● De la salud de los arrecifes depende el turismo, la pesquería, los océanos y la calidad de vida de los estados costeros.
Con la finalidad de proteger y conservar los arrecifes de coral mexicanos y el Sistema Arrecifal Mesoamericano, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y al Gobierno de Quintana Roo, para realizar diversas acciones de conservación en favor de estas estructuras submarinas, particularmente la ubicada en esta zona del país.
Agregó que además de su gran biodiversidad, los arrecifes de coral también tienen un enorme potencial económico, ya que proporcionan bienes y servicios valorados entre 29.8 mil millones de dólares y 375 mil millones de dólares anuales en pesca, turismo y protección de la costa. Específicamente en el Caribe Mexicano se estima que los arrecifes de este sistema generan aproximadamente 7.5 mil millones de dólares al año en estos rubros.
Subrayó que los arrecifes albergan cerca del 25 por ciento de todas las especies marinas, aún cubriendo aproximadamente el 0.1 por ciento de la superficie oceánica, además de que sirven como espacios de reproducción de especies, cambian la dirección y velocidad de las corrientes marinas, tienen una estrecha relación con otros ecosistemas y funcionan como barrera natural para las costas frente a huracanes.
Sin embargo, lamentó que a pesar de la gran riqueza de biodiversidad y económica que brindan los arrecifes, de acuerdo con el reporte "Arrecifes en riesgo" del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), el 60 por ciento de los arrecifes del mundo están amenazados por actividades como la sobrepesca, la pesca destructiva, los desarrollos costeros y la contaminación.
Detalló que algunas de las amenazas que sufren son: calentamiento y olas de calor marinas, acidificación y cambio climático, contaminación y eutrofización, crecimiento costero no planificado, daños físicos por encallamientos de embarcaciones o pesca destructiva, enfermedades del coral y especies invasoras.
Dijo que los arrecifes de coral en nuestro país no cuentan con una protección clara ni con una política de conservación específica, a pesar de que en el año 1997 los presidentes de México, Guatemala, Honduras y el primer ministro de Belice firmaran la “Declaración de Tulum” que daría reconocimiento al Sistema Arrecifal Mesoamericano, acuerdo que fue ratificado en 2006 pero al que no se le ha dado seguimiento ni se ha trabajado en cumplir sus compromisos.
Explicó que el Sistema Arrecifal Mesoamericano es considerado la barrera de coral transfronteriza más grande del planeta, que representa una importante reserva de biodiversidad, “albergando una gran variedad de especies que sustentan los medios de vida de más de dos millones de personas a través de actividades como el turismo y la pesca”, además de que desempeña un papel fundamental en la protección costera frente al oleaje y a los huracanes.
Por ello, insistió en que urge promover políticas de conservación y actualizar la información respecto a los avances en cuidado, protección y restauración de los arrecifes de coral, y recalcó que se deben retomar los esfuerzos de conservación regional para proteger al Sistema Arrecifal Mesoamericano, ya que de la salud de los arrecifes depende el turismo, la pesquería, los océanos y la calidad de vida de los estados costeros.
- Establece la obligación para que las empresas concesionarias implementen sistemas de detección y prevención de los delitos, en colaboración con FGR y SSyPC
Con el fin de proteger a los usuarios de telefonía móvil de delitos cibernéticos como la extorsión, fraudes electrónicos, robo de identidad, phishing, ciberacoso, extorsión digital, clonación de tarjetas, ataques a sistemas gubernamentales y hackeos masivos de bases de datos personales, la diputada Claudia Sànchez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la ley en la materia.
De acuerdo con su iniciativa, las empresas concesionarias y autorizadas de servicios de telefonía móvil y plataformas digitales estarán obligadas a implementar sistemas de detección y prevención de ciberdelitos, incluyendo el monitoreo de actividades sospechosas en sus redes y alertas tempranas para sus usuarios y tener colaboración directa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.
Asimismo, deberán proporcionar información sobre posibles actividades delictivas dentro de un plazo no mayor a 48 horas después de ser requerida por la autoridad competente.
