Con su venia Presidenta.
El crimen organizado en nuestro país ha registrado un incremento y una evolución sin precedentes en las últimas décadas, lo cual amenaza seriamente la seguridad interior de la nación y transgrede al mismo tiempo la legalidad y el estado de derecho.
Si bien el Estado mexicano ha emprendido esfuerzos de todo tipo para enfrentar a los criminales, lo cierto es que éstos han resultado hasta ahora insuficientes para acotar el poder de las estructuras delincuenciales y erradicar a través de ello un fenómeno que hoy claramente se encuentra fuera de control.
No se puede soslayar que las bandas criminales han alcanzado un alto grado de sofisticación, caracterizado por su elevada complejidad a nivel organizativo, por la adopción de modelos y estructuras utilizados por las grandes corporaciones privadas y por incorporar a sus actividades cada vez más tecnología de punta, lo cual ha convertido al fenómeno delictivo en una poderosa industria.
La acumulación de bienes y de capital por parte de las bandas criminales les ha permitido involucrarse en diversos ámbitos de la actividad económica del país, a través de la creación de empresas que utilizan para lavar sus ganancias ilícitas, mezclándolas con el dinero obtenido ilegítimamente con la finalidad de ocultar su procedencia.
La capacidad adquisitiva de los delincuentes hace posible la obtención de armamento que en ocasiones supera considerablemente el utilizado por las corporaciones policiacas e incluso de las fuerzas armadas.
De igual forma, la creciente capacidad económica de los criminales ha servido para expandir su poder corruptor y asegurarse un marco de impunidad mediante la transferencia de recursos a autoridades de todos los niveles.
Lo anterior nos exige modernizar nuestro marco legal para crear mecanismos policiales y jurídicos capaces de contener de manera efectiva a la delincuencia organizada.
Si lo que buscamos es debilitar a las organizaciones delictivas hasta lograr su desmantelamiento, debemos limitar el flujo de dinero proveniente de estos delitos que más agravian a la sociedad, a través del establecimiento de medidas para evitar que los recursos de procedencia ilícita continúen en poder de los delincuentes.
En este sentido, la figura de la extinción de dominio ha demostrado ser un instrumento efectivo para debilitar la capacidad operativa de la delincuencia porque disminuye los recursos de los cuales dispone. Sin embargo, bajo el modelo actual de aplicación de la extinción de dominio en nuestro país, los resultados han dejado mucho que desear y poco han contribuido al combate de la delincuencia.
Es por lo anterior que esta Asamblea votó en diciembre pasado a favor de modificar el esquema operativo de la extinción de dominio en nuestro país y de precisar en el texto constitucional la naturaleza civil del procedimiento, así como su autonomía de la materia penal lo cual permitirá que, en un litigio civil, el Ministerio Público plantee que el bien incorporado al patrimonio de una persona que es investigada por la comisión de ciertos delitos que tenga una procedencia ilegítima.
Igualmente, el decreto aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y ya validado por la mayoría de las legislaturas estatales establece que el procedimiento es sobre derechos reales o bienes que formen parte del patrimonio de una persona y no sobre su eventual participación o responsabilidad en la comisión de ilícitos, ya sea para obtener el bien o para utilizarlo en actividades delictivas. La esencia de la modificación reside en si el propietario del bien puede o no acreditar su legítima procedencia.
En síntesis, las modificaciones propuestas están encaminadas a hacer más efectiva la aplicación de la extinción de dominio en nuestro país, por eso celebramos que hoy se emita la declaratoria de aprobación del decreto por el que se reforma el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de nuestra Constitución Política, con lo cual el Estado contará con mejores herramientas para el combate frontal a la delincuencia.
Es cuanto señora Presidenta.
PARTIDO VERDE
