La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, aprobó con 25 votos a favor, la iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no sea juez y parte en recursos de revisión en materia de transparencia y acceso a la información.
El diputado Javier Herrera Borunda, promovente de la iniciativa, suscrita también por el diputado Carlos Puente Salas, coordinador de la bancada ecologista, explicó que la ASF no es un órgano de la Administración Pública Federal, sino de la Cámara de Diputados y funciona como un órgano auxiliar, con independencia técnica, para asistir a los diputados en la revisión de la Cuenta Pública.
Por tanto, dijo, la ASF no tiene un órgano interno de control propio, por lo que la reforma que se propone a los artículos 103 y 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, busca que los recursos de revisión de solicitudes ciudadanas que tengan en temas de transparencia o de acceso a la información, no los dictamine directamente, en el recurso de revisión, la Auditoría Superior de la Federación.
“Que no sea juez y parte de manera interna, sino que seamos nosotros, la Cámara de Diputados, a través de nuestra Unidad de Evaluación y Control, que depende de la Comisión de Vigilancia, quien le dé la certeza a los ciudadanos de que van a poder tener un órgano garante superior que vele por sus derechos”, puntualizó Herrera Borunda.
En el marco de la reunión extraordinaria se aprobó también una propuesta de modificación que presentó el diputado Herrera al artículo Tercero Transitorio de su propuesta para retirar dicho apartado ya que, “queda totalmente claro que el órgano responsable de atender en primera instancia las solicitudes es la Auditoría Superior de la Federación y seríamos nosotros, en segunda instancia, a través de la Unidad de Evaluación y Control, quienes veremos el recurso de revisión”, señaló el diputado ecologista.
En la propuesta de reforma al artículo 103 se establece que “La Unidad tendrá a cargo la implementación y operación de los mecanismos de acceso a la información pública y procedimientos de revisión expedidos, derivados de las solicitudes de información pública que se formulen a la ASF, así como, vinculados a la Protección de Datos Personales, de conformidad con los términos que fije la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias aplicables.
En la modificación al artículo 104 se adiciona un apartado III Bis para establecer que la Unidad tendrá a su cargo conocer y atender las solicitudes de información pública que se formulen a la ASF; resolver lo procedimientos de revisión que se promuevan en dicha materia, así como los procedimientos vinculados a la Protección de Datos Personales, de conformidad con los términos que fije la Constitución y leyes secundarias aplicables.
- El acceso a la movilidad es clave para el ejercicio de otros derechos como la salud, la educación y el trabajo.
- El transporte no debe ser un privilegio, sino un derecho. México necesita un sistema verdaderamente incluyente.
La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para garantizar el acceso gratuito al transporte público para sectores prioritarios: niñas y niños menores de cinco años, personas adultas mayores y personas con discapacidad, con el objeto de combatir la desigualdad, reducir la discriminación y asegurar el derecho a la movilidad para quienes más lo necesitan.
La iniciativa plantea adicionar un sexto párrafo al artículo 43 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, estableciendo la exención total del pago de tarifas para personas en situación de vulnerabilidad, previa identificación oficial vigente y que sea emitida por instituciones que acrediten dicha condición.
Durante su participación en tribuna, la senadora argumentó que el acceso a la movilidad es clave para el ejercicio de otros derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo. Actualmente en nuestro país, más de 18 millones de adultos mayores, 5 millones de niñas y niños menores de cinco años y 6 millones de personas con discapacidad enfrentan obstáculos para movilizarse libremente.
"En las zonas más marginadas del país, donde el costo del transporte es elevado, las personas en situación de vulnerabilidad enfrentan serios obstáculos como la discriminación, la falta de accesibilidad y la escasa infraestructura, lo que limita su derecho a la movilidad", alertó la legisladora.
Por otra parte, Corona Nakamura explicó que, aunque algunas ciudades del país ofrecen descuentos o gratuidad en ciertos medios de transporte, no existe una política nacional que garantice este beneficio de forma uniforme en todas las modalidades de transporte público operado por la administración pública.
A esto se suman cientos de horas perdidas en traslados y los altos costos del pasaje. De acuerdo con el IMCO, las pérdidas económicas derivadas de la congestión en el transporte público ascienden a 94 mil millones de pesos al año, afectando principalmente a quienes menos recursos tienen.
“El transporte no debe ser un privilegio, sino un derecho. México necesita un sistema verdaderamente incluyente, que garantice el acceso pleno a los sectores más vulnerables”, finalizó la senadora por Jalisco.
- El Bosque de Agua provee a la capital del país del 73 por ciento del suministro de agua potable
La diputada local del Partido Verde, Paula Pérez Córdoba, presentó durante la sesión ordinaria de este jueves en el Congreso de la capital, una iniciativa que busca integrar a la Ley Ambiental de la Ciudad de México, el concepto de “bosque de agua”, e incluir las medidas generales para su protección, restauración y aprovechamiento sustentable.
En la tribuna del Recinto Legislativo de Donceles, la congresista ambientalista señaló que su propuesta también incluye establecer en la ley local, la obligación de las autoridades de destinar recursos para la conservación, restauración hidrológica y mantenimiento forestal del bosque de agua ubicado en la Ciudad de México; y que en caso de ser necesario, se utilice la figura de expropiación por causa de utilidad pública para sanear, ordenar o impedir la invasión o afectación de suelos y zonas relevantes para la infiltración de agua.
La legisladora local del Partido Verde, también indicó que se busca establecer la obligación de las autoridades locales para que, en el ámbito de sus atribuciones, trabajen de manera coordinada con las autoridades federales para conservar y proteger las zonas de recarga de acuíferos y Bosques de Agua contra la tala, asentamientos irregulares o fraccionamientos ilegales en suelo de conservación.
“Si bien la Ciudad de México cuenta con un marco normativo moderno y actualizado en la Ley Ambiental de la Ciudad de México y contamos con una política pública de conservación, protección y uso de plantas nativas de la región, es indispensable contar con un marco normativo específico en materia de bosque de agua”, destacó la congresista ambientalista Paula Pérez.
Finalmente, la legisladora local de la bancada ecologista destacó que el Bosque de Agua provee a la capital del país el 73 por ciento del suministro de agua, “es por ello que las diputadas y diputados del Partido Verde estamos convencidos de que la inclusión del concepto de bosque de agua en la legislación local, es una actualización necesaria para lograr resultados específicos en materia de conservación y seguridad hídrica, y asegurar un marco general de política pública para su protección y aprovechamiento sustentable”.
