Con el permiso de la presidencia.
Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores.
El dictamen a la minuta que hoy discutimos tiene como elemento central la necesidad de fortalecer el marco legal para enfrentar la violencia sexual con seriedad, responsabilidad y sentido de justicia. Este documento, aprobado el día de ayer por las Comisiones Unidas de Justicia e Igualdad de Género, reforma de manera integral los artículos 260 y 266 bis del Código Penal Federal y coloca en el centro de la discusión la protección de las víctimas, que en su gran mayoría son mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Durante mucho tiempo, la legislación penal ha arrastrado ambigüedades que dificultan la adecuada persecución de los delitos sexuales, conocidos como delitos ocultos, y en muchos casos han trasladado injustamente la carga de la prueba a las víctimas. Esta reforma plantea, fundamentalmente, que el consentimiento sea el elemento central para definir el delito y que este no pueda presumirse del silencio o de la falta de resistencia. Significa reconocer que el miedo o la intimidación pueden paralizar a las víctimas y que la ausencia de resistencia nunca debe interpretarse como aceptación.
La violencia no distingue espacios y la ley tampoco debe hacerlo. Al incluir expresamente conductas comunes en espacios públicos, se da respuesta a prácticas que afectan cotidianamente a miles de personas y que, sin embargo, muchas veces quedan impunes o son minimizadas.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en nuestro país se denuncian más de 25,000 delitos sexuales al año, siendo el abuso sexual uno de los más recurrentes. No obstante, la cifra negra supera el 90 %, lo que significa que la gran mayoría de estos delitos no se denuncian por miedo, vergüenza o desconfianza hacia las instituciones.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares señala que siete de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En el ámbito laboral y escolar, el hostigamiento y el acoso sexual siguen siendo prácticas normalizadas que afectan la dignidad, la integridad y el desarrollo de miles de mujeres y adolescentes.
En el caso de niñas, niños y adolescentes, organismos internacionales advierten que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños experimentará algún tipo de violencia sexual antes de cumplir la mayoría de edad. Estas cifras no son solo estadísticas: son vidas marcadas por el miedo, el silencio y, muchas veces, por la impunidad.
En materia de sanciones, la propuesta demuestra un enfoque equilibrado y sumamente responsable. Se establece una pena base de tres a siete años de prisión y multa, acompañada de un sistema de agravantes que permite graduar la penalidad según las circunstancias específicas de cada caso. Este diseño evita castigos desproporcionados que no resuelven las causas del problema y propone, en cambio, una respuesta conveniente, preventiva y simbólicamente clara.
La violencia sexual y el hostigamiento son inaceptables y deben ser sancionados conforme al derecho y con todo el peso de la ley. Aquí cobra especial relevancia el hostigamiento sexual, una forma de violencia que ocurre precisamente en relaciones de poder: en espacios laborales, educativos, institucionales o religiosos, donde la víctima se encuentra en situación de subordinación frente a su agresor.
Uno de los avances más relevantes de esta propuesta es que no se limita al castigo, sino que reconoce que la justicia no se agota en la prisión y que la reparación integral del daño es indispensable para restituir, en la medida de lo posible, los derechos de las víctimas. La incorporación de medidas no punitivas orientadas a modificar los patrones culturales que propician la violencia sexual es una decisión visionaria. La prevención y el cambio cultural son la única vía para reducir de manera sostenida este tipo de delitos.
La propuesta de establecer garantías de no repetición, como la atención psicológica especializada para las víctimas, así como medidas de restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción, refleja un enfoque humano y moderno de la administración de justicia.
Igualmente, es importante mencionar que este delito será perseguido de oficio, lo cual elimina obstáculos que históricamente han impedido que muchos casos lleguen a investigarse, ya sea por miedo, presión o falta de recursos de las víctimas, para que el Estado asuma toda la responsabilidad de actuar, investigar y proteger, sin trasladar esa carga a quien ya ha sufrido una agresión.
Finalmente, la inclusión de talleres reeducativos con perspectiva de género y la prestación de servicio social como parte de la pena introduce un elemento socialmente transformador. La sanción no solo debe castigar; debe buscar que los agresores comprendan la magnitud del daño causado, cuestionen las conductas que los llevaron a cometerlo y reduzcan la probabilidad de reincidir. Prevenir es tan importante como sancionar.
Acompañar este dictamen es avanzar hacia un país donde mujeres, niñas, niños y adolescentes puedan vivir y desarrollarse en libertad, sin miedo, donde la justicia sea efectiva y donde la dignidad de las personas sea verdaderamente respetada.
Por todo esto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor de la presente propuesta.
Eso es cuanto, presidente.
