el riego y otras actividades, su propuesta propone además de captar agua para utilizarla, promover obras que permitan devolver una parte al subsuelo. “No todos los sistemas tienen que ser jardines de lluvia, también pueden construirse canales, zanjas, balsas, pozos, etcétera”, apuntó.
- Esta reforma plantea facultar a la SEMARNAT para expedir Certificado de Libre Deforestación que permita acreditar que un poligonal se encuentra fuera de terrenos forestales o que, tratándose de un terreno forestal, cuente con la autorización correspondiente de cambio de uso de suelo.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República, celebró la aprobación de una iniciativa emitida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo que busca fortalecer la capacidad jurídica del Estado y prevenir la deforestación, así como dar certeza sobre el origen de las superficies vinculadas con actividades productivas.
La senadora Maki Ortiz, del Partido Verde, explicó que esta reforma plantea facultar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para expedir Certificado de Libre Deforestación que permita acreditar que un poligonal se encuentra fuera de terrenos forestales o que, tratándose de un terreno forestal, cuente con la autorización correspondiente de cambio de uso de suelo.
Destacó la importancia de la aprobación de esta propuesta, ya que de acuerdo con el Programa Nacional Forestal, entre los años 2001 y 2024 se deforestaron 4.8 millones de hectáreas, siendo el 95 por ciento de la deforestación realizada de manera ilegal, además de que este mismo programa calcula pérdidas de hasta 97 mil millones de pesos anuales por tala ilegal y hasta 20.7 mil millones de pesos en ingresos fiscales.
Agregó que esta reforma se inserta en una política pública amplia, ya que se articula con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2025-2030 que busca frenar la deforestación y fortalecer cadenas productivas sustentables, así como con el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2026-2030 que vincula conservación, restauración, participación comunitaria y aprovechamiento sustentable.
Recalcó que el Certificado de Libre Deforestación es una herramienta útil para fortalecer la trazabilidad y la certeza jurídica en el aprovechamiento de los recursos naturales y agregó que su valor radica en ofrecer un elemento objetivo que permita acreditar las condiciones de una superficie determinada y con ello contribuir a identificar con mayor claridad aquellas actividades que se desarrollan dentro de la legalidad.
Finalmente, explicó que una mayor trazabilidad “contribuye a dar certidumbre a productores, comunidades, autoridades y cadenas de comercialización, fortalece a quienes cumplen con la ley y facilita una gestión forestal más ordenada, transparente y verificable”.
- Si bien la Constitución mexicana prohíbe la discriminación motivada por la edad, ésta sigue siendo un problema existente.
En el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, celebrado el 1 de octubre, la senadora Rocío Corona Nakamura destacó la importancia de garantizar que este grupo etario conserve todos sus derechos humanos y viva libre de discriminación por edad; además de que la fecha plantea la necesidad de asegurar que una vida más larga transcurra con autonomía y participación.
La senadora dijo que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el año 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá sesenta años o más, y advirtió que los cambios asociados con la edad son diversos y no guardan una relación uniforme con los años cumplidos, por lo que recalcó que una política basada exclusivamente en la edad cronológica resulta insuficiente para distinguir necesidades de atención, capacidades funcionales y condiciones de vida.
Recordó que nuestro país cuenta con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores desde el 25 de junio de 2002, la cual reconoce la autonomía y la participación como principios de su aplicación. Además reconoce y protege en este grupo los derechos a la integridad personal, la atención preferente en salud y la asesoría jurídica gratuita en los procedimientos previstos por la propia ley. Agregó que esta ley distribuye responsabilidades entre autoridades y reconoce obligaciones familiares y sociales hacia una persona de edad
Apuntó que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a la que México está suscrito, reconoce el derecho a elegir dónde y con quién vivir, así como a expresar el consentimiento informado en materia de salud. Prevé también un sistema integral de cuidados y medidas de apoyo a las familias y a quienes cuidan.
Por otro lado, reconoció que si bien la Constitución mexicana prohíbe la discriminación motivada por la edad, ésta sigue siendo un problema existente, que dificulta el ejercicio de sus derechos, además de que ocasiona estereotipos, prejuicios y conductas discriminatorias basados en la edad, principalmente en ámbitos como el trabajo y la atención sanitaria.
Finalmente, insistió en que el envejecimiento de la población modifica las necesidades de los servicios, mientras el reconocimiento de derechos fija los límites de su actuación, por lo que la asistencia a las personas de edad debe preservar su capacidad de decidir.
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