- La propuesta busca sustituir la mención en el texto de la “Secretaría de la Función Pública” por “Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno”.
Con la finalidad de brindar certeza jurídica y permitir el debido cumplimiento de la encomienda de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para reformar el artículo 72 de la citada Ley para sustituir la mención en el texto de la “Secretaría de la Función Pública” por “Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno”.
Recordó que el 26 de noviembre del 2024, se aprobó en la Cámara de Senadores, una reforma para ajustar la estructura administrativa del país y alinearla con objetivos y prioridades del gobierno, destacó que entre los cambios que proponía se planteaba la sustitución de la Secretaría de la Función Pública por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Sin embargo, aclaró que es necesario realizar una revisión a nuestros ordenamientos vigentes, para actualizarlos y armonizarlos con las funciones reorganizadas, con la finalidad de brindar certeza jurídica.
Específicamente destacó la importancia de sustituir el texto en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la cual tiene el objeto de regular la organización, operación y funcionamiento de las Institucionesde Seguros, Instituciones de Fianzas y Sociedades Mutualistas de Seguros, sus actividades y operaciones, así como las de los agentes de seguros y de fianzas, y demás participantes en las actividades aseguradoras y afianzadoras.
Finalmente, recalcó que no se trata únicamente de una propuesta de cambio de forma o de redacción, sino una reforma de fondo y beneficio jurídico y de certeza legal para este ordenamiento.
- Exhorta a las secretarías de Salud y de Educación Pública a prevenir el aislamiento social y sus efectos en la salud física, mental y social.
- En México, el 83.1% de la población de entre seis y 11 años usa internet, lo que equivale a 8 de cada 10 menores de edad.
Ante el creciente aislamiento social relacionado con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y redes sociales, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó un punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Salud y de Educación Pública a implementar campañas nacionales de prevención, detección, atención, vigilancia y concientización sobre los riesgos que estas tecnologías representan para la salud física, mental y social de niñas, niños y adolescentes.
La legisladora explicó que los dispositivos electrónicos representan una herramienta indispensable para la comunicación, el acceso a la información, la educación y el desarrollo social. Sin embargo, destacó que diversos estudios y especialistas han advertido que su uso desmedido favorece el sedentarismo, alteraciones del sueño, problemas visuales, ansiedad, depresión y otras afectaciones que impactan la salud pública, particularmente de la niñez y la adolescencia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024, en México 100.2 millones de personas utilizan internet. Además, el 90.4% de las personas usuarias lo emplea para acceder a redes sociales, el 93% para comunicarse y el 89% para entretenimiento.
La misma encuesta reporta que el 83.1% de la población de entre 6 y 11 años utiliza internet, lo que equivale a 8 de cada 10 menores de edad. Asimismo, el 95.1% de quienes tienen entre 12 a 17 años también son usuarios de esta tecnología, es decir, 9 de cada 10 adolescentes.
Por otra parte, Corona Nakamura señaló que, conforme al Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, durante 2024 el 52.8% de las personas atendidas por problemas de salud mental lo hicieron por ansiedad y el 25.1% por depresión, situación que consideró especialmente preocupante ante el incremento del aislamiento social y sus consecuencias.
La legisladora explicó que la matrícula escolar en el país supera los 34.5 millones de estudiantes, por lo que consideró indispensable fortalecer las acciones preventivas desde el ámbito educativo y sanitario para proteger la salud de las nuevas generaciones.
Frente a estas cifras, Corona Nakamura indicó que el creciente uso de internet y redes sociales entre niñas, niños y adolescentes incrementa los riesgos para su salud física, mental y social, y advirtió que el aislamiento social se ha convertido en un problema de salud pública que exige atención inmediata.
Por ello, reiteró su llamado a las autoridades de salud y educación pública del país a implementar campañas de prevención, atención y concientización en los distintos niveles educativos, a con el objetivo de informar sobre los efectos de esta problemática y proteger el bienestar de la población infantil y juvenil.
- El desarrollo petrolero no puede construirse a costa de la salud, el patrimonio y la calidad de vida de las comunidades que conviven con esta infraestructura.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) a realizar, a la brevedad, avalúos de riesgo y evaluaciones de daños en las comunidades del municipio de Jalapa, Tabasco, afectadas por las operaciones de Petróleos Mexicanos en los Campos Bakté y la batería Los Agaves, así como implementar medidas de remediación ambiental y monitoreo permanente.
Señaló que, si bien esta industria representa un factor estratégico para el desarrollo económico nacional y del estado de Tabasco, su crecimiento no debe darse en detrimento de la salud, el patrimonio ni la calidad de vida de las comunidades que conviven con esa infraestructura.
Recordó que, desde inicio de 2025, habitantes de diversas comunidades reportaron afectaciones relacionadas con la intensificación de las operaciones en los Campos Baktés y la batería Los Agaves. Entre los daños documentados se encuentran grietas, cuarteaduras y separaciones en viviendas ocasionadas por las vibraciones derivadas de la actividad industrial.
Asimismo, señaló que las emisiones provenientes de los mecheros del campo Los Agaves representan un riesgo para la salud, ya que contienen contaminantes como material particulado (PM10 y PM2.5), monóxido de carbono, metano, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico y compuestos orgánicos volátiles.
El legislador explicó que la exposición prolongada a estos contaminantes está asociada con enfermedades respiratorias crónicas, padecimientos cardiovasculares y un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Agregó que las niñas, niños, las personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias preexistentes constituyen los grupos más vulnerables a estos efectos.
También indicó que las fugas en ductos y la combustión de gas residual han generado impactos ambientales, al provocar la contaminación del suelo, los cuerpos de agua y los cultivos agrícolas, además de generar alteraciones al ecosistema regional por contaminación lumínica y térmica.
Ramírez Marín señaló que las autoridades municipales han presentado diversas quejas ante la ASEA. Asimismo, informó que el 2 de junio de 2026 el presidente municipal de Jalapa interpuso una nueva queja formal para solicitar la realización de avalúos de riesgo y evaluaciones de daños. No obstante, afirmó que, pese a las inspecciones realizadas durante febrero, marzo y abril de 2026, la problemática continúa e incluso se ha agravado.
En ese sentido, el legislador ecologista aseguró que la ASEA cuenta con atribuciones para ordenar análisis de riesgo, evaluaciones de daño ambiental y medidas de remediación cuando existan indicios de afectaciones a la población o al entorno.
Finalmente, sostuvo que el Senado de la República tiene la responsabilidad de atender las demandas de las comunidades y garantizar la protección de sus derechos a la salud, a un medio ambiente sano y a una vivienda digna. Por ello, reiteró el llamado a la autoridad competente a realizar las acciones correspondientes e informar a esta Soberanía sobre los resultados obtenidos.
