- Si estos incendios dañan elementos naturales como la flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente, es imperativo que quienes los provoquen deban ser castigados acorde a su falta.
A fin de inhibir la acción de provocar incendios forestales, y con ello proteger los ecosistemas forestales del país, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para establecer un tipo penal específico adicionando un artículo 420 bis, para incrementar las penas en cuatro a doce años de prisión y una multa de 600 a seis mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) contra quien cometa este delito.
Explicaron que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que la superficie forestal de México asciende a 138.7 millones de hectáreas, es decir, el 70.6 por ciento del territorio nacional. Agregaron que esta superficie es hábitat de una gran cantidad de especies de plantas y animales, además de que, gracias a nuestros bosques y selvas, México tiene un notable desarrollo en la industria forestal que va desde el aprovechamiento sustentable hasta la transformación y la comercialización de los recursos forestales.
Subrayaron que los ecosistemas forestales proporcionan múltiples servicios ambientales, entre ellos, mantener la provisión de agua en calidad y cantidad; generar oxígeno; controlar la erosión, así como la generación, conservación y recuperación del suelo; coadyuvar en la captura de carbono y la asimilación de diversos contaminantes; proteger la biodiversidad, de los ecosistemas y las formas de vida; propiciar y permitir la polinización de plantas y el control biológico de plagas; además de que son el espacio en donde se lleva a cabo la degradación y el reciclaje de desechos orgánicos; permiten la apreciación del paisaje y la recreación.
Asimismo, los bosques y selvas suministran recursos naturales como como agua, madera, combustible, medicinas y alimentos; son hogar de pueblos originarios y un elemento esencial de su cultura; además, las actividades forestales generan empleo local y oportunidades de desarrollo en las comunidades cercanas.
Sin embargo, lamentaron que pese a su importancia social, ambiental y económica, los bosques mexicanos enfrentan múltiples amenazas, entre las que destacan el cambio climático, la fragmentación del hábitat, la degradación del suelo, las plagas, los cambios de uso de suelo y, particularmente los incendios forestales, que se han convertido en una de las principales causas de pérdida de ecosistemas y biodiversidad.
Detallaron que algunas de las consecuencias de los incendios forestales son el deterioro del ecosistema y la pérdida de calidad ambiental, la afectación indirecta a la salud humana, el desplazamiento, muerte de aves y animales silvestres, y la pérdida de la cobertura vegetal.
Reconocieron que solo el 0.94 por ciento de los incendios forestales es originado por causas naturales, mientras que el resto pueden ser identificadas por alguna actividad humana, entre ellos el 23.47por ciento son ocasionados de forma intencional, el 17.83 por actividades agrícolas, y de un 29.87 se desconocen las causas.
Ante este panorama, insistieron en que si estos incendios dañan elementos naturales como la flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente, es imperativo que quienes los provoquen deban ser castigados acorde a su falta, es decir, remitidos al Ministerio Público para determinar el posible delito ambiental.
Resaltaron que actualmente, el delito de incendio forestal se sanciona con una pena mínima de dos años y máxima de diez años de prisión, y cuando ocurre en Área Natural Protegida, la sanción puede alcanzar doce años. Sin embargo, dijeron que estas penas resultan insuficientes frente a la magnitud del daño ocasionado a la humanidad y a la riqueza ecológica del país.
- En el primer trimestre de 2025, se registraron 35 mil 200 millones de ciberataques contra sistemas que contienen información personal
Con el fin de evitar riesgos como ciberataques, fraudes, extorsiones, robo de identidad y manipulación indebida de información, el diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en materia de medidas de protección.
De acuerdo con la iniciativa de reforma y adición al artículo 18 de la citada ley, el legislador propone definir con claridad en qué consisten las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas que actualmente contempla la ley, y que deben cumplir los responsables, pues no se detalla su contenido ni establecen un estándar mínimo de cumplimiento, lo que ha generado un vacío legal que dificulta la supervisión por parte de la autoridad y permite que algunos particulares adopten medidas insuficientes, dejando desprotegidos los datos de millones de personas.
El legislador ecologista destaca que, en la actualidad, la información personal se ha convertido en un elemento central de la economía y sobre todo en el mundo digital. Es decir, que las empresas y organizaciones recopilan, procesan y almacenan grandes cantidades de información para ofrecer servicios personalizados, optimizar procesos y generar innovación. Sin embargo, este avance también ha incrementado la vulnerabilidad de la población frente a riesgos como ciberataques, fraudes, extorsiones, robo de identidad y manipulación indebida de información.
