- Sin seguridad social, sin protección y expuestas a riesgos constantes
- Exigen reconocimiento, derechos y respaldo real del Estado
En la capital del país existe una realidad que por años ha permanecido invisibilizada, pero que hoy ya no puede ignorarse: las mujeres defensoras del medio ambiente trabajan en condiciones de alto riesgo, sin derechos laborales, sin protección y completamente desprotegidas.
Así lo denunció la diputada Paula Alejandra Pérez Córdova, quien advirtió que miles de mujeres enfrentan una combinación de vulnerabilidades que las coloca en una situación crítica: riesgos ambientales, conflictos territoriales, precariedad económica y desigualdad de género.
Lejos de ser un tema aislado, esta problemática se ha convertido en una crisis estructural que impacta directamente en la vida de familias enteras en la Ciudad de México y en el país.
Las mujeres defensoras realizan tareas esenciales para la sostenibilidad y el bienestar colectivo: vigilan ecosistemas, restauran áreas verdes, protegen fuentes de agua, impulsan la educación ambiental y defienden jurídicamente el territorio frente a intereses que amenazan los recursos naturales. Sin embargo, su labor no es reconocida como trabajo formal, lo que las deja fuera de cualquier esquema de seguridad social, ingresos estables o protección institucional.
A pesar de su papel clave en la lucha contra el deterioro ambiental, enfrentan una realidad marcada por la incertidumbre:
• No cuentan con acceso a servicios de salud ni prestaciones básicas.
• Carecen de capacitación técnica y apoyo institucional.
• No tienen acceso a financiamiento para fortalecer sus proyectos.
• Y, en muchos casos, trabajan bajo amenazas o situaciones de riesgo sin mecanismos de protección efectivos.
"No solo están desprotegidas, están invisibilizadas. El Estado no puede seguir beneficiándose de su trabajo sin reconocerlo ni garantizar sus derechos", subrayó la legisladora.
La falta de reconocimiento también tiene un impacto directo en la desigualdad de género, ya que muchas de estas mujeres combinan estas labores con el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, lo que profundiza su situación de precariedad.
En este contexto, la diputada Pérez Córdova presentó una iniciativa que busca reconocer formalmente el trabajo de las mujeres defensoras del medio ambiente, así como generar políticas públicas que les garanticen acceso a seguridad social, capacitación, financiamiento y, sobre todo, protección ante los riesgos que enfrentan.
El llamado es urgente. Las denuncias, testimonios y casos documentados siguen en aumento, mientras la respuesta institucional ha sido insuficiente. No actuar ahora podría agravar aún más la situación, poniendo en riesgo no solo a quienes defienden el medio ambiente, sino también la sostenibilidad de los recursos naturales que sostienen a toda la población.
Desde el Congreso de la Ciudad de México, se alzó la voz para exigir un cambio de fondo: pasar de los discursos a las acciones concretas. "Ya basta de mirar hacia otro lado. No podemos hablar de protección ambiental mientras abandonamos a quienes la hacen posible todos los días. Las mujeres defensoras merecen vivir con dignidad, seguridad y justicia", concluyó.
La senadora Virginia Magaña expresó su respaldo a la iniciativa que busca facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Feminicidio, al señalar que en estados como Guanajuato la violencia contra las mujeres persiste y la respuesta institucional ha sido insuficiente.
Durante su posicionamiento en el Pleno del Senado, advirtió que en Guanajuato la realidad ha evidenciado un problema de fondo en la clasificación e investigación de estos delitos, lo que ha generado una brecha preocupante entre la violencia que enfrentan las mujeres y la respuesta institucional.
“En 2025, Guanajuato encabezó las cifras de muertes violentas de mujeres en el país, pero apenas el 1.6% de esos casos fue tipificado como feminicidio. En 2026 la tendencia continúa, somos primeros en la lista, pero solo alrededor del 1% se investiga como lo que es. Esto es impunidad sistematizada”, afirmó.
La legisladora subrayó que esta problemática no es reciente, sino resultado de años de omisiones institucionales que urge corregir desde la ley.
“Cuando el delito no se nombra correctamente, la investigación falla. Y cuando la investigación falla, la justicia no llega”, enfatizó.
En este contexto, sostuvo que la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum es un paso necesario para establecer un estándar nacional que garantice que todos los casos se investiguen con perspectiva de género y bajo los mismos criterios en todo el país.
“Esta iniciativa no nace en el vacío. Es resultado de décadas de lucha feminista y de una deuda histórica del Estado mexicano con las mujeres”, señaló.
Explicó que la propuesta se plantea como una Ley General que permitirá homologar el marco jurídico en todas las entidades federativas, eliminando márgenes de discrecionalidad y cerrando espacios a la impunidad.
Entre los principales alcances de esta iniciativa que fue votada a favor por unanimidad , se contempla:
- Garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio desde el inicio, evitando errores de clasificación.
- Establecer sanciones de hasta 70 años de prisión, fortalecer fiscalías especializadas y mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
- Colocar al centro a las víctimas y sus familias, con medidas de protección, atención integral y reconocimiento de la orfandad por feminicidio.
- Crear registros nacionales que permitan contar con información confiable y diseñar mejores políticas públicas.
La senadora Magaña reiteró que esta reforma representa una respuesta institucional a una exigencia social que ya no admite postergaciones, y subrayó que desde el Senado se está avanzando para que los derechos de las mujeres no dependan del estado en el que viven.
Finalmente, reafirmó el respaldo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a esta iniciativa, al considerarla una pieza clave para garantizar justicia, y traducir la agenda de las mujeres en leyes efectivas en todo el país.
INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO HÉCTOR ALFONSO DE LA GARZA VILLARREAL, DEL GPPVEM, PARA PRESENTAR INICIATIVA, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ACTOS DE EXTORSIÓN Y ABUSO DE AUTORIDAD
