- La iniciativa presentada busca armonizar el texto de la ley para que refleje con mayor claridad que los retos ambientales y climáticos requieren trabajo coordinado entre instituciones, decisiones respaldadas por evidencia y una base técnica sólida para responder mejor.
Con la finalidad de contar con información para la elaboración de programas que fomenten la prevención, restauración, conservación y protección del ambiente, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde, presentó una iniciativa para establecer que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, participe mediante diversas acciones en la promoción de la generación de conocimientos estratégicos acerca de la naturaleza, la interacción entre los elementos de los ecosistemas, incluido el ser humano, la evolución y transformación de los mismos.
Explicó que su iniciativa pide incorporar expresamente a la Secretaría de Ciencia en los artículos 39 y 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), armonizando con ello el texto de la ley para que refleje con mayor claridad que los retos ambientales y climáticos requieren trabajo coordinado entre instituciones, decisiones respaldadas por evidencia y una base técnica sólida para responder mejor.
Aseguró que la intención de fortalecer esa coordinación no es abstracta, ya que el Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha reiterado que el cambio climático, la biodiversidad, los ecosistemas y el bienestar humano forman un sistema estrechamente interdependiente, por lo que insistió en que la acción pública no puede mantenerse fragmentada entre sectores administrativos aislados ni limitarse a respuestas reactivas.
Agregó que su reforma también se justifica por la magnitud de los desafíos ambientales asociados a residuos, contaminación y economía circular. Por ejemplo, según datos del INEGI, diariamente se generan en nuestro país 108 mil 989 toneladas de residuos sólidos urbanos, lo cual implica una presión material sobre el territorio y la infraestructura de gestión, por lo que insistió en que urgen soluciones técnicas, trazabilidad, innovación en procesos, diseño de materiales y capacidades de monitoreo que no pueden desarrollarse sólo desde la gestión administrativa tradicional.
Finalmente, recalcó que al especificar la participación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en la generación de conocimiento estratégico y en el fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación con fines ambientales, su propuesta fortalece la capacidad del Estado mexicano para prevenir riesgos, restaurar ecosistemas, mejorar la educación ambiental y responder con mayor eficacia a la crisis ecológica y climática
- Morelos presenta una deficiencia de elementos policiales para garantizar adecuadamente la seguridad pública.
Con la finalidad de fortalecer la seguridad pública en el estado de Morelos, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad, así como a las presidentas y los presidentes municipales de los 36 municipios, implementen acciones y estrategias para incrementar el número de elementos policiales, a fin de fortalecer el estado de fuerza y mejorar la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad pública.
Explicó que Morelos enfrenta una problemática persistente en materia de seguridad, caracterizada por la incidencia de delitos de alto impacto, violencia comunitaria y hechos que generan una percepción de inseguridad entre la población, además de la insuficiencia del estado de fuerza policial, que limita la capacidad de prevención, vigilancia, reacción y proximidad social.
La senadora informó que de acuerdo con el portal de Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, diversos municipios del estado presentan un déficit de elementos policiacos en relación con el número de habitantes, ya que Morelos cuenta con 1.08 policías por cada mil habitantes, mientras que el Modelo Óptimo de Función Policial (MOFP) elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) recomienda 1.8 policías por cada mil habitantes, lo que implica que el estado opera con aproximadamente 60 por ciento del estándar recomendado.
En este sentido, afirmó que Morelos presenta una deficiencia de elementos policiales para garantizar adecuadamente la seguridad pública, lo que se traduce en jornadas excesivas para los elementos en activo, reducción de patrullajes, tiempos de respuesta prolongados y una menor presencia policial en colonias, comunidades y zonas rurales.
La senadora insistió en que el fortalecimiento de la seguridad pública requiere de más elementos policiales debidamente capacitados, certificados, equipados y con condiciones laborales dignas, que permitan un desempeño profesional y eficaz de sus funciones.
Finalmente, agregó que esto no sólo implica una mayor capacidad de reacción ante hechos delictivos, una mejora sustantiva en las tareas de prevención, disuasión del delito y proximidad social, sino que contribuye a reconstruir el tejido social y a generar confianza entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad, por lo que insistió en la necesidad de que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Morelos impulse estrategias integrales orientadas a la contratación, formación, profesionalización y permanencia de nuevos elementos policiacos.
- PVEM propone hasta 10 años de cárcel para quienes organicen fiestas clandestinas y lucren dando alcohol o drogas a menores de edad
Patios, bodegas y salones se están convirtiendo en antros clandestinos para menores; se anuncian por redes sociales, cobran entradas, reúnen a cientos de adolescentes, se realizan sin permisos, sin seguridad y, en algunos casos, con venta de alcohol y presencia de drogas.
Ante esta situación, el diputado Javier Ramos Franco del PVEM en el Congreso de la CDMX, mediante una iniciativa busca poner un alto, principalmente a quienes hacen negocios con estas fiestas y ponen en riesgo a jóvenes. “La propuesta plantea llevar el tema al Congreso de la Unión y endurecer las sanciones contra quienes organicen, promuevan o administren estos eventos” dijo el diputado.
Ramos Franco añadió que la pena puede llegar de siete a diez años de prisión, además de multas, para quienes utilicen estos lugares para obtener dinero mientras venden, suministran o facilitan alcohol, narcóticos u otras sustancias a menores de 18 años.
El problema es que estas fiestas ya no ocurren solamente en bares o antros. Ahora pueden organizarse en casas, bodegas, salones, quintas o incluso en la vía pública. Las convocatorias pueden hacerse por TikTok, Facebook, WhatsApp y otras plataformas; incluso, la ubicación puede mantenerse oculta o cambiarse a última hora para evitar que las autoridades lleguen.
Los casos documentados son alarmantes. En la Ciudad de México se han registrado fiestas clandestinas con cientos e incluso miles de adolescentes, además de casos de intoxicación, exceso de personas y falta de medidas básicas de seguridad.
El problema no es exclusivo de la capital hay documentos que señalan casos en Estado de México, Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León, Baja California, Puebla y Chihuahua, donde autoridades han intervenido fiestas clandestinas con menores consumiendo alcohol y, en algunos casos, otras sustancias.
Javier Ramos Franco señaló que con esta iniciativa se plantea que la responsabilidad debe caer principalmente sobre los adultos que organizan, promueven, administran o lucran con estas fiestas, y no sobre los jóvenes, por lo que se busca cerrar ese vacío legal y dejar claro que no importa si la fiesta ocurre en una bodega, una casa o un salón: si hay negocio y se pone en riesgo a menores, debe haber consecuencias.
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