- "El programa Ciudad que Cuida a quien Cuida reconoce la realidad de miles de mujeres que dedican su jornada completa al cuidado y merecen apoyo económico, capacitación y tiempo de respiro", subrayó
EL secretario general del PVEM-CDMX, Jesús Sesma Suárez celebró la presentación de la propuesta de Ley del Sistema Público de Cuidados impulsada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, que reconoce el derecho al cuidado como un derecho humano y una responsabilidad compartida, además de que establece una nueva política pública concreta que busca romper con el estereotipo de que las mujeres son las únicas responsables de esta labor esencial.
Sesma Suárez destacó que la iniciativa plantea una red de infraestructura y servicios que incluye centros de cuidado infantil y de primera infancia, casas de día para adultos mayores, espacios de rehabilitación para personas con discapacidad, comedores comunitarios, lavanderías gratuitas, hogares de larga estancia y programas de formación para masculinidades responsables.
El líder del Partido Verde señaló que invertir en el derecho al cuidado no solo reduce brechas de inequidad, sino que impulsa la participación laboral y la creación de empleos formales en los servicios de atención. "Sustituir soluciones improvisadas por una red pública con estándares claros es apostar por la equidad, por la salud mental de las familias y por la construcción de una ciudad más justa", expresó.
Asimismo, enfatizó la importancia de fomentar la corresponsabilidad y de incluir la formación en nuevas masculinidades para que los hombres participen activamente en las tareas de cuidado.
Finalmente, Sesma Suárez reiteró el compromiso del Partido Verde con la creación de un sistema público de cuidados con servicios universales, accesibles y de calidad que priorice a niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, además de reconocer y recompensar a quienes cuidan sin recibir un pago. "Cuidar no puede ser una lotería postal donde el código de tu colonia determine si accedes o no a un servicio esencial. Si casi ocho de cada diez hogares del país requieren cuidados, debemos avanzar hacia un sistema nacional que garantice este derecho en igualdad de condiciones", concluyó.
- Apoyar a niñas, niños y adolescentes que forman parte de familias con un progenitor privado de la libertad es reconocer que la vulneración de derechos de un adulto no debe traducirse en pérdida de oportunidades para sus hijos.
Con el propósito de garantizar la permanencia y el desarrollo educativo de niñas y niños hijos de personas privadas de la libertad, así como asegurar su inclusión social y emocional, y brindarles oportunidades para el futuro, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a las entidades y municipios a que implementen programas de apoyo económico y de formación integral para este grupo poblacional.
Explicó que la privación de libertad de la madre o del padre genera en sus hijos e hijas diversos riesgos socioeconómicos y psicoemocionales como estigmatización, movilidad residencial, pérdida de redes de apoyo, y tensiones financieras que repercuten en el aprendizaje y la permanencia escolar.
Agregó que diversas fuentes periodísticas y oficiales han documentado alzas en la población penitenciaria durante el año 2025, con lo cual crece también la cantidad de niñas, niños y adolescentes potencialmente afectados por la reclusión de un progenitor, problemática que demanda respuestas preventivas y de protección desde el sector educativo y de asistencia social.
En este sentido, destacó que apoyar a niñas, niños y adolescentes que forman parte de familias con un progenitor privado de la libertad es reconocer que la vulneración de derechos de un adulto no debe traducirse en pérdida de oportunidades para sus hijos, ante lo cual puso como ejemplo los programas de apoyo para esta población que existen en diversas entidades federativas que permiten a las autoridades materializar el respeto a sus derechos constitucionales y legales.
Puso como ejemplo el programa “Apoyando tu Futuro” del DIF Reynosa, en Tamaulipas, que promueve la continuidad educativa de estudiantes desde preescolar hasta universidad, brindándoles un apoyo económico bimestral y promoviendo su participación en actividades académicas, culturales y deportivas, para fortalecer su desarrollo integral y cortar el ciclo de vulnerabilidad social al que han estado expuestos.
Detalló que este programa reconoce que la educación es la herramienta más poderosa para prevenir la reincidencia y promover la movilidad social de los hijos de personas privadas de la libertad.
