- Se exhorta a informar sobre las interrupciones del suministro, las condiciones de la infraestructura y los proyectos de ampliación, modernización y mantenimiento del sistema eléctrico de la Zona Metropolitana de Monterrey y el Estado de Nuevo León.
- También a asegurar recursos suficientes para atender el rezago de inversión en infraestructura eléctrica de la entidad.
El senador Carlos Humberto Suárez Flores, del Partido Verde, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía, al Centro Nacional de Control de Energía, a la Comisión Nacional de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a informar sobre las interrupciones del suministro, las condiciones de la infraestructura y los proyectos de ampliación, modernización y mantenimiento del sistema eléctrico de la Zona Metropolitana de Monterrey y el Estado de Nuevo León.
También exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a asegurar recursos suficientes para atender el rezago de inversión en infraestructura eléctrica de la entidad durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar dichas necesidades en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027.
El senador explicó que Nuevo León es uno de los principales polos económicos, industriales y logísticos del país, lo que exige incrementar las capacidades instaladas de energía y de servicios públicos. Apuntó que cada parque industrial, desarrollo habitacional o cualquier proyecto económico público o privado adicional representa una mayor carga para la red eléctrica y presiona los sistemas de agua, movilidad, salud y seguridad.
Aseguró que cuando la infraestructura disponible no crece al ritmo de la economía, el costo recae en las familias y las empresas, en forma de interrupciones, menor calidad del servicio y pérdida de competitividad. Dijo que ampliar la capacidad instalada no es solo una condición para atraer y retener inversión, sino también una responsabilidad para asegurar servicios básicos a la población.
Hizo énfasis en que Nuevo León no puede limitarse a responder ante fallas o contingencias, sino que requiere una estrategia preventiva de planeación, ampliación, modernización, sustitución y mantenimiento de la infraestructura que den solución a las restricciones de capacidad.
Reconoció que el Programa de Desarrollo de la CFE 2026–2030 reconoce la necesidad de modernizar y fortalecer las redes eléctricas para mejorar la continuidad del suministro y reducir las afectaciones a los usuarios cuando ocurre una interrupción, por lo que se prevé una inversión nacional de 183 mil 659 millones de pesos en transmisión y distribución, destinada a nuevas líneas, a la construcción y ampliación de subestaciones y a la modernización de las redes.
Sin embargo, señaló que esta cifra nacional no permite saber qué parte beneficiará a Nuevo León, por lo que insistió en la necesidad de conocer qué obras se prevén para la entidad, con qué montos y qué mejoras se espera lograr en indicadores de continuidad del servicio.
Recalcó que esa información es indispensable para dimensionar el rezago de la Zona Metropolitana de Monterrey y para sustentar que los recursos destinados a Nuevo León sean suficientes e identificables en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, y que los previstos para el ejercicio 2026 se ejerzan oportunamente.
Finalmente, señaló que la coordinación entre las autoridades responsables de la planeación, operación, regulación, transmisión, distribución y ejecución de infraestructura es indispensable para que las inversiones respondan a las necesidades presentes y futuras de Nuevo León.
- Garantizar condiciones dignas de internamiento no constituye únicamente una obligación administrativa, sino una responsabilidad constitucional vinculada directamente con la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales: Juanita Guerra.
Con la finalidad de que se garantice el respeto a los Derechos Humanos y la dignidad de las personas privadas de la libertad, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, para que fortalezca las acciones destinadas a atender las condiciones de los Centros Penitenciarios Estatales, en materia de sobrepoblación, infraestructura, servicios de salud, higiene, seguridad, alimentación, agua potable, personal penitenciario y reinserción social.
La senadora explicó que el sistema penitenciario es una responsabilidad esencial del Estado mexicano y una pieza fundamental para la seguridad pública, la impartición de justicia y la construcción de condiciones efectivas para la reinserción social; agregó que la privación de la libertad en este sistema implica una restricción legítima a la libertad ambulatoria; sin embargo, no significa la pérdida de los demás derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.
En este sentido, subrayó que “garantizar condiciones dignas de internamiento no constituye únicamente una obligación administrativa, sino una responsabilidad constitucional vinculada directamente con la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales”.
Detalló que de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo de Morelos 2025-2030, elaborado por el Gobierno del Estado, el sistema penitenciario estatal se integra por un Centro de Reinserción Social Femenil, cinco Centros de Reinserción Social Varoniles y un Centro Especializado de Ejecución de Medidas para Adolescentes.