Resalta que, en México, los incidentes relacionados con la filtración de datos personales han aumentado de forma considerable. Según información reciente, durante el primer trimestre de 2025, se registraron 35 mil 200 millones de ciberataques contra sistemas que contienen información personal, por lo que la protección de datos, la validación de accesos y la seguridad en la nube no pueden depender únicamente de la tecnología, sino también de políticas claras, estructuras robustas y decisiones desde los niveles más altos de dirección.
Quiroga Treviño, señala que la carencia de medidas de seguridad en los datos personas afecta a las a las personas ciudadanas, quienes enfrentan consecuencias directas en su seguridad y privacidad pues la exposición indebida de bases de datos facilita la comisión de delitos como el robo de identidad, el fraude financiero, la extorsión y el acoso digital, generando un entorno de desconfianza hacia el uso de plataformas tecnológicas y reduciendo las posibilidades de inclusión digital.
Explica que, por ello, su propuesta busca precisar el alcance de las medidas de seguridad que ya contempla la ley, estableciendo definiciones claras y enumerando, de manera enunciativa pero no limitativa, las acciones mínimas que deben llevarse a cabo en cada ámbito. Con ello, se pretende fomentar una cultura de protección de datos que trascienda la mera formalidad administrativa y se base en la adopción de prácticas robustas y actualizadas frente a los retos tecnológicos actuales.
En ese sentido se establece que las medidas administrativas promoverán que las empresas cuenten con políticas internas, protocolos de actuación y programas de capacitación que fortalezcan la responsabilidad de su personal en la protección de datos, mientras que las medidas físicas estarán orientadas a garantizar la seguridad de los espacios y equipos donde se almacena la información, limitando accesos y previniendo daños o pérdidas.
Y, finalmente, las medidas técnicas establecerán la obligación de utilizar herramientas y tecnologías avanzadas para proteger entornos digitales, incluyendo esquemas de privilegios de usuarios, actualizaciones periódicas de software y la gestión segura de comunicaciones y almacenamiento.
- Detalló que existen zonas urbanas con infraestructura de primer nivel y regiones rurales o periurbanas donde la población solo tiene acceso a instalaciones improvisadas, deterioradas o inseguras.
Con la finalidad de fomentar la equidad, mejorar el rendimiento deportivo y promover la salud pública, así como asegurar que todas las personas, independientemente de su ubicación geográfica, tengan acceso a instalaciones adecuadas para la práctica del deporte, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín presentó una iniciativa para establecer un marco normativo que garantice la estandarización de las instalaciones deportivas en todo el país.
Aseguró que la falta de estandarización en las instalaciones deportivas a nivel nacional ha generado desigualdades en el acceso y la calidad de los espacios destinados a la práctica deportiva, lo que no solo afecta el rendimiento y la seguridad de los atletas, sino que limita el potencial de desarrollo de talentos deportivos y la promoción de un estilo de vida saludable entre la población.
Lamentó que México no cuente con un marco normativo que asegure la estandarización nacional de las instalaciones deportivas, lo que ha detonado graves asimetrías entre entidades federativas y municipios. En este sentido, detalló que existen zonas urbanas con infraestructura de primer nivel y regiones rurales o periurbanas donde la población solotiene acceso a instalaciones improvisadas, deterioradas o inseguras.
Por ello, en su iniciativa propone la creación del Plan Nacional de Estandarización de Instalaciones Deportivas 2025–2035 (PNEID 2025), que busca, entre otras cosas, homologar el diseño y construcción de instalaciones deportivas; reducir desigualdades entre regiones; fomentar mejores prácticas de ingeniera, arquitectura y planeación urbana; evitar duplicidades o inversiones sin impacto; y generar infraestructura segura, accesible y sustentable.
Además, el PNEID 2025 pretende dar respuesta a la necesidad de contar un cuerpo normativo sobre la construcción y mantenimiento de las instalaciones deportivas de México en todos los niveles de gobierno, y para todas las vertientes del deporte: recreación, salud y práctica, alto rendimiento y deporte espectáculo.
Agregó que se asignaría a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) la rectoría normativa, lo que permitirá integrar las instalaciones deportivas a planes urbanos y de movilidad, garantizar estándares técnicos adecuados en diseño y construcción, supervisar infraestructura de forma profesional y con equipos especializados, evitar improvisaciones o instalaciones construidas sin criterios de seguridad, así como vincular el deporte con la regeneración urbana y la cohesión social.
Finalmente, subrayó que su propuesta busca colocar al deporte en el centro de una política pública integral, urbana, social y humana, que reconozca que una instalación deportiva digna no es un lujo, sino un componente fundamental del bienestar y un derecho de todas y todos.
