- Plantea nuevos criterios a considerar como experiencia laboral y que tengan doble valor cuando prácticas de alfabetización u otras acciones se desarrollen en el medio rural
Con objeto de fortalecer la incorporación laboral de los recién egresados, con especial énfasis de aquellos provenientes de las escuelas normales públicas del país, la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio, la diputada por el Partido Verde Ecologista de México, María Luisa Mendoza Mondragón, propuso reformar el artículo 30 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las >Maestras y los Maestros.
Plantea que el elemento de experiencia docente establezca en la propia ley como criterios de valoración: la práctica para la docencia, el ejercicio de la docencia frente a grupo y la participación en las acciones de alfabetización impulsadas por la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
Asimismo, que estos criterios puedan ser acumulables teniendo como límite la ponderación de puntaje máximo indicado en el Acuerdo correspondiente al proceso de admisión que emita anualmente la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
De este modo, explicó, se busca agilizar el proceso de incorporación de los egresados a las actividades productivas del país y su contribución al desarrollo social y económico en un área tan noble y fundamental para la nación como lo es la educación pública.
Mendoza Mondraqón señaló que con ello se plantea que los aspirantes que cumplan con más de uno de los criterios fijados puedan obtener un puntaje mayor cuando se compruebe su acreditación, además, se busca establecer que, si participaron en las acciones de alfabetización del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en una zona rural, le sea asignado el doble del valor considerado a este criterio.
Resaltó que su iniciativa tiene como objetivo promover la equidad y transparencia en la asignación de plazas a los egresados de las instituciones de educación superior con carreras afines, de modo que se incentive la participación de los jóvenes en la vida social y económica de la nación., fomentando que participen en actividades extraordinarias como la alfabetización de adultos o en el ejercicio de la docencia frente a grupo, ya sea en una escuela pública o particular en educación básica, de modo que su esfuerzo se vea reconocido.
Señaló que, además, su propuesta va en consonancia con la propuesta de "Mi primer empleo" del Partido Verde Ecologista de México, respecto al inicio de la vida laboral formal de los jóvenes a quienes se les ha relegado por mucho tiempo con la excusa de no tener experiencia.
"La presente iniciativa busca que diversas actividades como la práctica para la docencia de egresados de las escuelas normales públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, el acreditar que se dan horas clase frente a un grupo y las acciones de alfabetización, se consideren dentro de este elemento multifactorial de experiencia", enfatizó.
- Aseguró que dulces y juguetes en forma de cigarrillos son inofensivos y no representan una amenaza, pero son detonantes y una vía temprana de acercamiento y familiarización de los menores de edad con el cigarro.
Con el objetivo de proteger a la población infantil y a los futuros adultos del tabaquismo y sus consecuencias en la salud, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para prohibir en nuestro país la fabricación, comercio, distribución o venta de juguetes y dulces con aspecto similar o réplica a productos del tabaco.
Agregó que con esta iniciativa que propone adicionar una fracción IV al artículo 17 de la Ley General para el Control del Tabaco, se busca coadyuvar en la lucha frontal contra el tabaquismo y sus efectos en la salud pública.
La senadora lamentó que los niños y adolescentes en nuestro país son, a menudo, “presa de toda una maquinaria comercial, propagandística, tecnológica y social, que los han convertido en objetivo primordial de productos adictivos, como el alcohol y el tabaco”, y aseguró que, al enganchar a un niño o adolescente, no solo se garantiza el consumo de estas substancias o productos durante esa etapa, sino también durante la edad adulta; garantizando con ello el consumo permanente y por décadas.
La senadora aseguró que los juguetes y dulces con forma de cigarrillos o pipas, se encuentran disponibles a muy bajo costo, además de que se pueden comprar en cualquier esquina, tienda o mercado de nuestro país, pero que, aunque su intención es que los niños se diviertan y en apariencia son inofensivos y no representan una amenaza, en realidad son detonantes y una vía temprana de acercamiento y familiarización de los menores de edad con el cigarro.
"Esos juguetes o dulces son el medio de iniciación socialmente aceptado y tolerado por el cual nuestros menores tienen contacto con el cigarro, adicional al acercamiento que la misma familia, la sociedad en general y los medios de comunicación y de publicidad ofrecen", declaró la senadora Corona Nakamura.
Detalló que de acuerdo con datos de la UNAM, el grupo más vulnerable al tabaquismo entre nuestra población son los jóvenes de 12 a 15 años de edad, además de que la edad promedio en nuestro país para iniciar a fumar es a los 13 años, lo cual, aseguró, es sumamente peligroso ya que a esa edad el aparato respiratorio es aún inmaduro para resistir los tóxicos del tabaco, además de que el sistema nervioso central concluye su maduración alrededor de los 21 años, por lo que las afectaciones por fumar son mayores y con peores consecuencias en la edad adulta.
Finalmente, hizo énfasis en que esta situación u omisión de permitir la disposición de juguetes o dulces con forma de cigarro a nuestra población infantil, indudablemente la debemos de detener, afirmó que no se puede seguir permitiendo, tolerando ni solapando, por lo que insistió en que “necesitamos proteger a toda nuestra población infantil de todas las vertientes o escenarios que los acerquen de una u otra forma con el cigarro”.
- El principal objetivo es erradicar prácticas abusivas y salvaguardar la privacidad de los usuarios
El diputado Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con el objetivo de erradicar prácticas abusivas y salvaguardar la privacidad de los consumidores en el ámbito crediticio.
La propuesta presentada en la Cámara de Diputados el pasado 9 de abril, contempla excluir algunos servicios de las disposiciones de la ley, como servicios relacionados con el trabajo o empleo, servicios profesionales que no tengan fines comerciales, servicios proporcionados por sociedades de información crediticia, excepto cuando se trate de datos personales.
“El objetivo de esta medida es definir claramente qué servicios están sujetos a la ley y evitar confusiones y abusos. De esta manera, se busca proteger a los consumidores y garantizar que las normas se apliquen de manera justa y transparente”, afirmó el legislador.
Asimismo, la iniciativa establece que los reportes de crédito y reportes especiales no podrán ser utilizados como indicadores para evaluar capacidades laborales, necesidades médicas, de vivienda u otros propósitos ajenos al ámbito financiero. También aclara que la consulta o adquisición de estos reportes no deberá condicionar la inscripción al buró de crédito, lo cual protege a los consumidores de usos indebidos de su información.
Otra medida importante es la incorporación de disposiciones que obliguen a especificar y corregir errores contenidos en los reportes de crédito. Esta modificación busca garantizar que los datos reflejados sean precisos y que los usuarios cuenten con mecanismos efectivos para solicitar enmiendas en caso de inconsistencias, contribuyendo así a la transparencia y justicia en el historial crediticio.
El diputado Ricardo Astudillo señaló que la aprobación de esta iniciativa tendría un impacto positivo directo en los consumidores, ya que les proporciona un mayor control sobre su información personal y crediticia. Además, evitaría usos no autorizados de sus datos y contribuiría a proteger su reputación financiera frente a posibles errores o malentendidos en los reportes de crédito.
Finalmente, Astudillo Suárez subrayó la importancia de que estas reformas avancen, pues representan un paso significativo para reforzar los derechos de los consumidores mexicanos frente a prácticas crediticias inadecuadas y garantizar el respeto a su privacidad e integridad.
