- También busca la creación y correcta implementación de protocolos de actuación con perspectiva de derechos humanos, que incluyan medidas de protección y acompañamiento
El diputado Felipe Miguel Degado Carrillo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) propuso incorporar de manera expresa en la Ley General de Educación la obligación del personal de los centros educativos de denunciar, sin dilación y de manera directa ante el Ministerio Público, cualquier hecho, indicio o sospecha de violencia sexual, maltrato o cualquier otra forma de violencia en perjuicio de niñas, niños y adolescentes.
“Estos protocolos pretenden conjugar la diligencia que exige la investigación penal con la protección psicosocial de las víctimas, evitando que la actuación institucional genere nuevas vulneraciones o procesos de revictimización”, apuntó.
La iniciativa plantea reformar los artículos 74, 170 y 171, así como adicionar un artículo 74 Bis a la Ley General de Educación, con el objeto de precisar la obligación legal de la denuncia y establecer sanciones administrativas y pecuniarias para quienes incurran en conductas omisivas frente a hechos de violencia contra personas menores de edad.
El legislador indicó que también se busca garantizar la creación y correcta implementación de protocolos de actuación con perspectiva de derechos humanos, que incluyan medidas de protección, acompañamiento y reserva. “Estos protocolos pretenden conjugar la diligencia que exige la investigación penal con la protección psicosocial de las víctimas, evitando que la actuación institucional genere nuevas vulneraciones o procesos de revictimización”, apuntó.
Asimismo, el diputado Delgado Carrillo resaltó que la escuela no es únicamente un espacio de instrucción académica, sino un ámbito formativo fundamental para el desarrollo emocional, social y moral de niñas, niños y adolescentes. Por tal motivo, la exposición a situaciones de violencia en el contexto escolar puede generar efectos duraderos e incluso irreparables en la salud mental y en el proyecto de vida de las víctimas.
Por ello, la iniciativa enfatiza que corresponde a toda la comunidad educativa asumir un papel activo de contención y protección, y a las autoridades promover una cultura de responsabilidad que rompa silencios cómplices, prevenga la impunidad y restituya la confianza social.
- La asistencia social no debe depender de la situación migratoria, origen étnico o situación jurídica de las personas, sino que debe estar guiada por los principios de universalidad y dignidad humana.
Con la finalidad de mejorar la situación de las personas migrantes que transitan por nuestro país, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa que busca que se diseñen estrategias de asistencia social en regiones de alta movilidad poblacional, que incluyan servicios provisionales de salud, alimentación y orientación social.
Explicó que actualmente la movilidad humana se ha intensificado por razones económicas, sociales, climáticas y de violencia, y particularmente, nuestro país, por su posición geográfica, es clave en las rutas migratorias.
Por otro lado, agregó que la asistencia social no debe depender de la situación migratoria, origen étnico o situación jurídica de las personas, sino que debe estar guiada por los principios de universalidad y dignidad humana.
Agregó que los migrantes, refugiados, desplazados y otros, son algunos de los grupos más vulnerables de la sociedad, y a menudo se enfrentan a la xenofobia, la discriminación, malas condiciones de vida, de vivienda, de trabajo y acceso inadecuado a los servicios de salud, sin embargo, los migrantes en tránsito representan una población con muchas necesidades, pero también con dignidad y derechos que se deben respetar.
Especificó que en México existen regiones de alta movilidad poblacional como Chiapas, Tabasco, Baja California o Ciudad de México, las cuales enfrentan desafíos específicos, la presencia de personas en situación de movilidad, desplazadas, refugiadas o población que muchas veces carece de documentación, residencia fija o vínculos con el sistema institucional, lo cual dificulta su inclusión en programas sociales.
En este contexto, recalcó que la asistencia social adquiere un papel estratégico, debiendo garantizar los derechos fundamentales de poblaciones en situación de vulnerabilidad, aun cuando su presencia sea transitoria o irregular. Sin embargo, reconoció que el sistema de asistencia social en México, aún con el trabajo y los esfuerzos de este gobierno presenta limitaciones estructurales, legales y operativas que dificultan su efectividad en estas regiones.
Por ello, insistió en que el sistema de asistencia social debe de reconfigurarse para responder a la realidad de movilidad poblacional, incorporando mecanismos de atención inmediata, flexible y no discriminatoria que busquen mejorar el acceso al bienestar en general de todas personas en situación de movilidad, particularmente en temas como la alimentación y la prestación de los servicios de salud.
- Afirmaron que en materia de salud mental el enfoque preventivo siempre es el más efectivo y menos costoso.
Para facilitar la atención de trastornos como la depresión, ansiedad y otros en menores de edad, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para impulsar la creación de redes juveniles por la salud mental, es decir, grupos de apoyo en todos los planteles educativos y en Centros de Asistencia Social, entre niñas, niños y adolescentes, para intercambiar experiencias y ayudar en la prevención, detección y seguimiento de los trastornos de la salud mental y adicciones.
Explicaron que mantener una buena salud mental es importante para enfrentar el estrés de la vida cotidiana, tener relaciones interpersonales sanas, contribuir en forma significativa con la comunidad, trabajar productivamente y alcanzar nuestro máximo potencial, sin embargo, todas las personas son vulnerables a padecer trastornos mentales en algún momento de la vida, siendo la niñez y la adolescencia las etapas donde se puede ser más propensos a los trastornos mentales.
Hicieron énfasis en que es indispensable reconocer y tratar los trastornos mentales de las niñas y niños desde el comienzo, ya que una vez que el trastorno mental se desarrolla, se vuelve una parte habitual de la conducta, lo que lo hace más difícil de tratar, además de que quien padece un trastorno mental, sufre además exclusión social, discriminación, dificultades educativas, mala salud física y violaciones de los derechos humanos, y pueden ser víctimas de estigmatización, lo cual puede disuadirlos de buscar ayuda, e incurrir en conductas de riesgo como el consumo de sustancias o prácticas sexuales no seguras.
Destacaron que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada siete personas entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental; mientras que en nuestro país el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones revela que entre los trastornos que más afectan a las niñas, niños y adolescentes destacan: el trastorno de conducta, el trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), los trastornos del desarrollo intelectual, y el trastorno del espectro autista.
Además de que a raíz de la pandemia por COVID-19, las niñas, niños y adolescentes se enfrentaron a largos periodos de aislamiento social y sobreexposición a los dispositivos electrónicos, lo que se derivó en estados depresivos, trastornos alimentarios, ansiedad, consumo de sustancias psicoactivas, uso excesivo de internet, autolesiones e incluso suicidios.
Insistieron en que cuando no se trata oportunamente un trastorno de salud mental en niñas, niños y adolescentes, “sus consecuencias se extienden a la edad adulta, perjudican su salud física y mental, pudiendo llegar hasta el suicidio, o limitar sus posibilidades de llevar una vida plena”. Por ello, aseguraron que el enfoque preventivo siempre es el más efectivo y menos costoso.
Finalmente subrayaron que debido al tiempo que pasan en ellas, las escuelas y los centros de asistencia social se convierten en espacios ideales para crear estos grupos de apoyo que contribuyan a visibilizar y atender los trastornos de la salud mental y adicciones de los menores de edad, por lo que destacaron que con su propuesta, las autoridades educativas implementarán estas acciones bajo la normatividad que emita la Secretaría de Educación, en coordinación con la Secretaría de Salud.
