- Van 40 explosivos hallados en Tamaulipas en lo que va de este año; algunos ya cobraron la vida de civiles y elementos militares.
- El manejo de estos artefactos ilegales, prohibidos por la ley, exige respuesta inmediata de las autoridades para detener su uso.
Las senadoras Juanita Guerra Mena y Maki Ortiz Domínguez exhortaron a las entidades federativas a coordinar esfuerzos con la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional para implementar acciones conjuntas y eficaces en la búsqueda, localización y decomiso de artefactos explosivos improvisados (AEI) utilizados por grupos delictivos en todo el país.
Mediante un Punto de Acuerdo, las legisladoras señalaron que estos explosivos, fabricados de forma artesanal y utilizados en enfrentamientos contra personal de instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, al quedar expuestos ponen en riesgo a los ciudadanos que habitan o transitan por las zonas donde ocurren estos incidentes.
En ese sentido, la senadora por Morelos, Juanita Guerra Mena señaló que el uso creciente de AEI se debe a su bajo costo y facilidad de fabricación, convirtiéndose en un desafío urgente para la seguridad nacional.
“El uso de estos explosivos ilegales —prohibidos por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos— requiere una respuesta inmediata, articulada y sostenida entre los tres niveles de gobierno”, subrayó.
Por su parte, la senadora Maki Ortiz señaló que, en Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y Guanajuato -entidades con intensos conflictos entre grupos criminales- se han realizaron diversos decomisos de estos artefactos; sin embargo, para octubre de 2024 las autoridades ya habían detectado AEI en 25 de los 32 estados del país.
Las zonas más afectadas incluyen municipios como Buenavista (Michoacán), Santa María del Oro (Jalisco) y Aquiles Serdán (Chihuahua), donde los explosivos causaron múltiples bajas en operativos militares y policiales.
Comentó que en el caso particular de Tamaulipas se detectaron 40 artefactos explosivos en lo que va del año, algunos de los cuales causaron la muerte de civiles y militares.
Finalmente, las senadoras del Partido Verde destacaron que los artefactos de fabricación casera no solo ponen en riesgo la vida y la seguridad pública, sino también el desarrollo económico y social de las comunidades afectadas, por lo que insistieron en la importancia de una estrategia conjunta para la búsqueda, localización, rastreo y decomiso de estos artefactos.
- Para prevenir y mitigar los delitos ambientales se debe incrementar las sanciones, con la finalidad de incentivar una mayor responsabilidad e inhibir la comisión de éstos.
Con la finalidad de visibilizar la magnitud de las consecuencias derivadas de la pérdida de los recursos naturales, la degradación ambiental y, en general, cualquier tipo de afectación al ecosistema ocasionada por los delitos ambientales, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para reformar diversos artículos del Código Penal Federal para incrementar las penas asociadas a estos delitos.
Agregaron que este incremento en las penas ambientales busca, además, reflejar la gravedad de los daños causados, que afectan no solo al entorno natural, sino también a la salud y el bienestar de los seres humanos.
Detallaron que los delitos ambientales no solo generan un daño directo al medio ambiente, sino que también tienen un impacto colectivo sobre la humanidad, además de que los recursos naturales son esenciales para la supervivencia humana, y cualquier alteración o destrucción de estos pone en riesgo nuestra existencia, por lo que los delitos ambientales, aunque en apariencia puedan parecer menores, afectan a la población en general e incluso pueden perjudicar la salud y la vida de las personas.
Aseguraron que los delitos ambientales suelen ser subestimados, y se minimizan tanto sus implicaciones como los costos derivados de los daños causados, los cuales son invaluables. Por ejemplo, hay delitos ambientales cuyos costos no pueden ser evaluados adecuadamente, debido a la magnitud de sus impactos inmediatos y las potenciales consecuencias a largo plazo, que pueden ocasionar daños irreversibles al ecosistema.
Por ello, insistieron en que para prevenir y mitigar estos delitos, las sanciones deben ser incrementadas con la finalidad de incentivar una mayor responsabilidad e inhibir la comisión de delitos que dañan el equilibrio ecológico y, en consecuencia, afectan directamente a la humanidad.
Reconocieron que México cuenta con diversas leyes que identifican las infracciones contra el ambiente, por ejemplo, en el Código Penal Federal se incluyen diversos delitos en esta materia para castigar con penas de prisión y sanciones económicas a quien o quienes cometan un delito contra el ambiente.
Sin embargo, aseguraron que a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades de los tres niveles de gobierno en conjunto con algunas organizaciones sociales, tanto para proteger y conservar los bosques, frenar la tala clandestina, prevenir y controlar los incendios forestales, el resultado no ha sido suficiente ya que los delitos continúan.
- Sostiene intercambio con el Subsecretario de Estado, Christopher Landau.
Washington, D.C., 6 de junio de 2025.— La senadora Ruth González Silva, realizó una visita de trabajo a la capital estadounidense, con el objetivo de expresar la preocupación del Gobierno de México ante la iniciativa legislativa The One Big Beautiful Bill, que propone gravar con un 3.5% las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia países como México.
Durante su estancia en Washington, la también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado, sostuvo reuniones con senadores republicanos y demócratas pertenecientes a comités clave como Finanzas, Presupuesto, Relaciones Exteriores y Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos. Entre ellos, dialogó con Marsha Blackburn (R-Tennessee), Catherine Cortez Masto (D-Nevada), Peter Welch (D-Vermont), Bill Hagerty (R-Tennessee), Roger Marshall (R-Kansas) y Pete Ricketts (R-Nebraska).
Acompañada por senadores, el Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, así como por Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, y la Embajadora Ana Luisa Fajer Flores, jefa de Cancillería de la embajada, la legisladora mexicana llevó a cabo una intensa jornada de diplomacia parlamentaria, en la que se insistió en los riesgos económicos, sociales y legales que implica el impuesto propuesto.
En sus encuentros, la senadora explicó que el gravamen sería una forma de doble tributación contraria al Convenio para Evitar la Doble Imposición vigente entre México y Estados Unidos desde 1994. Además, advirtió que una medida de este tipo podría reducir el consumo local en EE.UU., fomentar canales informales de envío de dinero y debilitar la transparencia, lo cual incrementaría el riesgo de lavado de dinero.
González Silva también sostuvo un intercambio con el Subsecretario de Estado, Christopher Landau, con quien abordó la complejidad de la relación bilateral y la necesidad de encontrar soluciones estratégicas compartidas. En paralelo, la legisladora mexicana se reunió con representantes del sistema financiero —bancos, uniones de crédito y empresas de envío de remesas— para advertir sobre los efectos negativos del impuesto, como la posible caída en volúmenes de operación, el aumento de costos regulatorios y un impacto negativo en la imagen pública del sector.
Como parte de su agenda, la senadora tuvo un emotivo encuentro con la comunidad mexicana en la Sección Consular, donde reiteró el compromiso del Senado de defender los derechos y la dignidad de las familias migrantes, subrayando la importancia de proteger a quienes envían remesas como acto de solidaridad y sustento familiar.
Al cierre de su visita, González Silva reafirmó que México está dispuesto a continuar trabajando de manera cercana y constructiva con Estados Unidos, especialmente en temas sensibles como migración, comercio y seguridad, bajo principios de equidad, justicia fiscal y respeto mutuo.
