•El 70.1 por ciento de las mujeres en México han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
•Las senadoras y los senadores reafirmaron su compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y continuarán trabajando para garantizar que México sea un país más justo y seguro para todas.
Senadoras y senadores del Partido Verde destacaron la importancia de elevar a rango constitucional la creación de fiscalías especializadas en atención a delitos de violencia contra las mujeres en cada entidad del país, y reafirmaron su compromiso con la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre su paquete de iniciativas relacionados con en este tema que no solo beneficiará a las mujeres, sino también a los hombres, quienes son aliados en esta lucha.
En conferencia de prensa, la Vicecoordinadora del Partido Verde en el Senado de la República Karen Castrejón en compañía de las senadoras Ruth González, Maki Ortiz, Virginia Magaña, Juanita Guerra, Rocío Corona, así como por el coordinador de la bancada, Manuel Velasco Coello y de los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Virgilio Mendoza y Luis Alfonso Silva, coincidieron en la importancia de que México cuente con un cuerpo técnico altamente capacitado en perspectiva de género, como una herramienta indispensable para eliminar las causas estructurales de la opresión y la desigualdad hacia las mujeres.
Castrejón Trujillo señaló que esta iniciativa fue un compromiso de campaña del Partido Verde y ya fue presentada en el pleno del Senado, pues es importante que esta figura, la fiscalía de la mujer, quede consagrada en la carta Magna.
"Es momento de trabajar en torno al género que nosotras representamos, pero sobre todo en donde las mujeres siguen sufriendo violencia y discriminación, en todas las entidades de la República y en ese tenor el Partido Verde seguiremos impulsando este tipo de reformas", refirió.
Asimismo, celebró el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, respecto al paquete de iniciativas sobre este tema y, confió en que todos los grupos parlamentarios se sumarán a esta causa que no solo beneficiará a las mujeres, sino también a los hombres, quienes son aliados en esta lucha.
"Reafirmamos el compromiso de los 14 legisladores del Partido Verde en la implementación de una agenda que fortalezca las fiscalías especializadas con el fin de ayudar a todas las mujeres del país", enfatizó.
De igual manera, la senadora Ruth González, reiteró su total apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que acompañarán todas las iniciativas que promuevan la mejora y transformación del país en beneficio de las mujeres. "Estamos brindando un cambio positivo para México, y seguiremos trabajando para que este esfuerzo se replique en todos los estados del país", afirmó.
Por su parte, Maki Ortiz Domínguez destacó el firme compromiso de su partido en la lucha contra el cáncer de mama, en el marco del Día de la Concientización sobre esta enfermedad, y recordó que más de siete mil 800 muertes al año por cáncer de mama son evitables si las mujeres tienen acceso a una detección temprana y atención adecuada.
La senadora Rocío Corona reafirmó el compromiso que tienen como legisladores para enfrentar la violencia hacia las mujeres, por lo que reiteró que trabajarán para dar resultados, sobre todo en lo que se refiere a la violencia vicaria, y las estrategias necesarias que garanticen su aplicación efectiva.
"Hoy más que nunca con esta reforma debemos denunciar y no callar la violencia. Alto a la violencia contra las mujeres, demos las herramientas a las mujeres para que se castigue al agresor y no quede impune su fechoría", subrayó la legisladora.
En el mismo sentido, la senadora Juanita Guerra, subrayó la importancia de la iniciativa para la protección de las mujeres, que será discutida en el Congreso de la Unión y los 32 congresos estatales. "Estoy segura de que será aprobada, porque es una cuestión de convicción y justicia para todas nosotras", aseguró.
De igual manera, la senadora Virginia Magaña, explicó que esta iniciativa surgió del trabajo de cada una de las senadoras en sus estados, de recopilar las condiciones en que viven las mujeres.
