- Es importante que las empresas que contraten a integrantes de la comunidad de la diversidad sexual accedan a estímulos fiscales como la disminución en el pago de impuestos de nómina, propuso.
- La diversidad en los equipos de trabajo enriquece las ideas, impulsa la creatividad, fortalece la productividad y contribuye al desarrollo económico, afirmó
Con el objetivo de garantizar que ninguna persona de la diversidad sexual sea rechazada, excluida o violentada en el ámbito laboral por ser quien es, la diputada del Partido Verde, Rebeca Peralta León presentó una iniciativa para que las empresas que contraten indefinidamente desempleados por condición de vulnerabilidad y personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, accedan a estímulos fiscales, disminución en el pago de impuestos de nómina o de derechos establecidos en el Código Fiscal.
Durante la presentación de su propuesta legislativa, la congresista del PVEM aseguró que al incorporar al artículo 24 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo, se permitirá establecer mecanismos claros que promuevan la contratación sin prejuicios, fomenten espacios de trabajo seguros, y al mismo tiempo, contribuyan a estimular mediante un beneficio fiscal a las empresas que mantengan contratadas de forma indefinida a las personas de la comunidad LGBTTTIQ.
"Hoy levantamos la voz para que cada persona de la comunidad sexual pueda decir con orgullo que en esta ciudad, su orientación o su identidad no es un obstáculo, sino que es parte de la riqueza que nos une y nos fortalece. Esta propuesta convoca una causa que apela a la esencia misma de la justicia, la igualdad y la dignidad humana en una Ciudad de México que es reconocida por ser un espacio diverso, plural y progresista, pero en donde aún persisten barreras que impiden a muchas personas vivir con plena libertad y acceder a oportunidades justas", destacó la legisladora de la bancada ecologista.
Cabe destacar que la también vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, Rebeca Peralta León ratificó su compromiso con la comunidad de la diversidad sexual luego de afirmar que apostar por la inclusión no es un gesto de tolerancia, es un acto de justicia y una postura política de la Ciudad ante el panorama político internacional, en el que los discursos de odio de grupos anti derechos y gobiernos anti democráticos, atentan contra todas las conquistas en materia de igualdad y no discriminación.
La secretaria de Medio Ambiente del PVEM-CDMX, Yolanda López Martínez reiteró que, ante el cambio climático y la urbanización descontrolada, es urgente que la salud ambiental se convierta en una prioridad en todas las políticas públicas de la ciudad.
“No se trata solo de proteger el medio ambiente; se trata de proteger la vida de quienes lo habitamos. Cuidar nuestro entorno es también cuidar la salud de nuestras familias”, indicó la ecologista.
López Martínez enfatizó que los efectos del deterioro ambiental impactan directamente en la salud de millones de personas, especialmente en zonas de alta marginación dentro de la Ciudad de México.
La ambientalista destacó que el derecho a un medio ambiente sano, declarado en la Constitución, debe dejar de ser una aspiración para convertirse en una realidad palpable en el día a día de las y los ciudadanos.
"La salud ambiental no es un tema abstracto ni lejano, sino es un componente clave del bienestar social y de la justicia ambiental", dijo.
- La propuesta busca frenar la explotación de menores y mujeres en su propio entorno familiar.
- En México, casi 50% de los casos de trata infantil inicia en el entorno familiar; senadora exige castigo ejemplar.
La senadora Juanita Guerra Mena, integrante de la bancada del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar el artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el fin de aumentar las penas de 10 a 20 años de prisión cuando el delito sea cometido por un familiar de la víctima.
Guerra Mena dijo que la trata de personas es la “esclavitud moderna” y uno de los delitos más crueles que priva de su dignidad a millones de víctimas en el mundo, quienes son explotadas con fines sexuales, laborales, mendicidad forzada, servidumbre doméstica o extracción de órganos.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, más de 40 millones de personas fueron víctimas de esclavitud moderna en 2016, de las cuales 24.9 millones se encontraban en situación de trabajo forzoso y 15.4 millones en matrimonio forzado.
En el caso de México, la senadora comentó que la ONU ha documentado que casi el 50 por ciento de los casos de trata de menores inicia en el propio entorno familiar, lo que agrava el impacto psicológico y social de las víctimas, pues quienes deberían protegerlos terminan siendo sus victimarios.
Por su parte, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República reporta que en nuestro país, el 93 por ciento de las víctimas de trata son mujeres y 26 por ciento son menores de edad. Además, el 45 por ciento son captadas por conocidos, lo que refleja la gravedad del problema cuando el círculo familiar se convierte en el primer eslabón de la explotación.
La legisladora advirtió que este fenómeno ha proliferado en municipios con altos niveles de pobreza, donde prácticas como la venta de niñas para matrimonios forzados o explotación sexual aún se mantienen. Asimismo, destacó que Guerrero es uno de los estados con mayor incidencia en turismo sexual infantil, lo que evidencia la urgencia de reforzar el marco jurídico.
Frente a esta situación, la ecologista subrayó que su iniciativa plantea que, además de las sanciones ya previstas en la ley, cuando exista vínculo de parentesco entre el agresor y la víctima, la pena se eleve a un rango de 10 a 20 años de prisión y multas de hasta 30 mil días.
Guerra Mena dijo que la medida busca reforzar el marco legal frente a un delito que se ha convertido en el segundo negocio ilícito más lucrativo del mundo, sólo después del narcotráfico. “Con esta propuesta, el Partido Verde reafirma su compromiso de combatir la esclavitud del siglo XXI y proteger a las víctimas, especialmente a las más vulnerables”, indicó la senadora.
