- La educación financiera desde las aulas fortalecerá el ahorro y dará más oportunidades a muchas mujeres y sus familias.
- Solo 73% de mujeres tiene acceso a productos financieros, frente a 83% de los hombres.
Senadoras y senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para hacer obligatoria la educación financiera con perspectiva de género en los planes y programas de estudio, al considerar que esta medida permitirá fortalecer la autonomía económica de las mujeres, ampliar su acceso al sistema financiero y reducir brechas históricas de desigualdad que han limitado su desarrollo.
Señalaron que la educación financiera es una herramienta clave para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas sobre ahorro, inversión, crédito y protección patrimonial, además de enfrentar con mayor seguridad riesgos económicos y prácticas discriminatorias que aún persisten en el sistema financiero.
Advirtieron que, aunque las mujeres representan el 51.2 por ciento de la población total del país y mantienen una presencia relevante en los niveles medio superior y superior, persisten condiciones de desigualdad en el acceso al empleo, al ingreso y a los servicios financieros, lo que limita sus oportunidades de desarrollo y bienestar.
De acuerdo a cifras oficiales, en 2024 el 73% de las mujeres contaba con al menos un producto financiero, frente al 83% de los hombres. Asimismo, apenas el 32% de las mujeres tiene acceso a crédito formal, pese a que presentan mejor historial de pago y menores tasas de morosidad.
Señalaron que estas diferencias responden a factores estructurales como la menor participación de las mujeres en el trabajo formal, la carga de trabajo doméstico, la prevalencia de empleos mal remunerados y la falta de reconocimiento del trabajo de cuidados.
Destacaron que la inclusión financiera de las mujeres puede generar beneficios significativos para la economía nacional, ya que su participación podría incrementar el producto interno bruto en los próximos años, además de fortalecer la autonomía económica de quienes, en muchos casos, son el sustento de sus familias.
En este contexto, subrayaron que incorporar esta formación desde las aulas permitirá fortalecer la cultura del ahorro y la inversión, mejorar la estabilidad económica de las familias y ampliar las oportunidades de crecimiento de millones de mujeres, muchas de ellas responsables del sustento del hogar.
Asimismo, indicaron que su iniciativa, que modifica la fracción XIV del artículo 30 de la Ley General de Educación, busca establecer como contenido obligatorio la promoción del emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro y la inversión, así como la educación financiera con perspectiva de género.
Finalmente, la bancada ecologista sostuvo que avanzar hacia una educación financiera con perspectiva de género representa una acción concreta para construir igualdad sustantiva, fortalecer la independencia económica de las mujeres y contribuir al desarrollo social y económico del país.
- Invertir en sistemas eficientes, resilientes y tecnológicamente actualizados es una responsabilidad del Estado para asegurar el acceso universal al agua potable, proteger los recursos hídricos y garantizar la viabilidad de este derecho para las generaciones presente y futuras.
Con el objetivo de garantizar efectivamente el derecho al agua para toda la población del país, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para que la Estrategia Nacional Hídrica cuente con acciones y programas de corto, mediano y largo plazo para el reemplazo y la modernización de la infraestructura hidráulica, así como con metas e indicadores que evalúen el cumplimiento de esta obligación del Estado en materia del derecho humano al agua y al saneamiento.
Reconocieron que el cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar el acceso al agua de la población, conlleva costos económicos, energéticos y humanos que no pueden ser invisibilizados, por lo que la modernización de la infraestructura hídrica es una condición indispensable para lograr un ejercicio pleno, equitativo y sostenible de este derecho.
Por lo tanto, insistieron en que "invertir en sistemas eficientes, resilientes y tecnológicamente actualizados es una responsabilidad del Estado para asegurar el acceso universal al agua potable, proteger los recursos hídricos y garantizar la viabilidad de este derecho para las generaciones presente y futuras".
Destacaron que según el último reporte del avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), los sistemas hídricos siguen bajo presión debido a la contaminación, el estrés hídrico y la mala gobernanza, además de que solamente el 56 por ciento de las aguas residuales domésticas se trata de manera segura.
Insistieron finalmente en que en nuestro país existe un gran desafío institucional para garantizar el derecho humano de acceso al agua, reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que el acceso al agua potable no es un acto automático ni gratuito porque implica procesos complejos de captación, potabilización, conducción, almacenamiento, distribución y saneamiento, todos ellos sustentados en recursos públicos en infraestructura, tecnología, energía y capital humano.
- Foro impulsa una ruta integral para fortalecer la soberanía energética y mejorar la calidad del aire.
- México depende en más de 40% de gasolinas importadas y sólo usa 5.8% de etanol.
En el marco del Foro “Biocombustibles: componente estratégico para fortalecer la soberanía energética”, la senadora Maki Ortiz Domínguez subrayó la importancia de consolidar una política energética más limpia frente a la vulnerabilidad del país, marcada por la dependencia de gasolinas importadas y los retos en materia ambiental y de salud pública.
El encuentro, que contó con la participación de legisladores, autoridades, especialistas y representantes del sector energético, agrícola e industrial, Ortiz Domínguez subrayó que el sector energético requiere una visión integral que considere la experiencia internacional, como el caso de Brasil, país que ha impulsado el etanol desde los años 70 como estrategia de seguridad bioenergética, logrando en 2025 una mezcla obligatoria de 30% y una producción superior a 36 mil millones de litros en 2024.
Por otra parte, la legisladora ecologista advirtió que México enfrenta una dependencia energética de más del 40% en importación de gasolinas, lo que representa un riesgo en un contexto internacional marcado por volatilidad de precios e incertidumbre energética.
“Mientras otras naciones ya operan con mezclas cercanas al 30% y los precios de su gasolina representan la mitad de lo que pagamos en México, necesitamos incrementar el porcentaje de etanol de 5.8% que tenemos hoy, a niveles de 10 al 15% o más, si es posible”, indicó.
Dijo que a ello se suma un parque vehicular envejecido, donde más de la mitad de los autos supera los 10 años de antigüedad, lo que incrementa las emisiones contaminantes, particularmente en el Valle de México, donde las contingencias por ozono y partículas finas afectan la salud de millones de personas.
Ortiz Domínguez destacó que este tipo de encuentros permite analizar aspectos clave como la capacidad productiva del campo mexicano, la inversión necesaria, el papel de la industria y los ajustes regulatorios requeridos para aprovechar la ley de biocombustibles.
Finalmente, la legisladora subrayó la importancia de avanzar hacia una política energética más limpia, competitiva y soberana, considerando el bienestar de las familias, los costos de transporte y la calidad del aire.
