- Dicha consulta se realizará respetando en todo momento sus usos y costumbres y en los términos que establecen los tratados internacionales firmados por México en la materia
Con el fin de evitar conflictos, actos de represión y garantizar que se respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas, el diputado Jonathan Puertos Chimalhua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la Ley Agraria para regular y establecer que construcciones de carácter público o privado dentro de tierras en las que se asienten comunidades indígenas y afromexicanas pasen por consulta ciudadana previa, libre e informada.
La propuesta contempla adicionar el artículo 9º. Bis a la citada Ley para incluir la consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas cuando sus tierras se encuentren contempladas en proyectos de infraestructura que afecten de alguna manera su sana convivencia.
El diputado ecologista explicó que como antecedente de cómo un proyecto de infraestructura puede afectar a las comunidades indígenas está la brutal represión que vivieron los habitantes de Atenco, en el Estado de México, quienes hace unos años no fueron consultados para la construcción de un aeropuerto en sus tierras y ante la expresión de su inconformidad por el Estado recibieron únicamente represión.
"Como diputado federal indígena, representante de Veracruz y estudioso de la historia, quiero presentar esta adición a la Ley Agraria, porque no quiero que mis hermanos indígenas de cualquier parte del país sufran represión o incluso los priven de la vida por oponerse a la creación de infraestructura pública o privada que afecte su sano desarrollo", resaltó.
De acuerdo con la iniciativa, "toda acción gubernamental o privada que implique la ejecución de obras, instalaciones o actividades dentro de tierras pertenecientes o colindantes con comunidades indígenas o afromexicanas deberá garantizarse el derecho de estas comunidades a ser consultadas de manera previa, libre e informada, respetando en todo momento sus usos y costumbres, en los términos que establecen los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y la legislación nacional en la materia".
Establece que dicha consulta deberá realizarse de forma oportuna, con la participación efectiva de las autoridades tradicionales, respetando su estructura organizativa, su identidad cultural y su vinculación con el territorio.
Asimismo, señala que su finalidad será conocer y, en su caso, obtener el consentimiento de la comunidad antes de autorizar cualquier proyecto que pueda afectar su integridad territorial, sus formas de vida, recursos naturales o desarrollo sostenible.
Precisa que el resultado de la consulta será vinculante y deberá formar parte del expediente administrativo del proyecto correspondiente. Añade que las autoridades competentes deberán abstenerse de otorgar permisos, licencias o concesiones si no se ha cumplido con este procedimiento de manera adecuada y documentada".
Jonathan Puertos indicó que su propuesta, también forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
