- Representan un parteaguas en la modernización del gobierno y la consolidación de la justicia social: Castrejón Trujillo.
- Reflejan un paso firme hacia una política ambiental humanista y sostenible, garantizando el derecho a un medio ambiente sano: Maki Ortiz.
El Partido Verde en el Senado destacó la importancia de las recientes reformas aprobadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal porque representan un avance importante hacia un gobierno más justo y transparente, al priorizar la justicia social, el combate a las violencias de género y la simplificación de trámites mediante el uso de herramientas tecnológicas.
Entre las medidas más destacadas están la creación de la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. En materia ambiental, se fortalecen las facultades de la SEMARNAT para enfrentar la crisis climática, promoviendo una política sustentable y humanista.
La senadora Karen Castrejón Trujillo, calificó estas nuevas dependencias como un parteaguas en la modernización del gobierno y la consolidación de la justicia social. Señaló que la Secretaría de las Mujeres, busca promover el empoderamiento femenino y combatir desigualdades, alineándose con estándares internacionales.
“Esta reforma en particular refleja un cambio positivo que responde a demandas sociales y fortalece la igualdad sustantiva, una deuda histórica que se tenía con millones de mexicanas”, afirmó.
Por su parte la senadora Maki Ortiz Domínguez destacó que entre los cambios más relevantes de las reformas aprobadas se encuentra la facultad que tendrá SEMARNAT para liderar políticas sobre residuos sólidos y economía circular. Además, fortalecerá el tratamiento de aguas residuales, alineándose con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la ONU: Agua Limpia y Saneamiento.
“De esta forma la SEMARNAT priorizará el derecho de las y los mexicanos a un medio ambiente sano, una causa que en el Partido Verde hemos pugnado desde nuestros orígenes”, subrayó la legisladora.
En su oportunidad, la senadora Virginia Magaña Fonseca aplaudió la aprobación de estas reformas destacando su impacto en seguridad pública, protección ambiental y derechos humanos. Comentó que entre los cambios también se incluyen la ampliación de facultades para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fortaleciendo la estrategia nacional contra el crimen, que busca reducir hasta en un 20 por ciento los índices de criminalidad en los próximos tres años.
Al respecto, la senadora Rocío Corona Nakamura comentó que la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ayudará a modernizar la administración pública para que responda a las demandas de la población, combatiendo la corrupción y promoviendo la transparencia. La simplificación administrativa permitirá reducir en un 50 por ciento trámites esenciales, como el CURP, actas de nacimiento y pasaportes, que podrán ser más rápidos y accesibles a través de plataformas digitales.
“Además, la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno promete un combate frontal a la corrupción, alineando a México con estándares internacionales de transparencia y eficiencia”, concluyó la senadora del Partido Verde.
- Se trata de una propaganda disimulada, quienes incurren en ello, se están sirviendo del recurso y las instituciones públicas
A fin de erradicar toda forma de corrupción en la administración pública, la diputada del Partido Verde, María del Carmen Pinete Vargas, propuso modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para considerar como falta administrativa grave el uso de colores, símbolos o frases partidistas en bienes e instalaciones destinadas al servicio público.
Al presentar su propuesta para añadir un artículo 64 Quáter a la citada ley, la legisladora explicó que el servicio público, por su naturaleza misma, debe ser realizado desde la más pulcra imparcialidad, siendo los pilares del quehacer estatal, la objetividad, el ejercicio eficaz de los recursos públicos, y el derecho a la buena administración.
Pinete Vargas apuntó que el hacer uso de recursos públicos para fines de propaganda político-electoral, constituye una abierta contradicción al adecuado servicio público, pues, lejos de servir a la ciudadanía, quienes incurren en ello, se están sirviendo del recurso y las instituciones públicas.
“La cuestión es grave ya que, en el trasfondo de este frecuente acto, se encuentra un velado acto pro partidista, equiparable a un acto de campaña en tiempos electorales, a través del intento por inducir a la ciudadanía a simpatizar con el partido de origen de los gobiernos, administraciones y servidores públicos, que se encuentren ejerciendo el poder en cualquier municipio o entidad federativa”, afirmó la legisladora.
Resaltó que de acuerdo con lo que establece el artículo 134 constitucional, los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
No obstante, señaló que estamos ante una ignorada responsabilidad administrativa, porque se trata de una propaganda disimulada, disfrazada de obra pública u obligación institucional pues esta práctica de utilizar los colores y símbolos partidistas en inmuebles destinados al servicio público, “carece de toda imparcialidad, y desde luego que también entraña una considerable influencia negativa en la equidad de la competencia electoral”.
• La mayoría de los suicidios ocurren en la población masculina, sin embargo, actualmente hay una alta prevalencia de mujeres jóvenes que se suicidan, lo cual debe ser motivo de alerta.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la senadora Virginia Magaña Fonseca, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Congreso de Guanajuato a dictaminar a la brevedad la Iniciativa de creación de la Ley de Prevención y Atención del Suicidio para el Estado y los Municipios de Guanajuato, considerando que este fenómeno afecta de manera desproporcionada a mujeres que han sido víctimas de violencias.
La legisladora guanajuatense destacó que el suicidio representa un grave problema de salud pública que afecta a millones de personas en el mundo, con causas diversas como factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Puntualizó que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre los estados con cifras más altas de suicidio se encuentra Guanajuato, en donde la tasa actual es de 8.7 por cada 100 mil personas, número que se encuentra por encima de la media nacional.
Recalcó que, de acuerdo con las cifras del Instituto, la mayoría de los suicidios ocurren en la población masculina, sin embargo, destacó que actualmente hay una alta prevalencia de mujeres jóvenes que se suicidan, lo cual consideró que debe ser motivo de alerta.
Explicó que las mujeres que sufren violencia física, sexual, psicológica o económica enfrentan una vulnerabilidad significativa que afecta su bienestar emocional y mental, lo que puede erosionar su autoestima, ocasionar aislamiento social e incrementar el riesgo de desarrollar trastornos como depresión, ansiedad y estrés postraumático, que, en su expresión más grave, pueden conducir al suicidio.
En este sentido, insistió en que el suicidio en mujeres víctimas de violencias es un problema que requiere de atención integral desde una perspectiva de género, es decir, no solamente atender las condiciones inmediatas que conducen al suicidio, sino analizar y abordar las raíces estructurales de las violencias de género, como la desigualdad, la discriminación y la impunidad.
Magaña Fonseca dijo que es urgente contar con un marco legal que permita atender y prevenir este problema desde una perspectiva integral y con un enfoque diferenciado que considere la vulnerabilidad de los grupos más afectados, específicamente en el estado de Guanajuato, donde el suicidio constituye un problema que se ha intensificado en los últimos años.
Por ello, destacó que la iniciativa de Ley de Prevención y Atención del Suicidio para el Estado y los Municipios de Guanajuato es una propuesta clave para garantizar la implementación de estrategias efectivas que aborden tanto las causas como las consecuencias del suicidio, la cual busca disminuir la incidencia y prevalencia del suicidio a través de la prevención, mediante la promoción de estrategias para identificar signos de riesgo y fortalecer la salud mental; la asistencia, para brindar servicios de salud oportunos y tratamientos a personas con tendencias suicidas; y la posvención, es decir, medidas de apoyo para familiares y comunidades afectadas por el suicidio.
Finalmente, reiteró que el Congreso de Guanajuato tiene la oportunidad de adoptar esta Ley que no solo atiende la problemática del suicidio, sino que también sirve como modelo para otras entidades federativas que enfrentan desafíos similares, logrando con ello salvar vidas mediante la implementación de medidas efectivas y oportunas.