Agregó que en el estado de Sonora también se implementa un programa de "Becas educativas para hijas e hijos de personas privadas de la libertad"; mientras que en Chihuahua se ofrece el "Apoyo económico a personas cuidadoras de las hijas e hijos de personas privadas de la libertad en centros de reinserción social en el estado de Chihuahua".
Aseguró que estas experiencias en diversos estados de la República muestran que es factible construir presupuestos que atiendan la vulnerabilidad a la que están expuestos las y los hijos de las personas privadas de su libertad, con los cuales los gobiernos locales pueden liderar iniciativas de impacto social, fortaleciendo el cumplimiento del derecho a la educación.
Finalmente, subrayó que un programa focalizado para hijas e hijos de personas privadas de la libertad debe fortalecerse con actividades que permitan un desarrollo integral de las niñas y niños como actividades físicas, artísticas y teatrales, tutorías y apoyo socioemocional, ya que afirmó que la permanencia escolar depende tanto de condiciones económicas como de entornos de aprendizaje seguros y significativos.
- “Sin toallas ni agua, vivir la menstruación en la cárcel es más que dolor corporal”
Con la finalidad de garantizar una menstruación digna en los centros penitenciarios, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para que las mujeres privadas de libertad en estos centros puedan acceder a productos de gestión menstrual, espacios dignos y servicios de salud, reconociendo la menstruación como un derecho fundamental y promoviendo la reinserción social.
Reconoció que el manejo de la higiene menstrual es un tema marginado de las agendas de desarrollo, lo que priva a mujeres y niñas de áreas seguras, accesibles e higiénicas para ello, además de que en ocasiones no cuentan con acceso a toallas sanitarias y otros insumos de higiene menstrual, o no son asequibles.
Aseguró que “la imposibilidad de controlar de una forma digna y segura la gestión menstrual impacta negativamente los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas”, más aún si se encuentran en una situación de vulnerabilidad como lo es estar privadas de la libertad.
Recalcó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mostró su preocupación por las condiciones y el trato que se les da a las mujeres en los centros penitenciarios, por lo que las autoridades encargadas del sistema deben tomar las medidas pertinentes y realizar acciones efectivas para garantizar el respeto a los derechos humanos de estas mujeres.
Dijo que de acuerdo con esta dependencia, aproximadamente 15 o 17 entidades federativas del país, no tienen asignada una partida presupuestal para garantizar una gestión menstrual digna en los centros penitenciarios del país, quienes dependen exclusivamente de donaciones o de los familiares que llevan estos enseres a las mujeres.
Agregó que el 31 de agosto del 2021, esta Comisión emitió una recomendación donde destaca “la insuficiencia de acciones en los centros penitenciarios del país para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las adolescentes y mujeres privadas de la libertad, así como para asegurar una gestión e higiene menstrual digna a las mujeres y personas menstruantes en dichos lugares”.
Insistió en la pertinencia de su propuesta ya que la atención de mujeres en reclusión ha sido materia de diferentes señalamientos, por la falta de servicios y suministros de productos para su atención personal, y recalcó que “sin toallas ni agua, vivir la menstruación en la cárcel es más que dolor corporal”, por lo que recalcó que el Estado debe asignar mayor presupuesto a los centros de reinserción social para atender esta problemática y brindar a las mujeres los elementos necesarios para una menstruación digna.
Aseguró que “el acceso a productos sanitarios para las mujeres privadas de su libertad es un derecho que se debe hacer valer y respetar, no un privilegio”, por lo que su iniciativa busca garantizar que las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios cuenten con instalaciones adecuadas y espacios necesarios para una estancia digna y segura, incluidas aquellas destinadas para su gestión e higiene menstrual; además de los suministros necesarios, entre ellos, tampones, copas menstruales, papel higiénico y medicamentos para tratar los trastornos o el dolor relacionados con la menstruación.
Finalmente, recalcó que con su propuesta se busca robustecer el marco jurídico y brindar mayor seguridad a las mujeres en situación de vulnerabilidad, en especial a las mujeres privadas de libertad, para que su menstruación, siempre, sea de la manera más digna posible.
