- Se busca fortalecer el presupuesto del INAH y compensar el impacto del turismo en comunidades locales.
Senadoras y senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para reformar el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, con el fin de establecer cuotas diferenciadas de acceso a museos, monumentos, sitios y zonas arqueológicas propiedad de la Federación, incrementando las tarifas para turistas extranjeros y exentando del pago a habitantes de municipios donde se localicen estos sitios patrimoniales.
“Las cuotas actuales resultan insuficientes ante la enorme carga presupuestal que representa mantener y restaurar más de 194 zonas arqueológicas abiertas al público y más de 160 museos en el país”, indicaron.
Por ello, la propuesta de los legisladores plantea que los ingresos obtenidos por el acceso a estos espacios se dividan equitativamente entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y los gobiernos estatales donde se encuentren los sitios, con el fin de fortalecer su mantenimiento, conservación e infraestructura.
De aprobarse la reforma, los extranjeros pagarían hasta $1,012.02 pesos por visitas nocturnas, mientras que las tarifas diurnas serían entre $286.74, $236.13 o $219.27 pesos, según la categoría del sitio. Para los mexicanos, se mantendrían las tarifas actuales, que oscilan entre $73.09 y $95.58 pesos.
Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer financieramente al INAH, que en 2025 recibió más de 5 mil 901 millones de pesos, de los cuales más del 80 por ciento se destina a gasto corriente, dejando escasos recursos para conservación e infraestructura.
“Un punto importante de nuestra propuesta es garantizar el acceso gratuito a los habitantes locales que acrediten su domicilio con una identificación oficial. Además, representa un paso hacia la equidad para las comunidades que enfrentan diariamente las consecuencias del turismo masivo”, señalaron.
La iniciativa también responde a las afectaciones que enfrentan las comunidades locales ante la llegada masiva de turistas, como el encarecimiento de servicios, la contaminación y la gentrificación. Asimismo, se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y refuerza el derecho a la cultura y la protección del patrimonio, al tiempo que promueve un turismo responsable y equitativo.
Finalmente, los legisladores ecologistas indicaron que entre 2018 y 2024, el INAH atendió a más de 90 millones de visitantes en zonas arqueológicas y museos; sin embargo, enfrenta una reducción real del 20 por ciento en su presupuesto debido a la inflación.
- Elevar la calidad en las instituciones de seguridad pública es crucial para la efectividad de estas organizaciones y la confianza que la ciudadanía deposita en ellas.
Para que las instituciones de seguridad pública y las dependencias de las Entidades Federativas de nuestro país puedan mejorar su desempeño y responder de manera más efectiva a las necesidades de la población, la senadora Juanita Guerra Mena presentó una iniciativa para que éstas implementen Sistemas de Gestión de Calidad tendientes a la mejora de sus procesos, políticas y actuaciones, certificadas por medio de estándares de calidad.
Explicó que la seguridad pública en nuestro país y en varios países de Latinoamérica atraviesa una crisis marcada por una compleja interacción entre problemas estructurales y culturales que afectan su efectividad.
Agregó que uno de los aspectos más críticos es la falta de capacitación profesional de los cuerpos de seguridad, particularmente de las policías estatales y municipales, quienes a menudo no cuentan con las habilidades necesarias para enfrentar situaciones complejas y de alto riesgo, lo que se traduce en un servicio de baja calidad que no responde a las necesidades de la sociedad y genera desconfianza y frustración.
Además, afirmó que cuando las instituciones son percibidas como opacas, la población adopta una actitud de desconfianza hacia ellas, lo que puede llevar a desobedecer la ley o a colaborar con el crimen, por lo que aseguró que la rendición de cuentas es un pilar fundamental en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.
En este sentido, insistió en que es indispensable crear canales de comunicación abiertos y efectivos, donde la población pueda expresar sus inquietudes y participar en la toma de decisiones, como herramienta esencial para modificar esta percepción.
Explicó que diversas organizaciones internacionales han propuesto lineamientos que, si son adoptados, podrían contribuir a la profesionalización y dignificación de los cuerpos policiales, así como a la mejora de la seguridad pública en México.
“Elevar la calidad en las instituciones de seguridad pública es crucial para la efectividad de estas organizaciones y la confianza que la ciudadanía deposita en ellas”, subrayó la senadora, y agregó que es indispensable “desarrollar estrategias integrales que incluyan la educación y sensibilización de los agentes sobre la importancia de la calidad, así como la creación de espacios de diálogo que permitan a los diferentes actores involucrados participar en la transformación del sistema de seguridad”.
Finalmente, Guerra Mena señaló que “la certificación de calidad no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino como un camino hacia la mejora continua de las instituciones de seguridad pública”.
- Si bien en la ley ya se contempla el tamiz auditivo, sólo está dirigido a aquellos bebés que hayan nacido de forma prematura.
Para garantizar la detección temprana de malformaciones que puedan causar pérdida de audición o en su caso, detectar sordera, los senadores Juanita Guerra, Karen Castrejón, Waldo Fernández, Ruth González, Luis Armando Melgar, Virgilio Mendoza, Jorge Carlos Ramírez y Manuel Velasco, presentaron una iniciativa para que se incluya en la Ley General de Salud la realización del tamiz auditivo al prematuro y al recién nacido a la cuarta semana del nacimiento.
Destacaron que, si bien en la ley ya se contempla el tamiz auditivo, sólo está dirigido a aquellos bebés que hayan nacido de forma prematura, por lo que recalcaron que es indispensable que se realice a todos los recién nacidos, ya que un diagnóstico temprano puede facilitar la intervención oportuna y mejorar los pronósticos a largo plazo para infantes afectados.
Agregaron que su propuesta también tiene beneficios en materia de salud pública al reducir la necesidad de tratamientos más complejos o rehabilitaciones intensivas en etapas posteriores y permitirá fortalecer el sistema de salud “al alinear las prácticas médicas con los estándares internacionales de atención neonatal y procurar a mejorar de calidad de vida de los ciudadanos desde inicio de su vida”, expresaron.
Señalaron que según los expertos, el 60 por ciento de los casos de sordera en la niñez, son casos que pudieron prevenirse, por lo que en los últimos años la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha instado a que los Estados promuevan programas de detección temprana.
Los legisladores informaron que según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existen cerca de 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva en nuestro país, de las cuales el 34.4 por ciento tiene entre 30 y 59 años, el 47.4 por ciento son mayores de 60 años, y el resto considera a edades de 0 a 29 años.
Explicaron que el tamiz auditivo neonatal es una herramienta de evaluación e intervención temprana para detectar una discapacidad auditiva, e insistieron en que de acuerdo con los avances de la ciencia y en materia de salud, muchas de las discapacidades se pueden prevenir en los bebés si existe una atención médica previa, por lo que hicieron énfasis en la importancia de que este procedimiento se aplique a todos los bebés recién nacidos de nuestro país.
