- “El aumento es un ajuste necesario para garantizar la continuidad y la eficacia de las políticas públicas en materia ambiental”, aseguró
La presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la CDMX, diputada Elvia Estrada Barba solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Hacienda, considerar en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, un incremento del 7 por ciento para fortalecer a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) , el Fondo Ambiental Público, las 16 Alcaldías y la Agencia de Gestión Integral de Residuos para garantizar un medios ambiente sano a los capitalinos.
En tribuna, la legisladora de la bancada del Partido Verde destacó la importancia de que el Congreso local destine los recursos necesarios que permitan sostener los programas prioritarios de conservación, mitigación y educación ambiental; garantizar el acceso a la justicia ambiental para la población a través del fortalecimiento presupuestario de la PAOT; y mediante el Fondo Ambiental Público, garantizar proyectos estratégicos en conservación, reforestación, movilidad sustentable y educación ambiental en la CDMX.
En materia de residuos, la diputada ecologista Estrada Barba recordó que la ciudad genera más de 12 mil toneladas diarias, por lo que, consideró que el funcionamiento efectivo de la Agencia de Gestión Integral de Residuos es indispensable para mantener en condiciones adecuadas la infraestructura, plantas de selección, transporte y programas de educación ambiental.
La congresista del Partido Verde también informó que su solicitud contempla a las16 Alcaldías ya que “tienen responsabilidades ambientales directas como mantener áreas verdes, sustituir arbolado, implementar sistemas de ahorro de energía y cumplir sus programas locales de cambio climático”, y su actuación depende de recursos concretos, y un incremento presupuestal permitirá fortalecer la gestión ambiental desde el nivel más cercano a la población.
La legisladora ecologista aseguró que invertir en medio ambiente “no es un gasto adicional, es una política de prevención y desarrollo. Los costos sociales y económicos de la inacción son mucho mayores: deterioro de la salud pública, pérdida de servicios ambientales y reducción de la calidad de vida. Asignar recursos adecuados hoy significa evitar gastos mayores en el futuro”.
La diputada ambientalista Elvia Estrada concluyó la presentación de su proyecto legislativo asegurando que “el fortalecimiento presupuestal de SEDEMA, PAOT, el Fondo Ambiental, las Alcaldías y la AGIR es una medida de responsabilidad institucional que permitirá que los programas ambientales tengan continuidad, las metas de mitigación y adaptación al cambio climático se cumplan, y las políticas públicas en la materia cuenten con sustento financiero real”.
- La iniciativa busca que el Estado pueda actuar ante riesgos ambientales y propone reglas claras para evitar daños irreversibles, así como fortalecer la protección a la salud y al medio ambiente.
La Senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) con el propósito de incorporar de manera expresa el principio de precaución como eje rector de la política ambiental del país.
González Silva explicó que este principio permite al Estado actuar antes de que el daño ambiental sea irreversible. Con ello, se busca proteger tanto al medio ambiente como a la salud humana frente a riesgos graves o emergentes.
“El principio de precaución es una herramienta ética y jurídica para actuar antes de lamentar”, afirmó la senadora.
La iniciativa fortalece la capacidad de las autoridades ambientales para adoptar medidas precautorias cuando existan indicios razonables de riesgo, al tiempo que establece criterios claros para evitar arbitrariedades y garantizar seguridad jurídica. Estos criterios son:
- Proporcionalidad, para asegurar decisiones equilibradas.
- No discriminación, para evitar sesgos o favoritismos.
- Coherencia, para mantener consistencia con precedentes y políticas similares.
- Revisión científica periódica, para ajustar las medidas conforme avanza el conocimiento.
La legisladora por San Luis Potosí recordó que la Constitución reconoce el derecho a un medio ambiente sano y que la Suprema Corte ya ha establecido que el Estado debe actuar con cautela ante amenazas ambientales.
“Hacer del principio de precaución un mandato legal es convertir la responsabilidad y la prudencia en política de Estado. Es garantizar que México actúe con visión de futuro”, subrayó.
La legisladora aseguró que el principio de precaución no es un freno al desarrollo, sino una guía para que el crecimiento ocurra con responsabilidad y respeto a la naturaleza.
“Actuar a tiempo es la mejor forma de proteger el futuro. La precaución debe ser parte de nuestra ley y de nuestra responsabilidad institucional”, concluyó.
- Sembrando Vida impulsa ingresos familiares y, al mismo tiempo, mitiga impactos ecológicos y regenera ecosistemas: Sen. Jasmine Bugarín.
- Apoyo para el Bienestar de niñas y niños permite a miles de madres trabajadoras conservar su empleo sin afectar el desarrollo de sus hijos: Sen. Virginia Magaña
Durante la comparecencia de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado destacó que, a un año de iniciada la actual administración, uno de los avances más significativos ha sido la expansión de los programas de Bienestar, cuya cobertura aumentó más del 70 por ciento entre 2018 y 2024, logrando que 13.4 millones de personas salieran de la pobreza.
En ese sentido, la senadora Jasmine Bugarín Rodríguez destacó que el programa Sembrando Vida, ha reactivado al campo tras décadas de abandono, el cual opera en 24 entidades, 1,058 municipios y más de 40 mil comunidades, donde 409 mil sembradoras y sembradores reciben un jornal mensual por trabajar su propia tierra con acompañamiento técnico.
Subrayó que el programa es ya un referente internacional en materia ambiental, con la producción de 1,490 millones de plantas y la recuperación de 1,258 millones de hectáreas mediante sistemas agroforestales. “Estos resultados muestran cómo Sembrando Vida impulsa ingresos familiares y, al mismo tiempo, mitiga impactos ecológicos y regenera ecosistemas”, indicó.
Bugarín Rodríguez, también resaltó los apoyos para estudiantes, celebrando la creación de la beca universal Rita Zetina, que hoy llega a 5.6 millones de estudiantes de secundaria, así como la ampliación de La Escuela es Nuestra y el anuncio del programa de transporte Gertrudis Bocanegra.
Por su parte, la senadora Virginia Magaña Fonseca destacó la importancia de programas como la Pensión Mujeres Bienestar, que brinda autonomía económica y reconoce el trabajo de cuidados de mujeres entre 60 y 64 años. Subrayó también el programa de Apoyo para el Bienestar de niñas y niños de madres trabajadoras, una acción que permite a miles de mujeres conservar su empleo sin poner en riesgo el desarrollo de sus hijas e hijos.
Asimismo, destacó la transición de funciones entre CONEVAL e INEGI, precisando que la metodología de medición de la pobreza es la misma que se aplica desde 2016. Recordó que la Ley General de Desarrollo Social establece indicadores basados en ingreso y carencias sociales, elementos que no han sufrido modificaciones.
Finalmente, dijo que la integración de funciones evita duplicidades, reduce costos administrativos y fortalece la consistencia técnica de la información. Por ello, solicitó a la Secretaría precisar qué medidas garantizan que la transición se realice con transparencia y cómo se asegura la objetividad e independencia técnica en la evaluación de la política social.
