- Esta legislación brinda protección real a las víctimas y fortalece las denuncias, afirman legisladores.
- 96% de las extorsiones no se denuncian y las pérdidas superarán los 21 mil millones de pesos.
Senadoras y senadores del Partido Verde en la Cámara Alta respaldaron la aprobación del dictamen que fortalece la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, al destacar que esta legislación es urgente debido al aumento de este delito, que afecta diariamente a miles de familias, negocios y comunidades del país.
En ese sentido, la senadora Karen Castrejón Trujillo, vicecoordinadora de la bancada ecologista, destacó la importancia de la aprobación de este dictamen que recoge decenas de propuestas del Partido Verde, del Ejecutivo federal y de otros grupos parlamentarios, lo que representa un avance indispensable para atender una preocupación nacional.
Por su parte, el legislador Luis Alfonso Silva Romo subrayó que la extorsión se ha convertido en una amenaza cotidiana, al recordar que él mismo, su familia y su equipo de trabajo han recibido llamadas falsas con fines delictivos.
Asimismo, destacó cuatro beneficios de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión: la protección a víctimas, la disuasión de la conducta criminal mediante penas más severas, la homologación jurídica en todas las entidades y mejores mecanismos de restitución del daño.
La senadora Rocío Corona Nakamura indicó que de acuerdo con datos del INEGI, el 96 por ciento de las extorsiones telefónicas no se denuncian, y una de cada dos empresas ha sido víctima de este delito, con pérdidas que superan los 21 mil millones de pesos en 2025.
Dijo que, en lo que va de 2024, se han identificado 2 mil 400 números telefónicos usados para cometer este delito, y 12 prisiones del país concentran el 56 por ciento de estas líneas, lo que requiere de la atención urgente por parte de las autoridades.
El senador por Nuevo León, Waldo Fernández, resaltó la importancia de este dictamen porque fortalece las denuncias anónimas mediante el 089, así como la creación del Centro Nacional de Atención a Denuncias y el bloqueo obligatorio de llamadas desde penales, donde, aseguró, se gestan numerosas extorsiones.
La senadora Maki Ortiz Domínguez dijo que la extorsión se ha convertido en una amenaza directa contra la paz de las familias y la supervivencia de miles de negocios en México, y afirmó que este problema se agrava en Tamaulipas donde en el primer semestre de 2025 las extorsiones aumentaron 148 por ciento, afectando desde comercios y transporte hasta pequeños puestos ambulantes.
Finalmente, recordó que en 2024 la extorsión fue el tercer delito más frecuente, con pérdidas superiores a 200 mil millones de pesos para empresas y un subregistro crítico, ya que solo se denuncia 1 por ciento de los casos.
• “Hablar de las canchas de nuestra ciudad, es hablar de uno de los espacios más importantes para el deporte y para la formación de tejido social”, aseguró
La diputada del PVEM, Elvia Estrada Barba propuso un proyecto de iniciativa denominado “Cancha Pareja”, que busca, mediante una reforma a la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México, establecer que toda instalación deportiva deberá garantizar el acceso y uso de sus espacios bajo el principio de igualdad y con perspectiva de género.
“Parece una modificación insignificante, pero es profunda en su alcance: significa que la equidad se convierte en obligación legal, no en buena voluntad administrativa y atender un problema de desigualdad silenciosa ya que hoy en día, muchas mujeres, adolescentes y niñas suelen quedar relegadas de un espacio público que también les pertenece”, lamentó la congresista Estrada Barba al presentar su proyecto legislativo.
En tribuna, la legisladora del Partido Verde lamentó que, en la mayoría de las colonias, las canchas están monopolizadas por ligas varoniles que ocupan los horarios más visibles, mientras las mujeres deben conformarse con espacios inseguros o nocturnos. “No se trata de prohibir a nadie, sino de equilibrar el uso de un bien público que pertenece a todas y todos”.
La diputada de la bancada ambientalista señaló que la exclusión de las mujeres del deporte comunitario “es una injusticia deportiva y cultural, un problema de salud pública y de seguridad ciudadana. Cuando las niñas y las jóvenes no tienen un espacio seguro para ejercitarse o convivir, perdemos mucho más que un juego: perdemos oportunidades de bienestar, de integración y de prevención de violencia”.
En el Recinto Legislativo de Donceles, la diputada Elvia Estrada destacó que su propuesta legislativa denominada “Cancha Pareja” busca dejar un legado en la CDMX que se traduzca en espacios seguros, regulados y equitativos, en donde la administración pública asuma su papel como garante del derecho a la igualdad en el deporte.
“Hacer cancha pareja no es un eslogan, es una forma de entender el espacio público como un bien común y el Congreso de la CDMX tiene la oportunidad de convertir esa idea en política pública”, concluyó la legisladora, Elvia Estrada.
- La iniciativa regula la vía excepcional para usar recursos de retiro en beneficio de niñas, niños y adolescentes, conforme a criterios de la Suprema Corte.
- La propuesta reforma la Ley del SAR, la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE para establecer un mecanismo uniforme y supervisado por jueces.
La senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir pensión alimenticia aun cuando la persona deudora se encuentre desempleada y sin otra fuente de ingresos.
“Esta reforma busca asegurar que ninguna niña, niño o adolescente quede desprotegido cuando la persona deudora esté desempleada. El interés superior de la niñez debe prevalecer siempre”, señaló González Silva.
La senadora por el Partido Verde Ecologista de México argumentó que la finalidad última de los sistemas de pensiones es proteger al trabajador y a su familia, por lo que los ahorros para el retiro también pueden brindar sustento en situaciones de necesidad.
Además, explicó que actualmente existe un vacío legal que impide a los jueces autorizar, en casos excepcionales, el uso limitado de recursos de las cuentas de retiro para asegurar la manutención de menores. Esta situación deja desprotegidas a miles de menores mientras existen fondos inmovilizados que podrían emplearse de manera temporal.
La iniciativa está alineada con los criterios más recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que los fondos de retiro sí pueden ser utilizados de manera proporcional y excepcional cuando es la única vía para garantizar el derecho alimentario de menores.
De acuerdo con su propuesta, el procedimiento establece que:
- Sólo podrá recurrirse a esta medida cuando no existan otros bienes o ingresos para cumplir con la obligación de cubrir la pensión alimenticia.
- Se utilizarán primero las aportaciones voluntarias de la cuenta individual.
- Solo podrá afectarse una parte de la subcuenta de retiro, hasta el monto ya permitido en casos de desempleo.
- Los recursos se entregarían de manera periódica a las y los acreedores alimentarios.
González Silva subrayó que la reforma no pone en riesgo el sistema de pensiones ni vulnera el derecho de las personas trabajadores a una vejez digna, sino que armoniza la finalidad del ahorro para el retiro con la protección de la niñez, conciliando los valores esenciales de la seguridad de las y los trabajadores con la supervivencia de sus hijas e hijos menores.
Explicó que el derecho a los alimentos es un principio superior establecido en la Constitución y respaldado por tratados internacionales. Por ello, la iniciativa reafirma la protección e inembargabilidad de los ahorros para el retiro como regla general, pero introduce una excepción de orden público en favor de la alimentación de los menores.
“El derecho de las y los menores a recibir alimentos tiene prioridad constitucional frente a cualquier otro derecho patrimonial. No hay ahorro más valioso que la seguridad alimentaria de nuestras hijas e hijos”, enfatizó la legisladora por San Luis Potosí.
