Con el permiso de la Presidencia,
Primero quiero felicitar al coordinador Monreal porque él se reunió con los refresqueros, así como lo mencionan y llego a acuerdos, lo felicito coordinador Monreal, enhorabuena
Nos reunimos para discutir una actualización necesaria y coherente con la visión de un Estado que pone en el centro el bienestar y la salud del pueblo.
Esta visión se refleja en las propuestas planteadas en el Paquete Económico 2026, en especial en aquellas enfocadas en actualizar algunas tasas impositivas. De entre ellas me quisiera referir a las que proponen ajustes a diversos impuestos contemplados en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, éstas se agrupan en cinco categorías de productos: bebidas saborizadas con edulcorantes añadidos, tabaco, apuestas, videojuegos con contenido violento y productos con nicotina.
Entre las tasas que se actualizan resalta el incremento contemplado para las bebidas saborizadas con edulcorantes añadidos, el cual hará que se pase de 1.6451 a 3.0818 pesos por litro a partir de 2026.
Ahora bien, esta no es una medida aislada ni puramente recaudatoria. Es, ante todo, una decisión responsable, alineada con la política pública de salud y con el compromiso de este gobierno de garantizar el derecho a una vida sana.
Esto cobra especial relevancia si consideramos que el fácil acceso y el consumo excesivo de bebidas saborizadas con edulcorantes añadidos están directamente relacionados con el aumento alarmante de enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, entre otras.
Es por ello que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que los llamados impuestos saludables ayudan a disminuir el consumo de productos que afectan el bienestar físico y, al mismo tiempo, generan ingresos fiscales estables y predecibles.
Cabe destacar que el IEPS, además de su papel recaudatorio, es un instrumento de política pública que permite desincentivar el consumo de productos que afectan la salud y el bienestar social de las personas y, de manera paralela, genera recursos para mitigar sus consecuencias.
El objetivo es recaudar con propósito, es decir, generar un impuesto que pueda canalizarse hacia programas de prevención, campañas de alimentación saludable y el fortalecimiento del sistema público de salud. Esta medida no solo genera recursos para enfrentar las consecuencias del consumo de productos nocivos, sino que también envía una señal clara a la sociedad sobre la importancia de optar por hábitos de vida más sanos.
Todo esto nos recuerda que la salud pública no es una concesión del Estado: es un derecho constitucional. Por eso, esta política representa un paso firme hacia la consolidación de un modelo de bienestar que prioriza la vida, la salud y el futuro de nuestra gente por encima de los intereses comerciales.
Sabemos que esta reforma no resolverá todos los problemas de salud de un día para otro, pero sí constituye un paso firme y concreto que fortalece la prevención, reduce los riesgos y genera recursos indispensables para el sistema público de salud.
La salud pública no puede ser negociada ni postergada. Hoy tenemos la oportunidad de actuar con responsabilidad.
El Partido Verde votará a favor de esta propuesta que es, sin duda, un paso hacia un México mejor y más saludable.
Es cuanto, muchas gracias.
