- Es indispensable que el Estado genere incentivos que reconozcan a quienes han demostrado compromiso, disciplina e integridad en el servicio público, entre los cuales debe ser considerado el acceso a programas para acceder a una vivienda digna.
Con la finalidad de garantizar el acceso a una vivienda digna a quienes diariamente arriesgan su vida para proteger la integridad, el patrimonio y la tranquilidad de la población, la senadora Juanita Guerra Mena presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de Vivienda y al Gobierno del Estado de Morelos, para que se analice considerar dentro de la población prioritaria a las y los policías estatales y municipales que cuenten con evaluación de control y confianza vigente y aprobada para considerarlos dentro del Programa Vivienda para el Bienestar.
La senadora aseguró que las y los policías municipales y estatales, representan la primera línea de defensa frente a la delincuencia, sin embargo, en múltiples ocasiones desempeñan sus funciones en condiciones laborales complejas y con limitadas oportunidades para acceder a un patrimonio familiar.
Por ello, destacó que es indispensable que el Estado genere incentivos que reconozcan a quienes han demostrado compromiso, disciplina e integridad en el servicio público, entre los cuales debe ser considerado el acceso a programas para acceder a una vivienda digna.
Por otro lado, explicó que las evaluaciones de control y confianza son uno de los principales instrumentos para garantizar la profesionalización policial, y con ellos se acredita que los elementos cumplen con los estándares de honestidad, confiabilidad, desempeño y aptitud para permanecer en las instituciones de seguridad pública.
En este sentido, recordó que el Programa Vivienda para el Bienestar es una política pública orientada a garantizar el acceso a una vivienda digna para sectores prioritarios de la población, aseguró que es viable analizar mecanismos de coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Morelos para considerar dentro de esta población prioritaria a las y los policías estatales y municipales que cuenten con evaluación de control y confianza vigente y aprobada, privilegiando a quienes cuenten con vivienda propia y cumplan con los requisitos establecidos en las reglas aplicables.
Finalmente, subrayó que facilitar el acceso a una vivienda fortalece la estabilidad familiar de los elementos policiales, mejora sus condiciones de vida, incentiva la permanencia en las corporaciones y contribuye a consolidar instituciones de seguridad pública más profesionales y confiables.
- Hay casos en los que hay la presencia de un menor de edad con vínculo afectivo derivado de la relación de concubinato o matrimonio, sin que sea necesariamente hija o hijo; y que lamentablemente por este vínculo, puede ser objeto de este tipo de violencia y no debe quedar exento de la protección.
Con la finalidad de atender y erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer y contra menores de edad, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar la fracción VI del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, para actualizar su redacción al incluir en el concepto de “violencia por interpósita persona” a cualquier menor de edad con vínculo afectivo derivado de la relación de concubinato o matrimonio.
Explicó que la violencia a través de interpósita persona está definida en nuestra legislación como “cualquier acto u omisión que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se dirige contra las hijas y/o hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que se tenga o se haya tenido relación de matrimonio o concubinato; o mantenga o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora”.
Sin embargo, explicó que en la actualidad se deben reconocer los diferentes tipos de familias, por lo que recalcó que es importante actualizar la conceptualización de este delito, para que la protección a la familia sea integral y completa, es decir, no dejar a nadie fuera, “su redacción, debe de ser acorde a la constante evolución y cambio, en la conformación de la familia que, en nuestra sociedad de manera afortunada, se presenta con mayor diversidad”, señaló.
Afirmó que hay casos en los que hay la presencia de un menor de edad con vínculo afectivo derivado de la relación de concubinato o matrimonio, sin que sea necesariamente hija o hijo; y que lamentablemente por este vínculo, puede ser objeto de este tipo de violencia y no debe quedar exento de la protección.
En su intervención en tribuna, la senadora aseguró que “el espíritu de esta iniciativa es que se tiene que investigar de manera más profunda el vínculo afectivo y no únicamente el consanguíneo”, y recalcó que “la violencia no depende de un apellido ni desaparece porque no exista un acta de nacimiento que reconozca ese vínculo”.
Finalmente, subrayó que con esta reforma no solo se visibiliza de una manera más incluyente, esta forma de violencia en contra de la familia en nuestro país, sino que también se sienta el antecedente y la base legal para prevenirla y erradicarla de manera más incluyente.
- Que nadie pueda convertir en dinero lo que le arrancaron a una víctima: Dip. Rebeca Peralta
La vicepresidenta de la mesa directiva Rebeca Peralta León, presentó una iniciativa en la que solicita poner freno a la circulación de objetos de dudosa procedencia que se venden en casas de empeño, “Ya basta de que lo robado pueda convertirse en dinero fácil. Detrás de cada celular, computadora o herramienta robada hay una persona que trabajó para comprarla, una familia que hizo un esfuerzo y una víctima que tiene derecho a recuperarla”, afirmó Peralta León.
La propuesta plantea fortalecer los controles en las casas de empeño para que, cuando la naturaleza del bien lo permita, se registren datos como marca, modelo, número de serie, IMEI y cualquier otro elemento que permita individualizarlo y darle trazabilidad.
El planteamiento no pretende criminalizar a las casas de empeño ni a las personas que recurren a ellas por necesidad económica. Tampoco significa que quien no tenga una factura sea automáticamente señalado como delincuente. La iniciativa contempla mecanismos para acreditar la legítima posesión cuando no exista comprobante de compra, incluyendo una manifestación bajo protesta de decir verdad y dos testigos mayores de edad debidamente identificados.
“Un celular con IMEI o una computadora con número de serie no debería convertirse en un objeto sin historia. Si alguien lo roba, ese dato puede ser precisamente el hilo que permita seguirle la pista”, sostuvo la legisladora.
“No queremos criminalizar a quien necesita empeñar una pertenencia. Queremos que quien pretenda hacer negocio con lo robado sepa que el objeto puede dejar un rastro y que ese rastro puede llevar hasta él”, puntualizó.
Porque robar puede tomar segundos, pero recuperar lo perdido puede tomar años. El Verde plantea que la prevención también se construya con candados y que ningún objeto robado pueda desaparecer tan fácilmente del radar.
Y es que lo que para un delincuente puede ser mercancía, para una víctima puede ser su patrimonio, su herramienta de trabajo o sus recuerdos, finalizó la diputada.
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