- El daño ambiental costó 1.3 billones de pesos en 2023 (4.2% del PIB), mientras la protección ambiental recibió solo 0.7% del gasto nacional.
Las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa para establecer de manera explícita la responsabilidad ambiental como eje rector del desarrollo económico nacional, mediante la modificación del párrafo cuarto del artículo 25 de la Constitución.
La propuesta busca que todos los sectores productivos —público, social y privado— asuman de forma obligatoria su corresponsabilidad en la protección del medio ambiente, ante la crisis climática, la degradación de los ecosistemas y los altos costos económicos que estos daños ya generan en el país.
La iniciativa parte del reconocimiento de que el actual modelo de producción y consumo ha provocado impactos ambientales severos que comprometen el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
De acuerdo con cifras del INEGI, en 2023 los costos por agotamiento y degradación ambiental ascendieron a 1.3 billones de pesos, equivalentes al 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que el gasto público en protección ambiental representó apenas el 0.7 por ciento del PIB.
Ante este escenario, las y los senadores del PVEM consideran urgente que la Constitución establezca con claridad que el desarrollo económico debe observar criterios de responsabilidad social y ambiental.
Destacaron que el Estado mexicano ya reconoce el derecho a un medio ambiente sano; sin embargo, considera indispensable vincular de manera directa la política económica con la responsabilidad ambiental, para que este principio deje de ser optativo y se convierta en un mandato constitucional que oriente todas las decisiones de desarrollo.
Las y los legisladores advirtieron que, desde hace más de cinco décadas, la comunidad internacional ha alertado sobre la insostenibilidad del modelo económico actual, por lo que subrayaron la urgencia de que México transite hacia un nuevo paradigma de desarrollo, donde el crecimiento económico no se construya al margen de los límites ecológicos.
Finalmente, los legisladores señalaron que a pesar de los acuerdos multilaterales, como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el avance global ha sido insuficiente, lo que obliga a fortalecer los marcos jurídicos nacionales.
- Proteger a los animales no es una cuestión de buena voluntad, es una obligación constitucional, señaló
La diputada Yolanda García del Partido Verde solicitó al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México refuercen de inmediato y de forma sostenida las acciones de inspección y vigilancia en las inmediaciones del Mercado Sonora, a fin de verificar que no se realice la venta ilegal de animales en locales y vía pública.
La legisladora del PVEM también pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realice operativos permanentes para prevenir, detectar y sancionar la comercialización ilegal de fauna silvestre, y en caso de que existan indicios de delito, inicie las carpetas de investigación correspondientes ante el Ministerio Público Federal, garantizando siempre la protección y el bienestar de los ejemplares.
En la máxima tribuna del Congreso de la CDMX, la diputada animalista enfatizó que "los animales no son mercancía, son seres sintientes, y el Estado tiene la obligación de protegerlos. La Ciudad de México no puede permitirse eso, por ello el exhorto que hoy presento exige el cumplimiento y aplicación de las leyes ya existentes".
"Este Congreso no puede ser indiferente cuando la ilegalidad se normaliza, no puede guardar silencio cuando el maltrato animal se traslada a la calle, no puede permitir que una resolución judicial termine convertida en un simple cambio de escenario. Hoy reiteramos algo fundamental: no hay medias tintas en el cumplimiento de la ley, o se protege a los animales, o se les abandona; se aplica la norma, o se tolera la ilegalidad", concluyó la legisladora ecologista, Yolanda García.
- Sin apoyo para transporte, miles de jóvenes abandonan la escuela por no poder pagar sus traslados, sobre todo en zonas rurales y marginadas.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado propuso una iniciativa para aplicar descuentos en el transporte público a estudiantes de educación media superior y superior, con el objetivo de garantizar su derecho a la educación y reducir la deserción escolar provocada por la falta de recursos para trasladarse a los centros educativos.
Señalaron que la movilidad escolar es un derecho que está vinculado con el derecho a la educación, consagrado en el artículo 3º constitucional; por ello, garantizar el acceso al transporte público constituye una medida de justicia social. “Las y los estudiantes no pueden ejercer plenamente su derecho si no cuentan con los medios para llegar a las aulas”, afirmaron.
Las y los senadores ecologistas subrayaron que, sin apoyos para el transporte, miles de jóvenes se ven obligados a abandonar sus estudios al no poder cubrir los gastos de traslado, una realidad particularmente crítica en comunidades rurales, marginadas o alejadas de los centros urbanos.
Destacaron que, de acuerdo con cifras recientes, el ciclo escolar 2023-2024 registró una matrícula de 34.8 millones de alumnos. Sin embargo, amplios sectores estudiantiles siguen enfrentando dificultades económicas, alimentarias y de movilidad que derivan en abandono escolar.
Los legisladores explicaron que, aunque las becas educativas han sido un apoyo fundamental, en muchos casos las familias deben destinar estos recursos a necesidades básicas, lo que refuerza la necesidad de brindar alternativas complementarias como apoyos al transporte.
“Esta medida permitiría que más jóvenes puedan continuar su educación y alcanzar una mejor calidad de vida, sin que el transporte sea una barrera”, subrayaron.
Comentaron que su propuesta reforma la fracción XII y adiciona una fracción XIII al artículo 9 de la Ley General de Educación, a fin de reconocer el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia y equidad. Asimismo, busca fortalecer la permanencia escolar y reducir la desigualdad educativa, promoviendo la coordinación interinstitucional para garantizar becas y descuentos en transporte para las y los estudiantes.
Finalmente, las y los senadores ecologistas afirmaron que invertir en la movilidad de los estudiantes es invertir en el futuro de México, y reafirmaron su compromiso con la construcción de un sistema educativo más justo, accesible y equitativo, en el que ningún joven abandone sus estudios por falta de recursos para llegar a su escuela.