La senadora dijo que según el Cuaderno Mensual de Información Penitenciaria del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana Federal, Morelos presenta hacinamiento, ya que cuenta con 2 mil 47 espacios penitenciarios y contiene a 4 mil 345 personas privadas de la libertad, lo que se traduce en una sobrepoblación del 112 por ciento.
Insistió en que estas cifras hacen necesario fortalecer las políticas públicas destinadas a garantizar que la ocupación de los centros penitenciarios sea compatible con condiciones adecuadas de internamiento, seguridad, higiene, atención médica y reinserción social.
Agregó que la sobrepoblación que se traduce en una utilización intensiva de la infraestructura penitenciaria, que es además obsoleta e insuficiente, puede generar presiones adicionales sobre los servicios básicos, el personal, los espacios destinados a actividades de reinserción y las condiciones de convivencia, por lo que dijo que resulta indispensable que las autoridades realicen una evaluación permanente de la capacidad instalada y de las necesidades reales en cada centro.
“El objetivo no debe limitarse a mantener los centros en funcionamiento, sino a garantizar que estos cumplan efectivamente con la finalidad constitucional de la reinserción social”, sentenció.
- Esto bajo una lógica que privilegie la prevención y minimización de su generación, su correcta identificación y separación, la recuperación de materiales, su valorización y aprovechamiento circular, la trazabilidad de su manejo y la disminución progresiva de aquellos residuos que finalmente deban ser destinados a disposición final.
Con el propósito de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incorpore dentro de su propia gobernanza empresarial una política explícita de aprovechamiento responsable de los recursos y reducción de sus impactos ambientales, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde, presentó una iniciativa para incorporar en la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, una obligación para que la CFE y sus empresas filiales, gestionen integralmente los residuos de los que jurídicamente tengan el carácter de generadores.
Esto bajo una lógica que privilegie la prevención y minimización de su generación, su correcta identificación y separación, la recuperación de materiales, su valorización y aprovechamiento circular, la trazabilidad de su manejo y la disminución progresiva de aquellos residuos que finalmente deban ser destinados a disposición final.
Explicó que su propuesta parte de la idea ya incorporada en nuestra legislación de que un residuo no debe considerarse automáticamente como un material carente de utilidad, ya que determinadas corrientes pueden conservar propiedades físicas, químicas, materiales o energéticas que permiten incorporarlas nuevamente a procesos productivos, sustituir materias primas vírgenes o generar valor económico, siempre que sea ambientalmente adecuado, técnicamente factible, económicamente viable y jurídicamente permitido.
Detalló que en la Ley General de Economía Circular reconoce que los materiales deben mantenerse dentro de la economía durante el mayor tiempo posible y que, una vez generados los residuos, debe recuperarse su valor antes de recurrir a su disposición final, por lo que esta reforma debe entenderse como una medida de armonización con este nuevo marco jurídico nacional, y convierte un mandato general de economía circular aplicable a la Administración Pública Federal en una obligación corporativa concreta para la CFE.
Añadió que su propuesta precisa cómo debe materializarse dentro de su legislación especial: prevención y minimización; clasificación y separación; valorización, aprovechamiento circular; trazabilidad; reducción de la disposición final; objetivos; metas; indicadores; revisión por el Comité de Sostenibilidad y reporte al Consejo de Administración.
Explicó que la política de economía circular debe diferenciar claramente entre aquellas corrientes cuyo valor puede recuperarse y aquellas cuya peligrosidad exige prioritariamente su eliminación o tratamiento especializado. Detalló que si un residuo peligroso únicamente puede ser tratado por una empresa autorizada, esa obligación permanece intacta; si una corriente requiere plan de manejo, deberá mantenerlo; si la legislación local determina requisitos para residuos de manejo especial, éstos continuarán aplicándose; y los residuos radiactivos quedan fuera de la nueva disposición.
Finalmente, la senadora insistió en que la trascendencia de la reforma radica en que no se limita a ordenar que la empresa "maneje correctamente sus residuos", sino que plantea que CFE evite generarlos cuando pueda, que conozca y documente sus flujos, que conserve el valor de los materiales, que utilice materias primas secundarias cuando sea viable, que desarrolle mercados y alianzas para recuperar recursos, que reduzca progresivamente la disposición final y que mida públicamente su desempeño.
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