"Una de las circunstancias que vemos repetidamente es que una vez que las mujeres se atreven a dar ese paso de denunciar, llegan a los ministerios públicos y se dan cuenta que no hay un contexto en donde puedan ser escuchadas debidamente, por lo que esta iniciativa la impulsamos para que las mujeres justo reciban una justicia pronta y expedita y sean atendidas adecuadamente", dijo.
Subrayó también la necesidad de armonizar el marco jurídico con tratados internacionales como la CEDAW y la Agenda 2030 para erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar una vida libre de violencia para todas.
Por su parte el líder de la bancada de los senadores, Manuel Velasco Coello resaltó que 21 estados de México ya cuentan con una fiscalía especializada para la atención de mujeres; sin embargo, hizo un llamado para que los estados restantes establezcan estas instituciones clave, al tiempo que destacó la urgencia de aprobar las fiscalías de la mujer para que este mismo año se instalen en todos los estados.
"Es fundamental que todas las mujeres del país se sientan protegidas y reciban atención adecuada en sus denuncias. Como exgobernador de mi estado, establecimos una fiscalía especializada que nos permitió garantizar una mayor seguridad para las mujeres y construir un centro de atención integral en San Cristóbal de las Casas, donde además de atender delitos, también ofrecimos servicios de salud", recordó Velasco.
Actualmente, solo 21 de las 32 entidades federativas ya cuentan con fiscalías especializadas en la atención de estos delitos. Sin embargo, aseguraron que esto no es suficiente para enfrentar la violencia que viven las mujeres en el país. Según datos recientes del INEGI, el 70.1 por ciento de las mujeres en México han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, cifra alarmante que exige respuestas urgentes.
La iniciativa señala que el 97 por ciento de juicios familiares son promovidos por mujeres y solo el tres por ciento se concluye
Con el fin de modificar las normas que permiten a los agresores evadir el cumplimiento de las sentencias en juicios de alimentos y controversias familiares, lo que agrava la violencia que enfrentan miles de mujeres y sus hijos, la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, presentó una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La propuesta, que se presentó, en conjunto con La Colectiva "Caso 992" (Las Novias), plantea modificar dicho Código para ayudar a las mujeres, especialmente a las que viven en condiciones precarias, a que tengan el apoyo de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECAS), durante los procesos de emplazamiento y determinación de la capacidad económica de los deudores.
La legisladora ecologista señaló que, al erradicar la peligrosidad procesal, se garantizará que los agresores no puedan eludir las notificaciones judiciales y las sentencias se cumplan de forma efectiva, suprimiendo la impunidad que enfrentan miles de familias en nuestro país.
Según datos de los Tribunales Superiores de Justicia del país, el 97 por ciento de los juicios familiares relacionados con alimentos, son promovidos por mujeres y lamentablemente apenas el tres por ciento llega a la etapa de conclusión.
De acuerdo con la iniciativa, de los pocos casos donde se dicta una sentencia o pensión alimenticia provisional, apenas el 10 por ciento se cumple, siendo que uno de cada diez menores que tiene derecho a recibir una pensión logra recibir el cobro efectivo antes de alcanzar la mayoría de edad.
Sánchez Juárez, reconoció que, "gracias a este colectivo (Caso 992), la violencia vicaria es visible en este país y ahora muchos colectivos lo están retomando para que esto pare".
Asimismo, mencionó que actualmente, las normas procesales brindan facilidades a fin de que estos agresores oculten bienes e ingresos para evitar cumplir con sus obligaciones, por lo que la carga probatoria recae injustamente sobre las víctimas, quienes deben acreditar el domicilio de los agresores, su solvencia y sus bienes, lo cual resulta imposible para muchas mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
Finalmente, la legisladora, en compañía de Tere Alanís, Regidora de Lerma; Ingrid de los Ángeles Tapia, lideresa de la colectiva Caso 992 y los activistas José Tapia y Magdalena Chichino, mencionó que con esta reforma se busca apoyar a las mujeres, que son cabeza de familia, a que no tengan que asignar recursos que pueden ser para sus hijos para cubrir los gastos de un juicio.
