- Menores de 14 años no podrán abrir cuentas en redes sociales; usuarios de 15 a 18 años requerirán autorización parental.
- El aumento del uso de internet y redes sociales expone a menores a ansiedad, depresión, ciberacoso y afectaciones emocionales.
Ante el incremento del uso de redes sociales entre menores de edad y sus efectos en la salud mental, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para reformar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de establecer controles parentales obligatorios en aplicaciones digitales no educativas; y restringir el acceso de niñas, niños y adolescentes a redes sociales sin supervisión de madres, padres o tutores.
Corona Nakamura destacó que su iniciativa busca que las plataformas digitales no educativas disponibles en México deberán impedir la apertura de cuentas a menores de 14 años y exigir autorización expresa de las personas responsables de su cuidado para usuarios de entre 15 y 18 años.
También plantea prohibir el uso de datos personales de menores para generar algoritmos o mecanismos de diseño que incentiven un mayor tiempo de permanencia en las plataformas. Además, se propone que la Secretaría de Gobernación pueda ordenar la suspensión precautoria de operaciones de aquellas aplicaciones que incumplan estas disposiciones.
Corona Nakamura argumentó que el crecimiento acelerado del acceso a internet y dispositivos móviles ha incrementado la exposición de menores a riesgos asociados con redes sociales, entre ellos ansiedad, depresión, trastornos del sueño, ciberacoso, aislamiento social y afectaciones en el desarrollo emocional.
Citó datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023, que reportan que el 81.4% de la población de seis años o más usa teléfono celular y que 92.4% de adolescentes de entre 12 y 17 años son usuarios de internet.
Asimismo, indicó que México registra altos niveles de uso de redes sociales, debido a que el 93.3% de la población utiliza internet para comunicarse y 91.5% para acceder a redes sociales
Corona Nakamura señaló que la Organización Mundial de la Salud reconoció desde 2018 la adicción a videojuegos como enfermedad mental.
En ese sentido, la senadora ecologista sostuvo que el Estado debe actuar bajo el principio del interés superior de la niñez y garantizar entornos digitales más seguros, ante un problema que, advirtió, ya impacta la salud pública y el bienestar emocional de menores de edad.
- La reforma plantea evitar despidos y sanciones por afectaciones a la salud mental.
- 1 de cada 8 personas vive con un trastorno mental; depresión y ansiedad ya son causas de discapacidad laboral, advierte la OMS.
Ante el aumento de afectaciones a la salud emocional de las y los trabajadores en los centros de trabajo, el senador Virgilio Mendoza Amezcua presentó una iniciativa para reconocer como incapacidades laborales los trastornos de salud mental, como ansiedad, depresión o estrés laboral severo, cuando estas condiciones impidan el desempeño de las actividades laborales.
El legislador del Partido Verde dijo que la iniciativa busca otorgar certeza jurídica a las personas trabajadoras y evitar sanciones, despidos o actos discriminatorios relacionados con padecimientos psicoemocionales, siempre que sean diagnosticadas y certificadas por instituciones de seguridad social o personal médico autorizado, garantizando protección laboral y evitando sanciones o despidos por estas causas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada ocho personas en el mundo vive con algún trastorno mental, mientras que la depresión y la ansiedad representan causas significativas de discapacidad laboral a nivel global. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también ha señalado que los riesgos psicosociales y el estrés laboral afectan directamente la salud de las personas trabajadoras y el desempeño de las organizaciones.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), documentó un incremento sostenido en los niveles de estrés laboral y afectaciones al bienestar emocional de la población ocupada, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que ya reconoce incapacidades relacionadas con trastornos mentales y del comportamiento.
Mendoza Amezcua subrayó que la reforma propone adicionar el artículo 42 Ter a la Ley Federal del Trabajo para reconocer como causa de suspensión temporal de obligaciones laborales las incapacidades derivadas de afectaciones a la salud mental.
Además, incorpora la obligación de las personas empleadoras a respetar dichas incapacidades y abstenerse de imponer sanciones o rescindir la relación laboral por este motivo.
El legislador indicó que también se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para reconocer licencias médicas por salud mental a trabajadoras y trabajadores del sector público, sin afectación a sus derechos laborales y evitando sanciones o despidos.
Finalmente, comentó que actualmente existe un vacío normativo en México respecto al reconocimiento formal de licencias laborales por salud mental, situación que provoca interpretaciones discrecionales y limita el acceso efectivo a derechos laborales y de seguridad social.
• EuroLat abre ruta para fortalecer cooperación entre energía, medio ambiente y salud pública.
Durante los trabajos de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política Energética, Investigación, Innovación y Tecnología, de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), la senadora Karen Castrejón Trujillo destacó la cooperación parlamentaria entre América Latina y Europa en materia de transición energética y sustentabilidad ambiental.
La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde resaltó el trabajo de especialistas, investigadores y participantes que contribuyen a enriquecer las discusiones entre ambas regiones, en un contexto donde México busca consolidarse como referente en sustentabilidad energética. Comentó que el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre especialistas puede fortalecer la toma de decisiones legislativas y gubernamentales.
En ese sentido, consideró necesario impulsar eventos virtuales con expertos para compartir experiencias, mejores prácticas y lecciones aprendidas, sobre los temas abordados en EuroLat, lo que permitiría fortalecer las discusiones en las comisiones parlamentarias y con dependencias gubernamentales.
Castrejón Trujillo afirmó que como legisladores existe la responsabilidad de identificar y atender vacíos legales que permitan garantizar una transición energética justa, sostenible, equitativa y transparente.
Afirmó que existe coincidencia en torno a que la transición energética debe ser justa, particularmente para los pueblos originarios y el medio ambiente, al reconocer que no existen fórmulas únicas, pues cada región enfrenta realidades económicas, políticas, sociales y ambientales distintas.
En otro tema, Karen Castrejón destacó los avances legislativos de México frente a la contaminación lumínica, un fenómeno que, señaló, ha sido normalizado en zonas urbanas pese a sus impactos ambientales y de salud.
Recordó que durante la pasada legislatura, al presidir la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se logró dictaminar una reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), mediante la cual se incorporó la definición de contaminación lumínica y conceptos como luz intrusa.
Gracias a esta reforma, afirmó, México cuenta ya con bases nacionales para que los gobiernos locales establezcan mecanismos estrictos de regulación de la luz artificial y protección de los llamados cielos oscuros.
Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la sensibilización social, especialmente entre niñas, niños y jóvenes, así como capacitar a autoridades en desarrollo urbano y ordenamiento territorial para garantizar políticas públicas sustentables y mejores decisiones.