También propone que las empresas concesionarias y autorizadas de servicios de telefonía móvil y plataformas digitales tengan la obligación de diseñar e implementar protocolos de acción inmediata para reportar e inhabilitar números y líneas telefónicas involucradas en todo tipo de delitos cibernéticos.
La propuesta de reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de responsabilidad de las empresas de telefonía celular en la prevención y el combate de ciberdelitos, también propone que las empresas tengan la obligación de diseñar e implementar protocolos de acción inmediata para reportar e inhabilitar números y líneas telefónicas involucradas en fraudes electrónicos, extorsión, phishing y otros delitos cibernéticos.
En caso de omisión o incumplir con las medidas de detección y suspensión de líneas involucradas en ciberdelitos se propone una multa por el equivalente de 2.01 a 6 por ciento de los ingresos del concesionario o autorizado; la suspensión de operaciones hasta por un año en los casos de reincidencia y con la revocación de la concesión en caso de incurrir en incumplimiento tres veces de manera consecutiva.
De acuerdo con la diputada ecologista, la iniciativa busca cerrar la brecha de impunidad en materia de ciberdelitos y fortalecer la seguridad digital de los mexicanos.“Las empresas de telefonía celular tienen una responsabilidad ineludible en la prevención y combate de delitos cibernéticos, por lo que esta reforma busca involucrarlas activamente en la construcción de un entorno digital seguro y confiable”, sostiene en su propuesta.
- No se debe escatimar en los esfuerzos para erradicar las fuentes de riesgo en torno al cáncer, una de las cuales es el asbesto.
Para reducir los peligros a la salud por la exposición al asbesto, además de atender las obligaciones constitucionales en torno a la garantía del derecho a la salud, la senadora Virginia Magaña Fonseca, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo de Guanajuato para que se realice un diagnóstico integral sobre la presencia y uso de asbesto en la entidad, además de que se elabore una estrategia progresiva de eliminación del uso de este mineral.
Explicó que el asbesto es popular por sus características de resistencia que permite aislar del ruido, el calor, la electricidad y químicos, además de que su procesamiento es económico y suele utilizarse para la construcción.
Sin embargo, resaltó que desde hace varios años la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Americana contra el Cáncer, han determinado el carácter cancerígeno del mineral cuando se encuentra disperso en el aire, lo cual sucede durante la extracción, procesamiento, o en caso de desgaste, rotura o reparación.
Agregó que de acuerdo con la OMS no existe un nivel de exposición al asbesto que sea seguro para la salud, sin embargo, se han descubierto enfermedades relacionadas con el asbesto en personas que estuvieron expuestas a él por períodos breves, por lo que enfatizó que este riesgo puede evitarse si se dejan de utilizar productos que lo contengan.
Dijo que de acuerdo con diversos estudios, las personas que enferman por exposición al asbesto no muestran síntomas de enfermedad sino hasta pasados varios años, por lo que insistió en que “es urgente tomar ahora mismo acciones encaminadas a la protección de la salud de las y los mexicanos”.
Destacó que el riesgo de la exposición al asbesto es tal, que tanto la OMS como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han promovido la prohibición de este mineral desde 1986 y más de 71 países ya lo han prohibido, sin embargo, en México no existe una prohibición total de su utilización. Destacó que la regulación de este mineral en el país se encuentra enfocada en el control de su uso y manejo a través de la NOM-125-SSA1-2016, la cual, aseguró que es insuficiente para garantizar la protección a la salud de la población en general y del medio ambiente, además de que actualmente tampoco existe algún programa de sustitución del asbesto, encaminado a eventualmente eliminar su uso.
Dijo que en el caso del estado de Guanajuato, los tumores malignos constituyen la tercera causa de muerte, según las Estadísticas de Defunciones Registradas, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por lo que hizo énfasis en la urgencia de tomar acciones para prevenir este tipo de enfermedades, por lo que subrayó que no se debe escatimar en los esfuerzos para erradicar las fuentes de riesgo en torno al cáncer, una de las cuales es el asbesto.
