- Iniciativa vincula el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias con la Ley de Migración para garantizar el cumplimiento de pensiones.
- En 2024 se registraron más de 28 mil denuncias por incumplimiento alimentario y sólo 38.6% de los divorcios se otorgó pensión.
Las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para impedir la salida del país a personas deudoras alimentarias inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el fin de asegurar que quienes incumplan con el pago de alimentos no puedan salir del territorio nacional, para proteger el derecho a alimentos de niñas, niños y adolescentes y asegurar su bienestar y sustento.
La propuesta, busca vincular el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) con la Ley de Migración para asegurar que el bienestar y el sustento de este sector poblacional se cubra de forma prioritaria y garantizar el acceso a una pensión alimenticia que cubra necesidades básicas como comida, vivienda, educación y salud.
Explicaron que las personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, por incumplir con el pago de pensión, no puedan salir del territorio nacional, fortaleciendo así la coordinación entre autoridades y evitando vacíos legales.
Los legisladores señalaron que el derecho a alimentos es uno de los más vulnerados, ya sea por evasión de responsabilidades o por debilidad en los mecanismos de cumplimiento, lo que obliga a madres o personas cuidadoras a asumir la carga económica, profundizando condiciones de desigualdad.
Destacaron que la pensión alimenticia no es una prestación común, sino una medida de protección urgente que garantiza la supervivencia y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
En México, durante 2024 se registraron 28,148 denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Ese mismo año, sólo en el 38.6% de los divorcios se otorgó pensión alimenticia, lo que evidencia una problemática persistente que afecta directamente a niñas, niños y adolescentes.
Aunado a ello, existen millones de mujeres que enfrentan la maternidad en condiciones de desventaja, muchas como jefas de familia.
Subrayaron que la iniciativa, que reforma la fracción VI del artículo 48 de la Ley de Migración, no vulnera derechos de terceros, sino que constituye una acción legítima para garantizar el bienestar de la infancia, romper ciclos de pobreza y fortalecer la corresponsabilidad parental.
Asimismo, destacaron la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades para cerrar vacíos legales y agilizar el intercambio de información, lo que permitiría una gestión más eficiente en el cumplimiento de obligaciones alimentarias.
Finalmente, las y los legisladores ecologistas urgieron a garantizar el interés superior de la niñez y evitar que el incumplimiento de obligaciones alimentarias siga afectando a millones de familias en el país.
- La accesibilidad debe ser efectiva y sostenida, y este dictamen garantiza dignidad, inclusión y derechos: Virginia Magaña.
- En México viven más de 9.5 millones de personas con discapacidad, quienes enfrentan diariamente obstáculos en su entorno inmediato: Rocío Corona.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República respaldó la reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para establecer verificaciones periódicas a condiciones de accesibilidad en espacios públicos, al considerar que es una medida necesaria ante barreras persistentes que enfrentan millones de personas en México.
La legisladora Virginia Magaña Fonseca señaló que construir rampas no es suficiente si nadie verifica que funcionen, por lo que esta reforma permitirá pasar del acto de inaugurar al compromiso de mantener.
Advirtió que la exclusión no solo es física, sino que limita el acceso a la escuela, al trabajo, al médico y al voto.
Dijo que en México más de 9 millones de personas viven con discapacidad y que, de acuerdo con el INEGI, una de cada tres identifica como principal obstáculo las condiciones del entorno. Subrayó que la discapacidad no reside en las personas, sino en las barreras sociales.
Explicó que la reforma al artículo 17 obliga a supervisar y mantener adecuaciones, alineándose con criterios nacionales e internacionales. Asimismo, indicó que la accesibilidad debe ser efectiva y sostenida, y que este dictamen garantiza dignidad, inclusión y derechos.
La senadora Rocío Corona Nakamura destacó que en México viven más de 9.5 millones de personas con discapacidad, equivalentes al 7.3% de la población, quienes enfrentan diariamente obstáculos en su entorno inmediato.
Señaló que las banquetas dañadas, las rampas inadecuadas y el transporte inaccesible evidencian que el problema va más allá de la norma; por ello, afirmó que no basta con inaugurar obras si no se les brinda mantenimiento, seguimiento y supervisión.
Corona Nakamura afirmó que este dictamen atiende esa omisión y refuerza políticas públicas de inclusión, alineadas con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso efectivo a los derechos.
- Se propone establecer la obligación del personal de los centros educativos de denunciar los hechos, indicios o sospechas de cualquier forma de violencia
Con el fin de proteger a las niñas, niños y adolescentes de la violencia sexual en entornos escolares, el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso modificaciones a diversos artículos de la Ley General de Educación para establecer la obligación del personal de los centros educativos de denunciar los hechos, indicios o sospechas de cualquier forma de violencia.
Delgado Carrillo, propone que el Estado deberá dar publicidad a las técnicas, medidas y conductas que constituyan violaciones contra la protección integral de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual en entornos escolares, con el fin de prevenir, detectar y sancionar oportunamente tales actos.
El planteamiento también incluye la obligación del personal directivo, docente y administrativo de los centros educativos de cualquier nivel que integran el Sistema Educativo Nacional, así como quienes presten servicios en planteles con autorización o reconocimiento de validez oficial, de denunciar de inmediato cualquier acto de violencia que tengan de conocimiento ante el Ministerio Público.
Otro de los puntos relevantes es que establece como infracción el omitir realizar la denuncia inmediata ante las autoridades. La multa, para quienes incumplan, irá de mil a siete mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en la fecha en que se cometa la infracción.
“Esta iniciativa pretende eliminar los vacíos legales y brindar la certeza jurídica al personal educativo para actuar de manera inmediata, porque las y los maestros pueden ser la solución, quienes tomen la bandera, detecten las señales, escuchen, acompañen, y que también el Estado los proteja, les dé la voz y les dé los cauces para que ellos puedan encontrar la vía de la denuncia y, sobre todo, un compromiso moral con sus educandos”, finalizó el legislador.
